Entrevista exclusiva GDA a Maria Corina Machado: "La indiferencia es complicidad en Venezuela"

María Corina Machado, política e ingeniera venezolana.

Foto: EL COMERCIO - GDA

Entrevista con la diputada, quien regresará este miércoles a Caracas. Le espera proceso judicial.

ROGER ZUZUNAGA
El Comercio, Perú /GDA

La diputada de oposición venezolana María Corina Machado recibió este lunes en Lima la noticia de su destitución. En diálogo con 'El Comercio' de Lima -que la entrevistó para todos los periódicos del Grupo de Diarios de América- insistió en que ella sigue en su puesto, debido a que, de acuerdo a la Constitución, Diosdado Cabello no tiene atribuciones para removerla del cargo. 

Calificó el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, criticó el papel de la OEA y dijo que espera mucho más de los gobiernos de América Latina. Agregó que el objetivo de las protestas ciudadanas es buscar una transición hacia la democracia, que pase por la salida constitucional de Maduro del poder.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha señalado que usted violó el artículo 149 de la Constitución, que dice que los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Qué le contesta?

Por lo visto el señor Cabello no conoce la Constitución, aunque se hacen múltiples referencias a ella. A un diputado de la Asamblea Nacional solo se lo puede destituir por cuatro vías: renuncia, muerte, revocatoria o una sentencia firme de un tribunal. El artículo 200 de la Constitución establece que para que pueda ser investigado un parlamentario primero tiene que haber una solicitud de antejuicio de mérito por parte de la fiscalía en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde el parlamentario tiene derecho a la defensa. Si se considera que hay mérito para el juicio, esa decisión del TSJ va a la Asamblea Nacional, y allí se vota si quitarle o no la inmunidad a un parlamentario. Nada de esto ha ocurrido. Si hubiese un delito, que no lo hay, en todo caso el señor Cabello no tiene potestad para destituir a un diputado, ese es un acto aberrante, imposible de realizar en Venezuela.

¿Con relación al cargo que se le imputa qué responde?

Estaba previsto el viernes pasado que yo pudiera hablar en el Consejo Permanente de la OEA para ser la voz del pueblo, para que no solo se escuche al régimen, ese era un punto en la agenda. Desafortunadamente, los embajadores votaron primero por hacer una sesión cerrada y en segundo lugar por eliminar ese punto en la agenda, por lo cual el Gobierno de Panamá me dio la única opción de utilizar un mecanismo que es muy usado en la OEA: un país le ofrece su silla a otro. Yo actué en una función accidental en ejercicio de mi función parlamentaria porque mi trabajo es ser la voz de la gente. Si este es el precio que ellos quieren hacerme pagar por ser la voz de los venezolanos lo pago una y mil veces.

Cabello ha dicho que usted perdió la inmunidad y que en cualquier momento puede ser detenida.

En Venezuela pasan todo tipo de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, de modo que todo venezolano teme porque no hay garantías. Hay una suspensión de facto de las garantías constitucionales. Ahora, yo tengo muy claro cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Mi derecho como diputada es seguir ejerciendo mi cargo.

Regresa usted a Venezuela

Yo hoy estaré de vuelta, porque ese es mi deber.

José Miguel Insulza ha dicho que la OEA no saca ni pone presidentes. ¿El objetivo de la oposición es que el señor Maduro caiga?

Lo que la OEA sí tiene que hacer es promover y defender la democracia. Eso es lo que se estableció en la Carta Democrática Interamericana, casualmente firmada en Lima el 11 de setiembre del 2001. Entonces, si frente a lo que está ocurriendo en Venezuela no sirve la carta para abordarlo, entonces no sirve para nada. Porque [en la región] no ha habido una situación más crítica en términos de violación sistemática a los derechos humanos, de los principios democráticos contemplados en la carta como elementos esenciales. En Venezuela no hay separación de poderes, no hay respeto al Estado de derecho, no se permite el pluralismo, no hay libertad de expresión, no se permiten la protestas, la sociedad y los poderes públicos están militarizados y se violan los derechos humanos, entonces, ¿qué más tiene que pasar? Ahora, cuál es nuestro objetivo: es la transición a la democracia. En Venezuela hay un régimen que no es democrático, porque yo le pregunto a usted: ¿cómo se llama un régimen que persigue, que reprime, que tortura estudiantes, que censura a los medios y que asesina, cómo se llama? Eso es una dictadura.

¿Esa transición pasa por la renuncia del señor Maduro?

Esa es una de las opciones. La transición debe darse en el ámbito de la Constitución, y ella establece diversos mecanismos.

El referéndum revocatorio...

Puede ser. También están la asamblea constituyente, una enmienda de la Constitución y la renuncia.

Maduro anunció la detención de tres generales por un intento de alzamiento. ¿Le cree?

A estas alturas creerle a Maduro es muy difícil. Si esto es verdad, que diga quiénes son estos generales, dónde están y qué estaban haciendo.

Fue el mismo día en que llegaron cancilleres de la Unasur. ¿Cómo lo interpreta?

Es que ya es muy burdo. Hasta hace ocho semanas el mundo podía creer que en Venezuela había cierta resignación de la sociedad. Pero en estas ocho semanas los estudiantes le han arrebatado la careta al señor Maduro y ya el mundo empieza a llamarlo como lo que es, un dictador.

El Gobierno critica las barricadas porque son violentas. ¿Esa forma de manifestarse la apoya usted?

Desde el primer día hemos insistido en que nuestra protesta es cívica y pacífica. Ahora bien. Hay venezolanos en distintas zonas del país que están siendo atacados por bandas criminales en sus hogares. Se meten en las residencias, rompen los vehículos, incendian, hoy incluso se están metiendo en los hogares y han arrastrado y se han llevado secuestrados a ciudadanos. Hay comunidades que han buscado mecanismos con cierre y protección de ciertas zonas para cuidarse a sí mismos y defenderse. Eso es una cosa, y otra cosa es la violencia, con la que estamos en total desacuerdo. Ahora, quien provoca la violencia, y esto es muy importante, y a quien le interesa la violencia, es al Gobierno.

¿Entonces, bajo esas condiciones es posible una transición, con barrios pobres adeptos al chavismo?

La gente pobre no tiene qué comer.

¿Por qué entonces no se unen a la protesta?

Se han unido a la protesta.

Pero no en sus barrios

En los barrios están las bandas criminales operando. Y si usted sale a protestar en sus barrios les marcan las casa o les disparan a sus viviendas.

Usted agradeció al pueblo peruano por el apoyo a la oposición. Pero no ha tenido la misma receptividad por parte del Gobierno del señor Ollanta Humala. ¿Qué opina de eso?

Nosotros esperamos mucho más de los gobiernos de América Latina. Venezuela ha sido solidaria a lo largo de la historia con las democracias en el hemisferio. Y el pueblo peruano entiende lo que es vivir bajo un régimen como el que hoy existe en Venezuela, donde se violan los derechos humanos. Es hora de que los gobiernos democráticos llamen las cosas por su nombre y se pongan del lado de Venezuela. Ya este régimen pasó una línea roja con la represión y con la persecución. Ahora, sí debo reconocer que en la OEA la posición del embajador del Perú fue solidaria. Y eso se agradece.

¿Usted cree que Maduro presiona a sus homólogos o ellos voluntariamente miran al costado?

Hace más que eso. Y por eso hoy, a estas alturas con lo que ha pasado en Venezuela, la indiferencia es complicidad.

Editorial GDA: Venezuela, la OEA y la legitimidad democrática

La condenable decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no atender con responsabilidad democrática la discusión del caso de la crisis política, social y de seguridad que golpea a Venezuela, inflige una profunda herida de graves consecuencias al Sistema Interamericano.

Cuando un organismo continental como la OEA adopta la indiferencia ante los atropellos contra los derechos humanos y la libertad de expresión, a la vez que conduce sus sesiones en privacidad dolosa decretando un bloqueo informativo, reniega de su deber moral y ministerial de adoptar una postura digna y rotunda contra toda agresión que sufra la democracia en cualquiera de sus estados miembros.

Esas agresiones, que comete el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que la OEA se niega a ver y a rechazar, tuvieron este lunes otro episodio de funesta trascendencia, cuando el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, anunció la expulsión de la diputada independiente María Corina Machado, en represalia por haber participado el viernes último en Washington en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en calidad de “delegada alterna”, puesto cedido por el embajador de Panamá para que pudiera exponer y denunciar la situación de su atribulado país. Con la acción de Cabello, la diputada es despojada, en consecuencia, de la inmunidad parlamentaria, lo que la deja a merced de ser procesada por el gobierno bolivariano por el supuesto delito de “traición a la patria”.

En un acto que debe ser imperativamente condenado por la comunidad internacional, esta arbitraria expulsión se produjo en momentos en que la parlamentaria estaba de visita en Lima, Perú, en una conferencia a la cual fue invitada para exponer los hechos que han sacudido a la nación suramericana en las últimas semanas.

Estas acciones autoritarias y antidemocráticas convierten en urgentes las iniciativas de apoyo a los sectores democráticos de Venezuela. Los organismos internacionales, como la OEA, deben entender esa urgencia porque estamos ante una cadena creciente de persecución política, encarcelamiento de líderes de la oposición, de represión y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas que, en mes y medio, han dejado 36 muertos, cientos de heridos y lesionados y más de mil detenidos sin el debido proceso.

La mayoría de las víctimas de esta represión brutal proviene de las filas de los manifestantes, que han salido a la calle en protesta por el clima de inseguridad ciudadana, de las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión, en protesta por el desabastecimiento y el alto índice de escasez que obligan a los venezolanos a interminables filas para poder adquirir los alimentos y medicinas de primera necesidad.

Por eso es tan doloroso que, contrario a todo espíritu democrático y de transparencia, una mayoría de países de Sur, Centroamérica y el Caribe básicamente “beneficiarios” de Petrocaribe, y a los que Venezuela suministra alrededor de 40% de la energía, decidiera que la sesión del Consejo Permanente de la OEA, bajo la presidencia condicionada del embajador de la República Dominicana, se realizara a oscuras, en privado. Y se procediera a excluir a los periodistas, en un intento inútil, para evitar que el mundo se enterara de este triste capítulo de la historia latinoamericana.

A favor de una conducción antidemocrática de la discusión sobre Venezuela, votaron Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bahamas, Belice, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam y la República Dominicana.

En contraste, impulsaron la transparencia Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Paraguay y Panamá, proponente de la atención multilateral al caso venezolano. Es ese multilateralismo el que hace tambalear decisiones como la tomada por la OEA de jugar a la escondida ante una crisis que involucra vidas, democracia e integridad.

La Organización de Estados Americanos tiene que abandonar los temores de la diplomacia cómplice, pronunciarse valientemente sobre Venezuela y demostrar si quiere conservar o abdicar a su legitimidad.

Joe Biden: “La situación en Venezuela es alarmante. Existe un mejor camino para el pueblo venezolano y espero que el gobierno lo tome”

En entrevista exclusiva con El Mercurio/GDA, el vicepresidente de los Estados Undos dice que enfrentar a manifestantes pacíficos con la fuerza, demonizar a los opositores y restringir la libertad de prensa, no está a la altura de “los sólidos estándares de democracia que tenemos en la mayor parte de nuestro hemisferio”.

Carolina Álvarez Peñafiel

El Mercurio/Chile/GDA

 

Víctor Abarca/ EL MERCURIO/ CHILE/ GDA

La crisis en Venezuela, afirma Joe Biden, “me recuerda a épocas pasadas, cuando hombres fuertes gobernaban usando la violencia y la opresión”. El Vicepresidente de Estados Unidos llega hoy (domingo) a Chile en su segunda visita al país y su séptimo viaje oficial a la región, con una agenda que tendrá entre sus prioridades la delicada situación por la que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro y que ha puesto en evidencia las divergencias políticas de los países latinoamericanos.

En una entrevista por escrito con “El Mercurio”, el Vicepresidente demócrata desestima las “teorías conspirativas” con las que el gobierno venezolano acusa a Washington de injerencia y sostiene que Estados Unidos no está interesado en pelear las viejas batallas ideológicas, sino que en buscar un objetivo común: un hemisferio “de clase media, democrático y seguro”.

—Los críticos dicen que la administración Obama no presta suficiente atención a la región y que debería involucrarse más en los temas de las Américas, como la crisis en Venezuela. ¿Está preparado EE.UU. para dar un paso más allá en términos diplomáticos y, por ejemplo, involucrarse o promover un esfuerzo con otros países para ayudar a resolver la crisis en Venezuela; o eventualmente imponer sanciones? ¿Cree que ha sido débil la actuación de la OEA en esta crisis?

“La situación en Venezuela es alarmante. El gobierno venezolano tiene una responsabilidad básica de respetar los derechos universales, incluyendo la libertad de expresión y de asamblea; de prevenir la violencia y de comprometerse a un diálogo genuino en un país que está profundamente dividido. Existe un mejor camino para el pueblo venezolano y espero que el gobierno lo tome”.

“Enfrentar manifestaciones pacíficas con la fuerza (pública) y en algunos casos con milicias armadas, limitando la libertad de prensa y de asamblea —las cuales son indispensables para abarcar un debate político legítimo—, demonizar y arrestar a la oposición política y reforzar dramáticamente las restricciones en contra de los medios no es lo que se espera de democracias comprometidas con la Declaración de los Derechos Humanos y con la Carta Interamericana, y ciertamente no está a la altura de los estándares democráticos que definen la mayoría de nuestro hemisferio”.

“La OEA y sus miembros tienen un rol importante en reforzar las instituciones democráticas y para ayudar a resolver crisis políticas como la que estamos viendo en Venezuela. Hemos visto llamados de la OEA y de países en la región para respaldar un diálogo real en el país y llamados a que todos los lados eviten la violencia y la intimidación”.

  

“He estado trabajando en estos temas por muchos años, en todas partes del mundo, y la situación en Venezuela me recuerda a épocas pasadas, cuando los caudillos gobernaban con la violencia y la opresión; y los derechos humanos, la hiperinflación, la escasez y la extrema pobreza causaban estragos en los pueblos del hemisferio. Fue un capítulo difícil en nuestra propia historia debido a que nuestra lucha contra la Unión Soviética a veces nos dejaba al lado de líderes que no compartían nuestros valores. Pero Estados Unidos finalmente quedó del lado correcto de la historia en lugares como Chile, donde el embajador estadounidense Harry Barnes y otros defendieron públicamente a las víctimas de la represión. Esos días del pasado ahora casi no existen gracias a la valentía de muchos hombres y mujeres en las Américas, quienes sufrieron personalmente en nombre de la democracia. Hoy, ellos son líderes de algunas de las sociedades más vibrantes e inclusivas de la región”.

“He conocido y estoy asombrado con estos líderes —ellos son los padres fundadores de un nuevo camino— donde las urnas rigen, donde los militares no pueden imponerse sobre la voluntad del pueblo, y donde los líderes gobiernan a base de los resultados, al asegurar los derechos de las futuras mayorías, comprometiéndose en el diálogo y protegiendo las libertades fundamentales. Ellos nos enseñan a todos nosotros, incluyendo Estados Unidos, que la democracia también implica consideraciones sobre cómo se ejerce el gobierno, no solo sobre cómo es elegido”.

“El Presidente Nicolás Maduro hasta ahora ha tratado de distraer a su pueblo de los temas más importantes que están en juego en Venezuela al inventar conspiraciones totalmente falsas y extravagantes sobre Estados Unidos. En lugar de eso, él debería escuchar al pueblo venezolano, y mirar el ejemplo de esos líderes que resistieron la opresión en las Américas, o de otra forma se arriesga a repetir las injusticias contra las que muchos pelearon con tanta valentía”.

—La crisis en Venezuela ha subrayado las diferencias políticas entre los países de Latinoamérica, con gobiernos como los de Argentina, Bolivia y Ecuador respaldando al Presidente Maduro, y gobiernos como el de Chile y Colombia llamando a un diálogo con la oposición. ¿Cómo usted define la relación de EE.UU. con Latinoamérica —si es que es posible tener una sola definición— o ve usted dos Latinoaméricas?

“Desde el momento en que asumió el poder, el Presidente Obama ha sido claro en que no estamos interesados en volver a pelear las batallas ideológicas del pasado en este hemisferio, y ha trabajado por un futuro de mayor integración y respeto por los derechos universales. Las Américas siempre han sido importantes para Estados Unidos, pero importan aún más hoy porque lo que sucede en la región tiene un mayor impacto en nuestra prosperidad y seguridad, más que nunca. Al reconocer esto, la administración Obama se ha embarcado en el período más sostenido de participación de EE.UU. en las Américas, en mucho tiempo, para aprovechar el enorme potencial de la región —económico, político y social— para beneficio mutuo del pueblo estadounidense y los ciudadanos de las Américas”.

“El 11 de marzo, como parte de mi séptima visita a la región como Vicepresidente, asistiré a la segunda investidura de Michelle Bachelet como Presidenta de Chile, antes de seguir el viaje hacia República Dominicana, donde seré el primer funcionario de la Casa Blanca en visitar ese país en más de 20 años. En el transcurso de mis viajes, he tenido la suerte de conocer y conversar con muchos líderes inspiradores quienes están trabajando para sacar a sus pueblos de la pobreza, diversificando y abriendo sus economías para competir a nivel global, integrando los mercados de energía e infraestructuras nacionales y construyendo nuevos espacios de diálogo y cooperación. Este tipo de esfuerzos nos enseñan a todos que el pragmatismo y no la ideología, es el secreto del éxito. No es coincidencia que los países que han usado democracia y mercados abiertos para crear nuevas oportunidades para sus ciudadanos están entre las economías más prósperas de la región. Estados Unidos y el mundo pueden aprender una lección de estos logros”.

“Desafortunadamente, algunos en la región se enfocan más en el pasado que en el futuro. Reconocemos que quedan algunos resabios de la Guerra Fría, de modo que las suspicacias vienen con el territorio. Pero en mis viajes, he descubierto que la mayoría de la gente en las Américas está ya cansada de volver a pelear viejas batallas ideológicas que no les traen beneficio alguno a sus vidas cotidianas. Nuestros pueblos quieren saber qué proponemos, no solo a qué nos oponemos. Ellos están enfocados en lo que sus gobiernos pueden hacer para entregar beneficios concretos, como buenos trabajos con buenos salarios, educación accesible, comunidades seguras, y un futuro donde nuestras economías y países están fuertemente entrelazados y donde los derechos humanos fundamentales son respetados. Eso es lo que quiere la gente que votó por nosotros, y eso es nuestra tarea común”.

“Es por esa razón que en los últimos años, hemos hecho un esfuerzo conjunto para mejorar nuestra relación con nuestros críticos más duros. A pesar de nuestra voluntad para tender puentes, no nos hacemos ilusiones de que esas relaciones mejoren pronto. Afortunadamente, estos son casos aislados en una región donde la mayoría de países quieren una relación positiva con EE.UU. y donde tenemos socios en un amplio rango de áreas”.

—Los críticos también apuntan que China está aprovechando la supuesta falta de interés de EE.UU. en la región, con tratados económicos y comerciales, pero varios funcionarios estadounidenses han insistido en que eso no es un problema. Ahora Rusia dice que quiere forjar una alianza con países como Nicaragua, Venezuela y Cuba para expandir la presencia militar rusa en Latinoamérica. ¿Es esto un desafío al poder de Washington por parte de Moscú, en una región del mundo que tradicionalmente ha estado en la esfera de influencia de EE.UU.?

“La historia más importante no es sobre los países que están proyectando su influencia en el hemisferio, sino más bien cómo los países de la región cada vez más son actores globales. Esta es una región cuyos gobiernos no están solo construyendo nuevos foros para el diálogo político y la cooperación entre ellos; también están alcanzando más allá de las Américas para afianzar relaciones comerciales con Europa, África, India y Asia. Chile, por ejemplo, es un miembro productivo del APEC (el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico) y tiene acuerdos comerciales con al menos 60 países diferentes. Colombia está trabajando para unirse a la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Uruguay contribuye más a las operaciones internacionales de paz, si lo consideramos en una base a su población, que cualquier otro país en el mundo. La política de EE.UU. es alentar y respaldar estas tendencias”.

“Pero también hay un número importante de interesados en todo el mundo que invierten en las Américas, económica, política y socialmente, y eso incluye no solo China y Rusia, sino que también, la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur, entre otros. Nuestra actitud es dar la bienvenida a las contribuciones de cualquier país que promueven activamente por nuestro objetivo común de lograr un hemisferio de clase media, democrático y seguro, desde Canadá hasta Chile. Al fin y al cabo, son los pueblos de las Américas quienes deben ellos mismos quiénes están contribuyendo a ese objetivo, pero ciertamente no vemos esto como un juego para ganar o perder”.

—Mientras China y Rusia tratan de extender su presencia en Latinoamérica, Estados Unidos ha establecido como una prioridad estratégica el giro a la región del Asia Pacífico. Parte de esa estrategia es militar, parte diplomática y parte económica. ¿Qué tan importante es la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico y su eventual firma, para esta estrategia? ¿Qué expectativas tiene EE.UU. en el rol que un país como Chile puede tener en el acuerdo del TPP, teniendo en cuenta que México y Perú también están negociando?

“Finalizar el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP) —que incluye a cinco países del Hemisferio Occidental— es una alta prioridad para esta administración y el Presidente y yo estamos decididos a sacarlo adelante. Nuestra motivación es clara, la agresiva agenda comercial del Presidente Obama ha llevado a un aumento del 50% de las exportaciones de Estados Unidos, sumado US$ 700 mil millones a nuestra producción económica, y contribuido con un tercio de nuestro crecimiento económico total. Lo que es más importante, el aumento de las exportaciones ha solventado la creación de empleos en Estados Unidos; cada mil millones de dólares en aumento de las exportaciones hay entre 4 mil y 5.300 empleos”.

“En su totalidad, los países del TPP tienen un PIB combinado de US$28,1 billones de dólares, representa el 39% del PIB mundial, e incluye economías tan diversas como Estados Unidos, Japón, Malasia y Chile. Una vez que haya sido concluido, el acuerdo será un apoyo para la creación y retención de empleos y promoverá el desarrollo económico entre sus miembros, al aumentar el acceso a los mercados, elevar los estándares laborales y medioambientales, así emparejando el juego”.

“Todos conocen el atractivo de las economías de Asia, pero también vemos un enorme potencial aquí en las Américas. El TPP es también la manifestación de nuestra visión para un Pacífico más amplio que incluye el Hemisferio Occidental. El acuerdo podría ampliar nuestra relación comercial con una región que ya es destino para el 40% de las exportaciones de Estados Unidos, donde ya tenemos una línea casi continua de acuerdos de libre comercio desde Canadá hasta Chile y donde tenemos un billón de dólares en comercio solo con Norteamérica”.

“Mantenemos un diálogo intenso con todos los países del TPP, incluyendo Canadá, México, Chile, y Perú, para concluir el acuerdo lo antes posible. El Presidente y yo nos hemos involucrado personalmente en este tema: viajé a México en septiembre, conversé con el Presidente Ollanta Humala en noviembre; el Presidente se reunió con sus contrapartes de Canadá y de México en febrero pasado, y espero contactarme personalmente con la Presidenta electa Bachelet y con otros durante mi visita a Chile para el cambio de mando. Ciertamente reconocemos que hay temas sensibles que varían de país en país, y estamos trabajando para encontrar la forma apropiada para hacernos cargo de ellos en el contexto de un acuerdo amplio y equilibrado. Pero hay también un compromiso fuerte de parte de todos nuestros países para llegar a este acuerdo. Y para lograr eso estamos trabajando activamente”.

CITAS DESTACADAS:

“El Presidente Nicolás Maduro hasta ahora ha tratado de distraer a su pueblo de los temas más importantes que están en juego en Venezuela al inventar conspiraciones totalmente falsas y extravagantes sobre Estados Unidos”.

  

“En los últimos años, hemos hecho un esfuerzo conjunto para mejorar nuestra relación con nuestros críticos más duros. A pesar de nuestra voluntad para tender puentes, no nos hacemos ilusiones de que esas relaciones mejoren pronto”.

Recuadro:

“Espero poder discutir con la Presidenta electa la mejor forma de fortalecer nuestra relación”

 

— ¿Cuáles son sus expectativas con el nuevo gobierno chileno y qué temas ve como prioritarios en la relación bilateral?

“Tengo altas expectativas. La Presidenta electa Bachelet es alguien con quien Estados Unidos ha tenido una larga amistad y el Presidente Obama y yo tenemos la máxima admiración y respeto por ella. Espero pasar algún tiempo con ella durante mi visita a Chile y espero poder discutir cuál es la mejor forma de fortalecer nuestra relación”.

“En términos de prioridades, las negociaciones del TPP están en curso. Recientemente completamos una reunión ministerial en Singapur y es un área en la que obviamente nosotros queremos seguir enfocándonos con Chile y los otros países participantes. Chile está actualmente sirviendo en un período de dos años en un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y esperamos avanzar a partir de xnuestro fuerte historial de consultas y cooperación en la ONU”.  

“Me alegró también el reciente anuncio de que Chile entró al Programa de Exención de Visas. Este programa tendrá un impacto enormemente positivo al facilitar lazos sociales y comerciales aún más fuertes entre nuestros países y yo creo que debemos continuar buscando formas de hacer más expeditos el comercio y los viajes”.

“Finalmente, deberíamos aumentar los intercambios educacionales entre estudiantes chilenos y estadounidenses. En enero, lancé formalmente la iniciativa La Fuerza de 100 mil en las Américas, así como el Fondo de Innovación que respaldará financieramente nuestros esfuerzos a medida que avanzamos. Esta iniciativa busca tener 100 mil estudiantes estadounidenses en Latinoamérica y a 100 mil estudiantes latinoamericanos en Estados Unidos, cada año. Tres de las becas iniciales que el Fondo de Innovación ha entregado mejoran los lazos con Chile y espero que podamos mantener este impulso”.    

CITA DESTACADA: “Este programa (de Exención de Visas) tendrá un impacto enormemente positivo al facilitar lazos sociales y comerciales aún más fuertes”. 

Cambios en la conducción de La Nación de Argentina

Guillermo Rivaben, nuevo gerente general; Carlos Guyot, secretario general de Redacción

 

Guillermo Rivaben, nuevo gerente general. 

Desde el 1° de marzo próximo, LA NACION realizará una serie de cambios en la dirección de la compañía y en la conducción de la Redacción. Guillermo Rivaben será el nuevo gerente general con responsabilidad sobre el negocio diario, digital y Publirevistas, y Carlos Guyot, el nuevo secretario general de Redacción.

Rivaben tiene 47 años, es ingeniero electrónico por la UBA, y en los últimos cuatro años se desempeñó como director general de la empresa Personal, del Grupo Telecom. Bajo su dirección, Personal se convirtió en la compañía número uno en términos de facturación en la Argentina en el segmento de telefonía móvil.

Rivaben había iniciado su carrera en el Grupo Telecom en el año 1994. Luego entre los años 2000 y 2003 se desempeñó como vicepresidente regional de Marketing de ATamp;T Latinoamérica. A su regreso a Telecom asumió como director de marketing de Personal; amplió posteriormente sus responsabilidades hasta su última función.

Héctor D'Amico ha sido designado nuevo director de Comunicaciones Corporativas de LA NACIÓN y dejará la función de secretario general de Redacción, cargo que ocupó desde julio de 2001. Carlos Guyot lo sucede en esa posición.

 

Carlos Guyot, nuevo secretario general de Redacción. 

Guyot tiene 44 años, es periodista y diseñador, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Austral, y magíster en gestión de empresas de comunicación por la Universidad de Navarra. Ingresó en LA NACION en 1996, y luego de su paso por diversas secciones fue designado director de Arte en 2006.

En 2009, se convirtió en el primer director de Innovación de la compañía; asumió directa responsabilidad sobre el desarrollo y la implementación de los procesos de actualización de los productos y la Redacción de LA NACION.

En 2011, fue nombrado prosecretario general de Redacción y se incorporó así a la conducción editorial del diario. Un año después, lideró el último rediseño en la versión papel, que mereció gran aceptación entre lectores y anunciantes.

D'Amico condujo la Redacción durante 13 años, período en el que llevó adelante un conjunto de importantes transformaciones en el diario papel y su coordinación con la plataforma online.

Durante este período, el diario no solamente alcanzó un destacado posicionamiento en el mercado local de medios, sino que también marcó importantes hitos por su innovación tanto en el diseño de sus páginas como en el tratamiento de sus contenidos.

La nueva conducción de la Redacción se completa con dos prosecretarios generales: Carlos M. Reymundo Roberts y Claudio A. Jacquelin.

Reymundo Roberts, que ya venía desarrollando esa función, ingresó en LA NACION en 1983. Pasó por diversas secciones, fue corresponsal en América latina y editor del suplemento Enfoques. Actualmente también es codirector del Máster en Periodismo de LA NACION y la Universidad Di Tella.

Jacquelin, nuevo prosecretario general, tiene 51 años, es periodista y en 1983, mientras estudiaba abogacía en la UBA, comenzó a colaborar con la Redacción de LA NACION, a la que se incorporó en 1986. Desde entonces se desempeñó como redactor en diversas áreas; fue editor de las secciones Locales e Información General. En 1997, fue designado secretario de Redacción, cargo en el que ha tenido bajo su responsabilidad las secciones Información General y Política, y el suplemento Enfoques.

Con estos cambios, LA NACION reafirma su vocación por la excelencia, al tiempo que renueva el desafío de innovar sus productos editoriales en todas las plataformas, acorde con la demanda de lectores y anunciantes.

Más información: http://www.lanacion.com.ar/1665282-cambios-en-la-conduccion-de-la-nacion 

Más controles a los medios independientes en el Ecuador

Carlos Rojas Araujo

El Comercio/Quito/GDA

En los últimos siete meses, el gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el poder político en el Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa independiente.

El Comercio/Ecuador/GDA

Entre junio del 2013 y enero pasado, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas (Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a las autoridades encargadas de monitorear, crear normativas y aplicar sanciones a todos los medios de comunicación.

La severidad con la cual se vigila a la prensa privada -calificada por Correa de corrupta y mercantilista- es distinta a la comodidad con la que trabaja la prensa estatal -compuesta por medios públicos, oficiales, incautados-, abiertamente alineada con la denominada revolución ciudadana.

Es preciso hacer un poco de cronología. Si entre agosto del 2009 y mayo del 2013 al oficialismo se le hizo imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.

La razón: en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación internacional por el contenido de esa ley y sus alertas sobre la posible inobservancia de estándares mundiales sobre la libertad de expresión y de prensa. Así, la nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para que el poder político controle y sancione a los medios, reforzando el ambiente de autocensura en el periodismo al crear figuras como el llamado ‘linchamiento mediático’ y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Desde junio pasado, tras la vigencia de la ley, se nombró al Consejo de Regulación de la Comunicación, con cinco miembros, de los cuales cuatro tienen vínculos con el oficialismo. De igual forma, se eligió a Carlos Ochoa como superintendente de la Información, hombre crítico de la prensa privada y quien por varios años fue el jefe de noticias de Gamatv, uno de los canales incautados que el oficialismo controla.

Mientras el Consejo de Regulación completa la normativa para aplicar esta ley, Ochoa puede de oficio vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica que la Supercom impuso contra un medio fue, precisamente, el viernes 31 de enero cuando multó a diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres meses (más de USD 90.000), por haber permitido la publicación de una caricatura, en el espacio de opinión, con información que, a criterio de Ochoa, no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia. Es decir que la primera sanción económica de la Supercom fue por una pieza de humor. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.

En junio pasado, el Gobierno expidió el llamado Decreto 16. Este instrumento obliga a todas las organizaciones sociales, internacionales y ONG que operan en Ecuador a someterse a un registro ante el Gobierno, a través del cual estas entidades están limitadas para realizar lo que el Régimen considera como “actividades políticas”. Uno de los primeros resultados de este Decreto 16 es que  por ejemplo la organización Fundamedios, entidad encargada de monitorear el ejercicio de la libertad de prensa en el país, pasó a ser controlada por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Fundamedios ha sido particularmente crítica con el papel de esta entidad, por considerarla el brazo ejecutor de la política anti medios que en su criterio libra el Gobierno.

Hace pocas semanas, el Gobierno expidió el reglamento de aplicación de la Ley de Comunicación que, entre otros temas, pone énfasis en la regulación de contenidos publicitarios y editoriales. En este documento se explica que las redes sociales y los contenidos de ciudadanos en la Internet no serán controlados, salvo que estos usen plataformas virtuales de medios de comunicación. Este reglamento también insiste en que los contenidos de opinión en los medios sobre asuntos de trascendencia pública no deben ser censurados ni sujetos de rectificaciones. Sin embargo, este principio contradice la resolución del superintendente Ochoa adoptó en el caso de la caricatura de Bonil, al obligarlo a rectificar.

En cuanto al nuevo Código Integral Penal, se mantienen las sanciones para los responsables de los medios que no proporcionen información requerida por las autoridades, sobre contenidos periodísticos relacionados o que deriven en procesos judiciales. Si bien es un artículo que data de 1971, la Federación Nacional de Periodistas lo considera atentatorio al principio de libertad de expresión, porque ‘reedita la penalización del periodismo’. Adicionalmente, este organismo dice que el Código Penal mantiene la penalización de la calumnia y la injuria cuando en otras legislaciones se ha traslado este delito al ámbito civil. Además porque se incluyen delitos como el pánico económico que, al ser penados, pueden restringir la libre circulación de información.

A este círculo legal cabe sumar otras resoluciones tomadas años atrás por el Gobierno, como el fin de la exención del IVA al papel periódico o la prohibición de que haya accionistas en los medios de comunicación vinculados al sector financiero. Todo ello generó un ambiente de desinversión económica en las empresas periodísticas. A inicios del 2010, la Ley de Participación Ciudadana ya definió al periodismo como un servicio público, buscando que los medios privados e independientes rindan cuentas ante las autoridades estatales del llamado Quinto Poder.

El panorama se completa con el permanente enfrentamiento que el presidente Correa libra en contra de la prensa independiente, a la cual critica con duros calificativos en sus enlaces sabatinos y cadenas nacionales por radio y TV. Esto sin contar la jurisprudencia que Correa ha sentado al interponer juicios millonarios como en el caso El Universo y contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, que tras ser condenados por la justicia por injuria calumniosa y daño moral, recibieron el ‘perdón’ presidencial y la anulación de las penas.

La violencia arrincona a los periodistas en Honduras

* 36 personas ligadas a  medios fueron asesinadas en los últimos 10 años

* Sector denuncia poco interés del Gobierno por aumentar protección

Diego Jiménez F.

La Nación/Costa Rica/GDA

Tegucigalpa. La tarde del lunes 24 de junio, el periodista Aníbal Barrow viajaba en un automóvil junto con su nuera y su pequeño nieto por una calle de San Pedro Sula. Tres desconocidos les cortaron el paso y secuestraron al comunicador, cuyo cuerpo apareció casi dos semanas después quemado y descuartizado cerca de una laguna.

Hoy, casi medio año después, no hay culpables. La Policía detuvo en setiembre a un sospechoso del asesinato, pero sobre los autores intelectuales no ha trascendido ninguna información. No se sabe si el homicidio del conductor del programa televisivo “Aníbal Barrow y Nada Más” tiene alguna relación con su oficio de periodista.

Este ha sido el último de los ataques mortales contra un periodista en Honduras, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo (86 por cada 100.000 habitantes, según la ONU). De acuerdo con datos del Comisionado Nacional de Derecho Humanos en Honduras, 36 personas relacionadas con medios de comunicación han sido asesinadas en los últimos 10 años.

La impunidad en estos casos alcanza el 97%, pues en solo en un crimen, ocurrido en el 2010, ha habido condena. Ese alto porcentaje responde, según el ombudsman hondureño, Ramón Custodio, a que “los crímenes no son  debidamente investigados por dos de los competentes del sistema de justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía”.

La cifra de homicidios se disparó desde el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya, en junio del 2009, pues desde entonces han muerto 29 comunicadores.

Según  Custodio,   los crímenes demuestran que  “hay una  violencia que quienes  la cultivan buscan intimidarnos a los que estamos todavía actuando  en esta sociedad”.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Ramón Mairena, reconoció que este tipo de crímenes han creado temor entre los periodistas de cubrir temas como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.

Además, criticó que el actual gobierno, pronto a dejar el poder, no atendió a los llamados de los periodistas por más protección.

Presiones.  Sumado a las amenazas y los homicidios, el periodismo en Honduras también se enfrenta a retos por las presiones de poder y el acceso a la información, señalados por C-Libre, una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida en el 2001.

Este grupo advirtió, en el 2006, de que entre las  limitantes para la libertad de expresión, figura que  “en algunos medios se les dictan las pautas al reportero acerca de a quiénes entrevistar y a quienes no”. Sin embargo, Mairena dijo que el Colegio no ha recibido ninguna denuncia de ese tipo.

C-Libre también señaló, en un estudio sobre las publicaciones de prensa antes y después de la caída de Zelaya, la existencia de  “una clara tendencia a favorecer a la facción a favor del golpe de Estado, en detrimento del sector de la sociedad que se manifestaba abiertamente en contra de este hecho” .

Pero el golpe, escribió el año pasado el investigador Manuel Gamero, también impulsó “el surgimiento de  medios alternativos y la utilización de  las novedosas formas de comunicación global, para romper el cerco de control mediático”.

===

“Ya estamos cansados”

Entrevista a: José Ramón Mairena, Presidente del Colegio de Periodistas

¿Cuál es el estado actual de la libertad de expresión en Honduras?

Venimos arrastrando desde hace años, enfatizándose en los últimos cinco o seis, el aumento de la violencia contra comunicadores  y periodistas. Según datos del Comisionado por los Derechos Humanos, hasta la fecha hay 36 casos de comunicadores    asesinados. Lamentablemente, un enorme porcentaje de 95% están  impunes. No se sabe si estos asesinatos se cometieron por el ejercicio del periodismo.

¿Ha crecido el temor por cubrir temas como la corrupción y el crimen organizado?

Decir que no sería mentir. En el interior del país, en las zonas identificadas de alto tráfico de drogas y  crimen organizado, ejercer el periodismo es sumamente peligroso. En la mayoría de los casos ha llevado a una autocensura de protección tanto del periodista como su familia.

¿Hay compromiso del gobierno por dar mayor protección a los periodistas?

Estamos a poco de que termine el gobierno, y realmente fueron pocos los pasos que dio para la protección de los comunicadores. Se ha hablado de leyes, hay documentos escritos en foros en grandes hoteles que hablan de protección de derechos humanos, pero los periodistas ya estamos cansado de solo hacer reuniones y  escritos, pero nada realmente efectivo.

La comisión C-Libre ha señalado como una de las principales limitantes  la agenda impuesta en los medios. Dice que algunos medios dictan a los respoteros a quién entrevistar y a quién no.

¿Sucede eso?

Te voy a decir, yo he trabajado en varios medios... Es que cada quien tiene su visión en eso, depende del lado en que estés, depende de la tendencia ideológica en la que te enmarqués. He escuchado a varios colegas que se quejan de eso. Yo, en mi experiencia particular, que he estado en medios fuertes como El Heraldo y HRN, nunca me han dictado pauta sobre a quién entrevistar y quién no. Creo que los medios tienen su política, como en todo el mundo, pero eso no quiere decir que deben evitarles a ciertos periodistas informar.

¿Pero cuál es la posición del colegio al respecto?

En el Colegio de Periodistas están aglutinados el 97% de los periodistas, directores, jefes de redacción,  de los principales medios  del país. No tenemos ninguna denuncia de ese tipo.

Argentina: Una década de hostilidad a medios y periodistas

José Crettaz

La Nación/Argentina, GDA

El 10 de diciembre se cumplieron treinta años del regreso de la democracia a la Argentina. Sin embargo, la libertad de expresión no tiene motivo alguno para celebrar: si se acepta que esta libertad es uno de los pilares del Estado de Derecho y del pluralismo, se podría decir que nuestro sistema tambalea. Desde hace diez años, medios y periodistas argentinos comenzaron a ser víctimas de todo tipo de maniobras políticas y también de agresiones físicas, especialmente en el interior del país. Allí, en las provincias, según el monitoreo de la libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), vienen creciendo en los últimos años los atentados contra la integridad física y los bienes materiales de periodistas y medios de comunicación pequeños.

"El cambio debe hacerse en todos los niveles. En lo inmediato, hay que solucionar los problemas que presentan la ley de medios audiovisuales, pero también los vicios que están muy generalizados, como la manipulación de la publicidad oficial, las presiones, las intimidaciones. Pero esos vicios no son exclusivos del Gobierno nacional, sino que también están arraigados en todas las provincias. Hay que cambiar la cultura política", afirma el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Argentina Henoch Aguiar, un jurista especializado en medios y telecomunicaciones.

En efecto, desde hace diez años, el clima de la libertad de expresión se vino enrareciendo hasta volverse bastante asfixiante. Medios y periodistas pasaron a soportar, como algo cotidiano, persecuciones; presiones; escraches; agresiones físicas; cepo oficial para que las grandes cadenas de supermercados no pauten en los diarios críticos; intimidaciones del organismo recaudador (AFIP); falsas denuncias penales; fuerte hostigamiento público por parte de la presidenta Cristina Kirchner o de sus ministros; y, por la aplicación de la ley de medios audiovisuales, la directa posibilidad del desguace del Grupo Clarín o su fractura en unidades más débiles. En fin, una robusta hidra de cien cabezas parece haberse deslizado desde las páginas mitológicas de Jorge Luis Borges para multiplicarse en múltiples estrategias de censura indirecta.

Para la presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios nunca hubo en el país mayor libertad de expresión. "Cualquiera dice lo que quiere, y hasta puede mentir", suele afirmar Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo encargado de aplicar la controvertida ley de medios, cuya constitucionalidad fue ratificada por una ajustada mayoría en la Corte Suprema. Ante las críticas a su política de comunicación y de relación con los medios (prácticamente no ha dado conferencias de prensa y sólo dio entrevistas acordadas con periodistas seleccionados), el gobierno Kirchner muestra en su defensa la derogación del delito penal de injurias y calumnias (que tenía penas de cárcel), algo que el Estado argentino sancionó luego de un fallo adverso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, organizaciones como Fopea o la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), reclaman que además se ponga límites a los montos de indemnizaciones que piden los funcionarios en las demandas civiles contra periodistas.

La batalla del gobierno contra los medios que no ajustan su línea editorial al parecer oficial y el intento por dividir a los periodistas entre oficialistas y opositores fue seguido por la sociedad argentina con espíritu deportivo: como un partido que se disputa gol a gol, y que -tras la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de este año 2013- parece haber quedado empatado y sin resolución inminente. Así, en los últimos cinco años, el debate, la sanción y la aplicación de la ley de medios (que fija un extremo esquema de desguace de empresas de comunicación) tuvo cierto apoyo popular al principio que fue diluyéndose en los años sucesivos ante el incumplimiento de las promesas de mayor "democratización de los medios" y "multiplicidad de voces".

"La ley de medios es uno de los temas pendientes. La Corte la declaró constitucional, pero en  el futuro habría que reformarla  para que una nueva ley asegure la sustentabilidad de los medios críticos frente al Gobierno. Sin embargo, para mejorar el clima de opresión, hay que corregir otros temas centrales, como suprimir el cepo publicitario que asfixia financieramente a los diarios críticos, establecer reglas equitativas para distribuir publicidad y facilitar el acceso a la información oficial", dice Martin Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.

"En la Argentina los periodistas tenemos dos problemas muy serios. Uno, personal, porque somos víctimas de persecuciones. Y el otro, profesional, porque es casi imposible acceder a información oficial", apunta Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación.

Morales Solá, en una de sus habituales notas, acaba de afirmar que la Argentina ocupa "un lugar entre los peores en libertad de expresión" y evaluó que "únicamente se puede decir que esta libertad está bien si sólo se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador y, en realidad, tampoco está mucho mejor que en esos países". Su apreciación no es nada exagerada, más teniendo en cuenta que pocos meses atrás expuso en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como integrante de un grupo de ocho periodistas que, hace dos años, se animaron a planear sus denuncias. Hay cientos que nunca se atrevieron.

Tras aquella exposición en la OEA, Magdalena Ruiz Giñazú, una periodista de muy larga trayectoria que había acompañado a Morales Solá a esa reunión, fue visitada sorpresivamente por inspectores de la agencia impositiva. Y Alfredo Leuco, un periodista de Radio Continental, fue asaltado y golpeado cuando llegaba a la radio donde trabaja. "Fue muy sospechoso. No me parece que haya sido sólo un robo cometido al azar", afirmó.

Ese clima de opresión también es recogido por los organismos internacionales y locales. Así, al concluir aquella audiencia que se celebró el 1 de noviembre, la CIDH,  en un comunicado, expresó su doble "preocupación" por "la situación de la libertad de expresión en la Argentina" y por "las descalificaciones a las que se vieron sometidos los periodistas solicitantes de la audiencia".

Por su parte, la Corte Suprema ya dictó varios fallos en materia de publicidad, en las causas diario Rio Negro y Editorial Perfil, pero el Gobierno sigue desoyéndolas. Así, continuando con la práctica que se inició en 2003, durante 2013 el diario Tiempo Argentino recibió el equivalente a 595 páginas de publicidad oficial; Crónica, 341 y Página 12, 225 páginas, mientras que los diarios más vendidos del país, entre los dos, sumaron apenas 2 páginas: Clarín 1,6 páginas y La Nación se quedó con 0,4 páginas. Y algo similar ocurre con la televisión: mientras que la TV pública (Canal 7) se quedó con 270 millones de pesos y los oficialistas Canal 9, con 143 y, América recibió 126 millones, Canal Trece del Grupo Clarín se queda tan sólo con 1,5 millones.

Pero para alimentar la propaganda política, el Gobierno, en 2009, diseñó otro conducto: el ciclo Futbol para Todos, un espacio que emite publicidad oficialista durante la trasmisión de los partidos de fútbol, que como es natural concitan la mayor audiencia: mientras que ese año el Estado gastó 600 millones, en 2012 superó los 1200 millones, y en 2013 superó los 1500 millones de pesos.

=====

Un continente, varios caminos

Leyes de medios similares en América latina

BRASIL

Ley de televisión paga (2012)

La ley, debatida durante años, impide la propiedad cruzada de firmas que produzcan contenidos y firmas que los distribuyan por suscripción (cable o satélite), pero no fija ningún tipo de topes a la cantidad de licencias, y permite la competencia entre cableoperadores y telefónicas (triple play). Fija exigentes cupos de producción local a todas las señales de TV, incluidas las internacionales.

ECUADOR

Ley orgánica de comunicación (junio de 2013)

La Ley crea un Consejo de Regulación, que define las políticas en la materia, y una Superintendencia de Información con capacidad de aplicar sanciones y multas. La ley abarca no solo la regulación de contenidos sino el manejo del espacio radioeléctrico, e incluye normas para estimular la producción nacional. El debate sobre posibles controles a Internet y redes sociales no ha cesado, dada la ambigüedad del articulado.

CHILE

Ley de televisión digital (2013)

Debatida durante cinco años, la norma fija el apagón analógico para 2018, plazos de duración de las licencias de 20 años (renovables), establece cuotas de contenido cultural, pone el tope de un canal de TV abierta por grupo nacional y extranjero por localidad, incluye subsidios a la inversión en infraestructura y obliga a la TV paga a pedir permiso a canales de TV abierta para incluirlos en su grilla. Se prevé también una dura puja judicial.

URUGUAY

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en debate)

A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de medios que este año será considerado por el Senado. Su objetivo principal son los medios audiovisuales y no los medios de prensa. Si bien el proyecto reitera unas diez veces que su objeto no es limitar la libertad de expresión que está amparada constitucionalmente, lo cierto es que se crean diversos organismos que deben supervisar y controlar el respeto a conceptos amplios y de difícil precisión. 

VENEZUELA

Ley resorte (2005, reformada en 2010)

La ley de responsabilidad social de radio y televisión (conocida como Resorte) prohíbe la publicación de contenidos "ofensivos", "violentos" y que "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio", y responsabiliza a los sitios web del contenido de los mensajes. Sin embargo, no restringe la propiedad cruzada de diversos tipos de medios.

Perú: Ahorita no ¿Mañana sí?

Una operación comercial entre dos empresas periodísticas sirvió de pretexto al presidente Ollanta Humala para amenazar a la libertad de expresión en el Perú y ‘sugerir’ al Congreso el debate de una ley de medios

Héctor Villalobos

El Comercio/Perú/GDA

El Comercio/Perú/GDA

El 29 de diciembre del 2013, a menos de un mes de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile y cuando los representantes de diversos sectores políticos invocaban a la unidad nacional,  el presidente Ollanta Humala sorprendió a todos al colocar en el debate público un tema que, hasta esos momentos, era solo un diferendo entre privados: la asociación entre las empresas periodísticas El Comercio y Epensa.

Dicha asociación se produjo algunos meses antes, en agosto, cuando el Grupo El Comercio, el principal conglomerado periodístico del país, compró el 54% de las acciones de la Empresa Periodística Nacional (Epensa). Como parte del acuerdo, la familia Agois Banchero, fundadora de Epensa, a través de una empresa 100% de su propiedad mantiene  el control de la línea editorial de sus diarios.

Antes de que esta operación se concrete, el Grupo La República, el tercer conglomerado de diarios más importante del país, había intentado sin éxito adquirir ese paquete de acciones, lo que en la práctica le hubiera dado el control del 68% de diarios de provincias y el manejo de la línea editorial de los diarios de Epensa.

Ni bien se hizo pública esta operación, los diarios del Grupo La República y diversos  periodistas, muchos de ellos vinculados laboralmente a ese grupo, lanzaron una feroz campaña en contra de esta asociación comercial. Para descalificarla, utilizaron un término inexistente en la Constitución Política y en la legislación peruana: la concentración de medios.

El principal argumento de La República y sus aliados para confundir a la opinión pública y atacar la asociación era porque, según decían, El Comercio tendría el control del 78% del mercado de la prensa escrita. En realidad, en el Perú existen 60 diarios a nivel nacional, y el Grupo El Comercio es propietario de solo seis de ellos. Lo que sí es cierto es que el 50%  de los lectores  prefieren comprar los diarios del Grupo El Comercio, mientras que los cuatro diarios de Epensa tienen un 28% de participación adicional en el mercado.

El gobierno se mantuvo ajeno a esta polémica durante algunos meses. Sin embargo, el 29 diciembre, en una entrevista televisiva, el presidente Humala  hizo eco de unas declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa -- quien había expresado su preocupación por la asociación entre Epensa y El Comercio-- y dijo: “Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que prácticamente sea el dueño de los medios de comunicación. Eso es peligroso”.

A continuación, lanzó una amenaza contra la libertad de expresión. Cuando se le recordó que la asociación no era ilegal, Humala respondió: “No es ilegal. Ahorita no es ilegal”.

El presidente se refería a una acción de amparo que habían presentado ocho periodistas (entre ellos el director, un miembro del consejo directivo y dos columnistas de La República) para que el Poder Judicial anule  la asociación entre El Comercio y Epensa. Cabe indicar que dicho recurso legal que llevaba mes y medio de espera en un despacho judicial fue admitido a trámite tres días después de la intervención presidencial por lo que las expresiones de Humala generaron suspicacias.

Al día siguiente, las declaraciones de Humala provocaron reacciones de rechazo de diversos representantes de la clase política y del sector empresarial.

El ex presidente Alan García  calificó las expresiones de Humala como una amenaza contra la libertad de expresión y dijo que “rompen el necesario clima de unidad nacional que debe existir antes del fallo de la corte de La Haya”. Por su parte, la ex candidata presidencial y lideresa Keiko Fujimori recordó los antecedentes prochavistas de Humala: “Ataca a los medios pero no a la corrupción. Comandante, no queremos parecernos a Venezuela”.

El presidente de Confiep, el principal gremio empresarial del Perú, Alfonso García Miró, declaró: “Si la mayor parte de personas lee determinado medio es porque tiene el derecho de haber elegido […] No debe haber nunca una autoridad que restrinja el libre derecho de las personas a optar por cierto medio en vez de otro”.

LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO

Humala echó más leña al fuego del debate cuando el 2 de enero volvió a arremeter contra la asociación formada por El Comercio y Epensa. “Este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde esté la representación directa del pueblo peruano”.

En el Perú, el ‘humalismo’ controla en la práctica el Congreso. Además de Gana Perú, la bancada del partido del presidente, el gobierno cuenta con el apoyo de Acción Popular – Frente Amplio (disidentes de Gana Perú) y Perú Posible (del ex presidente Alejandro Toledo). Sus votos aseguran la aprobación de cualquier proyecto  del oficialismo y el bloqueo de cualquier iniciativa de la oposición.

La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció en contra de las intenciones del presidente de llevar el tema al debate en el Congreso. “El presidente tiene todo el derecho de opinar sobre un asunto de alto interés público, pero nos parece conveniente que su gobierno se mantenga al margen”, señaló Claudio Paolillo, presidente del Comité de Libertad de Prensa e Informaciones de la entidad internacional. La misma posición fue asumida por el Consejo de la Prensa Peruana, del cual forman parte, paradójicamente, todos los grupos editoriales involucrados en la disputa.

De cualquier manera fue justamente la bancada satélite del gobierno, Acción Popular-Frente Amplio, la que recogió la ‘sugerencia’ del mandatario. El congresista Manuel Dammert, miembro de ese grupo, anunció que  viene trabajando un proyecto de ley para regular no solo lo que él llama la “concentración de medios”, sino también el contenido de lo que estos publican. También anunció la realización de debates públicos para recoger la opinión de la ciudadanía sobre este tema.

Pero Dammert y su bancada se quedaron sin piso. Los tres vicepresidentes del Congreso consideraron impertinente que el Parlamento debata un diferendo empresarial entre medios. El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, deploró que se tergiverse la discusión y que se hable de regulación de contenidos. Mario Vargas Llosa, quien critica la asociación de las empresas periodística, también se opone a una ley de medios.

Por ahora, el debate sobre el tema ha pasado a segundo plano, mientras se espera la lectura del fallo de La Haya. Queda aún pendiente la decisión del Poder Judicial sobre la asociación entre El Comercio y Epensa. En tanto, el proyecto de Dammert parece haberse desacelerado o capaz para utilizar las expresiones de Humala, “ahorita no”(es el momento).

Las declaraciones de Humala han sido una clara amenaza a la libertad de expresión. Pero, así como la amenaza, el presidente sabe muy bien cómo utilizarla. En enero, el diferendo entre las empresas periodísticas se convirtió en el principal tema de debate público. Durante las últimas semanas, el caso López Meneses, el principal escándalo de corrupción destapado durante el gobierno de Humala, desapareció de las portadas de los diarios.