Encabezado

septiembre 09, 2018

ESPECIAL GDA: Nueve expresidentes latinoamericanos son investigados en el caso Odebrecht

O GLOBO/BRASIL CON INFORMACIÓN DEL GDA Y COLABORADORES*
La caída de la gigantesca constructora brasileña significó un terremoto para la región, una vez que salieron a la luz crímenes de corrupción que involucran al alto gobierno de diez naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela. Al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus respectivos países y un presidente en funciones –el peruano Pedro Pablo Kuczynski– perdió su cargo. La trama, en todo caso, es enorme: el Ministerio Público Federal de Brasil ha recibido 254 pedidos de colaboración con investigaciones en el extranjero y ha enviado, por su parte, 259 solicitudes a otras naciones para obtener información que ayude a establecer responsabilidades.

En abril de 2015 Odebrecht celebraba el título como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de colaborar con la justicia y causó un terremoto en el mundo político latinoamericano al confesar crímenes de corrupción en diez naciones de la región. 

El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre altos funcionarios que, aunque no tuviesen relación con la firma bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

El fiscal del Ministerio Público Federal Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato donde fue desentrañada, en Curitiba, considera que si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, ahora el escenario cambió. “Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con naciones más próximas geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales radicaba en el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.



Acusaciones contra Lula

En Brasil el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo del impacto de las investigaciones anticorrupción. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía. 

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre asuntos de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio suministró información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casaquinta en Atibaia, ciudad  del interior de São Paulo donde la constructora es señalada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa argumenta que la casaquinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, indica que el instituto fue instalado en un lugar distinto y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de la compañía implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un  juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7,3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht. 

Poder bajo la lupa

En Perú el espectro de mandatarios en la mira de la justicia es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017 un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo se encuentra en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de las autoridades norteamericanas. 

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea del Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta restricción judicial. 

El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo 9 meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a finales de abril. 

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder el cargo. Renunció en marzo, también bajo la sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y sus bienes estuvieron confiscados. 

En Colombia las averiguaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados, iniciada por la sospecha de que había recibido dinero de la constructora en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6,5 millones de dólares de la empresa.

Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un parlamentario. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3,5 millones de dólares a través de pagos hechos a un tío.

Señalado de recibir 1,5 millones de dólares de la compañía en su campaña para la presidencia en 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes huyó a Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y sentenciado a devolver, junto con su hijo, 419.000 dólares a las arcas públicas.

Aunque Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra presidentes o ex mandatarios, se han denunciado públicamente transferencias irregulares a políticos de esos países. A pesar de que, en el caso venezolano, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el 15 de agosto desde Bogotá, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 millardos de dólares al Estado.

Las acusaciones fueron promovidas por la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aun cuando la condena fue reconocida por la AN, el presidente del Parlamento, Omar Barboza, la calificó de “no ejecutable” debido, señaló, a la ausencia de Estado de Derecho en el país.

Obstáculos en el camino

Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la compañía admitió pagar y los políticos de los países involucrados.

En toda la región se activaron equipos de trabajo a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido 1 millardo de dólares en sobornos a naciones de las Américas y de África. Las averiguaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la justicia nacional. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos formulados por las autoridades brasileñas para obtener información de otros países.

Pozzobon describe las indagaciones como un camino de doble vía. “Nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. A la vez, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, ex presidentes y ex ministros”, afirma.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos en algunas naciones en comparación con el ritmo que llevan en Brasil. En Perú, por ejemplo, han sido detenidos siete ex funcionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango, pero desde la renuncia de Kuczynski, en marzo pasado, no hubo operaciones ni otros arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. 

Procesos paralizados

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos fueron sanciones administrativas para empleados de Odebrecht  y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado 10,5 millones de dólares en México.La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de ese año nadie fue indiciado.

Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso.

Ecuador es otra nación en la que políticos aún no han sido sancionados. Los trabajos de los investigadores de ese país avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el Metro de Quito, obra de 495 millones de dólares. Apenas en abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar un acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones. 

Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas congeladas. En julio de 2017 se congelaron también las cuentas de dos familiares del ex ministro de Transporte Haiman el Troudi. Después de esto no ha habido otra acción por parte de la justicia oficial. 

La ruta de las valijas

En Argentina también se presenta dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La justicia de ese país aún no ha tenido acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de las dos naciones negocian un acuerdo para que los imputados de la justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no establece librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el “valijero” paulista Leonardo Meirelles, que firmó una delación utilizada por la justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos, él dice que transfirió más de 500.000 dólares a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia  Federal de Inteligencia argentina,  Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.

Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aun sin las acusaciones de los “valijeros” brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, ex ministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

En Colombia 78 personas son investigadas por supuesta participación en el escándalo de corrupción; 5 ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el ex ministro Gabriel Ignacio García Morales y los ex senadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

*** Con información de medios del GDA colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana

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Más información en:


La Nación AR:


O Globo BR:
https://oglobo.globo.com/brasil/nove-ex-presidentes-da-america-latina-sao-investigados-por-caso-odebrecht-23050371

https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-america-latina-falta-de-colaboracao-dificuldade-de-provar-propinas-leva-poucos-condenados-23050407

El Universal MX:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/odebrecht-el-impacto-politico

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Comercio PE:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/almenos9expresidenteslatinoamericanossoninvestigadosporelcasoodebrecht-2446167/#cxrecs_s


El País UY:

La Prensa Gráfica SV;


El Nacional VE:
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/nueve-presidentes-latinoamericanos-investigados-por-caso-odebrecht_251090

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/bajo-los-tentaculos-odebrecht_251040

DIARIOS INVITADOS:

Prensa Libre GT:


La Prensa PA:

https://impresa.prensa.com/panorama/Dificultades-probar-sobornos-produce-condenados_0_5118238148.html

mayo 06, 2018

Lucha anticorrupción en la región: muchas normas, poca transparencia

América latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento

Paula Urién, La Nación, Argentina
Con información de medios del GDA*

La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:

Ella - Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?
Él - Sí. Pero es preferible tener una refinería, que nada.
Ella - Pero podríamos tener dos.
Él - No hay voluntad política.

Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos reales”, según sus autores, de “El Mecanismo”, la nueva serie de Netflix basada en el libro “Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del expresidente de Brasil Lula de Silva, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora norteamericana Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de la corrupción, del crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero etc) que circula por América Latina. Ante la consulta, señala: “las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los 147.000 millones de dólares anuales, y las que ingresan a la región, a 257.000 millones de dólares”.

La corrupción no solo es materia de “peces gordos” sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del gobierno Federal de México, reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.

A nivel empresario, según el último informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés), en América Latina y el Caribe el 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una media de 100.000 dólares en “coimas” para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema.

Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los diferentes países a través de la mirada de expertos locales, es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos respectivamente, los países que mejor califican. El resto está en la zona roja y los números lo prueban.

Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción pública-privada, la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta la quita de la persona jurídica de las empresas. Hay países que, si no tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hoc en los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la preveen y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica.

En la Argentina, a principios de 2018 entró en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de hasta “2 a 5 veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, las multas llegan, para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción, hasta a 200.000 salarios mínimos, es decir, 54,27 millones de dólares. En Perú existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. También, un descuento del 1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad, y además las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016, se tienen registradas 1603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la ley de contratación pública.

Un decorado anticorrupción

A pesar de las normas, “estamos mal”, dice, al referirse a la región, la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whisleblowers y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y, a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un “decorado anticorrupción” y falta de implementación de las normas en muchos países”.

Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los expresidentes peruanos, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y otros. En la Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo con el matrimonio Kirchner un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual conforman hoteles 5 estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún en curso tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción involucrando a los principales nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por cerca de R$ 6400 millones (1.825 millones de dólares). El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a R$ 38.100 millones (10.868 millones de dólares).

La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La gran pregunta es: este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo?

Tres modelos poco sostenibles
La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”. Afirma que se dan de tres maneras distintas: 

1-Existe el modelo “campeones”, como el de Brasil: “el gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales.  Si se van, o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?

2- El modelo “paraguas internacional”: en Honduras y en Guatemala “se ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo (por ejemplo alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA), que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas”.

3- El modelo ¿me conviene?: En la Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos países para investigar algo en el extranjero la justicia recurre a procedimientos del siglo 19, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez que dice me falta un dato…y vuelve a pasar por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresas offshore a la distancia de un click”.

Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No obstante, funciona de manera parcial porque no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y por ello los delitos relacionados con la materia no están vigentes.   En Venezuela, solo se tiene la ley contra la corrupción, que si bien tiene un amplio alcance, establece pocas normas dirigidas al sector privado, por ejemplo sobornos al sector público.

Las pérdidas, millonarias
En Brasil, la consultora Inter B, solo en base a las obras públicas de infraestructura –foco de la corrupción en el país-, estima que el costo directo de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre R$ 1,5 billones y R$ 3,2 billones, es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.

De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI, es decir, que de cada 100 pesos que genera la economía, 9 se destinan al pago de sobornos o “mordidas”. Por otro lado, la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. A Perú le cuesta más de US$3600 millones al año según la Defensoría del Pueblo. Es decir US$10 millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se estima que en Colombia equivale aproximadamente al 5 por ciento del PBI, es decir unos 15.000 millones de dólares. Por eso, el gobierno promulgó en octubre de 2016 la Ley de Imprescriptibilidad para los Delitos de Corrupción contra la Administración Pública. 

Por otro lado, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en la Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en 2500 millones de dólares por año. Y sigue la lista.

“Este delito afecta a los negocios porque se incrementan los costos de operación, y se crea por contagio un ambiente de negocios degradado, donde el paradigma es que “los honestos no tienen lugar”, o que “para hacer esto, debes dar lo otro”, dice Carlos Rozen, director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. “Los recursos productivos son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan”. Finalmente, hace un llamado a que existan condenas aleccionadoras que pongan en evidencia que el costo del delito “resulta de una vez por todas más alto que el beneficio que se obtiene”.

*El Grupo de Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).


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