Encabezado

septiembre 18, 2022

Especial GDA: Los tentáculos de los cárteles mexicanos en América Latina

El grupo de Sinaloa, el CJNG y otros han establecido alianzas con organizaciones locales en Colombia, Venezuela, El Salvador, Perú, Argentina y Brasil, aumentando su poder


Guadalupe Galván, El Universal, México/GDA*

Los cárteles mexicanos de la droga han extendido sus redes en Latinoamérica. Sin embargo, en vez de tener células en otros países, han optado por una estrategia más práctica: forjar alianzas con los grupos locales. De este modo, ganan en invisibilidad y en rapidez.  

En algunos casos, como en Colombia y en Venezuela, estas alianzas están más arraigadas, el negocio más delimitado e incluso, de acuerdo con la investigación del Grupo de Diarios América, alcanza al aparato de seguridad y de gobierno. Los grupos con los que se vinculan tienen nombre y apellido: de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al Clan del Golfo, pasando por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En suelo venezolano, la liga es con el llamado Cártel de los Soles.  

El Cártel de Sinaloa es, sin duda, el más poderoso y con más nexos en la región, seguido de cerca por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades mexicanas advierten que se trata de las dos organizaciones criminales más importantes en México, con carácter transnacional y cuyas redes se extienden no sólo a Centro y Sudamérica, sino a Europa y al interior de Estados Unidos, destino final de la mayor parte de la droga que se mueve desde Latinoamérica.  

Iván Vargas/El Universal/GDA

Para los mexicanos, estas alianzas son clave y le han permitido mantener el liderazgo en el negocio del tráfico de drogas y seguir inundando el mercado estadounidense, a pesar de que las medidas de seguridad en las fronteras de Estados Unidos se elevaron desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.   

Para el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas, el fortalecimiento de los grupos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación ha sido paralelo a su fortalecimiento al interior del país. “Notable su presencia y avance en Colombia, Ecuador y la región centroamericana, donde controlan en tráfico de drogas por tierra, mar y aire, en alianzas con las organizaciones locales”, describió.  

Y añadió: “Es notable e importante el avance de los más poderosos cárteles mexicanos en América Latina; por eso la preocupación de los Estados Unidos en cuanto al fentanilo”.  
  

Con Colombia, un negocio en toda forma  

Colombia es el mayor productor de cocaína a nivel mundial. En el país, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, a través del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos, Simci, 2020, se encuentran 143 mil hectáreas sembradas con matas de coca, lo que equivale a una producción anual de mil 180 toneladas de cocaína.   

Los narcocultivos se concentran en cinco departamentos: Norte de Santander (40mil 84 hectáreas), Nariño (30 mil 751 hectáreas), Putumayo (19 mil 986 hectáreas), Cauca (16 mil 544 hectáreas) y Antioquia (12 mil 90 hectáreas).   

Es en estas regiones donde se concentran las principales redes dedicadas a la producción de base de coca y clorhidrato de cocaína: el clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, además de algunos pequeños grupos de narcotraficantes.   

El negocio está muy bien delimitado. Estos grupos compran la base o pasta de coca a los campesinos, y emisarios mexicanos compran a los colombianos.   

Autoridades y residentes locales en Colombia señalan que no hay una presencia constante de miembros de los cárteles mexicanos; más bien, de unos cinco años a la fecha, se ven, de cuando en cuando, emisarios del Cártel de Sinaloa, seguido por el CJNG, pero también de los Zetas e incluso del Cártel de Oaxaca. Estos emisarios viajan por periodos cortos a las zonas cocaleras para verificar la cantidad de droga pactada, y la calidad.   

Según la Policía Nacional, 75% de la cocaína que se produce en Colombia es vendida a los cárteles mexicanos.   

“Hay muy poca evidencia en Colombia de la presencia de capos mexicanos; envían emisarios. Prueba de ello es que no ha habido capturas de por parte de las autoridades. [Los mexicanos] Son compradores, porque Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, entonces van a las zonas cocaleras”, afirma Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac.  

“Uno escucha que los mexicanos vienen, sobre todo cuando alquilan los grilles o centros nocturnos porque las fiestas son bravas, traen hasta mujeres de Cali o Popayán”, dijo al diario colombiano un labriego de la región en Tumaco que prefirió no ser identificado.  

El hombre, de 34 años, se dedica a la siembra de la mata de coca. Le pagan bien, explica. Él nunca ha tenido contacto directo con los mexicanos “pero uno sabe cuando están, porque los mueven en las 4x4 y se ven los combos más armados, pero no más. Ellos son los que compran la coca”.  

Otro campesino, de la zona de Tibú, en el Norte de Santander, expresa su preocupación, ya que desde hace tres meses “los mexicanos no están comprando la coca y ahora tenemos mucha producción almacenada y eso nos genera problemas, a tal punto, que como aquí solo se comercia coca, pues estamos en trueque para poder comer, intercambiamos víveres”.  

Los campesinos cuentan que la base de coca que procesan se la venden a los grupos (disidencias en especial), y los ilegales tienen la forma – cristalizaderos – para procesarla a clorhidrato y se la venden emisarios de carteles de ‘Jalisco Nueva Generación’ y de ‘Sinaloa’.  

“Ellos se meten bien adentro, negocian y se llevan la coca por las pistas al otro lado (Venezuela)”. Sobre la razón por la que los mexicanos se alejaron, dice que “nadie tiene claro que pasó. Pero se rumora que los ‘faltonearon’ con una carga o con la calidad y no volvieron”.  

La situación de sobreproducción, detalla, es muy evidente porque el kilo está bajando: “Antes del problema estaba sobre los 3 millones 500 mil pesos colombianos (16 mil 65 pesos mexicanos), hoy está en 2 millones 800 mil pesos colombianos (12 mil 852 pesos mexicanos).  
 

Venezuela, el aeródromo del narco y el pueblo de Sinaloa  

En el caso de Venezuela, InSightCrime documentó en 2020 la presencia del Cártel de Sinaloa en el estado de Zulia. Según la organización, la presencia del narco mexicano ha crecido a tal punto que “existe un pueblo en el estado que ha sido rebautizado con el nombre de Sinaloa”.  

Ganaderos, productores y lugareños son testigos de la llegada de mexicanos, que suelen estar de paso. Como en Colombia, se hacen notar con “lujosas camionetas último modelo, fiestas con narcocorridos de fondo, prostitución y otra serie de excentricidades que han cambiado la cotidianidad de esta zona”.  

En un informe de 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) dijo contar con evidencias de que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en Zulia, “donde se ha aprovechado de las pistas de aterrizaje para la construcción de centros de tránsito y acopio de estupefacientes con el apoyo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que amplió sus actividades a Venezuela”.  

La mayoría de pistas clandestinas que utilizan los cárteles mexicanos están ubicadas en este estado de Zulia, que limita con la región del Catacumbo en Colombia.  

De acuerdo con el reporte de InSightCrime,  los narcos mexicanos llegan “a las fincas de productores agropecuarios ofreciendo grandes sumas de dinero para que les permitan utilizar las pistas existentes o habilitar espacios para el aterrizaje y despegue de narcoaviones”. Ganaderos reportan que el pago va de 40 mil (807 mil pesos mexicanos) a 60 mil dólares (un millón 210 mil pesos mexicanos) por cada “toque” (aterrizaje).  

El poder de los cárteles mexicanos es tan grande que el CJNG y Sinaloa enviaron “negociadores” para frenar los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN que les generaban pérdidas millonarias, al trabar el envío de cargamentos de drogas.  

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencias Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, destaca otro aspecto de la operación de los cárteles mexicanos en Venezuela: la alianza con la red conocida como Cártel de los Soles, que ha sido ligada al chavismo y que opera de forma cada vez más activa, controlando, según Vigil, “el movimiento de la cocaína a través de sus socios mexicanos”.  

Jeremy McDermott, codirector y cofundador de InsightCrime, un centro de investigación sobre crimen organizado en América Latina y el Caribe, describe a Los Soles, en declaraciones a la cadena británica BBC, como “un grupo de círculos o redes dentro del régimen chavista que facilitan, protegen o participan en el narcotráfico”.  

Así, afirma, “la diferencia en Venezuela comparado con México y Colombia es que dentro de Venezuela un buen porcentaje del negocio está manejado por dentro del Estado”.  

Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, recuerda El Nacional, se confirmó la relación del narco mexicano con estructuras de poder en suelo venezolano.  

La fiscal Gina Parlovecchio presentó audios de pláticas entre “El Chapo” y “Toño”, un hombre de origen dominicano a quien el narco colombiano Alex Cifuentes-Villa recomendó para distribuir droga en Estados Unidos. En la conversación, el mexicano le reclamaba por la tardanza para que llegaran “los muebles”, aludiendo a avionetas que irían a “Loco”. Según “Toño”, así era como el sinaloense llamaba a Hugo Chávez.  

En declaraciones a BBC, Cliver Alcalá, exgeneral cercano a Hugo Chávez que luego rompió con Nicolás Maduro, habló de los soles, y reconoció que “de que existe una estructura que permite que la droga pase a Colombia, pase por Venezuela y llegue a Europa y Estados Unidos, existe. Las evidencias están cuando la droga llega a esos lugares”, dijo.  
  
De El Salvador para México, lecciones de violencia  

La presencia de los cárteles mexicanos en El Salvador es más diversa: del Cártel de Sinaloa al Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, Los Zetas y el CJNG, según información de la DEA. Estos grupos están activos en el país desde 2012, aunque no fue hasta 2018 y 2019 que se conocieron más detalles de sus operaciones. La presencia más reciente es la del CJNG.  

En este país, los narcos mexicanos se aliaron con los jefes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13), que a pesar de estar en prisión, controlan a sus bases, diseminadas en células (clicas) a lo ancho del país.   

Ese control, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del grupo de tarea Vulcano (formado por la mayoría de agencias de seguridad estadounidenses) convierte a la MS-13 en un actor clave en el trasiego de droga que viene de Sudamérica, hacia Estados Unidos.  

De acuerdo con una acusación en Estados Unidos contra 14 jefes históricos de la MS-13, éstos establecieron contacto con los cárteles ya mencionados para “obtener narcóticos y armas de fuego”, así como para hacer negocios relacionados con “la trata y el contrabando de personas”.  

Aunque en algunos países se emulan prácticas de violencia típicas de los cárteles mexicanos, en el caso de la MS-13, la relación ha sido exactamente al revés. Según investigaciones de la DEA, fue la Mara Salvatrucha la que en su momento adiestró a Los Zetas y a los hermanos Beltrán Leyva para ejercer extrema violencia.  
  

Perú, negocios con el hijo del Chapo  

En Perú, las autoridades han detectado presencia del Cártel de Sinaloa desde hace 10 o 12 años. En especial, mantienen vínculos con traficantes del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y la región del Alto Huallaga, ambos en la selva peruana.  

En este caso, el fin del negocio es comprar la cocaína que se produce en el Vraem, donde clanes familiares transforman la pasta base en clorhidrato de cocaína. Los traficantes mexicanos acopian la droga en ciudades ubicadas cerca de los puertos, como Piura, Trujullo y el Callao y la “siembran” en barcos con destino a Estados Unidos o Europa. En menos ocasiones, utilizan avionetas que llevan la droga a Bolivia. 

El papel de los clanes peruanos se limita, básicamente, a trasladar la droga de la selva a las ciudades costeras.  
  

En Argentina, narcotráfico y lavado  

En 2008, un crimen triple de empresarios farmacéuticos dejó al descubierto el tráfico a gran escala desde Argentina para los cárteles mexicanos de las drogas, en especial para el Cártel de Sinaloa. 

En 2017 fueron confiscados casi 2 mil kilos de cocaína y fueron condenados tres mexicanos ligados al Cártel de Michoacán. Actualmente se tienen detectadas células de los cárteles mexicanos operando en el norte de Argentina (Salta-Jujuy), cerca de la frontera con Bolivia, que es uno de los mayores proveedores regionales de cocaína, junto con Perú y Colombia.  

Para operar, los mexicanos se alían con grupos locales. Trabajan en células, para garantizar el mercado de la cocaína y el incipiente mercado de la heroína. Aportan conocimiento y recursos, más que actuar directamente en la logística de producción y distribución.  
Además del narcotráfico, también se dedican al lavado de dinero, con inversiones en distintos sectores productivos en Argentina, principalmente en el mercado inmobiliario.  

No se han reportado casos de violencia asociados a los cárteles mexicanos; en cambio, los narcos mexicanos aportaron a las bandas locales con las que se fusionaron su conocimiento en cuanto a métodos extorsivos y de venganzas o represalias, con mutilaciones o ejecuciones.  
“Argentina, desde hace décadas, no tiene un programa nacional de lucha contra el narcotráfico. Hay un trabajo reactivo que se vicia con la incautación de estupefacientes, fundamentalmente de marihuana, y ahí se estanca. No se toca la matriz subterránea de la criminalidad porque no hay investigación criminal rigurosa. Eso facilita la penetración de narcos mexicanos y de otras nacionalidades”, advierte la socióloga Laura Etcharren, especialista en materia de narcotráfico.  

“Hoy, en Argentina los mexicanos son un recurso más de la criminalidad. Ya no son el recurso por excelencia, como lo fueron hasta hace poco menos de diez años. Argentina es un ecosistema narco donde todas las vertientes del crimen organizado tienen capacidad operativa. Que los diferentes colores criminales no entren en conflicto se debe a los acuerdos dentro de ese ecosistema. La misma criminalidad se regula para poder operar, testear y ampliar sus estructuras”, añade.   
  

Brasil, la alianza con el PCC  

Los cárteles mexicanos se infiltraron también en Brasil, el gigante sudamericano. Investigaciones de la Policía Federal y de la Policía Civil de Sao Paulo han detectado la presencia de narcotraficantes del CJNG, de Sinaloa y de Juárez.   

Las pesquisas revelan que en los últimos 10 años, los narcos mexicanos han venido operando a través de acuerdos con el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización criminal no sólo de Brasil, sino de Sudamérica, que a su vez tiene alianzas con grupos en otros países, como La Banda de los Monos, en Argentina, y a la que se atribuyen múltiples asesinatos.  

Aunque existen pocas pruebas sobre los acuerdos entre el PCC y los cárteles mexicanos, en 2019 el Ministerio Público denunció a Decinho, uno de los jefes del PCC en Sao Paulo, y en ese momento señaló que el Cártel de Sinaloa era un “proveedor de drogas a gran escala para el PCC, abasteciendo tanto el mercado interno como exportando drogas a Europa”.  

A partir de las investigaciones, se revela también el creciente papel de Brasil como plataforma para el envío de droga de los cárteles mexicanos a Europa. Uno de esos casos fue el que llevó a la detención, en 2016, de cuatro mexicanos, acusados de pertenecer al CJNG y que pretendían enviar un cargamento de 90 kilos de cocaína a Europa.  

Como sucede en el resto de países incluidos en esta investigación, en términos generales la presencia de los cárteles mexicanos no se ha traducido en mayor violencia en esas naciones, o al menos no una que pueda ser ligada directamente al narco mexicano.  
  
Sin estrategia conjunta  

Pese a la confirmación de las alianzas entre los narcos mexicanos con grupos en Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, Brasil y Perú, no existe una estrategia conjunta de parte de los gobiernos afectados para combatir este fenómeno. Cada Estado ha emprendido su propia lucha, a nivel interno, o apenas en comunicación con algún otro, o ignorado de plano el asunto. 
  
Para el experto mexicano Márquez Blas, un factor importante que ha facilitado el poderío de los cárteles en la región es el deterioro de la cooperación bilateral y multilateral en la región entre las corporaciones policiales y de procuración de justicia. “La cooperación entre las fuerzas del orden se ha deteriorado mientras que la coordinación de organizaciones crimínales trasnacionales se ha fortalecido”, expone.  

Colombia tiene acuerdos de cooperación internacional con todos los países del hemisferio, a excepción de Venezuela (aunque el gobierno de Gustavo Petro ha dado los primeros pasos para reactivarla), pero no una estrategia específica de combate a la presencia del narco mexicano.  
Estados Unidos es su principal socio en la lucha contra las drogas. Las autoridades trabajan de manera coordinada, compartiendo información en tiempo real, por ejemplo, para desarrollar las operaciones e interdicción.  

Con Petro en el poder, la estrategia podría cambiar: el presidente ha ofrecido diálogo al Clan del Golfo, al ELN y otros grupos, y ofrecido garantías a cambio de un acuerdo de paz. Otra de las propuestas de Petro es la legalización de la cannabis con fines recreativos, lo que podría tener cierto impacto en el mundo del narcotráfico.  

En Venezuela, en junio de 2021 el presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno se planta “firme para acabar con el narcotráfico en nuestro territorio, ratificamos el compromiso de garantizar una patria segura, próspera y libre de drogas”. Se trata, en sí, de una estrategia enfocada en el decomiso de drogas, pero no en la lucha contra los cárteles.  

El rompimiento del diálogo con Colombia ha beneficiado a los grupos dedicados al narcotráfico, que operan sin mayores problemas.  

Tampoco en El Salvador existe, al menos públicamente, algún tipo de diálogo con otros gobiernos de la región para enfrentar el problema de manera conjunta. En el más reciente encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, en mayo pasado, no hubo alusión a algún trabajo conjunto sobre narcotráfico.  

En Argentina, recientemente el Ministerio de Seguridad de la Nación fomentó acuerdos de cooperación con los gobiernos de Paraguay y Brasil, especialmente para el intercambio de información relativa a las operaciones de organizaciones en las zonas de frontera. La principal preocupación de ese esfuerzo tripartito es, actualmente, la actividad del Primer Comando Capital (PCC). Pero no hay algo similar con el gobierno de México.  

Tampoco en Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro no es muy cercano con el de López Obrador, siendo de tendencias políticas totalmente opuestas.  

En Perú, la estrategia de los gobiernos de los últimos años ha sido la de “ahogar” las zonas donde se produce cocaína, prohibiendo el ingreso de insumos químicos y desplegando un plan de erradicación de cultivos de hoja de coca. Sin embargo, investigaciones indican que el abandono del Estado a estas localidades, y la corrupción de autoridades civiles y de los institutos armados, ayuda a que el narcotráfico se mantenga como la principal actividad económica en ciertas regiones.  

A pesar de ser los principales productores de cocaína en el mundo, Colombia, Perú y Bolivia operan de forma independiente. 

*Con la colaboración del Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.  

Más Información:

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/09/tentaculos-dos-carteis-mexicanos-se-estendem-na-america-latina-e-atingem-o-brasil.ghtml

El Tiempo CO: https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/carteles-mexicanos-tentaculos-en-america-latina-703151

La Nación CR: https://www.nacion.com/el-mundo/centroamerica/tentaculos-de-los-carteles-mexicanos-en-america/25IPZ6QWTBET5EKEAIQ6ZHG42E/story/

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/los-tentaculos-de-los-carteles-mexicanos-en-america-latina

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/los-carteles-mexicanos-extienden-sus-tentaculos-en-america-latina-y-se-alian-con-grupos-locales/

El País UY: https://www.elpais.com.uy/mundo/carteles-mexicanos-droga-han-extendido-redes-latinoamerica.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/los-tentaculos-de-los-carteles-mexicanos-en-latinoamerica-las-alianzas-en-venezuela-y-colombia/


agosto 16, 2022

ESPECIAL GDA - Protestas en América Latina: cuán frecuentes son los piquetes en cada país y qué hacen los gobiernos para enfrentarlos

Los cortes de calles y rutas en muchos países presentan el dilema entre los derechos de protesta y de circulación

Patricio Bernabé/La Nación, Argentina/GDA

Se trata de una escena casi cotidiana, un paisaje inusual en otras latitudes, pero común y casi ha “naturalizado” en América Latina: los piquetes o cortes de rutas por protestas, manifestaciones o reclamos de diversa índole –a veces de sectores muy pequeños- que generan embotellamientos, caos de tránsito, pérdidas de tiempo y mal humor, y que añaden un motivo más de crispación en muchas sociedades ya de por sí sensibilizadas por situaciones económicas o sociales apremiantes. Y no faltan motivos. Porque los piquetes o cortes de rutas, más allá de las causas que los originan, ponen siempre en primer plano el conflicto que generan entre el derecho al reclamo y a la protesta y el derecho a circular libremente por calles y rutas.

¿Qué sucede en la región a la hora de enfrentar estas manifestaciones que perturban el libre tránsito? Si bien en cada país hay normas específicas que establecen el marco legal y su consecuente respuesta mediante la acción de las fuerzas de seguridad, en más de una ocasión su aplicación está sujeta a cuestiones políticas.

Un corte en Gral. Paz y bajada del Pte. La Noria, en julio pasado
Un corte en Gral. Paz y bajada del Pte. La Noria, en julio pasadoFabián Marelli/La Nación AR

Las protestas callejeras en Perú se dan con frecuencia y por variados motivos. La policía trata de disolverlas a través del diálogo con los manifestantes y, de darse el caso, con un uso controlado de la fuerza. Sin embargo, últimamente se ha podido observar una relativa pasividad de los agentes del orden, y por lo general se negocia dejar algún carril libre para la circulación vehicular. La reacción ciudadana ante estas tomas varía, y puede pasar de la comprensión y la empatía hasta el rechazo y el malestar profundo.

En Brasil, si bien tradicionalmente la manifestación callejera era propio de la izquierda, a partir de 2013 el color ideológico se hizo más amplio y difuso al generarse protestas por el alza de las tarifas de transporte, la baja calidad de los servicios públicos o la corrupción. En la última década también crecieron las protestas de grupos históricamente marginados, como los movimientos negros e indígenas y el movimiento feminista. Estos grupos, más la izquierda partidista y los grupos de extrema derecha, son los principales responsables de las manifestaciones hoy en Brasil. Una protesta grande en una ciudad importante como Río o San Pablo debe ser comunicada con anticipación, pero a veces los manifestantes, especialmente los de movimientos no partidistas, no siguen una ruta acordada de antemano con las autoridades, y la policía utiliza la fuerza para romper el bloqueo. El papel de las fuerzas de seguridad ha sido a menudo seriamente cuestionado. Ha habido muchos casos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.

“Brasil ha violado históricamente el derecho a la protesta. El uso de la fuerza es recurrente, e inhibe el ejercicio de este derecho”, señala Raisa Cetra, coordinadora del Programa Espacio Cívico de Artigo 19 Brasil y Sudamérica. “El Estado debe garantizar el derecho a la circulación de la población, pero por otros medios”, añadió, al considerarse el derecho a la protesta como parte de las libertades de asociación y expresión, que sólo pueden ser limitadas en casos excepcionales.

Según la consultora Diagnóstico Político, el año 2021 cerró con la cifra más alta de piquetes de los últimos siete años en la Argentina: 6658. Desde 2014, que anotó 6805 protestas, que no se registraba una cifra tan alta.

Son las organizaciones sociales de izquierda (que nuclean a desocupados y trabajadores informales), opositoras al gobierno nacional, las que lideran la mayor cantidad de protestas, aunque también las ha habido de trabajadores privados, fuerzas político partidarias y trabajadores estatales. En los últimos años es más común ver a las fuerzas de seguridad negociando con los manifestantes que utilizando la fuerza. Por lo general, los efectivos realizan un operativo en las inmediaciones al corte, después de acordar dejar algún carril libre para la circulación vehicular, aunque hay casos en los que el corte es total. Dependerá entonces de la decisión política de cada gobernante dar la orden o no de desalojar, algo que raramente ocurre.

Las protestas callejeras con cortes de tránsito se tornaron frecuentes en Chile desde el estallido de la crisis social de 2019, con reclamos diversos, desde mejor educación, salud y vivienda hasta una nueva Constitución. Pero luego decayeron, por efecto también de la pandemia. La actuación policial depende del contexto de la manifestación. Si es muy masiva, difícil de remover, generalmente permite su desarrollo. Cuando es más pequeña, puntual o no autorizada, actúa bajo un protocolo gradual que comienza con diálogo con los líderes o encargados, luego con llamados a las personas con altavoces para que se dispersen y, en caso de no haber una respuesta positiva, continúa con el uso de elementos disuasivos como carros lanza agua o dispositivos lacrimógenos.

Acampe de las organizaciones de la Unidad Piquetera en Plaza de Mayo, Buenos Aires
Acampe de las organizaciones de la Unidad Piquetera en Plaza de Mayo, Buenos AiresMauro Alfieri/ La Nación  AR

En México, los bloqueos al tránsito son una constante en prácticamente todos los centros urbanos y también en algunas comunidades rurales. Y los hay de casi todos los sectores: campesinos, organizaciones políticas y sociales, sindicales, estudiantiles, feministas, indígenas, etcétera. En la capital hay marchas y bloqueos para demandar la restitución de servicios como agua potable o luz; por casos de inseguridad y en menor proporción para protestar contra la construcción de obras o desarrollos inmobiliarios. Los bloqueos pueden durar desde 5 a 12 horas, y la intervención policial responde muchas veces a factores políticos que tienen que ver qué partido gobierna determinado municipio o ciudad. Generalmente, la policía actúa para evitar desbordes, aunque hay casos de choques frontales con los manifestantes. En cuanto a los ciudadanos, hay una división entre aquellos que ven con simpatía este tipo de movilizaciones (aunque esto depende muchas veces del motivo), hay otros en los que prima el descontento por considerar que se violan derechos de terceros como el de libre tránsito o que consideran que la policía asume una posición demasiado permisiva.

En Uruguay, las protestas callejeras son, en su gran mayoría, organizadas y comunicadas previamente, no hay piquetes sorpresivos ni se ocupa toda la calle, por lo que no se suele entorpecer la circulación.

En Venezuela, en los últimos 10 años la protesta de carácter social se ha mantenido de manera constante y persisten en 2022 pese a que tienen poca repercusión en los medios de comunicación. Desde 2012 (último año de gobierno de Hugo Chávez), la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado un total de 92.000 manifestaciones. Respecto al año en curso, hasta abril se habían registrado 2677. El promedio diario es de 20 protestas por día en todo el territorio nacional. El director de esa organización, Marco Antonio Ponce, precisó que quienes manifiestan actualmente son fundamentalmente dos grupos: los trabajadores y los vecinos de las distintas comunidades, y que la protesta política no tiene una representatividad significativa en relación al total. La actuación de los funcionarios del Estado depende del tipo de protesta. En ese sentido, el OVCS denunció que, cuando la protesta exige un cambio de gobierno o en alguna corrección en su actuación, la respuesta institucional del Estado suele ser la represión desmedida, independientemente de si el gobernador o alcalde es un dirigente del oficialismo o de la oposición. Las protestas más recurrentes tienen que ver los derechos humanos y reclamos a las autoridades por servicios básicos.

Según datos del OVCS, el Estado venezolano favorece todas aquellas manifestaciones donde se exprese simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese caso son permitidas y facilitadas por parte de los distintos cuerpos de seguridad y demás entes del Estado. “Pero si las protestas son realizadas por la sociedad civil, por venezolanos que están exigiendo un cambio, que quieren mejoras en las condiciones de vida, tienen un enorme riesgo de represión”, añadió Ponce.

Aunque actualmente no se presentan protestas callejeras con piquetes o bloqueos de calles en Colombia, entre 2019 y 2022 hubo una fuerte oleada que sí interfirió con el tránsito. La Policía en Colombia ha sido enfática en su intención de no permitir este tipo de acciones: “Protestar es válido, los bloqueos no”. La disolución de este tipo de obstrucciones se desencadenó en medio de enfrentamientos entre estos servidores públicos y los manifestantes.

La colisión entre el derecho de protesta y el derecho de libre circulación cobró nueva vigencia en Colombia cuando en mayo del año pasado durante un paro nacional falleció un bebé cuando la ambulancia que lo trasladaba no pudo atravesar un bloqueo.

Finalmente, en Costa Rica hay protestas callejeras, que en los últimos años han estado especialmente motivadas por la situación económica, el desempleo y el alto costo de vida. Suelen ser realizadas por sindicatos del sector público o transportistas privados. En 2018 y 2019 se sumaron grupos de estudiantes.

En el caso del país centroamericano el problema principal radica en la falta de una ley que regule en qué momento la libertad de manifestación riñe con la libertad de tránsito.

Qué dice la ley en cada país:



Argentina

El derecho a la protesta está contemplado en la Constitución como forma de libertad de expresión, además de una forma de peticionar ante las autoridades. Por otro lado, el artículo 194 del Código Penal establece pena de prisión de tres meses a dos años por interrumpir el normal funcionamiento del transporte, los servicios públicos o de comunicación.

Brasil

La Constitución Federal garantiza el derecho de manifestación, siempre que no frustre otra reunión previamente convocada para el mismo lugar, sólo requiriendo notificación a la autoridad competente de día y lugar. El aviso pretendía conciliar el derecho de manifestación con el derecho de circulación y garantizar cuestiones como la logística del tránsito. Sin embargo, en diciembre de 2020 del Supremo Tribunal Federal (STF) definió que las manifestaciones en lugares públicos no requieren comunicación previa a las autoridades. Ahora basta con hacer circular un volante como aviso previo.

Colombia

La protesta social es un derecho fundamental y como tal está protegido legalmente por la Constitución Política, al reconocerse que ese derecho tiene una estrecha relación con otros protegidos como la libertad de expresión, de asociación, de locomoción y a la participación. En caso de que se realice una acción violenta dentro de una manifestación, esa acción puede ser objeto de sanciones. El Código Penal indica que quien obstaculice de manera temporal o permanente calles o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo período. Se excluyen de ese artículo las movilizaciones realizadas con permiso de la autoridad competente.

Costa Rica

El artículo 26 de la Constitución Política señala que todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. En enero de 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una ley para frenar los abusos en las huelgas.

Chile

Debido a la crisis de 2019, el gobierno de Piñera promulgó la llamada “Ley Antibarricadas”, que modificó el Código Penal para tipificar específicamente las “acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios”. En el caso de barricadas, se fijaron sanciones de 61 a 540 días de cárcel; y para quien lance objetos que pudiesen causar la muerte o lesiones, se castiga con reclusión de 61 días a tres años.

México

La libertad de pensamiento y de manifestación viene plasmada en la Constitución: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley ...” A nivel nacional o federal, también se consideran delitos los bloqueos o ataques a las vías generales de comunicación. Este delito se sanciona hasta con 5 años de prisión. En la Ciudad de México la manifestación está garantizada en la Ley de Movilidad, pero debe avisarse 48 horas antes la ruta, aunque pocos lo hacen.

Perú

Según la Constitución Política existe el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. La detención solo cabe cuando se afecta el derecho de terceros, la propiedad privada o si se realizan actos de violencia contra la autoridad. El plazo máximo de detención es de 48 horas, pero eso no quiere decir que las autoridades deban esperar dicho plazo. La policía y el Ministerio Público deben definir la situación política en el menor tiempo posible. El bloqueo de carreteras es considerado un delito en el Código Penal, que contempla hasta 10 de años de cárcel efectiva.

Venezuela

El artículo 68 de la Constitución establece la garantía del derecho a la manifestación pacífica, sin ningún tipo de restricción. Aunque no hay una legislación regional y municipal (local) que contravenga los estatutos de orden nacional, existe una discrecionalidad en la aplicación de la ley tanto por parte de los funcionarios de cargos de elección popular (gobernadores o alcaldes) como por los agentes que conforman los cuerpos de seguridad de las distintas escalas de gobierno (nacional, regional y local).

Una producción del Grupo de Diarios América (GDA)

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La Nación AR: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/protestas-en-america-latina-cuan-frecuentes-son-los-piquetes-en-cada-pais-y-que-hacen-los-gobiernos-nid16082022/ 

O Globo BR:  https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/08/resposta-a-bloqueio-de-ruas-em-protestos-varia-na-america-latina.ghtml

La Nación CR: https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/protestas-en-america-latina-entre-comprension-y/3RHQSQICWREWZHTINX7PPVYZAY/story/

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/piquetes-en-america-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo

El Comercio PE: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/los-piquetes-en-america-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo-protestas-gda-noticia/

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/protestas-en-america-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo/

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Los-piquetes-en-America-latina-entre-la-comprension-y-el-hartazgo-20220814-0061.html

El País UY: https://www.elpais.com.uy/mundo/derechos-protesta-versus-circulacion.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/protestas-callejeras-en-america-latina-entre-la-represion-y-la-incomprension-ciudadana/

junio 05, 2022

Venezuela: periódico ‘El Nacional’ se resiste a morir ante soga del régimen

Hostigamiento y bloqueos a la página web tratan de asfixiar al histórico diario del país vecino.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN/EL TIEMPO/GDA
5 de junio, 2022

Hasta hace cinco años, los teclados de las computadoras sonaban casi sin descanso en aquel edificio de dos pisos y espacios llenos de periodistas y entrevistados en Caracas (Venezuela). De la rotativa salían entre 60.000 y 80.000 ejemplares semanales y los domingos se imprimían unos 250.000 periódicos que llegaban a primera hora a los hogares de los venezolanos: todos querían leer El Nacional.

Pero eso cambió en 2018, cuando luego de años de represalias del Gobierno chavista, el periódico se vio obligado a dejar de circular en su formato impreso y dedicarse solo a su página digital cuando la Corporación Maneiro –empresa estatal encargada de otorgar papel a los periódicos venezolanos– se negó a suministrar el recurso.

Así comenzó una cruzada que se mantiene hasta hoy: una lucha ardua y constante para sobrevivir en medio de los bloqueos digitales ordenados por el Estado.

Sin papel, con escaso tráfico en la web y pocos anunciantes, mantener El Nacional parece titánico.

En este momento, solo quedan 50 trabajadores de los 1.100 que llegó a tener la nómina. De febrero a mayo de 2022, la caída en visitas de la página fue de 58,32 por ciento; en usuarios, de 51,42 por ciento y en sesiones, de 60,42 por ciento.

“La caída del tráfico hace que recibamos menos avisos y que dejen de pautar con nosotros, pero seguimos resistiendo. El titular: ‘Venezuela regresa a la democracia’ lo vamos a publicar”, enfatizó Miguel Henrique Otero, director del diario y quien desde el exilio apuesta por salvar el periódico fundado por su padre y abuelo.

Desde 1943, las ideas hechas papel y tinta del diario fundado por Miguel Otero Silva sobrevivieron a los embates de la dictadura, vieron nacer la democracia y lucharon por seguir haciendo periodismo en un país convulsionado. Sin embargo, bajo el régimen de Nicolás Maduro, las cosas para El Nacional se tornaron complejas. Hace cuatro años, cuando tocó apagar la rotativa, no solo dejó de circular el diario, sino también las demás publicaciones, entre revistas, libros y encartados, que dependían de dicha operación.

Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario 'El Nacional'.

Foto: 

Carlos Ortega / EL TIEMPO.

A través de las trabas administrativas y burocráticas, la Corporación Maneiro sometió a los medios. Los representantes de los diarios, constantemente, hacían la solicitud que derivaba siempre en respuestas negativas e incluso, por algunos meses, periódicos de afuera auxiliaron a El Nacional y otros impresos, pero con el paso del tiempo la situación se hizo insostenible.

EL TIEMPO intentó conocer la versión oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sobre los bloqueos a internet, pero no hubo respuesta.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información tampoco se ha pronunciado, a pesar de las denuncias hechas por el gremio sobre el acceso a internet.
Según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), para el año 2000, en el país existían 136 medios impresos, de los cuales al menos 61 han desaparecido en estos años. En contraste, la ONG Espacio Público estima que 82 diarios salieron de circulación.

Y si bien la migración digital había empezado mucho antes de que se acabara el papel, como presagio de lo que implicaría la presión del Estado contra los periódicos, en especial sobre los más críticos; actualmente la asfixia continúa por varios flancos. El primero de ellos, el limitado y deficiente acceso a internet en Venezuela.

Según el último informe de Conatel, para 2020 la cantidad de usuarios y la penetración de internet cayeron drásticamente un 6,9 por ciento y 4,76 por ciento, respectivamente. Es decir que en el país hay menos usuarios de internet que lo registrado en el 2014.

Ya no es solo el bloqueo constante a los dominios de los sitios web de los medios por parte del Gobierno. Para leer El Nacional desde Venezuela se necesita utilizar una conexión especial de VPN desde el dispositivo en el que se intenta ingresar, una maniobra que pocos conocen o que, incluso si la saben, pocos están dispuestos a realizar dado que la mayoría de los ciudadanos utiliza sus datos móviles como conexión a internet. Y eso se traduce en un escaso número de visitas y de anunciantes que perjudican la estabilidad del diario.

“Inclusive nos quitaron el edificio, un atropello que no tiene nombre. Y este año, la política es bloquearnos la página web”, le dice a EL TIEMPO Miguel Henrique Otero, al recordar cómo a través de una orden judicial por una demanda impuesta por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede principal del medio fue entregada al también diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), además de exigir 13’000.000 de dólares.

“Desde el punto de vista legal, para que el régimen de Maduro pudiera bloquear la web era necesario acudir a un juez federal debido a que el sitio está alojado en Estados Unidos”, explica Otero, alegando además que no solo es la operadora del Estado, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), sino también privadas las que presionan al diario y que están “cumpliendo una orden que no es judicial, una orden que es arbitraria”.

Lo preocupante es que lo que le ocurre a El Nacional es una réplica en los medios críticos contra el régimen. Y es que ejercer el periodismo en Venezuela no es tarea fácil. En los últimos años se ha convertido en una constante lucha con la estructura de poder, dado que no existe una ley de acceso a la información, por lo que en el país es complejo llegar a las fuentes oficiales cuando se trabaja para un medio independiente, sin afinidad con el partido de Gobierno.

Eso sumado a que es exponerse a múltiples riesgos y con menos plazas de trabajo. Según el CNP, entre enero y mayo de este año, se han registrado 10 hostigamientos, ocho intimidaciones, 13 campañas de descrédito, tres casos de materiales borrados, 21 impedimentos de coberturas, una agresión física, 11 bloqueos a medios digitales y cuatro cierres de emisoras.

“El Gobierno venezolano adoptó como política la agresión, hostigamiento y persecución de la prensa”, así lo considera Édgar Cárdenas, secretario general del CNP. Por otra parte, Espacio Público contabilizó que entre 2003 y 2022 190 sitios web han sido bloqueados.

“Lo que ha ocurrido con El Nacional y el resto de los periódicos es un golpe muy duro y una etapa muy oscura para el periodismo”, dice con tristeza Maru Morales, quien por siete años fue una de las plumas destacadas de ese diario.

Morales, que escribe para otros medios, se llena de nostalgia al recordar la que fue su casa y cómo en 2013 el tiraje comenzó a bajar y las páginas se redujeron.
“Fue un tránsito dramático. Como periodista, pierdes una fuente de empleo; como ciudadano, vas a un kiosco y ves pocos periódicos, con información parcializada, sin crítica ni denuncia”, lamenta la periodista.

Y es que para cualquier periodista era un sueño trabajar en El Nacional. Estudiantes esperaban poder escribir para el principal periódico del país y cualquier columnista deseaba ver su nombre en la edición impresa.

Hoy por hoy, los venezolanos viven entre una profunda desinformación, que ha llevado a que las redes sociales, en especial Twitter, sean una de las herramientas más utilizadas para difundir las críticas gubernamentales. No obstante, lejos están del periodismo profundo y bien contrastado que diarios como El Nacional intentan promover.

Eso sí, pese al oscuro panorama, la esperanza sigue intacta. “Seguimos y vamos a seguir informando”, recalca Otero agradeciendo la solidaridad del Grupo de Diarios de América (GDA) por acompañar a El Nacional en este tránsito de 20 años, iniciado con la llegada del chavismo y el socialismo del siglo XXI a Venezuela. “Lo vuelvo a decir, el titular ‘Venezuela regresa a la democracia’ lo vamos a publicar”, sentenció.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS

Más información:

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/06/jornal-el-nacional-resiste-a-investidas-do-regime-de-maduro.ghtml

El Tiempo CO: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezuela-periodico-el-nacional-enfrenta-crisis-por-presion-de-maduro-677652

La Nación CR: https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/periodico-el-nacional-de-venezuela-se-resiste-a/FHR46TVNPBE3RB63JW54Q3H7RI/story/As%C3%AD/

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-nacional-de-venezuela-el-diario-que-se-resiste-morir-bajo-el-yugo-de-nicolas-maduro

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/venezuela-periodico-el-nacional-se-resiste-a-morir-ante-soga-del-regimen/

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/internacional/Venezuela-periodico-El-Nacional-se-resiste-a-morir-ante-soga-del-regimen-20220605-0008.html

El País UY: https://www.elpais.com.uy/mundo/periodico-nacional-venezuela-resiste-morir-soga-regimen.html