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18.2.14

Cambios en la conducción de La Nación de Argentina

Guillermo Rivaben, nuevo gerente general; Carlos Guyot, secretario general de Redacción
 
Guillermo Rivaben, nuevo gerente general. 
Desde el 1° de marzo próximo, LA NACION realizará una serie de cambios en la dirección de la compañía y en la conducción de la Redacción. Guillermo Rivaben será el nuevo gerente general con responsabilidad sobre el negocio diario, digital y Publirevistas, y Carlos Guyot, el nuevo secretario general de Redacción.
Rivaben tiene 47 años, es ingeniero electrónico por la UBA, y en los últimos cuatro años se desempeñó como director general de la empresa Personal, del Grupo Telecom. Bajo su dirección, Personal se convirtió en la compañía número uno en términos de facturación en la Argentina en el segmento de telefonía móvil.
Rivaben había iniciado su carrera en el Grupo Telecom en el año 1994. Luego entre los años 2000 y 2003 se desempeñó como vicepresidente regional de Marketing de ATamp;T Latinoamérica. A su regreso a Telecom asumió como director de marketing de Personal; amplió posteriormente sus responsabilidades hasta su última función.
Héctor D'Amico ha sido designado nuevo director de Comunicaciones Corporativas de LA NACIÓN y dejará la función de secretario general de Redacción, cargo que ocupó desde julio de 2001. Carlos Guyot lo sucede en esa posición.
 
Carlos Guyot, nuevo secretario general de Redacción. 
Guyot tiene 44 años, es periodista y diseñador, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad Austral, y magíster en gestión de empresas de comunicación por la Universidad de Navarra. Ingresó en LA NACION en 1996, y luego de su paso por diversas secciones fue designado director de Arte en 2006.
En 2009, se convirtió en el primer director de Innovación de la compañía; asumió directa responsabilidad sobre el desarrollo y la implementación de los procesos de actualización de los productos y la Redacción de LA NACION.
En 2011, fue nombrado prosecretario general de Redacción y se incorporó así a la conducción editorial del diario. Un año después, lideró el último rediseño en la versión papel, que mereció gran aceptación entre lectores y anunciantes.
D'Amico condujo la Redacción durante 13 años, período en el que llevó adelante un conjunto de importantes transformaciones en el diario papel y su coordinación con la plataforma online.
Durante este período, el diario no solamente alcanzó un destacado posicionamiento en el mercado local de medios, sino que también marcó importantes hitos por su innovación tanto en el diseño de sus páginas como en el tratamiento de sus contenidos.
La nueva conducción de la Redacción se completa con dos prosecretarios generales: Carlos M. Reymundo Roberts y Claudio A. Jacquelin.
Reymundo Roberts, que ya venía desarrollando esa función, ingresó en LA NACION en 1983. Pasó por diversas secciones, fue corresponsal en América latina y editor del suplemento Enfoques. Actualmente también es codirector del Máster en Periodismo de LA NACION y la Universidad Di Tella.
Jacquelin, nuevo prosecretario general, tiene 51 años, es periodista y en 1983, mientras estudiaba abogacía en la UBA, comenzó a colaborar con la Redacción de LA NACION, a la que se incorporó en 1986. Desde entonces se desempeñó como redactor en diversas áreas; fue editor de las secciones Locales e Información General. En 1997, fue designado secretario de Redacción, cargo en el que ha tenido bajo su responsabilidad las secciones Información General y Política, y el suplemento Enfoques.
Con estos cambios, LA NACION reafirma su vocación por la excelencia, al tiempo que renueva el desafío de innovar sus productos editoriales en todas las plataformas, acorde con la demanda de lectores y anunciantes.

16.2.14

Más controles a los medios independientes en el Ecuador

Carlos Rojas Araujo
El Comercio/Quito/GDA

En los últimos siete meses, el gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el poder político en el Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa independiente.
El Comercio/Ecuador/GDA

Entre junio del 2013 y enero pasado, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas (Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a las autoridades encargadas de monitorear, crear normativas y aplicar sanciones a todos los medios de comunicación.

La severidad con la cual se vigila a la prensa privada -calificada por Correa de corrupta y mercantilista- es distinta a la comodidad con la que trabaja la prensa estatal -compuesta por medios públicos, oficiales, incautados-, abiertamente alineada con la denominada revolución ciudadana.

Es preciso hacer un poco de cronología. Si entre agosto del 2009 y mayo del 2013 al oficialismo se le hizo imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.

La razón: en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación internacional por el contenido de esa ley y sus alertas sobre la posible inobservancia de estándares mundiales sobre la libertad de expresión y de prensa. Así, la nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para que el poder político controle y sancione a los medios, reforzando el ambiente de autocensura en el periodismo al crear figuras como el llamado ‘linchamiento mediático’ y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

Desde junio pasado, tras la vigencia de la ley, se nombró al Consejo de Regulación de la Comunicación, con cinco miembros, de los cuales cuatro tienen vínculos con el oficialismo. De igual forma, se eligió a Carlos Ochoa como superintendente de la Información, hombre crítico de la prensa privada y quien por varios años fue el jefe de noticias de Gamatv, uno de los canales incautados que el oficialismo controla.

Mientras el Consejo de Regulación completa la normativa para aplicar esta ley, Ochoa puede de oficio vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica que la Supercom impuso contra un medio fue, precisamente, el viernes 31 de enero cuando multó a diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres meses (más de USD 90.000), por haber permitido la publicación de una caricatura, en el espacio de opinión, con información que, a criterio de Ochoa, no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia. Es decir que la primera sanción económica de la Supercom fue por una pieza de humor. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.

En junio pasado, el Gobierno expidió el llamado Decreto 16. Este instrumento obliga a todas las organizaciones sociales, internacionales y ONG que operan en Ecuador a someterse a un registro ante el Gobierno, a través del cual estas entidades están limitadas para realizar lo que el Régimen considera como “actividades políticas”. Uno de los primeros resultados de este Decreto 16 es que  por ejemplo la organización Fundamedios, entidad encargada de monitorear el ejercicio de la libertad de prensa en el país, pasó a ser controlada por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Fundamedios ha sido particularmente crítica con el papel de esta entidad, por considerarla el brazo ejecutor de la política anti medios que en su criterio libra el Gobierno.

Hace pocas semanas, el Gobierno expidió el reglamento de aplicación de la Ley de Comunicación que, entre otros temas, pone énfasis en la regulación de contenidos publicitarios y editoriales. En este documento se explica que las redes sociales y los contenidos de ciudadanos en la Internet no serán controlados, salvo que estos usen plataformas virtuales de medios de comunicación. Este reglamento también insiste en que los contenidos de opinión en los medios sobre asuntos de trascendencia pública no deben ser censurados ni sujetos de rectificaciones. Sin embargo, este principio contradice la resolución del superintendente Ochoa adoptó en el caso de la caricatura de Bonil, al obligarlo a rectificar.

En cuanto al nuevo Código Integral Penal, se mantienen las sanciones para los responsables de los medios que no proporcionen información requerida por las autoridades, sobre contenidos periodísticos relacionados o que deriven en procesos judiciales. Si bien es un artículo que data de 1971, la Federación Nacional de Periodistas lo considera atentatorio al principio de libertad de expresión, porque ‘reedita la penalización del periodismo’. Adicionalmente, este organismo dice que el Código Penal mantiene la penalización de la calumnia y la injuria cuando en otras legislaciones se ha traslado este delito al ámbito civil. Además porque se incluyen delitos como el pánico económico que, al ser penados, pueden restringir la libre circulación de información.

A este círculo legal cabe sumar otras resoluciones tomadas años atrás por el Gobierno, como el fin de la exención del IVA al papel periódico o la prohibición de que haya accionistas en los medios de comunicación vinculados al sector financiero. Todo ello generó un ambiente de desinversión económica en las empresas periodísticas. A inicios del 2010, la Ley de Participación Ciudadana ya definió al periodismo como un servicio público, buscando que los medios privados e independientes rindan cuentas ante las autoridades estatales del llamado Quinto Poder.


El panorama se completa con el permanente enfrentamiento que el presidente Correa libra en contra de la prensa independiente, a la cual critica con duros calificativos en sus enlaces sabatinos y cadenas nacionales por radio y TV. Esto sin contar la jurisprudencia que Correa ha sentado al interponer juicios millonarios como en el caso El Universo y contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, que tras ser condenados por la justicia por injuria calumniosa y daño moral, recibieron el ‘perdón’ presidencial y la anulación de las penas.

La violencia arrincona a los periodistas en Honduras

* 36 personas ligadas a  medios fueron asesinadas en los últimos 10 años
* Sector denuncia poco interés del Gobierno por aumentar protección

Diego Jiménez F.
La Nación/Costa Rica/GDA


Tegucigalpa. La tarde del lunes 24 de junio, el periodista Aníbal Barrow viajaba en un automóvil junto con su nuera y su pequeño nieto por una calle de San Pedro Sula. Tres desconocidos les cortaron el paso y secuestraron al comunicador, cuyo cuerpo apareció casi dos semanas después quemado y descuartizado cerca de una laguna.
Hoy, casi medio año después, no hay culpables. La Policía detuvo en setiembre a un sospechoso del asesinato, pero sobre los autores intelectuales no ha trascendido ninguna información. No se sabe si el homicidio del conductor del programa televisivo “Aníbal Barrow y Nada Más” tiene alguna relación con su oficio de periodista.
Este ha sido el último de los ataques mortales contra un periodista en Honduras, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo (86 por cada 100.000 habitantes, según la ONU). De acuerdo con datos del Comisionado Nacional de Derecho Humanos en Honduras, 36 personas relacionadas con medios de comunicación han sido asesinadas en los últimos 10 años.
La impunidad en estos casos alcanza el 97%, pues en solo en un crimen, ocurrido en el 2010, ha habido condena. Ese alto porcentaje responde, según el ombudsman hondureño, Ramón Custodio, a que “los crímenes no son  debidamente investigados por dos de los competentes del sistema de justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía”.
La cifra de homicidios se disparó desde el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya, en junio del 2009, pues desde entonces han muerto 29 comunicadores.
Según  Custodio,   los crímenes demuestran que  “hay una  violencia que quienes  la cultivan buscan intimidarnos a los que estamos todavía actuando  en esta sociedad”.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Ramón Mairena, reconoció que este tipo de crímenes han creado temor entre los periodistas de cubrir temas como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Además, criticó que el actual gobierno, pronto a dejar el poder, no atendió a los llamados de los periodistas por más protección.
Presiones.  Sumado a las amenazas y los homicidios, el periodismo en Honduras también se enfrenta a retos por las presiones de poder y el acceso a la información, señalados por C-Libre, una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida en el 2001.
Este grupo advirtió, en el 2006, de que entre las  limitantes para la libertad de expresión, figura que  “en algunos medios se les dictan las pautas al reportero acerca de a quiénes entrevistar y a quienes no”. Sin embargo, Mairena dijo que el Colegio no ha recibido ninguna denuncia de ese tipo.
C-Libre también señaló, en un estudio sobre las publicaciones de prensa antes y después de la caída de Zelaya, la existencia de  “una clara tendencia a favorecer a la facción a favor del golpe de Estado, en detrimento del sector de la sociedad que se manifestaba abiertamente en contra de este hecho” .
Pero el golpe, escribió el año pasado el investigador Manuel Gamero, también impulsó “el surgimiento de  medios alternativos y la utilización de  las novedosas formas de comunicación global, para romper el cerco de control mediático”.

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“Ya estamos cansados”
Entrevista a: José Ramón Mairena, Presidente del Colegio de Periodistas

¿Cuál es el estado actual de la libertad de expresión en Honduras?
Venimos arrastrando desde hace años, enfatizándose en los últimos cinco o seis, el aumento de la violencia contra comunicadores  y periodistas. Según datos del Comisionado por los Derechos Humanos, hasta la fecha hay 36 casos de comunicadores    asesinados. Lamentablemente, un enorme porcentaje de 95% están  impunes. No se sabe si estos asesinatos se cometieron por el ejercicio del periodismo.

¿Ha crecido el temor por cubrir temas como la corrupción y el crimen organizado?
Decir que no sería mentir. En el interior del país, en las zonas identificadas de alto tráfico de drogas y  crimen organizado, ejercer el periodismo es sumamente peligroso. En la mayoría de los casos ha llevado a una autocensura de protección tanto del periodista como su familia.

¿Hay compromiso del gobierno por dar mayor protección a los periodistas?
Estamos a poco de que termine el gobierno, y realmente fueron pocos los pasos que dio para la protección de los comunicadores. Se ha hablado de leyes, hay documentos escritos en foros en grandes hoteles que hablan de protección de derechos humanos, pero los periodistas ya estamos cansado de solo hacer reuniones y  escritos, pero nada realmente efectivo.
La comisión C-Libre ha señalado como una de las principales limitantes  la agenda impuesta en los medios. Dice que algunos medios dictan a los respoteros a quién entrevistar y a quién no.

¿Sucede eso?
Te voy a decir, yo he trabajado en varios medios... Es que cada quien tiene su visión en eso, depende del lado en que estés, depende de la tendencia ideológica en la que te enmarqués. He escuchado a varios colegas que se quejan de eso. Yo, en mi experiencia particular, que he estado en medios fuertes como El Heraldo y HRN, nunca me han dictado pauta sobre a quién entrevistar y quién no. Creo que los medios tienen su política, como en todo el mundo, pero eso no quiere decir que deben evitarles a ciertos periodistas informar.

¿Pero cuál es la posición del colegio al respecto?

En el Colegio de Periodistas están aglutinados el 97% de los periodistas, directores, jefes de redacción,  de los principales medios  del país. No tenemos ninguna denuncia de ese tipo.

Argentina: Una década de hostilidad a medios y periodistas

José Crettaz
La Nación/Argentina, GDA

El 10 de diciembre se cumplieron treinta años del regreso de la democracia a la Argentina. Sin embargo, la libertad de expresión no tiene motivo alguno para celebrar: si se acepta que esta libertad es uno de los pilares del Estado de Derecho y del pluralismo, se podría decir que nuestro sistema tambalea. Desde hace diez años, medios y periodistas argentinos comenzaron a ser víctimas de todo tipo de maniobras políticas y también de agresiones físicas, especialmente en el interior del país. Allí, en las provincias, según el monitoreo de la libertad de expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), vienen creciendo en los últimos años los atentados contra la integridad física y los bienes materiales de periodistas y medios de comunicación pequeños.

"El cambio debe hacerse en todos los niveles. En lo inmediato, hay que solucionar los problemas que presentan la ley de medios audiovisuales, pero también los vicios que están muy generalizados, como la manipulación de la publicidad oficial, las presiones, las intimidaciones. Pero esos vicios no son exclusivos del Gobierno nacional, sino que también están arraigados en todas las provincias. Hay que cambiar la cultura política", afirma el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Argentina Henoch Aguiar, un jurista especializado en medios y telecomunicaciones.

En efecto, desde hace diez años, el clima de la libertad de expresión se vino enrareciendo hasta volverse bastante asfixiante. Medios y periodistas pasaron a soportar, como algo cotidiano, persecuciones; presiones; escraches; agresiones físicas; cepo oficial para que las grandes cadenas de supermercados no pauten en los diarios críticos; intimidaciones del organismo recaudador (AFIP); falsas denuncias penales; fuerte hostigamiento público por parte de la presidenta Cristina Kirchner o de sus ministros; y, por la aplicación de la ley de medios audiovisuales, la directa posibilidad del desguace del Grupo Clarín o su fractura en unidades más débiles. En fin, una robusta hidra de cien cabezas parece haberse deslizado desde las páginas mitológicas de Jorge Luis Borges para multiplicarse en múltiples estrategias de censura indirecta.

Para la presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios nunca hubo en el país mayor libertad de expresión. "Cualquiera dice lo que quiere, y hasta puede mentir", suele afirmar Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), organismo encargado de aplicar la controvertida ley de medios, cuya constitucionalidad fue ratificada por una ajustada mayoría en la Corte Suprema. Ante las críticas a su política de comunicación y de relación con los medios (prácticamente no ha dado conferencias de prensa y sólo dio entrevistas acordadas con periodistas seleccionados), el gobierno Kirchner muestra en su defensa la derogación del delito penal de injurias y calumnias (que tenía penas de cárcel), algo que el Estado argentino sancionó luego de un fallo adverso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, organizaciones como Fopea o la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), reclaman que además se ponga límites a los montos de indemnizaciones que piden los funcionarios en las demandas civiles contra periodistas.

La batalla del gobierno contra los medios que no ajustan su línea editorial al parecer oficial y el intento por dividir a los periodistas entre oficialistas y opositores fue seguido por la sociedad argentina con espíritu deportivo: como un partido que se disputa gol a gol, y que -tras la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de este año 2013- parece haber quedado empatado y sin resolución inminente. Así, en los últimos cinco años, el debate, la sanción y la aplicación de la ley de medios (que fija un extremo esquema de desguace de empresas de comunicación) tuvo cierto apoyo popular al principio que fue diluyéndose en los años sucesivos ante el incumplimiento de las promesas de mayor "democratización de los medios" y "multiplicidad de voces".

"La ley de medios es uno de los temas pendientes. La Corte la declaró constitucional, pero en  el futuro habría que reformarla  para que una nueva ley asegure la sustentabilidad de los medios críticos frente al Gobierno. Sin embargo, para mejorar el clima de opresión, hay que corregir otros temas centrales, como suprimir el cepo publicitario que asfixia financieramente a los diarios críticos, establecer reglas equitativas para distribuir publicidad y facilitar el acceso a la información oficial", dice Martin Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.

"En la Argentina los periodistas tenemos dos problemas muy serios. Uno, personal, porque somos víctimas de persecuciones. Y el otro, profesional, porque es casi imposible acceder a información oficial", apunta Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación.

Morales Solá, en una de sus habituales notas, acaba de afirmar que la Argentina ocupa "un lugar entre los peores en libertad de expresión" y evaluó que "únicamente se puede decir que esta libertad está bien si sólo se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador y, en realidad, tampoco está mucho mejor que en esos países". Su apreciación no es nada exagerada, más teniendo en cuenta que pocos meses atrás expuso en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como integrante de un grupo de ocho periodistas que, hace dos años, se animaron a planear sus denuncias. Hay cientos que nunca se atrevieron.

Tras aquella exposición en la OEA, Magdalena Ruiz Giñazú, una periodista de muy larga trayectoria que había acompañado a Morales Solá a esa reunión, fue visitada sorpresivamente por inspectores de la agencia impositiva. Y Alfredo Leuco, un periodista de Radio Continental, fue asaltado y golpeado cuando llegaba a la radio donde trabaja. "Fue muy sospechoso. No me parece que haya sido sólo un robo cometido al azar", afirmó.

Ese clima de opresión también es recogido por los organismos internacionales y locales. Así, al concluir aquella audiencia que se celebró el 1 de noviembre, la CIDH,  en un comunicado, expresó su doble "preocupación" por "la situación de la libertad de expresión en la Argentina" y por "las descalificaciones a las que se vieron sometidos los periodistas solicitantes de la audiencia".

Por su parte, la Corte Suprema ya dictó varios fallos en materia de publicidad, en las causas diario Rio Negro y Editorial Perfil, pero el Gobierno sigue desoyéndolas. Así, continuando con la práctica que se inició en 2003, durante 2013 el diario Tiempo Argentino recibió el equivalente a 595 páginas de publicidad oficial; Crónica, 341 y Página 12, 225 páginas, mientras que los diarios más vendidos del país, entre los dos, sumaron apenas 2 páginas: Clarín 1,6 páginas y La Nación se quedó con 0,4 páginas. Y algo similar ocurre con la televisión: mientras que la TV pública (Canal 7) se quedó con 270 millones de pesos y los oficialistas Canal 9, con 143 y, América recibió 126 millones, Canal Trece del Grupo Clarín se queda tan sólo con 1,5 millones.

Pero para alimentar la propaganda política, el Gobierno, en 2009, diseñó otro conducto: el ciclo Futbol para Todos, un espacio que emite publicidad oficialista durante la trasmisión de los partidos de fútbol, que como es natural concitan la mayor audiencia: mientras que ese año el Estado gastó 600 millones, en 2012 superó los 1200 millones, y en 2013 superó los 1500 millones de pesos.

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Un continente, varios caminos

Leyes de medios similares en América latina

BRASIL
Ley de televisión paga (2012)
La ley, debatida durante años, impide la propiedad cruzada de firmas que produzcan contenidos y firmas que los distribuyan por suscripción (cable o satélite), pero no fija ningún tipo de topes a la cantidad de licencias, y permite la competencia entre cableoperadores y telefónicas (triple play). Fija exigentes cupos de producción local a todas las señales de TV, incluidas las internacionales.

ECUADOR
Ley orgánica de comunicación (junio de 2013)
La Ley crea un Consejo de Regulación, que define las políticas en la materia, y una Superintendencia de Información con capacidad de aplicar sanciones y multas. La ley abarca no solo la regulación de contenidos sino el manejo del espacio radioeléctrico, e incluye normas para estimular la producción nacional. El debate sobre posibles controles a Internet y redes sociales no ha cesado, dada la ambigüedad del articulado.

CHILE
Ley de televisión digital (2013)
Debatida durante cinco años, la norma fija el apagón analógico para 2018, plazos de duración de las licencias de 20 años (renovables), establece cuotas de contenido cultural, pone el tope de un canal de TV abierta por grupo nacional y extranjero por localidad, incluye subsidios a la inversión en infraestructura y obliga a la TV paga a pedir permiso a canales de TV abierta para incluirlos en su grilla. Se prevé también una dura puja judicial.

URUGUAY
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en debate)
A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de medios que este año será considerado por el Senado. Su objetivo principal son los medios audiovisuales y no los medios de prensa. Si bien el proyecto reitera unas diez veces que su objeto no es limitar la libertad de expresión que está amparada constitucionalmente, lo cierto es que se crean diversos organismos que deben supervisar y controlar el respeto a conceptos amplios y de difícil precisión. 

VENEZUELA
Ley resorte (2005, reformada en 2010)
La ley de responsabilidad social de radio y televisión (conocida como Resorte) prohíbe la publicación de contenidos "ofensivos", "violentos" y que "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio", y responsabiliza a los sitios web del contenido de los mensajes. Sin embargo, no restringe la propiedad cruzada de diversos tipos de medios.


Perú: Ahorita no ¿Mañana sí?

Una operación comercial entre dos empresas periodísticas sirvió de pretexto al presidente Ollanta Humala para amenazar a la libertad de expresión en el Perú y ‘sugerir’ al Congreso el debate de una ley de medios


Héctor Villalobos
El Comercio/Perú/GDA

El Comercio/Perú/GDA
El 29 de diciembre del 2013, a menos de un mes de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile y cuando los representantes de diversos sectores políticos invocaban a la unidad nacional,  el presidente Ollanta Humala sorprendió a todos al colocar en el debate público un tema que, hasta esos momentos, era solo un diferendo entre privados: la asociación entre las empresas periodísticas El Comercio y Epensa.

Dicha asociación se produjo algunos meses antes, en agosto, cuando el Grupo El Comercio, el principal conglomerado periodístico del país, compró el 54% de las acciones de la Empresa Periodística Nacional (Epensa). Como parte del acuerdo, la familia Agois Banchero, fundadora de Epensa, a través de una empresa 100% de su propiedad mantiene  el control de la línea editorial de sus diarios.

Antes de que esta operación se concrete, el Grupo La República, el tercer conglomerado de diarios más importante del país, había intentado sin éxito adquirir ese paquete de acciones, lo que en la práctica le hubiera dado el control del 68% de diarios de provincias y el manejo de la línea editorial de los diarios de Epensa.

Ni bien se hizo pública esta operación, los diarios del Grupo La República y diversos  periodistas, muchos de ellos vinculados laboralmente a ese grupo, lanzaron una feroz campaña en contra de esta asociación comercial. Para descalificarla, utilizaron un término inexistente en la Constitución Política y en la legislación peruana: la concentración de medios.

El principal argumento de La República y sus aliados para confundir a la opinión pública y atacar la asociación era porque, según decían, El Comercio tendría el control del 78% del mercado de la prensa escrita. En realidad, en el Perú existen 60 diarios a nivel nacional, y el Grupo El Comercio es propietario de solo seis de ellos. Lo que sí es cierto es que el 50%  de los lectores  prefieren comprar los diarios del Grupo El Comercio, mientras que los cuatro diarios de Epensa tienen un 28% de participación adicional en el mercado.
El gobierno se mantuvo ajeno a esta polémica durante algunos meses. Sin embargo, el 29 diciembre, en una entrevista televisiva, el presidente Humala  hizo eco de unas declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa -- quien había expresado su preocupación por la asociación entre Epensa y El Comercio-- y dijo: “Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que prácticamente sea el dueño de los medios de comunicación. Eso es peligroso”.

A continuación, lanzó una amenaza contra la libertad de expresión. Cuando se le recordó que la asociación no era ilegal, Humala respondió: “No es ilegal. Ahorita no es ilegal”.

El presidente se refería a una acción de amparo que habían presentado ocho periodistas (entre ellos el director, un miembro del consejo directivo y dos columnistas de La República) para que el Poder Judicial anule  la asociación entre El Comercio y Epensa. Cabe indicar que dicho recurso legal que llevaba mes y medio de espera en un despacho judicial fue admitido a trámite tres días después de la intervención presidencial por lo que las expresiones de Humala generaron suspicacias.

Al día siguiente, las declaraciones de Humala provocaron reacciones de rechazo de diversos representantes de la clase política y del sector empresarial.
El ex presidente Alan García  calificó las expresiones de Humala como una amenaza contra la libertad de expresión y dijo que “rompen el necesario clima de unidad nacional que debe existir antes del fallo de la corte de La Haya”. Por su parte, la ex candidata presidencial y lideresa Keiko Fujimori recordó los antecedentes prochavistas de Humala: “Ataca a los medios pero no a la corrupción. Comandante, no queremos parecernos a Venezuela”.

El presidente de Confiep, el principal gremio empresarial del Perú, Alfonso García Miró, declaró: “Si la mayor parte de personas lee determinado medio es porque tiene el derecho de haber elegido […] No debe haber nunca una autoridad que restrinja el libre derecho de las personas a optar por cierto medio en vez de otro”.

LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO

Humala echó más leña al fuego del debate cuando el 2 de enero volvió a arremeter contra la asociación formada por El Comercio y Epensa. “Este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde esté la representación directa del pueblo peruano”.

En el Perú, el ‘humalismo’ controla en la práctica el Congreso. Además de Gana Perú, la bancada del partido del presidente, el gobierno cuenta con el apoyo de Acción Popular – Frente Amplio (disidentes de Gana Perú) y Perú Posible (del ex presidente Alejandro Toledo). Sus votos aseguran la aprobación de cualquier proyecto  del oficialismo y el bloqueo de cualquier iniciativa de la oposición.

La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció en contra de las intenciones del presidente de llevar el tema al debate en el Congreso. “El presidente tiene todo el derecho de opinar sobre un asunto de alto interés público, pero nos parece conveniente que su gobierno se mantenga al margen”, señaló Claudio Paolillo, presidente del Comité de Libertad de Prensa e Informaciones de la entidad internacional. La misma posición fue asumida por el Consejo de la Prensa Peruana, del cual forman parte, paradójicamente, todos los grupos editoriales involucrados en la disputa.

De cualquier manera fue justamente la bancada satélite del gobierno, Acción Popular-Frente Amplio, la que recogió la ‘sugerencia’ del mandatario. El congresista Manuel Dammert, miembro de ese grupo, anunció que  viene trabajando un proyecto de ley para regular no solo lo que él llama la “concentración de medios”, sino también el contenido de lo que estos publican. También anunció la realización de debates públicos para recoger la opinión de la ciudadanía sobre este tema.

Pero Dammert y su bancada se quedaron sin piso. Los tres vicepresidentes del Congreso consideraron impertinente que el Parlamento debata un diferendo empresarial entre medios. El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, deploró que se tergiverse la discusión y que se hable de regulación de contenidos. Mario Vargas Llosa, quien critica la asociación de las empresas periodística, también se opone a una ley de medios.

Por ahora, el debate sobre el tema ha pasado a segundo plano, mientras se espera la lectura del fallo de La Haya. Queda aún pendiente la decisión del Poder Judicial sobre la asociación entre El Comercio y Epensa. En tanto, el proyecto de Dammert parece haberse desacelerado o capaz para utilizar las expresiones de Humala, “ahorita no”(es el momento).


Las declaraciones de Humala han sido una clara amenaza a la libertad de expresión. Pero, así como la amenaza, el presidente sabe muy bien cómo utilizarla. En enero, el diferendo entre las empresas periodísticas se convirtió en el principal tema de debate público. Durante las últimas semanas, el caso López Meneses, el principal escándalo de corrupción destapado durante el gobierno de Humala, desapareció de las portadas de los diarios.

9.2.14

La prensa venezolana en cuenta regresiva

El Nacional/Venezuela/GDA
Edgar López
El Nacional/Venezuela/GDA

Desde septiembre de 2013, siete diarios regionales venezolanos dejaron de circular por la imposibilidad de obtener divisas para la importación del papel prensa que requieren, y a la fecha cinco de ellos se mantienen fuera de circulación, según los registros del Instituto Prensa y Sociedad.
La organización no gubernamental precisó que los medios que han desaparecido son El Sol de Maturín (estado Monagas) y Antorcha (estado Anzoátegui), mientras que El Oriental y La Verdad (estado Monagas) no están circulando los fines de semana. El Nacional pudo verificar esta semana que también han dejado de circular El Guayanés, El Expreso y el Venezolano (estado Bolívar).
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, advierte que otros 15 de los 80 rotativos del país pueden correr la misma suerte a corto plazo si el gobierno nacional -que monopoliza la administración de divisas a través de un férreo control de cambio impuesto desde hace once años- no libera de inmediato los dólares para la compra de papel.
Ante esta asfixia, 17 medios impresos se han visto obligados a disminuir su paginación y el tiraje de sus ediciones. Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, señala que el diario tiene disponibilidad de papel hasta mayo. El Impulso, otro diario de larga tradición en el país, tiene insumos para aproximadamente dos semanas. 

Premio y castigo. VEA, un tabloide afecto al gobierno, ha publicado en su primera página que por falta de divisas no pueden publicar la revista que acompaña la edición dominical. Sin embargo, hay otros medios vinculados al oficialismo, como El Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, que por estar adscritos a organismos del Estado no tienen que cumplir los engorrosos trámites de importación que se les exige a las empresas privadas y por lo tanto disponen de los insumos para operar.
Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, señala que no solo están amenazados los periódicos y más de 30.000 puestos de trabajo que estos generan, sino que la crisis que atraviesa la prensa venezolana afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos.
Voceros de distintos gremios, expertos en comunicación y los trabajadores de la prensa han señalado que el gobierno presidido por Nicolás Maduro concede o niega divisas para la importación de papel con la lógica del premio y castigo: se les facilita a los medios afectos al oficialismo y se les dificulta a los que abren espacios para la crítica a la gestión gubernamental.
Luisa Torrealba, representante del Instituto Prensa y Sociedad, recuerda que la discrecionalidad y el abuso en el suministro de insumos imprescindibles para el funcionamiento de los medios de comunicación es un clásico mecanismo de censura indirecta que suelen aplicar los regímenes autoritarios e intolerantes.

La televisión silenciada. Pero no sólo la prensa escrita ha sido castigada. El sociólogo y estudioso de la comunicación Tulio Hernández está convencido de que, por primera vez en la historia venezolana, un gobierno logra controlar plenamente la televisión: “Es una televisión monocorde, uniformada, no conflictiva en temas políticos. Se logró a través de dos mecanismos: la creación de un aparato televisivo estatal, compuesto por nueve emisoras nacionales y 120 comunitarias; y la neutralización de las más grandes televisoras: el gobierno cerró RCTV, convirtió en eunucos informativos a Venevisión y Televén y Globovisión”.
Para Hernández, el control gubernamental de la televisión venezolana puede extenderse a la prensa escrita. “A través de la compra directa de medios, el manejo arbitrario de la publicidad oficial y los obstáculos para la adquisición de papel, los diarios venezolanos están amenazados”, advierte.
El 25 de octubre de 2013, se concretó la venta de la Cadena Capriles al holding Latam Media, propiedad de la transnacional Hanson Group, y se afianzó su vinculación con el grupo financiero BOD que preside el banquero Victor Vargas. La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Desirée Santos, se incorporó como asesora editorial para fiscalizar los contenidos de los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder. El 19 de noviembre, cuatro días después de que el presidente Nicolás Maduro fustigó un reportaje sobre el Banco Central de Venezuela publicado en El Mundo, el director Omar Lugo fue despedido.

Aumentan los ataques. A los problemas que afronta la prensa venezolana, hay que sumarle la persecución judicial ordenada por el Ejecutivo. En noviembre del año pasado se abrieron investigaciones penales contra los diarios 2001, El Propio y El Universal por divulgar en sus primeras páginas información que el gobierno considera inconveniente, como la escasez de bienes de consumo masivo y el auge delictivo. Ese mismo mes, un tribunal ratificó la multa que tres meses antes se había impuesto a El Nacional por la publicación de una fotografía que mostraba el estado en que se encontraban los cadáveres en la principal morgue del país.
El informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela de Espacio Público correspondiente a 2013 indica que el país ha retrocedido en el cumplimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. “Cada vez hay menos pluralismo en la esfera mediática con una mayor concentración gubernamental discursiva y de los contenidos. Aumentaron los casos de persecución judicial de opiniones o informaciones o la prohibición expresa de hacerlo, lo cual indica un patrón restrictivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Estos casos contribuyen a la inhibición o autocensura y desmienten a los funcionarios gubernamentales que hablan de una amplia garantía para la libertad de expresión en Venezuela”.
El año pasado, indica el informe, se registraron 219 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, que incluyen ataques a periodistas y medios de comunicación, censura, intimidación, hostigamiento judicial y verbal, amenazas, restricciones administrativas, opacidad en el acceso a la información pública y abuso de poder en la campaña electoral. El número de casos aumentó 1,8% con respecto a 2012.

Ciudadanos en ‘blackout’. Flor Albujas, una jubilada de 76 años de edad, experimenta una mezcla de frustración y rabia luego de haber “perdido” a Globovisión, la única televisora del país que transmitía información las 24 horas del día y que se había consolidado como espacio para la crítica de la gestión del gobierno venezolano: “Ahora sólo me quedan unos pocos programas de radio para poder nutrirme con información y análisis independientes sobre la situación del país. Después de que el gobierno compró Globovisión, perdimos ese canal, pues allí se cerraron las puertas a cualquiera que pudiera denunciar errores y excesos en la gestión pública”. 



Catalina Botero: “La violencia es probablemente el riesgo más grave en la región para los periodistas”

Catalina Botero
El Universal/Mexico/GDA
Gaspar Ramírez
El Mercurio / Chile / GDA

Catalina Botero tuvo un 2013 movido, y el 2014 se viene parecido. La oficina que dirige, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha debido afrontar amenazas a periodistas, escándalos de espionaje, leyes cada vez más duras contra la prensa en algunos países, y fuertes presiones directas. La abogada colombiana, que deja el puesto este año, repasa en entrevista con “El Mercurio” los principales desafíos de su despacho.

Consultada sobre los grandes riesgos para la libertad de expresión en América Latina, Botero, relatora desde 2008, responde: “Hay varios, entre ellos la violencia, sobre todo —aunque no exclusivamente— proveniente del crimen organizado; el abuso del poder de algunos Estados para criminalizar a periodistas y selectivamente castigar a medios críticos, y problemas nuevos como algunas regulaciones desafortunadas de internet o la recolección de inteligencia que afecta el derecho a la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones”.

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS

-Hay distintos factores que generan la violencia contra los periodistas. ¿Cuál es el más peligroso?

“La violencia es probablemente el riesgo más grave en la región para los periodistas. La violencia más brutal proviene del crimen organizado que busca imponer su agenda informativa. Las investigaciones periodísticas sobre corrupción o violaciones a los DD.HH. de funcionarios muchas veces tienen consecuencias similares. Pero el peor de los escenarios es la violencia generada por el crimen organizado coludido con funcionarios corruptos. En estos casos, las autoridades que deben proteger a los periodistas se convierten en sus agresoras”.

-¿Por qué la violencia contra los periodistas requiere atención especial?

“Porque además de atentar contra la vida de periodistas de gran valentía, la democracia se debilita cuando la sociedad pierde la posibilidad de informarse y con ello, la capacidad de reaccionar y adoptar a tiempo las medidas necesarias para corregir el rumbo. No es ocioso recordar que muchas veces investigaciones periodísticas han revelado la captura de instituciones locales por parte de las mafias, abusos en el ejercicio del poder, graves violaciones a DD.HH. y escándalos de corrupción. Muchos de estos hechos no se hubieran conocido si no fuera por la prensa y por periodistas que han arriesgado su vida”.

-¿Qué se puede hacer cuando se trata de organizaciones criminales?

“Primero, reconocer el problema a tiempo, condenar la violencia, capacitar a funcionarios que tengan a su cargo proteger a los periodistas en riesgo e investigar judicialmente estos atentados. En la región, pese a la gravedad de la situación, hay experiencias exitosas que dejan importantes lecciones que hay que aprender para salvar la vida de quienes arriesgan todo para que podamos estar adecuadamente informados”.

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS Y EL CASO DE PERÚ

-El Presidente peruano Ollanta Humala dijo el mes pasado que la concentración de medios era una “vergüenza” y que era un peligro para la libertad de expresión. ¿Qué opina del debate en Perú sobre la supuesta concentración de la prensa escrita?

“Viajo a Perú en un par de semanas invitada por organizaciones de la sociedad civil y espero poder comprender mucho mejor el asunto que se está discutiendo. Hasta donde entiendo, el gobierno anunció que no presentará una ley de regulación de la prensa escrita, lo cual resulta muy satisfactorio”.

-Usted ha dicho que la “concentración de medios conspira contra la democracia”.

“Es fundamental que la deliberación pública pueda contar con la mayor cantidad de voces posibles y, especialmente, que los sectores que han sido tradicionalmente marginados de los debates públicos puedan participar de manera activa y vigorosa en la deliberación. Por esta razón, la Relatoría ha defendido la existencia de medios alternativos, como las radios comunitarias, que deben ser asignadas, mediante procesos transparentes, a grupos tradicionalmente marginados como los pueblos indígenas”.

-Algunos Estados han alegado que para defender la diversidad deben adoptar leyes que regulan los contenidos de los medios.

“Lo que resulta inadmisible es que, en nombre del pluralismo y la diversidad, se intente controlar o intimidar a medios de comunicación independientes y que los periodistas terminen sobreviviendo en una especie de libertad condicionada al humor de los gobernantes. Eso no es pluralismo sino autoritarismo”.

ESCASEZ EN VENEZUELA

-La libertad de expresión ha sido un tema complejo en los últimos 15 años en Venezuela y actualmente los medios escritos de línea opositora enfrentan el problema de escasez de papel. ¿Cómo ve la situación en ese país?

“Como lo ha señalado la CIDH, en Venezuela existe un problema serio de falta de independencia del Poder Judicial, lo cual compromete la garantía más importante para el ejercicio de la libertad de expresión. A lo anterior se suma un marco jurídico que establece prohibiciones muy amplias y ambiguas, y ello da lugar a la apertura de procesos penales, disciplinarios y administrativos contra medios y periodistas críticos sin que estos puedan contar con garantías suficientes que los amparen en el ejercicio de su derecho.

Además, los periódicos se encuentran al borde de enfrentar una gravísima escasez de papel prensa, y hemos registrado graves agresiones contra periodistas en ejercicio de su labor, sin que existan investigaciones que conduzcan a la sanción de los responsables. Todo esto acompañado de una aguda polarización y un discurso muy agresivo que incluso ha sido cuestionado por la Corte Interamericana en sus sentencias sobre el tema”.

RELATORÍA FUERTE

-¿Por qué es importante tener una Relatoría para la libertad de expresión?

“La libertad de expresión se protege de manera reforzada no solo en el sistema interamericano sino en la mayoría de las constituciones del mundo democrático, no porque sea más importante que otros derechos, sino porque es el instrumento más poderoso para proteger otros derechos y para controlar los abusos. Claro que es mucho más difícil ser corrupto o abusar del poder cuando se está bajo el escrutinio público.

En este sentido no es difícil constatar que en aquellos lugares donde no hay garantías para un debate desinhibido y plural, donde la gente tiene miedo a pensar distinto y a decir lo que piensa y no hay garantías para el periodismo de investigación, existen mayores abusos, más corrupción y mayor exclusión. A la larga, los gobiernos que controlan a los medios y periodistas terminan siendo víctimas de la falta de control y finalmente pasan a la historia con un récord lamentable.

Y al contrario, allí donde se garantiza el ejercicio incluyente, robusto y abierto de la libertad de expresión, hay menos corrupción, menos autoritarismo y mayores y mejores garantías para el ejercicio de los restantes derechos, incluyendo los derechos sociales de los sectores más vulnerables. Cuando la gente no tiene miedo de expresarse y puede hacerlo libremente y tiene la posibilidad de acceder a ideas y pensamientos de toda índole, entonces podemos comenzar a hablar de democracia”.

ECUADOR, LAS LEYES MÁS DURAS

-Finalmente no prosperó el intento de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretendían algunos gobiernos ¿Cree que esa idea pueda ser retomada?

“Creo que esa discusión quedó saldada. Algunos estados fueron muy fuertes y firmes, entre ellos Chile, defendiendo al sistema interamericano y a la Relatoría de Libertad de Expresión”.

-El proceso contra su oficina fue impulsado por Ecuador, el país con ley de prensa más dura en la región.

“En la región no hay otra ley de comunicación más restrictiva que la ecuatoriana, con excepción de las normas cubanas. Hemos escrito varios informes dirigidos a las autoridades para exponerles nuestras preocupaciones y esperamos que las mismas sean tenidas en cuenta para corregir la situación”.

-¿En qué consisten dichas restricciones?

“Algunos ejemplos: la ley de comunicaciones les ordena a los medios publicar información que el gobierno considere que es de interés público y sanciona a los medios que publiquen información que al gobierno le parezca que no es de interés público. En esos términos, el público solo podrá leer aquello que el gobierno encuentre que merece ser informado.

Según la ley, cualquier información u opinión que pueda ofender a cualquier persona puede dar lugar a una sanción, incluso las caricaturas, que son la expresión por excelencia de las opiniones. Por esta razón, hay diarios que han debido 'rectificar' caricaturas que ofendieron a importantes servidores públicos.

Los medios deben abrir un espacio para que en sus sedes puedan operar funcionarios elegidos por agencias estatales que tienen, según la ley, la función de 'defender a las audiencias'. Los periodistas que incomodan a las autoridades con sus críticas e investigaciones son usualmente estigmatizados por los más altos funcionarios públicos, valiéndose de un poderoso conglomerado de medios administrados por el Ejecutivo e incluso pueden terminar condenados penalmente a varios años de cárcel o a indemnizaciones millonarias a favor de los funcionarios que se sintieron ofendidos.

La ley sanciona duramente a los medios que publiquen información reservada como, por ejemplo la que se conoció gracias a las filtraciones de Snowden o Assange. En fin, comprenderá que en esas condiciones el ejercicio libre del periodismo en Ecuador es realmente muy difícil. Esperamos que las autoridades atiendan nuestras recomendaciones”.
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Vea el especial completo GDA: Amenazas a la Libertad de Prensa en América Latina aquí: