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2.7.17

Especial GDA: "África: la nueva ruta que usan los carteles para traficar droga a Europa"

Organizaciones narcocriminales de América latina envían cargamentos de cocaína y metanfetaminas a Guinea Bissau, Nigeria y Costa de Marfil. Preocupa a las autoridades la relación de estas mafias con el terrorismo.

Germán de los Santos/La Nación/Argentina
Con información del Grupo de Diarios América (GDA*)

El médico argentino Gabriel Zilli, especialista en tratamiento para atenuar el dolor en los enfermos de cáncer, estaba nervioso. Temblaba. A su lado, en su casa en el barrio de Arroyito de Rosario, una ciudad de 1.200.000 habitantes ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, Argentina, el portugués Fernando Martins Frutuoso y el colombiano Wilmar Yuriano Valencia Estrada, del cártel de los Urabeños, cocinaban en una olla grande arroz.

El oncólogo no estaba intranquilo por el almuerzo, sino porque era su debut como narcotraficante. Sus compañeros colombianos practicaban en su casa ubicada en ese apacible barrio repleto de árboles de plátano un sofisticado método para que la cocaína quedara adherida a cada grano de arroz.

Esta organización de narcotraficantes colombianos, argentinos, ecuatorianos y portugueses, liderada por los hermanos Erman y Williams Triana Peña tenía previsto enviar a Guinea Bissau, África, a través de la empresa Euro Export SRL un cargamento de 46 toneladas de arroz. La carga iba a llegar a ese pequeño país de 1,5 millones de personas a través del programa “Hambre Cero”, de la Organización de Naciones Unidas.

El cargamento fue descubierto por la Gendarmería argentina en el depósito fiscal Binder SRL, en el oeste de Rosario. La cocaína camuflada en granos de arroz había sorteado los controles de los escáner de la Aduana, aunque no logró engañar al Golden Retriever que olfateó la droga.

En la investigación que llevaron adelante el juez federal N°12 Sergio Torres y el jefe la Procuraduría de Narcotráfico (PROCUNAR), Diego Iglesias, se descubrió que esta organización trasnacional –en la causa 7.650/2014–, que tiene 72 imputados, creó 30 empresas en Argentina para “lavar” 5.337.000 dólares.

El ex secretario de Justicia argentino Guillermo Heisinger era uno de los principales miembros de esta organización para blanquear el dinero en compañías de distintos rubros: agropecuarias, financieras y servicios fúnebres, como un crematorio de cadáveres ubicado a 20 kilómetros de donde se cocina el arroz con cocaína.

África es una nueva ruta del narcotráfico desde América latina que empieza a preocupar. Los intermediarios en ese continente que se dedican a introducir la droga en Europa pertenecen a organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos, con nexos directos con el terrorismo y el tráfico de armas.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, señaló que este país es un mercado atractivo para los traficantes y que parte de la exportación local de cocaína "financia" a "grupos terroristas" en África.

Bullrich dijo a LA NACION/GDA que la cocaína se triangula por África para llegar a Europa. "Servicios de inteligencia de otras naciones nos confirmaron que se les paga «peaje» a grupos terroristas para hacer las operaciones", declaró.

Según un informe de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), por la ruta africana pasa un 30 por ciento del total de la cocaína que tiene como destino final a Europa.

África se transformó durante los últimos cinco años en un punto clave en el mapa del narcotráfico mundial. Y para las organizaciones criminales de América latina es una ruta alternativa cada vez más utilizada para llegar a Europa, donde los controles se incrementaron.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) activó las alarmas y pidió que se intensifiquen “los esfuerzos para erradicar el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en África occidental, base central para el tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa”.


Los pioneros en incursionar en nuevas rutas
Los principales carteles de droga mexicanos fueron los primeros que incursionaron en la ruta africana. Los Zetas, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tejieron puentes con ese continente con la ayuda de la mafia italiana Ndarngueta desde hace más de siete años.

Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la Procuración mexicana, señaló que “desde 2010 el cartel de Sinaloa empezó a tener presencia en África”.

El cartel liderado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “Chapo”, quien fue extraditado a Estados Unidos en enero pasado, utiliza la ruta de Guinea Bissau para introducir la droga en Europa. En esa región operan tres facciones del cartel de Sinaloa, una de ellas liderada por Damaso López Serrano, alias “Minilic”.

Martín Barrón Cruz, experto del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de México, admitió que es complejo abordar estas nuevas rutas del narcotráfico porque “el gran problema es que no se conoce cómo manejan los controles los gobiernos africanos”.

En marzo de 2016, en Asaba, Nigeria, fue desarticulado un laboratorio que tenía capacidad para producir cuatro toneladas de metanfetaminas. Cuatro mexicanos habían montado esa fábrica, y se presume que ese estupefaciente sintético tenía como destino Asia, donde el kilo de esa droga puede llegar a pagarse 300.000 dólares.

Los carteles colombianos también tienen aceitados nexos con el continente africano. Las autoridades de ese país calculan que unas 130 toneladas de cocaína -la tercera parte de lo que se “exporta” desde Colombia- terminan en puertos africanos antes de ser diseminados por Europa. Esa droga sale generalmente por el puerto de Santos, Brasil.

Alianzas entre carteles
En Togo y Guinea Bissau hay varios colombianos que fueron capturados que llevaban cargamentos de droga en alianzas con redes venezolanas y brasileñas.

Las organizaciones brasileñas como la Familia del Norte (FDN) y el Primer Comando de la Capital (PCC) trabajan con reductos de las desmovilizadas Farc, con el poderoso Clan del Golfo y con la banda criminal los Caqueteños que opera en el sur de Colombia.

Según fuentes de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN), Los Caqueteños controlan con la FDN el tráfico de droga por toda la frontera terrestre y fluvial entre Brasil, Perú y Colombia.

Agentes federales de Estados Unidos aseguraron que la droga que ingresa a Brasil termina en Europa, vía Surinam y África.

Varios de los cabecillas de las bandas brasileñas asesinados en las masacres de las cárceles en enero pasado se mataron por el control de esas rutas con los narcos colombianos.

En 2013, los colombianos Rafael Antonio Garavito García y Gustavo Pérez García, fueron capturados por formar parte de una red transnacional aliada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que llevaba cocaína hacia Guinea Bissau y traía armas para el grupo guerrillero, según informaron agentes de la DEA.

En el caso de Venezuela, las autoridades estadounidenses avanzan en varias acusaciones que probarían que funcionarios y militares de ese país facilitan el envío de cocaína colombiana rumbo a África y a Europa. La droga sale de la zona del Catatumbo, en el norte de ese país, cuyos cultivos se han duplicado en los últimos cuatro años.

Debido a la amplitud y porosidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, se calcula que hay más de 25 pasos habilitados para mover cocaína rumbo a África y a Europa. Casi todas las rutas narco parten de del sur de Bolívar, Cesar, La Guajira, Arauca y Vichada. Los destinos son el estado de Apure, el Zulia, la península de Paraguaná, Caracas y la Isla de Margarita.

Mildred Camero, ex presidenta de la Organización Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, dijo que “Venezuela agrava su papel de principal corredor de sustancias ilícitas en Sudamérica hacia otros Estados del continente americano, Europa y África Occidental. Las incautaciones en el exterior han aumentado en menos de un año; y persiste el vacío de mecanismos de control”.

Puertos y logística narco
La noche del 2 de junio pasado, la Policía Antidrogas de Perú decomisó 474 kilos de cocaína que iban a ser embarcados en el puerto de Paita, departamento de Piura, con destino a Abidjan en Costa de Marfil.

La cocaína fue camuflada en conos de hilos almacenados en cajas de cartón. El cargamento había sido remitido por la empresa Coagromar S.A, con sede en el Cantón Huaquillas, ciudad ecuatoriana que es, a su vez, la principal entrada terrestre con Perú. Fueron detenidas siete personas: cinco peruanos y dos ecuatorianos. No es la primera vez que se menciona el puerto de Paita como un punto de exportación utilizado por narcotraficantes.

El fiscal antidrogas de Perú, Juan Mendoza, aseguró que las mafias africanas negocian la compra de cargamentos en Uruguay, Argentina y Brasil, debido a que Perú es sólo un país productor de cocaína.
Uno de las primeras incautaciones de un envío de droga hacia África que se tiene registro en Perú se produjo el 22 de mayo del 2009, cuando se secuestraron 600 kilos de cocaína en el distrito de Ventanilla, Callao.

En Brasil la puerta de salida hacia África es el puerto de Santos, de donde se “exporta” el 88 por ciento de la droga que logra salir de ese país, según calcularon las fuentes. El modus operandi detectado por la Policía Federal de Brasil es el llamado “rip-on rip-off”.

Los narcotraficantes, con la ayuda de cómplices, camuflan la cocaína en cargas lícitas dentro de contenedores. El procurador brasileño Carlos Bruno Ferreira Da Silva calculó que sólo se logra inspeccionar “entre el 5 y 10 por ciento de las cargas que salen de Brasil”.

Una de las rutas más dinámicas hacia África es la llamada Carretera 10, por donde sale cocaína de Brasil a países de África occidental, antes de ser redistribuida para Europa.

Otros puertos bajo la lupa son el de Montevideo, en Uruguay, y Buenos Aires y Rosario, en Argentina. Una fuente judicial uruguaya dijo al GDA que la Policía de ese país detectó este año que el grupo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) traficó cocaína por el puerto de Montevideo rumbo a África y de ahí a Europa.

En Uruguay se descubrieron envíos de droga por correo a África. El 10 de abril pasado, la empresa FedEx denunció dos paquetes sospechosos en Montevideo. Se encontró cocaína impregnada en ropa y dentro de un taladro. El hombre que enviaba las encomiendas era un brasileño, que tenía cinco documentos falsos de ese país. Envió encomiendas con cocaína a Hong Kong, Cabo Verde y Sudáfrica; y a Madrid, según el Ministerio del Interior de Uruguay.

En Costa Rica también se utiliza el correo para traficar drogas a África. Las remesas casi siempre son pequeñas cantidades y viajan por correo o en valijas de viajeros que son nativos de países como Nigeria, Congo, Ghana y Sudáfrica.

La utilización de este largo camino para la droga es atribuida, por la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública, al alto precio que pagan por la cocaína en África.

Preocupación por el crecimiento de la producción de cocaína
Ante la preocupación por estas nuevas rutas y movimientos de los carteles, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol se reunieron con sus pares de la región por el tráfico de drogas hacia África. Tratan de hacer un trabajo coordinado para conocer el modus operandi de las organizaciones y luego atrapar a los traficantes.

Según Amado de Andrés, representante regional de la UNODC, en los últimos tres años creció la producción de cocaína en América latina. Calcula que el incremento alcanza las 200 toneladas.

El funcionario reconoció que el incremento de la producción de estupefacientes se debe a un factor clave: el proceso de paz en Colombia. De Andrés explicó al GDA en El Salvador, que el aumento de la producción de cocaína está vinculado con las operaciones de la FARC: “El proceso de paz en Colombia ha tenido buenos resultados, excepto por la reducción de las plantaciones de coca en regiones colombianas”.
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Publicaciones en diarios del GDA*

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30.4.17

Especial GDA: Club de expresidentes en problemas

Martin Leon Espinoza
GDA/El Comercio/Perú

Expansión regional ● Ex mandatarios latinoamericanos han sido vinculados o son investigados por los sobornos de las constructoras de Lava Jato, especialmente los de Odebrecht ● También hay ex jefes de Estado cuestionados por otros casos.


Hay un antes y un después de Lava Jato en Latinoamérica. La gigantesca investigación por corrupción tiene como punto de origen Brasil, pero rápidamente se extendió a otras naciones de la región, sobre todo luego de que a fines del 2016 la constructora Odebrecht reconociera ante las autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos en los países donde operaba. Cuando se conoció la confesión, el Departamento de Justicia de EE.UU. calificó el caso como el soborno extranjero más grande de la historia.

Tan relevante es el caso que los fiscales y procuradores generales de 10 países latinoamericanos y de Portugal acordaron realizar indagaciones coordinadas por los actos de corrupción de las constructoras brasileñas implicadas. A raíz del escándalo, se investiga o procesa a funcionarios y ex funcionarios de diversos países, así como a aquellos que fueron parte del círculo más exclusivo del poder: los ex presidentes. Hay varios implicados en Lava Jato. Pero también hay un buen número de ex mandatarios cuestionados o investigados por otros casos. Sea por uno u otro asunto, ahora todos están asociados: ahora todos forman parte del club de ex presidentes en problemas (Exprepro).



Al ritmo de las delaciones

En Brasil, los cinco ex presidentes vivos tienen cuestionamientos por Lava Jato (además de investigaciones por otros temas).

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien dejó la presidencia con 87% de aceptación, es figura central de Lava Jato. El líder del Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso por delitos como corrupción o lavado de activos. El más avanzado es uno en el que es acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS. En esa indagación, el procurador a cargo sostiene que Lula sería el jefe de la organización del Caso Petrobras, una consecuencia de la operación Lava Jato.

Además, en sus delaciones premiadas ante la justicia brasileña, ex ejecutivos de Odebrecht confirmaron que su planilla con el nombre ‘Amigo’ contabilizaba las coimas dirigidas a él. El ex presidente de la constructora Marcelo Odebrecht, por ejemplo, confesó que entregó a Lula poco más de US$4 millones entre el 2012 y el 2013, y que en el 2010 abrió una cuenta con US$13 millones para sus gastos personales.

Lava Jato también ha puesto contra las cuerdas a su heredera Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público de Brasil investiga a la única mujer que ejerció la presidencia en el país por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como por nombrar ministro a Lula, poco antes de que fuese destituida. Días atrás, la constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff del 2010 y 2014.

José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir sobornos. En el 2015, un ex funcionario brasileño aseguró que líderes del PMDB, el partido al que pertenece, recibieron sobornos. Entre ellos, estaba el ex mandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario de coimas por la construcción de un ferrocarril.

Además, al igual que Rousseff, Sarney es investigado por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar usar su influencia política para proteger a un aliado.

En cuanto a Fernando Collor de Mello (1990-1992), ya fue denunciado por la procuraduría brasileña. El político, sometido a un proceso de impeachment en 1992, es acusado de haber recibido poco más de US$8 millones en efectivo y por depósitos por haber influido en contratos firmados por una subsidiaria de Petrobras. Ricardo Pessoa, quien presidió la constructora UTC, implicada en Lava Jato, dio detalles de los pagos.

Dos ex ejecutivos de Odebrecht también acusaron al ex presidente de recibir poco más de US$250.000 para su campaña al Senado del 2010.

La constructora además señaló que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998. Aparte es investigado por supuestamente haber usado una empresa como intermediaria para entregar dinero a una ex pareja.


Investigados y condenados

En el Perú, hay tres ex presidentes vinculados a Lava Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Toledo (2001-2006) es el que tiene la situación más complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra la corrupción, actualmente es acusado de haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, la vía que une al Perú con Brasil. Como parte de la indagación del tema, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Hace unos días, el PJ volvió a dictar la misma medida, pero por un proceso relacionado a la compra de inmuebles. No cumple ambos mandatos judiciales porque está prófugo en Estados Unidos.

Alan García, el sucesor de Toledo en la presidencia, es investigado por la fiscalía por las coimas de Odebrecht, aunque de forma preliminar. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que ex funcionarios de su segundo gobierno (el primero fue de 1985 a 1990) están encarcelados.

Ollanta Humala (2011-2016) es otro ex mandatario en una situación complicada. En su delación, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía entregó US$3 millones para la última campaña presidencial de Humala. Justamente, la fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los aportes que recibió en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Hay otros dos ex mandatarios peruanos que no están relacionados a Lava Jato, pero que han sido sentenciados por la justicia. Uno es Alberto Fujimori, condenado por varios delitos que cometió durante su mandato (1990-2000). Actualmente, cumple sus penas, la mayor de 25 años de cárcel. El otro es el ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este último fue sentenciado, pero en Italia. A fines de enero, un tribunal italiano lo condenó a cadena perpetua por su implicación en el Plan Cóndor, aunque sigue en libertad en Perú.

En diferentes momentos, los ex presidentes brasileños y peruanos mencionados han rechazado o negado las acusaciones en su contra.


Más procesos y procesados

En Argentina y El Salvador, también hay ex presidentes en problemas, aunque no por Lava Jato.

Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la ex mandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por Carlos Menem (1989-1999). Los datos oficiales no le hacen justicia a Menem, quien además tiene dos condenas de 4 y 7 años de prisión, que todavía no son firmes. Fernández, en cambio, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su pensión de ex presidenta.

En El Salvador, hay dos ex presidentes cuestionados. Antonio Saca (2004-2009) ha sido acusado de dirigir una red de lavado de dinero durante su mandato que habría blanqueado al menos US$246 millones. También es acusado de enriquecerse ilícitamente por casi US$4 millones. Actualmente, está detenido.

A su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el partido de la otrora guerrilla de El Salvador, se le abrió un juicio por enriquecimiento ilícito. En un examen del patrimonio de Funes y su familia nuclear, se encontró un desbalance de US$728.329. A diferencia de Saca, Funes está asilado en Nicaragua.

En México y Colombia, hay ex presidentes que fueron acusados, aunque salieron bien librados.

Luis Echeverría (1970-1976), el único ex mandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio relacionado a dos acontecimientos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como ‘El Halconazo’. Se libró de la última acusación, pero no de la primera. En el 2006, cuando tenía 84 años, fue detenido por Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en el 2009 un tribunal lo exoneró por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive en la casa donde estuvo encerrado.

El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por un presunto financiamiento de su campaña de 1994 por el cártel de Cali. La Cámara de Representantes de su país votó a favor de la preclusión del caso, al considerar que no había pruebas directas de que Samper, como candidato, supiera del ingreso de US$5 millones del narcotráfico. Sin embargo, el caso produjo investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador general colombiano.


¿Futuros asociados?

Los ex presidentes latinoamericanos no son los únicos en problemas. Quienes están ejerciendo el poder también han pasado –o pasan– por situaciones complicadas.

Uno de ellos es el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Los señalamientos se dieron a raíz de un reportaje, emitido en el 2014, que indicaba que su esposa, Angélica Rivera, tenía una lujosa propiedad –llamada la ‘casa blanca’– en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El informe periodístico mencionaba un conflicto de intereses, pues el acuerdo por la residencia se hizo con el Grupo Higa, que había tenido contratos con el gobierno federal.

Ante las acusaciones, en febrero del 2015 Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública de su país investigar toda compra y venta de inmuebles relacionados con su esposa, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y él mismo, con el Grupo Higa. En la indagación se determinó que no hubo conflicto de intereses de los señalados y el expediente fue archivado.

Odebrecht también ha puesto en aprietos al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. En unos días, deberá dar una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral de su país por la presunta financiación de Odebrecht en sus campañas presidenciales.

Según se ha informado, la constructora entregó US$400 mil para pagar dos millones de afiches para la campaña del 2010 de Santos, la primera en la que participó. También hubo un señalamiento sobre la presunta entrega de Odebrecht de US$1 millón para su campaña del 2014.

Sobre el caso del 2010, Santos aseguró que no tenía conocimiento de estas y exigió una investigación. “Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen”, dijo el mandatario.


Las denuncias contra Nicolás Maduro

A Nicolás Maduro lo persiguen acusaciones desde distintos frentes.

Gobiernos y organizaciones civiles y regionales como la OEA han denunciado violaciones de los derechos humanos de su régimen, sobre todo durante las protestas contra su gobierno. Provea, por ejemplo, denunció decenas de casos de torturas y centenares de detenciones durante las protestas del 2014. Eso sin contar los más de 100 presos políticos en sus cuatro años de mandato.


Además, el año pasado dos sobrinos del mandatario venezolano fueron declarados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. En un audio, uno de ellos reconoció que el chavismo controla el narcotráfico en el país.