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24.12.17

Encuesta GDA 2017: Entrevista exclusiva al juez Sergio Moro de Brasil - Personaje Latinoamericano


Cleide Carvalho
O Globo/Brasil/GDA

SÃO PAULO – Responsable por la primera condena de un ex Presidente de Brasil por corrupción y por el encarcelamiento de políticos y empresarios poderosos en la Operación Lava-Jato, el juez federal Sérgio Moro está resentido con la inacción del Ejecutivo y del Legislativo en el combate a la corrupción. Nombra algunos ejemplos de medidas que pueden estorbar en el combate al pago de sobornos y al desvío de dinero público. Son situaciones como la falta de castigo más riguroso para quien los delitos de financiamiento irregular de campaña, la llamada “caja 2”, que él define como una “trampa electoral”, la existencia de un fuero privilegiado, que para él debería acabarse, y la discusión que puede cambiar el cumplimiento de condena tras la decisión de segunda instancia —el Supremo Tribunal Federal (STF) debe discutir si vuelve revisar las consideraciones en los próximos meses.
Frente a un escenario que puede llevar a la impunidad, él sentencia: “La corrupción, evidentemente, no va a acabar”.
Elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y editores de los 11 diarios del Grupo de Diarios América (DA), el juez Moro contestó las preguntas formuladas por periodistas de todos los periódicos. A lo largo de esta entrevista exclusiva, él dice que la corrupción se globalizó, pero que otros países que recibieron pruebas de corrupción de la constructora Odebrecht tienen la oportunidad de profundizar las investigaciones y descubrir nuevos casos. Su razonamiento es que, si Odebrecht adoptó un modelo de pago de ventajas indebidas en sus negocios en el extranjero, es bien probable que multinacionales de otros países y empresas locales hayan hecho lo mismo.
En la opinión del juez, la población ya no tolera ciertos comportamientos, como la corrupción, y está más vigilante ante conductas ilegales. “El precio de la integridad es la eterna vigilancia” de los gobernados, declara Moro.

¿La Operación Lava-Jato logró reducir la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?

“Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos casos reales existen, y lo que se tiene, normalmente, son medidas de percepción de la corrupción. En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no se encuentra en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que la percepción que teníamos, de que la corrupción era muy grande en Brasil es, de hecho, real. Son hechos graves y grandes. La corrupción evidentemente no se va a acabar, pero si la impunidad estimula la corrupción, la disminución de la impunidad debe acarrear igualmente la disminución de la corrupción. Pero sería oportuno que hubiera reformas más generales por parte del gobierno, por parte del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso es algo que está casi totalmente inerte”.

2018 será el cuarto año consecutivo de investigaciones y de repercusiones en otros países. ¿Nuevos casos de corrupción tendrán la capacidad para escandalizar a los brasileños o es que la sociedad ya lo ve como “la regla del juego”?

“Ese es un efecto colateral negativo, de la revelación de todos esos casos se vaya a una cierta insensibilidad de la sociedad brasileña. Pero casos más recientes, ampliamente divulgados aún después de todo lo que ocurrió en la Lava-Jato, provocaron un gran sentimiento de rechazo en la población. Por ejemplo, el político relacionado al departamento donde había 51 millones de reales. Me pareció que el rechazo, casi tres años después del inicio de la Lava-Jato, revela que el repudio sigue siendo grande”.

Las investigaciones mostraron que los principales partidos y muchos políticos se involucraron en algún tipo de irregularidad, ya sea el uso de la caja 2 o corrupción. ¿Se puede separar “la paja del trigo”?

“Tanto la caja 2, que sería una donación electoral irregular no contabilizada, como la corrupción, son delitos. Ambos tienen que tener una respuesta institucional. Lo que es correcto es correcto, lo que es errado es errado, y las personas que se involucraron sabían que era ilegal y deben sufrir las consecuencias. Evidentemente la corrupción es un delito más grave que la mera caja 2, pues la corrupción involucra una contrapartida del agente público”.

¿La caja 2 se quedará solamente en el ámbito de la Justicia Electoral?

“Es un delito mal regulado en la Legislación brasileña, está previsto en el artículo 350 de la Ley Electoral y es tratado como si fuese un fraude de documentos. En el fondo, este significa una trampa en las elecciones y debería ser castigado más rigurosamente. Es un punto en el que, se puede decir, nuestros legisladores están en falta”.

¿Cómo Brasil puede superar ese escenario, en el que la corrupción se esparció por casi todo el gobierno?

“Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisábamos de un discurso firme por parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un cambio en la legislación procesal y penal, sino que también para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También que el gobierno dé el ejemplo con un comportamiento honesto. Porque, cuando no existe eso, se termina desincentivando a las personas comunes, a la sociedad en general, a comportarse de forma honesta”
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El Supremo Tribunal Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación a los investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones en el Supremo?

“Por mejor que sean las buenas intenciones de los jueces, magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor ante los jueces comunes. La primera instancia tiene mejores condiciones de trabajar en esos procesos que en los tribunales superiores, normalmente sobrecargados de los casos más diversos. Una lección que se tiene que extraer de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de agentes públicos, este debería ser simplemente eliminado o reducido significativamente”.

¿Cómo evalúa el avance de las denuncias?

“Si pensamos en un precedente importante, que fue la acción penal 470, el Mensalão, en que pese a todos los méritos del STF, el caso llevó años desde la recepción de la denuncia hasta el juicio, sería mejor si hubiese llevado menos tiempo. En los nuevos casos, lo que se tiene es el padrón del Supremo. El ministro (Edson) Fachin ha hecho un buen trabajo, tomado decisiones firmes, rápidas, pero el ritmo de los tribunales superiores es más lento que el de las instancias ordinarias”.
 
Una decisión suya —la condena del ex Presidente Lula— puede dejar fuera de las elecciones un presidenciable importante, que lidera las encuestas. ¿Cómo usted se siente frente a  la posibilidad de haber influido directamente la disputa de 2018?

“El papel del juez es cumplir la ley. El juez cumple la ley y juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé inhabilitaciones, y eso puede ocurrir”.

¿Usted ve un riesgo de retroceso en la legislación anticorrupción?

“Lo que me preocupa en lo inmediato, en ese esfuerzo anticorrupción, es que hubo una decisión muy importante del Supremo Tribunal Federal, que previó que a partir de una condena en segunda instancia se puede ejecutar la condena. Veo con preocupación alguna señal de que el Supremo podría revisar ese precedente. Yo entiendo que ese precedente, con todo el respeto a quien piensa lo contrario, debería ser considerado un punto de no retorno. Sería un tremendo retroceso. Y de cierta manera esto ilustra una cierta zona de incertidumbre. Brasil, ¿va a avanzar, buscaremos construir un ambiente de mayor integridad en la gestión de lo público, o estamos aquí pensando en retroceder y retomar la impunidad como regla, algo que teníamos hace no mucho tiempo? Sería terrible que algo de esa especie ocurriera”.

¿El tema de la segunda instancia es el más peligroso?
“No sirve de nada tener una mejor regulación de caja 2 como delito, no sirve de nada cortar brechas en la legislación penal, si un proceso no llega a su fin. Necesitamos tener un proceso que llegue a su fin en un tiempo razonable. Y para eso fue fundamental esa decisión del Supremo. Lo que teníamos en el pasado, salvo grandes excepciones, eran procesos que involucraban delitos de corrupción y que nunca se terminaban”.

Al juzgar el caso del senador Aécio Neves, el STF dio al Legislativo la palabra final sobre la suspensión del mandato parlamentario. ¿Cómo usted evalúa esa situación?

“Fue una decisión del Supremo, no me corresponde comentar y hacer críticas. Lo que veo es solamente lo siguiente: aunque se entienda que el parlamentario debe tener una protección adicional, me parece que la idea es protegerlo contra eventuales persecuciones políticas. Tenemos casos en nuestro pasado de parlamentarios destituidos por divergencias políticas. El criterio que debería orientar al Congreso debería ser ese; jamás en un proceso que tiene como objetivo un delito de corrupción. Según mi punto de vista, es un desvío de poder del Congreso. Una cosa es proteger para que alguien haga uso pleno de su libertad de opinión. Otra, es protegerlo de una investigación de corrupción”.

El ex Presidente Lula, que fue condenado a nueve años y medio de cárcel por usted, realizó críticas contundentes a la investigación y dice que es víctima se persecución política. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica?

“Yo ya dicté la sentencia, y todo lo que yo tenía que decir sobre el caso está ahí. Las pruebas que consideré, los hechos. No me corresponde hacer comentarios adicionales. Todo lo que yo tenía que decir está ahí, y la sentencia es pública. Hoy está sometida a recurso de apelación. Los jueces del TRF son personas absolutamente serias, y ellos pueden confirmar o reformar la sentencia. Estoy absolutamente tranquilo sobre lo que decidí y ante lo que ellos pueden decidir, ya sea confirmando o modificando la sentencia”.

Petrobras fue víctima de la repartición de cargos entre partidos políticos, y eso sigue siendo una realidad. ¿Cómo cambiar este escenario?

“La repartición de cargos es uno de los principales males que necesitan ser remediados en el país. Es el origen de los delitos en Petrobras y es uno de los males que necesitarían tener reformas más incisivas de las prácticas políticas y administrativas para impedir. La Ley de las Estatales, aprobada en 2016, pese a que es loable, es insuficiente. No se pueden cambiar cargos públicos por poder político o monetario. No se puede convertir las posiciones públicas en mercancías”.

Miembros de la Lava-Jato ya dijeron que se estuvo a punto de encarcelar a Lula, varias veces. ¿Si él es condenado en segunda instancia, esa posibilidad es real?

“Esa pregunta no me corresponde contestarla. Corresponde a la segunda instancia”.

La Lava-Jato mostró que la Justicia, por sí sola, no es capaz de cambiar la realidad de Brasil. De alguna forma, ¿eso lo anima a tener una actuación política a futuro?

“No. Lo que he dicho y reiterado —y creo que ese es mi papel, debido a la visibilidad que los casos alcanzaron—es recordar la necesidad de que, además de tener una Justicia que funcione, son necesarias reformas más generales para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También me he manifestado en el sentido de que el sector privado también tiene responsabilidades en estos esquemas criminales. Una actitud del mundo empresarial más íntegra ya hace una gran diferencia”.

¿La Lava-Jato tuvo un efecto más amplio en el sector privado o se restringió a las empresas implicadas en la operación? ¿Tuvo ese carácter educativo?

“Quizás en algunos años más podamos tener una visión mejor. Lo que es interesante es que vemos hoy casos judiciales relevantes de crímenes de corrupción que se expandieron por Brasil: en Río, en Brasilia, en Mato Grosso del Sur y en Río Grande del Norte, por ejemplo. En algunos de los países vecinos, que también tenían tradición de impunidad, empezamos a ver que pasan cosas, con encarcelamientos y procesos relevantes en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Es decir, hay un movimiento anticorrupción, y creo que eso tendrá un impacto significativo en Brasil. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. La corrupción extendida como estaba —o como tal vez aún lo esté— es algo que impacta la eficiencia y la productividad de nuestra economía, además de disminuir la calidad de la democracia. Hay dudas si las empresas brasileñas van a conseguir competir si siguen sometidas a tasas e impuestos escondidos de sobornos, de corrupción”.

¿Hasta dónde llega la sombra de Odebrecht en América Latina?

“Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta también se globaliza. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que si Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países”.

¿Aún falta revelar algo más del gran caso de corrupción descubierto hasta ahora en América Latina?

“Brasil ha adoptado una postura de cooperación jurídica internacional. Cuando recebemos pedidos de cooperación e intercambio de pruebas, la postural usual ha sido acceder a ese intercambio. Cuando las pruebas provienen de personas que hicieron un acuerdo de cooperación (con la justicia), hemos puesto condiciones para protegerlas de eventuales procesos en el exterior, lo que me parece natural. Las pruebas pueden ser utilizadas, pero no en contra de esas personas. Observada esa condición, no se ha escondido nada”.

¿En América Latina, no hay nada más allá de lo que ya se sabe que deba ser investigado?

“Recientemente se decidió en Perú decretar prisión preventiva a algunos empresarios locales que habrían trabajado asociados al grupo Odebrecht. Si esos países que recibieron partes de las investigaciones las profundizan, seguramente van a encontrar otros esquemas de soborno y corrupción no necesariamente vinculados a Odebrecht”.

¿Cuál es el riesgo de que el poder político cierre las investigaciones aún en desarrollo?

“El Judicial es un poder independiente, el Ministerio Público tiene un alto grado de autonomía, y en las policías, pese a que acá en Brasil estén vinculadas al Poder Ejecutivo, existe una cierta profesionalización. No es tan simple una acción política que entierre las investigaciones. Y existe una democracia que es cada vez más informada y más demandante. Yo creo que, a pesar de estar bajo la sombra del retroceso, es muy difícil volver al statu quo anterior. Las personas ya no toleran ciertos comportamientos por parte de sus gobernantes y quieren que las instituciones den respuesta. Parafraseando ‘el precio de la libertad es la eterna vigilancia’, yo diría que ‘el precio de la integridad es la eterna vigilancia’ de parte de los gobernados. Riesgos existen, pero eso no significa que la sociedad vaya a permitir retrocesos”.

¿Qué significaría para Brasil un eventual retorno de Lula al poder?

“Yo no contestaría esa pregunta”.

¿Usted considera que el trabajo del publicista João Santana en diferentes campañas en América Latina puede poner en duda la legitimidad de esas elecciones?

“Sería necesario analizar cada caso. Pero uno de los elementos más perturbadores de esas investigaciones fue la constatación de que arreglos de corrupción en contratos públicos servían no solo para alimentar riquezas ilícitas de agentes públicos o políticos, sino para financiamiento ilícito de elecciones. Eso para mí es muy grave. Aquí en Brasil es gracioso, porque muchas veces se argumenta una diferenciación entre enriquecimiento ilícito y el financiamiento ilícito electoral, en el sentido de que el enriquecimiento personal es más grave. Yo, en lo personal, pienso lo contrario. Las dos conductas son graves, pero lo más grave es usar dinero de un crimen para cometer un fraude en las elecciones. Cuando eso sea constatado, si es constatado, realmente es muy grave ver comprometida la integridad de las elecciones por ciertos arreglos de corrupción”.

¿Usted considera posible que los países de la región puedan ser blindados contra estos tipos de casos, como la Lava-Jato? ¿O dependeremos siempre de algún juez, fiscal o autoridad dispuesta a arriesgarse para descubrir y castigar a los corruptos de alto calibre?

“Es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir, no va a ocurrir. Y puede ser que estén ocurriendo casos graves. Lo importante es que las instituciones den una respuesta. Participé en un evento en Boston, en Estados Unidos, y tuve una información interesante de que tres ex presidentes de Asambleas Legislativas de Massachusetts, que vemos como un estado bastante desarrollado en EE.UU., habían sido condenados criminalmente por corrupción. Tres sucesivos. Para mí fue hasta una sorpresa, pero el lado positivo es que los casos fueron detectados y las personas, efectivamente, castigadas. No creo que EE.UU. sufran los mismos niveles de corrupción de algunos países de América Latina, pero ese es el lado importante: que las instituciones funcionen. Y no es del día para la noche que se cambia eso. No es por esfuerzos voluntaristas de algunos individuos, pura y simplemente, pese a que ellos también tengan una función. Creo que si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan del hecho de haber sido elegidos en un régimen democrático, hay condiciones para avanzar mucho y tener niveles de corrupción mucho más bajos. No existe una enfermedad latinoamericana asociada a la corrupción”.

¿Las pruebas presentadas por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz en Brasil son determinantes para comprobar/determinar la participación de venezolanos en la Operación Lava-Jato?

“Yo no podría contestar, en la condición de juez, a preguntas tan específicas. En Venezuela, existe hoy una situación institucional muy delicada, lo que ponen en duda hasta la posibilidad de compartir pruebas, si va a resultar en procesos efectivos y conducimos de forma imparcial. Pero lamentablemente es resultado de un cuadro institucional turbulento, sin relación necesaria con los casos de corrupción”.

La Lava-Jato reveló que la red de sobornos de Odebrecht se extendió por casi toda Latinoamérica. En Chile, no ha sido posible encontrar evidencias de delitos. En su evaluación, ¿qué factores habrían impedido Odebrecht de actuar en Chile de la misma manera que actuó en otros países de la región?

“En los índices de medición de la percepción de corrupción, Chile es uno de los países latinoamericanos mejor posicionados, en el sentido de que los niveles de corrupción son menores que los percibidos en otros países. La corrupción es resultado de la oportunidad. Tal vez un ambiente más íntegro funcione como desalentador. O quizás haya casos que no hayan sido descubiertos”.

Casos como el de Odebrecht revelaron una red de corrupción que involucra gran parte de la clase política y que aumentó la desconfianza hacia el poder político. ¿Usted cree que Brasil —y tal vez otros países de América Latina— avanzan hacia un proceso similar al de Italia en los años 90, cuando varios partidos desaparecieron en medio de las investigaciones de corrupción?

“Existe siempre la expectativa de que en un ambiente de libertad y democracia los países avancen. Y aquellas personas identificadas con la práctica de corrupción, y hasta los partidos, tienen que sufrir las consecuencias. En el caso de las personas, tienen que ser alejadas de la vida política. En el caso de los partidos, tienen que reconocer sus errores y hacer los cambios necesarios internamente para que puedan proseguir. De lo contrario, lo mejor es que el partido también sea alejado de la vida política. Muchas veces, a mi parecer, falta la percepción de que los propios partidos tienen su responsabilidad. Ellos no necesitan esperar que exclusivamente la justicia responsabilice a sus miembros que practiquen irregularidades. Tienen que resolver esos temas internamente. Si así lo hacen, es algo elogiable. El error es lamentable, pero peor que eso es insistir en el error. Pero si ellos se corrigen, no veo por qué el partido no pueda salir adelante”.

¿Hay una posibilidad de una impunidad de los partidos o queda un gran vacío ya que los partidos aún no han admitido ninguna irregularidad?

“No existe previsión legal para un acuerdo. Pero el punto es que el partido no es de propiedad de un político X o Y. Un partido normalmente representa una idea, un segmento, un grupo de personas que se reunieron con interés público común. Ellos no necesitan un acuerdo para abandonar prácticas corruptas. Simplemente deben hacerlo”.

El caso Odebrecht puso a jueces y fiscales en la primera línea política. ¿Usted considera problemático que los jueces sean vistos como figuras políticas e incluso como candidatos? Usted mismo rechazó la idea de postular al Planalto, aún después de aparecer como un “presidenciable” en algunas encuestas.

“La vida es compleja, y las personas toman decisiones muchas veces difíciles. Es complicado, de antemano, hacer cualquier juicio de un magistrado que quiera empezar una vida política. Tiene todo derecho de hacerlo. Pero mi elección personal es seguir como magistrado”.

¿Qué consejo daría a las autoridades que investigan las ramificaciones de corrupción y del caso Odebrecht en México?

“La condición necesaria es que sean garantizadas la independencia y la autonomía a los órganos encargados de la investigación. Si las actividades son influidas por intereses especiales, empresariales o políticos, el trabajo está de antemano comprometido. En segundo lugar, es necesario dotar esos órganos de los medios necesarios, que involucran recursos humanos y financieros, porque esos delitos no son fáciles de ser descubiertos y procesados. Es necesario pensar que, para examinar crímenes complejos, son necesarios medios especiales de investigación, la legislación aplicable tiene que ser consistente con la necesidad de investigación especial. Interceptación telefónica, escucha ambiental, eventualmente infiltración del agente, y la delación compensada, además de la cooperación jurídica internacional. Es importante que los países cooperen entre sí para poder investigar estos delitos. Aún así, investigar y examinar responsabilidades son un desafío”.

Las delaciones compensadas fueron la base de la Lava-Jato. Ya tenemos casi 300 delatores en el país. ¿Usted ve la necesidad de perfeccionar la legislación?

“No sé si concuerdo en que las delaciones fueron la base. Fueron importantes para expandir las investigaciones, pero también hubo colaboración internacional, el rastreo bancario. Es innegable que las colaboraciones tuvieron un papel relevante, pero no veo la necesidad de una reforma legislativa. Tenemos que evolucionar en la práctica, que es relativamente nueva. No sé ese número de 300. No hago ese tipo de cálculos”.

Fue divulgado por la Procuraduría General de la República.

“Fue descubierto un esquema criminal amplio. Pese a que fuesen relacionados, no estamos hablando de un único delito. Es diferente cuando se investiga un asalto a un banco que para clarificar basta llegar a un acuerdo con un miembro de la banda. En la Lava-Jato, se hizo evidente que había una multiplicidad de crímenes y de personas involucradas, no todas tenían un amplio conocimiento de los esquemas criminales. Fue necesario realizar acuerdos con varios involucrados, porque muchas veces uno sabía solo una parte de un esquema”.

No conocemos el contenido de gran parte de esos acuerdos. ¿Eso significa que tendremos muchos frentes de investigación a ser abiertos o revelados?

“Las investigaciones prosiguen. Es algo que es una garantía institucional y que ninguna prueba va a ser barrida bajo la alfombra. La investigación criminal es compleja. Muchas veces es exitosa, y se descubre el crimen con una prueba significativa. Muchas veces, lamentablemente, llegamos a muros difíciles de ser traspasados. En callejones sin salida: uno sabe que tiene algo errado y no consigue la prueba para formular una acusación. Pero en todos los casos en algún momento será dado a conocer. Sí, pueden surgir casos relevantes”.