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18.3.13

La Argentina es el país más elegido por quienes se mudan dentro de la región

En la última década recibió a 500.000 de los 700.000 sudamericanos que migraron a un país vecino; los paraguayos y los bolivianos, a la cabeza.

José Guaderrama y Silvia Otero
EL UNIVERSAL/GDA

CIUDAD DE MÉXICO.– Algo está cambiando en el continente. Si bien la migración hacia los países del Norte sigue liderando la tendencia, la Argentina se transformó en un imán para ciudadanos de países vecinos: según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la última década, de los 700.000 sudamericanos que salieron de sus países, 500.000 llegaron a la Argentina. Los paraguayos y los bolivianos encabezan la llegada de extranjeros al país.

Según datos de la Dirección General de Migraciones, entre 2004 y 2012, alrededor de 1.579.000 extranjeros solicitaron la residencia argentina. De los 5000 permisos que se otorgaron en 2004 a ciudadanos paraguayos, se pasó en 2006 a 177.593. Los permisos solicitados por bolivianos pasaron de 10.496 a 86.509 en el mismo período.

También ha sido significativa la llegada de europeos: en 2004, unos 312 españoles y otros 202 italianos solicitaron la radicación. En 2011, la cifra llegó a 2279 y 1800, respectivamente. Los colombianos, en tanto, en ocho años hicieron 47.758 solicitudes de residencia.

Las cifras de la OIM confirman que la Argentina se consolida como destino de la migración intrarregional. De esta forma, aun-que los Estados Unidos y Canadá siguen siendo los países que más americanos atraen (casi siete veces más que la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay juntos), la migración interregional en América del Sur comienza a tomar auge.

“Ocurre por un conjunto de factores que incluyen mayores oportunidades en América del Sur en un momento más difícil para conseguir trabajo o para migrar hacia Europa o Estados Unidos”, precisó el funcionario de la OIM, el uruguayo Juan Artola.

Los más buscados

La Argentina, Brasil, Chile y Uruguay son los países más buscados y hacia los que se dirige el mayor flujo migratorio. En cambio, las dificultades para obtener la visa y la crisis económica han hecho que disminuya la cantidad de personas que buscan mudarse a los Estados Unidos, por ejemplo.

La crisis económica de los Estados Unidos ha afectado las industrias de la construcción, de servicios y las áreas agrícolas, donde trabajaban los inmigrantes. El flujo de mexicanos repatriados desde ese país ha registrado un descenso constante, desde 808.000 casos en 2000 a 278.000 en los primeros nueve meses de 2012.

Uruguay es otro de los países que lideran la migración dentro del continente. Entre 2000 y 2011, recibió a 25.000 extranjeros. Del total, 35% son argentinos; luego los siguen los brasileños y los españoles, empatados en 16%. Los italianos representan 7% de los extranjeros, y los peruanos, 4%. En Chile, la más reciente oleada inmigratoria ha casi duplicado el número de extranjeros registrados. En 2002 la cifra era de 184.464 y hoy es de 370.000, con un 66% de sudamericanos. Entre ellos, unos 61.873 argentinos.

Venezuela vivió un verdadero éxodo en 2012. La Oficina de Migración de Colombia registró la entrada de 181.674 venezolanos para residir en el país, de manera permanente.

El mismo año, el Instituto Nacional de Estadística de España contabilizó 3881 solicitudes para abandonar Venezuela. En 2010, unos 215.023 venezolanos llenaron una solicitud para radicarse en los Estados Unidos. No existe una cifra oficial sobre la cantidad de personas que han llegado a Venezuela en los últimos 14 años.

En el caso de Puerto Rico, la situación no es diferente de la de Venezuela: en la última década han emigrado 576.000 personas.

Aunque la crisis económica de Estados Unidos y la mejoría en las economías de la región representan factores que economistas y analistas presentan como claves para que disminuya la migración hacia ese país, la criminalidad y el riesgo que representa llegar al destino es sin duda otro de los datos a los que más importancia se les asigna.

La Organización Internacional para las Migraciones estima que por lo menos 150.000 personas ingresan cada año de forma ilegal a México a través de la frontera sur, y que unos 350.000 mexicanos salieron en 2011 hacia Estados Unidos.

Las migraciones forzosas y la trata de personas aparecen como contracara del incremento del movimiento migratorio de la región.

Este fenómeno, que derivó en acusaciones entre países, obligó a los gobiernos de México y América Central a firmar acuerdos y prometer acciones.

En Ecuador, las mafias de “coyoteros”’ [traficantes de seres humanos] ofrecen viajes al extranjero con visa a los Estados Unidos y estafan a las personas, que acaban siendo deportadas y en muchos casos, con un proceso judicial en su contra.

En 2012 se registró en Colombia el segundo año con más casos de extranjeros víctimas de trata de perso-nas detectados, después del 2010.

Sergio Bueno, director de Migraciones de ese país, señaló que se han incrementado las acciones de control en las rutas usadas para el tráfico y, además, que se han firmado convenios para fortalecer la investigación criminal.

El tráfico de personas no hace distinciones

En la región también se registra una abundante llegada de inmigrantes chinos sin documentos, movidos por traficantes de personas. En Perú solamente, por ejemplo, hay 5533 inmigrantes que se desempeñan en el sector servicios y comercio.

Pero ésa es apenas la cara formal de esta comunidad extranjera. Tan-to la policía como la Dirección General de Migraciones y Naturalización alertaron que desde que Ecuador eliminó la visa de turismo para todos los extranjeros, en 2008, la poco controlada frontera norte se convirtió en la principal ruta de acceso a Perú de inmigrantes chinos indocumentados.

Y una investigación de la organización Capital Humano y Social (CHS) sobre 17 casos de inmigrantes chinos ilegales permitió conocer que la mayoría paga entre 40.000 y 70.000 dólares a los traficantes, que no sólo se encargan de trasladarlos, sino también de conseguirles el alojamiento y un empleo. La tarifa incluye también la gestión de un nuevo documento que los acredita como ciudadanos peruanos.

En diciembre pasado, la policía uruguaya desarticuló una red inte-grada por ciudadanos argentinos y uruguayos que traficaban personas de origen chino. Los responsables eran policías argentinos y funciona-rios de la Dirección Nacional de Migraciones de Uruguay. El propósito era la explotación laboral de los chi-nos en la Argentina. Uruguay servía como país de tránsito.

En cuanto al gigante brasileño, hay traficantes que llenan el autobús de ciudadanos bolivianos con la prome-sa de mejores condiciones de vida. Todos acaban confinados en departamentos pequeños, según informó la senadora Lídice da Mata, relatora de la Comisión Parlamentaria de Investigaciones del Tráfico Nacional e Internacional de Personas del Senado brasileño.

Los asiáticos llegan a San Pablo para intentar alcanzar una vida no tan pobre como en su país. Lo mismo buscan los colombianos. Las mujeres, famosas por los concursos de belleza, disputan salarios de em-pleadas asistentes aun con un título de psicóloga o ingeniera. Los africanos arriban a El Salvador en grandes barcos y de manera clandestina. Algunos mueren en la travesía.

En cambio, los árabes prefieren instalarse en el centro oeste de Brasil. Los haitianos tomaron ciudades del norte de ese país, pero refuerzos de seguridad en la frontera hicieron que los traficantes desviaran a los inmigrantes, que ahora cruzan desde Bolivia hacia el Mato Grosso.


17.3.13

La CIDH, en peligro

Once diarios del Grupo de Diarios América (GDA) han unido sus voces, a través de este editorial conjunto, para alertar sobre la gravedad de una reforma impulsada en la OEA por varios países, que recortaría atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría de Libertad de Expresión.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de sus gobiernos, mira con profunda aprensión la próxima reunión de la Asamblea General de dicho organismo ante la eventualidad de que ella acuerde cercenamientos sustanciales a sus atribuciones, reduciéndola a una instancia sin alcances reales.
La referida cita, por realizarse el 22 de marzo en Washington, tiene la intención de poner fin a un proceso de más de un año de deliberación sobre el funcionamiento de la CIDH y, particularmente, de su Relatoría de Libertad de Expresión (RLE). De aprobarse las propuestas, ésta sería la décima reforma adoptada por la Comisión desde su fundación en 1959. A diferencia de las ocasiones previas, en este caso se trata de restarle facultades al ente.
A principios de esta semana, los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos se reunieron en Ecuador para "afinar" las propuestas que presentarán el viernes. Entre los ocho puntos que se acordaron, se hace alusión al financiamiento de las relatorías. Ello podría dar pie, por ejemplo, a que se elimine su capacidad de financiamiento externo, lo cual, en la práctica, recortaría los fondos de la RLE.
Los intentos de recortar las facultades de la RLE, naturalmente, parten de los gobiernos más restrictivos de la libertad de expresión y, en consecuencia, los más criticados en sus informes. En particular, Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido elocuentes en esta cruzada. El representante de Caracas en la OEA ha dicho que la CIDH "es un instrumento del imperio" y el fallecido Hugo Chávez calificó al secretario ejecutivo de esta última en términos que no es el caso reproducir. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, ha señalado que la CIDH es "uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región". A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado que la CIDH ve violaciones "únicamente en países que no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos".
Tales naciones han encontrado apoyo en un grupo de miembros de la OEA, incluyendo a gobiernos que no pueden ser acusados de antidemocráticos, pero sobre los cuales la CIDH se ha pronunciado por diferentes motivos. Brasil, por ejemplo, fue objeto de una medida cautelar, no acatada por el gobierno, para detener la construcción de una represa hidroeléctrica. Colombia también ha recibido dardos por sus conocidos problemas en materia de derechos humanos. Acá aparecen gobiernos de orígenes muy disímiles unidos por un interés común: no estar sometidos a escrutinios externos por parte de organismos multilaterales.
No se trata de idealizar al sistema interamericano de derechos humanos. En el desempeño de sus delicadas labores es posible que éste haya incurrido en errores. Sin embargo, gran parte de las acusaciones que se le hacen derivan de haber cumplido con su función: enfrentar los abusos que los gobiernos han cometido y cometen contra las libertades ciudadanas, y en especial contra la libertad de prensa.
Ante las amenazas, los periódicos que integran el Grupo de Diarios de América (GDA) han decidido pronunciarse con una sola voz para decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es resultado de una obra colectiva de más de seis décadas. Esta organización, nacida hace 21 años para promover la calidad periodística y defender la libertad de expresión en la región, se siente en la necesidad de dar un apremiante llamado de alerta. Reconocemos, además, que la CIDH ha sido igualmente firme para criticar lo que sucede en la cárcel de Guantánamo o el maltrato a los inmigrantes en Estados Unidos como para cuestionar las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder en Venezuela y Ecuador, que hoy se han extendido a la Argentina con mecanismos tendientes a asfixiar a la prensa independiente.
Reducir la autonomía de la CIDH, quitarle posibilidades para que pueda financiarse y operar de manera independiente, no favorece a las personas ni a nuestras democracias. En tal sentido hay que hacerles un llamado firme a las 34 naciones presentes en la OEA para impedir que un organismo fundamental quede debilitado. Las capitales de las Américas están llamadas a demostrar su verdadero talante y su compromiso real con valores universales que separan la barbarie de la civilización.