Encabezado

abril 21, 2021

Editorial GDA: Confiscación de ‘El Nacional’

Este editorial conjunto lo publican hoy los miembros del Grupo de Diarios de América (GDA) para llamar la atención sobre un gravísimo atropello a la libertad de expresión. La condena a pagar $13 millones a Diosdado Cabello por supuesta difamación equivale a confiscar el medio de comunicación para entregarlo al dirigente chavista.

Grupo de Diarios América
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó al diario El Nacional, uno de los pocos baluartes de la prensa independiente venezolana todavía en pie, a pagar $13 millones a Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Según los tribunales, cuya obsecuencia está más allá de toda duda, el periódico difamó al dirigente y le causó daños morales cuando reprodujo, en el 2015, informaciones del diario español ABC, también difundidas por agencias de noticias y otros medios internacionales, sobre vínculos de Cabello con el narcotráfico. Las publicaciones se basaron en declaraciones del capitán de corbeta Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y del propio Cabello, asilado en los Estados Unidos.
La idoneidad de la fuente, la doctrina jurídica de la reproducción fiel, acogida por la jurisprudencia continental, la obligación del funcionario de tolerar la crítica y la especial protección a la libertad de expresión nada significa para tribunales sometidos al poder político y capaces de escenificar sainetes como el juicio de Leopoldo López —denunciado como farsa por el propio fiscal acusador una vez exiliado— y las causas seguidas contra la jueza María Lourdes Afiuni Mora, para citar solo dos ejemplos.
Cabello también demandó a los medios de comunicación venezolanos Tal Cual y La Patilla, pero cuando incursionó en otras jurisdicciones, su fracasó fue total. Una demanda contra The Wall Street Journal, también por atribuirle nexos con el narcotráfico, fue calificada de incomprensible por los jueces neoyorquinos. La demanda contra ABC, anunciada en el programa de televisión de Cabello: Con el mazo dando, nunca llegó a concretarse, aunque los directores del diario español ratificaron, ante una jueza, la absoluta correspondencia entre sus informaciones y las de Tal Cual para facilitar la defensa del medio caraqueño.
Para ganar, el líder chavista necesitaba jueces del mismo corte. El resultado previsible sobrevino el 16 de abril. Miguel Henrique Otero, director de El Nacional exiliado en Madrid, calificó la exorbitante condena como un intento de expropiación del periódico para «entregárselo a Diosdado Cabello».
Ese, a fin de cuentas, es el programa seguido por el régimen venezolano con la prensa independiente. Centenares de publicaciones y emisoras de radio y televisión han sido sustraídos del rico ambiente de medios existente en Venezuela hasta los primeros años de este siglo para engrosar las filas de la prensa oficialista. La expropiación de El Nacional debe verse en ese contexto.
El periódico, uno de los más prestigiosos del continente, dejó de publicarse en versión impresa el 14 de diciembre del 2018 debido a las presiones tributarias y la escasez de papel impuesta a los medios independientes, pero todavía circula su edición digital. Su sede, sufrió ataques de turbas chavistas y sus periodistas son blanco de constante hostigamiento. Nada los ha hecho cejar en su defensa del derecho de los venezolanos a estar informados.
Ahora, conocida la sentencia, Otero reiteró la intención de mantener el diario, fundado por su padre en 1943, aunque pierda el edificio, las rotativas y otros activos. El mismo espíritu lo han exhibido periodistas en todos los rincones de Latinoamérica. Es una tradición cuya defensa nos convoca a todos y, como dijera José Martí, también en este caso «hemos de andar, en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes».


febrero 23, 2021

‘Las redes sociales no son medios de comunicación’

Ernesto Cortés/El Tiempo/GDA 

Catalina Botero - Cortesía UniAndes
Catalina Botero, la abogada colombiana que hace parte la Junta de Supervisión independiente de Facebook e Instagram, se refirió a las más recientes actuaciones del organismo en cuanto a moderación de contenidos en redes sociales, el bloqueo de medios en Australia y al papel que ha jugado el gigante de la tecnología en la clausura de la cuenta del expresidente de EEUU Donald Trump.

En diálogo con el Grupo de Diarios de América (GDA), Botero señaló que la decisión en contra del exmandatario, quien hasta el final de su mandato habló de fraude electoral sin pruebas e incitó a una turba a tomarse el Capitolio Nacional, corrió por cuenta de la compañía y que en la actualidad el caso es evaluado por la Junta.

“El caso de Trump fue remitido por FB al consejo y, por esta razón, no puedo pronunciarme específicamente hasta que no tengamos una decisión –explicó Botero-. Sin embargo, sí puedo decirle que el OSB (Oversight Board) tiene el poder de tomar decisiones vinculantes sobre decisiones de moderación de contenidos y FB se ha comprometido públicamente a cumplir esas decisiones”.

Botero también aludió a la importancia de que organismos independientes y autónomos sean los llamados a defender “los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos” cuando estos se ven vulnerados en una red social. En ese sentido, dice que las redes no son medios de comunicación ni pueden ser tratados como tal, pero debe haber mecanismos que permitan a los ciudadanos detectar esas vulneraciones.

Facebook y otras redes sociales decidieron implementar su propia reglamentación sobre desinformación, discurso de odio e incitación a la violencia, en los últimos meses, con decisiones polémicas. Como ocurrió tras la revisión del Consejo al que Ud. pertenece, algunas de estas decisiones debieron ser revertidas. ¿Esta prerrogativa no está excediendo las competencias de las redes sociales? ¿Cómo evitar el riesgo de que se lesione la libertad de expresión en defensa de otros asuntos?

El derecho a la libertad de expresión protege la circulación de informaciones u opiniones de toda índole, incluso aquellas que nos desagradan o que son perturbadoras u ofensivas. Sin embargo, hay ciertos limites excepcionales, por ejemplo, la incitación a la violencia, el abuso o explotación infantil o la circulación de imágenes intimas no consentidas. La mejor manera de saber si una información está o no protegida, es aplicando los criterios del derecho internacional de los derechos humanos. Si una plataforma advierte que esta siendo usada para circular contenidos no protegidos, como por ejemplo pornografía infantil, tiene la tarea de eliminar esos contenidos. 

Sin embargo, las plataformas reconocen que, en ejercicio de esa función, han cometido errores pues algunas veces bajan contenido que está protegido y otras permiten la circulación de contenidos que no deben estar protegidos por el derecho internacional. Por eso es importante que quienes realizan esas tareas se encuentren adecuadamente capacitados, que los sistemas automatizados sean corregidos y revisados y que existan órganos de supervisión independientes a las propias plataformas como el Oversight Board. En este sentido, me parece que el modelo de autorregulación con órganos autónomos e independientes comprometidos con la defensa de los derechos humanos es la mejor estrategia.

En este sentido, el OSB es un nuevo modelo para la gobernanza de plataformas que está diseñado para incrementar la rendición de cuentas y transparencia de FB y mejorar la toma de decisiones sobre moderación de contenidos.

Los miembros del Board somos independientes de FB y tomamos decisiones con base en los principios del derecho Internacional y en el impacto de nuestras decisiones en los usuarios y en la sociedad, sin considerar los intereses económicos, políticos o reputacionales de la empresa.

¿Cree necesario que los países comiencen a legislar al respecto, como han planteado líderes como Ángela Merkel? Y en ese caso, ¿cree que existe un peligro en ese tipo de regulaciones para a libertad de expresión no solo en redes sociales, sino que en un sentido más amplio?

Creo que cualquier regulación debe cuidarse de no entregar demasiado poder a los gobiernos y que solo será democrática si está fundada en los principios del derecho internacional de los derechos humanos. También creo que las empresas con el poder de FB deberían tomar menos decisiones por sí solas, cuando estas tengan implicaciones fundamentales para la libertad de expresión y los derechos humanos. Un modelo de supervisión independiente del OSB puede ayudar a producir decisiones más robustas con base en principios universales compatibles con modelos democráticos.

En este contexto, se ha debatido si las redes sociales son o no responsables finales por el contenido que se publica en las plataformas, es decir, que se comporten más como medios tradicionales de comunicación. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se desvirtuaría la naturaleza de las redes sociales?

Creo que las redes sociales no son medios de comunicación y no deben ser tratadas como tal. Sin embargo, creo que deben tener sistemas efectivos para que los usuarios o terceras personas puedan identificar y reportar fácilmente contenidos que puedan violar el derecho internacional de los derechos humanos. Deben tener también mecanismos adecuados de revisión de esas denuncias y tomar decisiones que se adecúen a los mandatos internacionales en materia de libertad de expresión. Sin embargo, si se les responsabiliza por todo el contenido que miles de millones de usuarios suben diariamente, no podrían funcionar con una estructura abierta, global y descentralizada como la que tienen hoy.

Usted integra una junta supervisora de Facebook sobre contenidos en esa red social. ¿Qué incidencia real tiene esa junta en las decisiones de Facebook, por ejemplo, en la suspensión de la cuenta de Donald Trump? ¿Considera que el poder de las redes sociales para decidir quiénes pueden usarlas es una violación a la libertad de expresión?

El caso de Trump fue remitido por FB al consejo y, por esta razón, no puedo pronunciarme específicamente hasta que no tengamos una decisión. Sin embargo, si puedo decirle que el OSB tiene el poder de tomar decisiones vinculantes sobre decisiones de moderación de contenidos y FB se ha comprometido públicamente a cumplir esas decisiones. De hecho, recientemente revertimos varias decisiones de la compañía y le ordenamos volver a instaurar un contenido que había eliminado.  Todas nuestras decisiones son públicas y estarán disponibles para que cualquier persona las lea. Si FB no cumple con las decisiones y se rehúsa a implementarlas, esto afectaría las finalidades para las cuales fue creado el consejo. Independiente de supervisión. Esto también se hará público en los reportes periódicos del Board.

¿Este Consejo asesor debería ser el encargado de evaluar decisiones como el bloqueo de la cuenta de Trump? ¿Debería hacerlo Facebook que es una empresa o debería existir, como piden algunos sectores, un comité independiente?

Ese es justamente el tipo de casos para los cuales fue creado el consejo de supervisión (OSB). Decisiones de esa magnitud deben ser tomadas por órganos independientes y autónomos que, como el OSB, no dependen de la compañía y no están en la tarea de defender sus intereses políticos, comerciales o reputacionales, sino en la función de defender los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos. Para que esa función pueda ser adecuadamente ejercida los órganos de supervisión de las compañías deben ser verdaderamente autónomos e independientes no sólo de las propias compañías sino de los gobiernos de turno.

Hace unos meses, cuando se anunció la creación de la Junta de Supervisión de FB, se pronosticó que el número de solicitudes iba a ser muy grande y que ello sobrepasaría la capacidad del consejo. ¿Ha ocurrido ello? ¿Cómo lo han manejado?

Desde octubre hasta hoy, hemos recibido decenas de miles de casos. Como el Board no puede conocer sobre cada apelación, estamos priorizando los casos que tienen el potencial de afectar a muchos usuarios alrededor del mundo, los que son de notable importancia para el discurso público o los que plantean preguntas importantes sobre las políticas de FB. Para hacer eso, tenemos un equipo muy robusto de personal y un comité de selección de casos dedicado exclusivamente a la revisión de estos.

¿La lentitud para la toma de decisiones en la Junta de supervisión puede terminar siendo una limitante para las personas que presentan solicitudes?

Hasta ahora el Board ha producido sus decisiones en los tiempos establecidos para ello. Sin embargo, es cierto que no se trata de plazos expeditos. Al respecto es importante mencionar que el Consejo no va a reemplazar a la compañía en su tarea habitual de moderación de contenidos a escala global. Lo que debe hacer es seleccionar casos emblemáticos, significativos y particularmente difíciles, cuya resolución pueda impactar no solo al usuario afectado sino a un numero importante de esos y a las propias políticas de la compañía.

La Junta de Supervisión sugerirá tomar alguna medida contra posteos de información falsa vinculada a la pandemia o la difusión de argumentos antivacuna fraudulentos? Hay vidas humanas en juego.

El Board ya ha revisado un caso vinculado a Covid-19 e hizo recomendaciones importantes para FB. Reconoció los esfuerzos por lograr que la población acceda a información confiable basada en evidencia, pero al mismo tiempo reconoció la importancia de permitir que las políticas de salud puedan ser ampliamente debatidas. En su decisión, recomendó a FB sistematizar y clarificar las reglas existentes sobre desinformación en materia de salud en un solo lugar y adoptar medidas que permitan que la población pueda acceder a información confiable sin eliminar discusiones de interés público sobre decisiones de las autoridades de salud o cuando el contenido no pueda aparejar un daño físico en el mundo real. Finalmente, le recomendamos aumentar la transparencia sobre la forma como realiza la moderación de contenidos relacionados con el COVID-19.

Durante el cuatrienio de Trump, vimos en más de una ocasión que Facebook modificó y flexibilizó sus políticas de uso para evitar moderar el contenido del expresidente. Si la Junta decide que la cuenta de Trump sea desactivada y luego Facebook decide flexibilizar sus políticas, ¿tendrá que ser revisada nuevamente esta cuenta? ¿La modificación de reglas de uso puede ser una manera de la plataforma esquivar las decisiones de la Junta?

Dado que el OSB está conociendo del caso Trump no podría pronunciarme sobre el mismo. Sin embargo, si puedo decirle, en general, que las decisiones del OSB sobre un determinado contenido deben ser acatadas por la compañía. Sin embargo, cuando se trata de recomendaciones más generales que exceden un determinado contenido, la obligación de la compañía es la de responder públicamente.

¿Deben los políticos u otras figuras públicas tener un trato especial en Facebook dado a la naturalidad del interés público por su posición? ¿Será esto un factor a ser considerado a la hora de moderar a una figura global, vs a un ciudadano común?

Según el derecho internacional de los derechos humanos, hay expresiones que están especialmente protegidas en la medida en que revisten interés público. Las expresiones que provienen de una persona publica o las que critican a un funcionario, por ejemplo, entran en esa categoría. Lo anterior significa que cualquier restricción a una expresión de un funcionario o sobre un funcionario, debe ser sometida a un juicio estricto de proporcionalidad.

En la sección de requisitos de la página web de la Junta se establece que “Las apelaciones deben provenir del titular de una cuenta activa”, ¿se entiende por esto que las decisiones no podrán ser apeladas por grupos de derechos humanos u otros grupos que defienden el derecho a la libre información? ¿Si no que las apelaciones siempre serán en carácter personal?

Yo no estoy de acuerdo con la restricción que usted menciona y trabajaremos sobre eso. Sin embargo, vale la pena señalar que, aunque solo los usuarios pueden apelar, hay un mecanismo que permite hacer comentarios públicos para que otras personas u organizaciones interesadas puedan participar en el proceso.

¿Le darán la oportunidad a terceros para presentar escritos que aboguen por que el Board decida de una manera u otra?

Sí. Tenemos de una parte un procedimiento que nos permite recibir comentarios públicos y de otra la posibilidad de solicitar a expertos su opinión sobre asuntos relevantes de un caso. Creemos que es importante que el Board reciba aportes de muchas fuentes distintas, pues de esta manera podremos tener la mayor cantidad de información sobre complejas materias que pueden involucrar a la comunidad global.

¿Qué papel juega la Junta de Supervisión en decisiones como las que acaba de adoptar Facebook en Australia, de suspender la información de los medios locales por la exigencia de estos de recibir retribuciones por la monetización que hace el gigante tecnológico de sus contenidos? ¿En dónde queda la libre expresión en este caso?

En las discusiones entre las plataformas y los medios de comunicación hay muchos temas qué hay que distinguir. Algunos pueden llegar al OSB y por eso no puedo pronunciarme. Sin embargo, lo que sí creo es que es indispensable encontrar un modelo de negocio que permita financiar la existencia vigorosa del periodismo profesional. Las redes son fundamentales para democratizar el conocimiento, pero los medios son esenciales para producir información seria, contrastada y basada en evidencia. Sin medios de comunicación y periodismo de investigación independiente y profesional la democracia tiene pocas posibilidades de sobrevivir.

Más información:

La Nación AR:

https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/catalina-botero-las-redes-sociales-no-son-medios-de-comunicacion-nid24022021/ 

El Comercio PE:

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-instagram-catalina-botero-las-redes-sociales-no-son-medios-de-comunicacion-australia-donald-trump-noticia/

El País UY:

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/redes-sociales-son-medios-comunicacion.html