Encabezado

septiembre 09, 2018

Especial GDA: Nueve expresidentes latinoamericanos son investigados en el caso Odebrecht

O GLOBO/BRASIL CON INFORMACIÓN DEL GDA Y COLABORADORES*
La caída de la gigantesca constructora brasileña significó un terremoto para la región, una vez que salieron a la luz crímenes de corrupción que involucran al alto gobierno de diez naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela. Al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus respectivos países y un presidente en funciones –el peruano Pedro Pablo Kuczynski– perdió su cargo. La trama, en todo caso, es enorme: el Ministerio Público Federal de Brasil ha recibido 254 pedidos de colaboración con investigaciones en el extranjero y ha enviado, por su parte, 259 solicitudes a otras naciones para obtener información que ayude a establecer responsabilidades.

En abril de 2015 Odebrecht celebraba el título como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de colaborar con la justicia y causó un terremoto en el mundo político latinoamericano al confesar crímenes de corrupción en diez naciones de la región. 

El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre altos funcionarios que, aunque no tuviesen relación con la firma bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

El fiscal del Ministerio Público Federal Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato donde fue desentrañada, en Curitiba, considera que si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, ahora el escenario cambió. “Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con naciones más próximas geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales radicaba en el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.



Acusaciones contra Lula

En Brasil el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo del impacto de las investigaciones anticorrupción. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía. 

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre asuntos de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio suministró información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casaquinta en Atibaia, ciudad  del interior de São Paulo donde la constructora es señalada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa argumenta que la casaquinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, indica que el instituto fue instalado en un lugar distinto y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de la compañía implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un  juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7,3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht. 

Poder bajo la lupa

En Perú el espectro de mandatarios en la mira de la justicia es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017 un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo se encuentra en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de las autoridades norteamericanas. 

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea del Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta restricción judicial. 

El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo 9 meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a finales de abril. 

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder el cargo. Renunció en marzo, también bajo la sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y sus bienes estuvieron confiscados. 

En Colombia las averiguaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados, iniciada por la sospecha de que había recibido dinero de la constructora en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6,5 millones de dólares de la empresa.

Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un parlamentario. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3,5 millones de dólares a través de pagos hechos a un tío.

Señalado de recibir 1,5 millones de dólares de la compañía en su campaña para la presidencia en 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes huyó a Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y sentenciado a devolver, junto con su hijo, 419.000 dólares a las arcas públicas.

Aunque Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra presidentes o ex mandatarios, se han denunciado públicamente transferencias irregulares a políticos de esos países. A pesar de que, en el caso venezolano, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el 15 de agosto desde Bogotá, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 millardos de dólares al Estado.

Las acusaciones fueron promovidas por la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aun cuando la condena fue reconocida por la AN, el presidente del Parlamento, Omar Barboza, la calificó de “no ejecutable” debido, señaló, a la ausencia de Estado de Derecho en el país.

Obstáculos en el camino

Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la compañía admitió pagar y los políticos de los países involucrados.

En toda la región se activaron equipos de trabajo a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido 1 millardo de dólares en sobornos a naciones de las Américas y de África. Las averiguaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la justicia nacional. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos formulados por las autoridades brasileñas para obtener información de otros países.

Pozzobon describe las indagaciones como un camino de doble vía. “Nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. A la vez, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, ex presidentes y ex ministros”, afirma.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos en algunas naciones en comparación con el ritmo que llevan en Brasil. En Perú, por ejemplo, han sido detenidos siete ex funcionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango, pero desde la renuncia de Kuczynski, en marzo pasado, no hubo operaciones ni otros arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. 

Procesos paralizados

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos fueron sanciones administrativas para empleados de Odebrecht  y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado 10,5 millones de dólares en México.La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de ese año nadie fue indiciado.

Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso.

Ecuador es otra nación en la que políticos aún no han sido sancionados. Los trabajos de los investigadores de ese país avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el Metro de Quito, obra de 495 millones de dólares. Apenas en abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar un acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones. 

Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas congeladas. En julio de 2017 se congelaron también las cuentas de dos familiares del ex ministro de Transporte Haiman el Troudi. Después de esto no ha habido otra acción por parte de la justicia oficial. 

La ruta de las valijas

En Argentina también se presenta dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La justicia de ese país aún no ha tenido acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de las dos naciones negocian un acuerdo para que los imputados de la justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no establece librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el “valijero” paulista Leonardo Meirelles, que firmó una delación utilizada por la justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos, él dice que transfirió más de 500.000 dólares a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia  Federal de Inteligencia argentina,  Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.

Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aun sin las acusaciones de los “valijeros” brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, ex ministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

En Colombia 78 personas son investigadas por supuesta participación en el escándalo de corrupción; 5 ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el ex ministro Gabriel Ignacio García Morales y los ex senadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

*** Con información de medios del GDA colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana

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Más información en:


La Nación AR:


O Globo BR:
https://oglobo.globo.com/brasil/nove-ex-presidentes-da-america-latina-sao-investigados-por-caso-odebrecht-23050371

https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-america-latina-falta-de-colaboracao-dificuldade-de-provar-propinas-leva-poucos-condenados-23050407

El Universal MX:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/odebrecht-el-impacto-politico

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Comercio PE:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/almenos9expresidenteslatinoamericanossoninvestigadosporelcasoodebrecht-2446167/#cxrecs_s


El País UY:

La Prensa Gráfica SV;


El Nacional VE:
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/nueve-presidentes-latinoamericanos-investigados-por-caso-odebrecht_251090

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/bajo-los-tentaculos-odebrecht_251040

DIARIOS INVITADOS:

Prensa Libre GT:


La Prensa PA:

https://impresa.prensa.com/panorama/Dificultades-probar-sobornos-produce-condenados_0_5118238148.html

septiembre 02, 2018

Voces y cifras del dramático éxodo venezolano en América Latina

El Nacional/GDA

Con sobre 2.3 millones de emigrados, ya empieza a ser llamado el mayor éxodo en Latinoamérica en las últimas cinco décadas. Sea por motivos políticos, hambre o expectativas de una vida mejor, a diario ciudadanos de Venezuela golpean las puertas de Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile y otros países poniendo a prueba la solidaridad de las poblaciones locales y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Aunque el gobierno de Nicolás Maduro esta semana calificó de “fake news” la diáspora que se aceleró con su llegada al poder, el presidente de Brasil, Michel Temer, advirtió que esta crisis ya “amenaza la armonía” de América del Sur y la OEA convocó a una reunión de emergencia para tratar el tema.

El Grupo de Diarios América (GDA) quiso retratar este éxodo consultando a sus miembros cómo están siendo afectados los respectivos países.


Argentina

Número de venezolanos: 88,357, según datos oficiales vigentes desde 2004, aunque se supone que la cifra real es bastante mayor, porque muchos llegan como turistas al principio y luego de un plazo máximo de 180 días inician los trámites de radicación, con lo cual se hace difícil contabilizarlos. Otros quizás pueden también dejar el país en ese lapso.

Requisitos de ingreso: documento de identidad e ingresar en categoría turista durante 90 días, con posibilidad de renovación por ese mismo período. En ese lapso, si deciden quedarse, deben gestionar su radicación. Para radicarse, la documentación necesaria es igual a la exigida a cualquier ciudadano del Mercosur y Estados asociados: documento de identidad, haber ingresado por un paso habilitado, presentar certificado de antecedentes penales de su país y de Argentina, y constancia de domicilio.

Últimas medidas específicas del gobierno: El gobierno anunció facilidades en el trámite de residencia a los ciudadanos de Venezuela que deseen ingresar al país con el propósito de radicarse. Asimismo, se estableció un tratamiento preferencial en los trámites de validación de estudios.


La Nación/GDA
Testimonio: Johnoliver León, 24 años, repostero

Tuvo que dejar a su hija y a su familia en Barquisimeto, su ciudad natal, porque ya no había con qué comer. “Mi meta es conocer Buenos Aires”, dice. Eligió ese destino porque uno de los amigos con que viajó tiene un primo ya instalado en Argentina y les aseguró que hay posibilidades de empleo.


Brasil

Número de venezolanos: 30,800, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En 2015, solo mil venezolanos vivían en el país. Desde mayo, unos 127,000 venezolanos cruzaron la frontera con Brasil, pero el gobierno brasileño estima que más de la mitad se fue a otros países de Sudamérica, por lo que el país se configura como una ruta de paso.

Requisitos de ingreso: Los ciudadanos venezolanos no necesitan visa para entrar a Brasil en condición de turistas o de visitantes de tránsito, y pueden ingresar con su pasaporte o cédula de identidad vigente. El plazo máximo de permanencia en el país como turista es de 60 días.

Últimas medidas específicas del gobierno: En 2017, el gobierno brasileño aprobó un decreto para conceder la residencia temporal por un período de hasta dos años a los venezolanos que llegan al país escapando de la crisis humanitaria, sin necesidad de recurrir al complejo estatus de refugiado. El presidente Michel Temer envió las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el estado de Roraima y dijo que evalúa restringir el número de migrantes venezolanos que ingresan diariamente al país.

O Globo/GDA
Testimonio:  Roimer Saballo, 34 años, soldador

Saballo era funcionario de una empresa asociada a Odebrecht en Venezuela y que cerró el año pasado. Así como otros compañeros, se quedó sin dinero. Viajó durante algunos meses en búsqueda de trabajo en otras ciudades y finalmente resolvió intentar en Brasil. Dejó atrás un hijo de ocho años con su madre. Ahora vive en São Paulo, pero en seis meses no ha conseguido ningún empleo. “Nunca estuve tanto tiempo sin trabajo. Ya no necesito un cupo como soldador. Lo que venga, yo acepto”.


Chile

Número de venezolanos: Estimados entre 230,000 y 300,000. Del 1 de enero al 17 de agosto de este año, 159,731 venezolanos ingresaron al país, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Requisitos de ingreso: Tener en manos la Visa de Responsabilidad Democrática. Esta debe ser solicitada en el Consulado chileno de Caracas o Puerto Ordaz, y concede un permiso de residencia temporal por un año, prorrogable por el mismo período. Para obtenerla, son necesarios: certificado de antecedentes penales aprobado por la Cancillería venezolana; pasaporte vigente; y certificado de nacimiento (para solicitudes de menores de edad).

Los venezolanos que ingresen como turistas necesitan pasaporte vigente, boleto de regreso al país de origen, acreditar solvencia económica, carta de invitación de una persona natural o una empresa en Chile, y dirección del sitio donde se va a hospedar o reserva de hotel.

Últimas medidas específicas del gobierno: En abril de este año, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la creación de la Visa de Responsabilidad Democrática “en razón de la crisis democrática por la que actualmente atraviesa Venezuela, y que afecta gravemente a los nacionales de un país que acogió a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras”. Esto facilita la llegada de venezolanos a Chile con garantías para trabajar.


El Mercurio/GDA
Testimonio: Marialmi Rodríguez, 24 años, periodista en una editorial

Decidió irse de Venezuela hace dos años porque ya había terminado su carrera universitaria y, aunque ganaba dos sueldos mínimos, el dinero no le alcanzaba para apoyar a su familia con los gastos. “A los motivos económicos se me sumaron la inseguridad y la disminución notoria de la calidad de vida en mi familia. En ese momento, la situación no era tan grave como ahora, pero aun así ya tenía varios amigos viviendo en otros países”, cuenta. Chile resultó ser el lugar en el que ella tenía más caras conocidas, y decidió ir a ese país, donde “la solicitud de la visa de residente era mucho más sencilla en comparación con otros países de la región”.





Colombia

Número de venezolanos: se estima que hay un millón, entre regulares e irregulares.

Requisitos de ingreso: Inicialmente era suficiente la tarjeta de movilidad fronteriza y solo se pueden mover en la frontera. Si va a hacer tránsito por Colombia para salir por otra frontera, debe presentar cédula, pasaporte o expedir la tarjeta de salida del país, o no puede transitar por Colombia. A raíz de la ola migratoria y del incidente en la frontera con Ecuador, donde cayó un bus con droga y con venezolanos en su interior, varios países comenzaron a exigirles pasaporte. Para quedarse en Colombia deben tener pasaporte, si van a trabajar deben tener visa de trabajo o visa de residente.

Últimas medidas específicas del gobierno: proveer acceso a servicios de salud y educación. Recientemente se promovió un permiso temporal de permanencia que les garantiza estatus de legalidad y les facilita conseguir trabajo hasta por dos años.


El Tiempo/GDA
Testimonio: Emilio Enrique Alcalá (39) y su esposa, Xiomara María Tabarés (28)

Ambos dejaron a sus seres queridos, desesperados por el hambre y las humillaciones que padecían en su país. “Allá no hay ni qué comprar. El gobierno nos convirtió en seres egoístas. En Venezuela, antes, tú invitabas a gente a comer a la casa, luego uno los rechazaba pensando en que en las alacenas no había sino una harina de pan”, afirman.



Costa Rica

Número de venezolanos: 8,892, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Requisitos de ingreso: Con pasaporte vigente no se necesita visa consular y la permanencia máxima es de 90 días.

Últimas medidas específicas del gobierno: El gobierno no ha desarrollado nuevas políticas vinculadas con la migración venezolana.

La Nación/GDA
Testimonio: Leonel Ariza Sthormes, 56 años, productor artístico 

 Salió de Venezuela el 19 de mayo de 2017 por la escasez y la falta de oportunidades de trabajo. “La escasez era de todo tipo, artículos de higiene personal, comida. Sufro de la tensión y a mí el medicamento me lo tenían que enviar desde fuera del país. Salí también porque había hecho comerciales en contra del gobierno y eso se convirtió en un peligro. Salí por salvar mi vida, en todos los aspectos. Decidimos migrar todos los de mi familia y tuvimos que separarnos. Soy casado, tengo tres hijos: uno que vive en Miami y luego mi esposa se fue a Ecuador con mis dos hijas. Yo me vine para Costa Rica porque mi hermana, mi mamá y mi sobrina están aquí”.


El Salvador

Número de venezolanos: La Asociación de Venezolanos en El Salvador cifra en 700 los establecidos en el país.

Requisitos de ingreso: Cualquier venezolano debe solicitar visa para su ingreso a menos que esté contratado por una empresa salvadoreña.

Últimas medidas específicas del gobierno: El gobierno no ha desarrollado nuevas políticas vinculadas con la migración venezolana.

La Prensa Gráfica/GDA
Testimonio: Gabriela Rivera, 47 años, estilista 

Por miedo a la escasez, miedo a no conseguir medicina, miedo a que la metieran presa por protestar, Rivera, su esposo y su hijo de ahora ocho años abandonaron Venezuela en 2015. Llegó al país con un traslado de su esposo desde el laboratorio donde trabajaba en Caracas hasta San Salvador.






México

Número de venezolanos: De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de Gobernación hasta junio pasado, el gobierno de México tiene registrados 8,921 venezolanos con tarjetas de residencia temporal o permanente. No obstante, el número podría ser mayor, porque no se considera a los ciudadanos venezolanos que residen de manera ilegal en el país. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó un aumento en sus estadísticas, pues mientras en 2013 solo un venezolano pidió asilo a México, en 2017 la cifra creció a 4,042 solicitudes. De ese número, solo 907 fueron procesadas y 3,067 siguen en trámite.

Requisitos de ingreso: Para ingresar a México los ciudadanos venezolanos no necesitan visa.

Últimas medidas específicas del gobierno: El gobierno no ha desarrollado nuevas políticas vinculadas con la migración venezolana.

El Universal/GDA
Testimonio: Eiralin Ramos, 33 años, médico veterinaria 

 Por qué emigró y escogió México: Ver a un hombre recoger las sobras en un basurero para llevar comida a casa fue el detonante para que decidiera salir de Venezuela, aunque lo tenía pensado debido a que le diagnosticaron cáncer a su mamá y con la crisis en su país era imposible sostener esa enfermedad. “En mi país no hay medicamentos, no hay absolutamente nada con lo cual una persona pueda vivir, el alto costo de la vida es insostenible. Mi mamá se enfermó y por eso tuve que buscar cómo salir de mi país”. Se fue a México porque tenía una amiga que tiene la residencia en Ciudad de México, quien la contactó con una persona que buscaba venezolanos para trabajar.


Perú

Número de venezolanos: Más de 400,000. La cifra representa el doble de lo registrado al mes de abril.

Requisitos de ingreso: Desde el 25 de agosto se exige el pasaporte como único documento de ingreso al país, porque la cédula de identidad expedida por el gobierno venezolano no reunía las medidas de seguridad exigidas, según Migraciones de Perú. Embarazadas, ancianos y menores de edad no necesitan presentar el pasaporte al momento de ingreso al país. La Cancillería y representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados aconsejan a los venezolanos  que no cuentan con pasaporte optar por medidas alternativas, como solicitudes de refugio, que permite al solicitante ingresar y desplazarse en Perú. El trámite toma mínimo tres meses.

Últimas medidas específicas del gobierno: El gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Aguas Verdes, Zarumilla y Tumbes, situados en la región del mismo nombre, por “peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento”. La norma tiene vigencia de 60 días. Asimismo, autoridades de Tumbes han solicitado presupuesto adicional para reforzar las labores de limpieza y la seguridad en la ciudad.


El Comercio/GDA
Testimonio: Ámbar Cueva, 35 años, peluquera 

 Decidió a principios de julio irse a Lima con la esperanza de establecerse, trabajar y enviar dinero a Venezuela para traer a su familia, que vive en la ciudad de Valencia (estado Carabobo). Pero a la fecha no ha conseguido empleo como peluquera y el nuevo requisito migratorio del pasaporte frena indefinidamente sus planes. “Yo calculaba que en noviembre mi marido y mis hijos estarían aquí conmigo”, se lamenta. “Ahora mis hijos tienen miedo de que no nos volvamos a ver”, dice sin soltar el celular, donde tiene guardadas fotos de su hijo de 15 años y sus mellizos, de 9.




Uruguay

Número de venezolanos: 9,469 venezolanos. En 2015 eran 1,855

Requisitos de ingreso: Como todos los nacionales de países del Mercosur y Estados asociados, los venezolanos pueden ingresar a Uruguay con pasaporte o documento de identidad en buen estado. Cualquiera de estos documentos les sirve para gestionar la residencia permanente ante la Cancillería uruguaya. Los mayores de 18 años, a su vez, deben presentar declaración jurada de los antecedentes penales o policiales. Cuando se inicia el trámite de residencia, ya se le permite al venezolano obtener la cédula de identidad uruguaya. El trámite de residencia es gratuito y no hay que presentar medio de vida; tampoco carné de salud. Como todo migrante, se puede cambiar de categoría migratoria sin salir del país.

Últimas medidas específicas del gobierno: Uruguay pasó a permitir el acceso a la educación pública incluso de los niños que carezcan del documento de identidad uruguayo. En la práctica, eso hace que el chico venezolano puede iniciar la escuela al día siguiente de su llegada al país. Junto con Naciones Unidas, Uruguay está monitoreando el avance de los flujos migratorios; en especial en lo que sucede en la frontera con Brasil. En un mes se aprobará la exoneración del costode visado para la reunificación familiar y se validarán los documentos electrónicos sin necesidad de apostillado.

Testimonio: Pedro, 27 años, cocinero

Pedro emigró “por hambre y falta de acceso a las medicinas”. Vivía con su madre, perdió el trabajo y la vida se le hizo cuesta arriba. Había salido antes del Mundial de Rusia con unos pocos bolívares, una gorra para el sol y unos pantalones de esos que se transforman en bermudas. Pero el dinero apenas le alcanzó para costear los pasajes de ómnibus hasta la frontera con Brasil. Tras diez días en un campamento en Roraima, en donde le llegaron a ofrecer sexo a cambio de comida, inició su caminata hacia el sur. Iba en fila, en silencio, y solo se detenía para tomar agua o dormir un rato al costado de la ruta. Por momentos, algún camionero o la propia policía le ayudaron a adelantar algún tramo. Y cuando por fin llegó a Porto Alegre, al sur de Brasil, otros venezolanos lo convencieron de que lo más fácil era conseguir trabajo en Uruguay. Estuvo primero en un balneario fronterizo, como pintor. Y ahora hace las veces de cocinero, su oficio, en Montevideo. Pedro no quiso ser fotografiado porque está “aún en shock”.