Contenido

6.5.18

Lucha anticorrupción en la región: muchas normas, poca transparencia

América latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su estricto cumplimiento

Paula Urién, La Nación, Argentina
Con información de medios del GDA*

La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:

Ella - Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?
Él - Sí. Pero es preferible tener una refinería, que nada.
Ella - Pero podríamos tener dos.
Él - No hay voluntad política.

Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos reales”, según sus autores, de “El Mecanismo”, la nueva serie de Netflix basada en el libro “Lava Jato: el juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”, del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del expresidente de Brasil Lula de Silva, hoy preso por corrupción.

Lejos de la ficción, la consultora norteamericana Global Financial Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de la corrupción, del crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero etc) que circula por América Latina. Ante la consulta, señala: “las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los 147.000 millones de dólares anuales, y las que ingresan a la región, a 257.000 millones de dólares”.

La corrupción no solo es materia de “peces gordos” sino que es transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del gobierno Federal de México, reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.

A nivel empresario, según el último informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés), en América Latina y el Caribe el 51% de los delitos de guante blanco son por corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una media de 100.000 dólares en “coimas” para lograr algo a cambio (mayormente de parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene en 2017 más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la pobreza extrema.

Observar el mapa que publica todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los diferentes países a través de la mirada de expertos locales, es ver el mundo a través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es el puntaje que define la mayor transparencia. América latina no es ajena a esta tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70 puntos respectivamente, los países que mejor califican. El resto está en la zona roja y los números lo prueban.

Esto sucede a pesar de que en materia de leyes contra la corrupción pública-privada, la región avanzó en los últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y hasta la quita de la persona jurídica de las empresas. Hay países que, si no tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hoc en los códigos. Esto sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la preveen y castigan con la disolución o cancelación de la persona jurídica.

En la Argentina, a principios de 2018 entró en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de hasta “2 a 5 veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, las multas llegan, para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de corrupción, hasta a 200.000 salarios mínimos, es decir, 54,27 millones de dólares. En Perú existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos.

Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al 20% de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del daño. También, un descuento del 1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa de integridad, y además las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia pueden ver reducidas sus penalidades.

En general se considera un atenuante tener un programa de integridad que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016, se tienen registradas 1603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la ley de contratación pública.

Un decorado anticorrupción

A pesar de las normas, “estamos mal”, dice, al referirse a la región, la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas. Hay figuras de delación premiada o de protección a los whisleblowers y a los denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes guardadas en los anaqueles y, a las oficinas correspondientes, sin presupuesto, sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un “decorado anticorrupción” y falta de implementación de las normas en muchos países”.

Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los expresidentes peruanos, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli y otros. En la Argentina, varios funcionarios muy cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo con el matrimonio Kirchner un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual conforman hoteles 5 estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.

La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún en curso tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con Petrobras y reveló esquemas de corrupción involucrando a los principales nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma 183 condenas contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de coimas por cerca de R$ 6400 millones (1.825 millones de dólares). El resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a R$ 38.100 millones (10.868 millones de dólares).

La investigación de los crímenes alcanzó dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La gran pregunta es: este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo?

Tres modelos poco sostenibles
La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. “En la región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante. En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”. Afirma que se dan de tres maneras distintas: 

1-Existe el modelo “campeones”, como el de Brasil: “el gran esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales.  Si se van, o se retiran, ¿habrá nuevos campeones?

2- El modelo “paraguas internacional”: en Honduras y en Guatemala “se ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un organismo (por ejemplo alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA), que colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos los países porque cada uno tiene sus normas”.

3- El modelo ¿me conviene?: En la Argentina y Perú, por ejemplo, “los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.

“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la justicia tenga las herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos países para investigar algo en el extranjero la justicia recurre a procedimientos del siglo 19, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al juez que dice me falta un dato…y vuelve a pasar por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando dinero a empresas offshore a la distancia de un click”.

Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley que crea un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No obstante, funciona de manera parcial porque no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y por ello los delitos relacionados con la materia no están vigentes.   En Venezuela, solo se tiene la ley contra la corrupción, que si bien tiene un amplio alcance, establece pocas normas dirigidas al sector privado, por ejemplo sobornos al sector público.

Las pérdidas, millonarias
En Brasil, la consultora Inter B, solo en base a las obras públicas de infraestructura –foco de la corrupción en el país-, estima que el costo directo de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre R$ 1,5 billones y R$ 3,2 billones, es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.

De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en México es de 9% del PBI, es decir, que de cada 100 pesos que genera la economía, 9 se destinan al pago de sobornos o “mordidas”. Por otro lado, la Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que 44% de las empresas en México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. A Perú le cuesta más de US$3600 millones al año según la Defensoría del Pueblo. Es decir US$10 millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se estima que en Colombia equivale aproximadamente al 5 por ciento del PBI, es decir unos 15.000 millones de dólares. Por eso, el gobierno promulgó en octubre de 2016 la Ley de Imprescriptibilidad para los Delitos de Corrupción contra la Administración Pública. 

Por otro lado, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en la Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en 2500 millones de dólares por año. Y sigue la lista.

“Este delito afecta a los negocios porque se incrementan los costos de operación, y se crea por contagio un ambiente de negocios degradado, donde el paradigma es que “los honestos no tienen lugar”, o que “para hacer esto, debes dar lo otro”, dice Carlos Rozen, director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. “Los recursos productivos son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen o se anulan”. Finalmente, hace un llamado a que existan condenas aleccionadoras que pongan en evidencia que el costo del delito “resulta de una vez por todas más alto que el beneficio que se obtiene”.

*El Grupo de Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).


Más informacion aquí:

O Globo BR:

El Mercurio CL:

El Universal MX:

El Nacional VE:

Los casos más resonantes de corrupción


Grupo de Diarios América (GDA)*

MEXICO

La casa blanca: en 2014 una investigación periodística reveló un presunto conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera de Peña, compró una casa por siete millones de dólares que fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y 22 contratos de obra pública.
El presidente ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una investigación y la dependencia, siete meses después, determinó que no había conflicto de interés porque el mandatario no participó en las contrataciones y la casa se adquirió antes de que fuera titular del Ejecutivo. No hubo sancionados, pero, debido a la polémica, Peña Nieto ofreció disculpas. 

Exgobernadores: desde 2012, se han abierto investigaciones contra 15 exgobernadores por desvío de recursos públicos e incluso vínculos con el crimen organizado. Los casos más resonantes son los de los exmandatarios pristas de Veracruz, Javier Duarte, detenido en abril de 2017 en Guatemala; Roberto Borge, de Quintana Roo, detenido en Panamá en junio pasado, y César Duarte, de Chihuahua, con órdenes de aprehensión a nivel federal y local. En este último caso el pasado 14 de marzo la Procuraduría General de la República informó que no ejercería acción penal contra el político chihuahuense. El ex gobernador Tomas Yarrington (PRI), investigado por lavado de dinero y presuntos nexos con el narcotráfico fue detenido en Italia y se encuentra en proceso de extradición.

Paso Exprés de Cuernavaca: el pasado 12 de julio de 2017, se abrió un socavón en la autopista “Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos”, que cobró la vida de dos personas que cayeron en él cuando circulaban en su auto. La SFP inició una investigación en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y determino que hubo “negligencia administrativa” porque no se atendieron los avisos de posibles fallas en la constricción de la obra. No hay responsables penales y la indagatoria sigue abierta, pero se sabe que la dependencia investiga a ocho servidores públicos que podrían ser acreedores a sanciones administrativas.   

BRASIL

Lava-Jato: (incluída en la nota principal)

Calicute: es una derivación de la Operación Lava-Jato en Río de Janeiro. La Calicute llevó a prisión, hasta el momento, al ex gobernador Sergio Cabral y seis de sus secretarios, a los dos últimos presidentes de la Legislatura, el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) e importantes empresarios del país. Las investigaciones involucran contratos del gobierno y hasta la compra de votos para la Olimpíadas de Río. En 1 año y 4 meses, fueron denunciadas 144 personas y 37 condenadas. El Ministerio Público Federal pide la reparación de los daños por un valor de R$ 2300 millones.

Mensalao: Principal escándalo del gobierno de Lula, el caso fue revelado en 2005 y juzgado por el Supremo Tribunal Federal en 2012, antes de la Ley Anticorrupción. El juicio duró cuatro meses. Según la denuncia presentada a la Corte, los parlamentarios recibieron coimas para votar de acuerdo con el interés del gobierno federal. El valor desviado llegó a R$ 101 millones de acuerdo con los investigadores. Integrantes de cinco partidos políticos estaban involucrados. Veinticuatro personas fueron condenadas, entre ellas, José Dirceu, el ex ministro de la Casa Civil (Jefe de Gabinete) de Lula.

EL SALVADOR

Desvío millonario de donativos del Gobierno de Taiwán: el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, fue procesado por haber desviado US$15 millones provenientes de la cooperación de Taiwán, los cuales estaban destinados a proyectos de beneficio a la población como mitigación de la pobreza y obras de reconstrucción en zonas afectadas por los terremotos de 2001. Flores falleció antes de enfrentar un juicio, por lo que en la actualidad únicamente se dirime si el Estado se puede quedar con parte de su patrimonio como compensación civil al desfalco.

Desfalco a la cuenta del Tesoro: El expresidente Antonio Saca es acusado de haber sacado $320 millones de dólares de la cuenta del tesoro nacional entre 2004 y 2009, cuando ejerció la presidencia. Según la investigación de la Fiscalía, el expresidente y sus colaboradores más cercanos desviaron ese dinero hacia 14 cuentas que favorecieron a las empresas del exfuncionario.  Desde las cuentas de Casa Presidencial se libraron cheques para hacerlos llegar a las agencias de publicidad, para que estas los pasaran a empresas de Grupo Samix, propiedad de la familia de Saca, u otras entidades similares, desde donde los fondos eran dirigidos hacia el patrimonio del expresidente. El exfuncionario está detenido a la espera de enfrentar la audiencia preliminar del caso.

Pagos adicionales a empresa constructora: El exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela (2004-2009) enfrentará un juicio por actos de corrupción. Según la Fiscalía General de la República (FGR), favoreció a la empresa CPK en la construcción de dos hospitales públicos. El funcionario avaló el pago de US$1.7 millones adicionales y concedió una prórroga a la empresa, pese a que el contrato era llave en mano e impedía ese tipo de concesiones.

CHILE

Mopgate: se trata de un caso de corrupción de 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos, que tuvo como actores a miembros del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la empresa de Gestión Administrativa y Territorial (GATE). El MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que nunca se concretaron, mientras que la empresa GATE recibió pagos injustificados por autopistas concesionadas y sus proyectos desde 1997. La sentencia definitiva salió en 2014 y condenó al ministro Carlos Cruz a 61 días de pena remitida por fraude al fisco. Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fue condenado a cinco años con libertad vigilada con una multa de US$777 millones y el dueño de GATE, Héctor Peña, obtuvo 61 días de presidio remitido y una multa de $777 millones.

Chiledeportes: En 2006, la Contraloría General de la República —al auditar a esta institución gubernamental— detectó graves irregularidades en 70 de 77 proyectos financiados por Chiledeportes con recursos por $417.114.788, lo que provocó una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento privado. Además, en enero de 2007, se reveló que 114 otros proyectos también tenían irregularidades y que fueron adjudicados en 2005, en época de campañas presidenciales y parlamentarias.

Penta-SQM: A fines de 2014 reventó un fraude tributario cometido por el grupo Penta, holding liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que dio aportes irregulares a campañas políticas a través de boletas “ideológicamente falsas” por servicios que nunca se hicieron. El caso Soquimich (SQM) se originó como una arista de Penta, donde la empresa minera también fue investigada por financiamiento irregular a una serie de políticos. A 2017, eran 27 los políticos que habían sido formalizados. A causa de estos dos casos, se legisló para cambiar el financiamiento de la política, por lo que las empresas ya no pueden aportar dinero a las campañas y disminuyó la cantidad de dinero que se puede aportar por persona.

PERÚ

Vladivideos: la noche del 14 de septiembre del 2000 se difunde en televisión el primer ‘vladivideo’, en el cual se observa al congresista Alberto Kouri recibiendo US$15 mil por parte de Vladimiro Montesinos, asesor del ex mandatario Alberto Fujimori, a cambio de pasarse a la bancada Perú 2000, grupo oficialista. Con ello se dio inicio al mayor escándalo de corrupción (debido a que no fue el único ‘vladivideo’) y por ende al fin del tercer periodo de gobierno de Fujimori, quien renunció dos meses después. A Kouri se le sentenció a seis años de cárcel por corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito, mientras que a Vladimiro Montesinos a ocho años.

Caso Orellana: el caso del abogado Rodolfo Orellana y su presunta red de corrupción, narcotráfico, tala y minería ilegal se inició en el 2014 y hoy, cuatro años más tarde, ya involucra a más de 400 personas. La fiscal a cargo del caso, Marita Barreto, ha calificado este caso como uno de los más complejos. Se trata de una organización criminal dedicada a, entre otras cosas, el tráfico de terrenos y el lavado de activos, actividad para la cual tenía apoyo de notarios, jueces, policías y hasta autoridades municipales y regionales. Por este caso, todavía no se inicia el juicio. Sin embargo, Orellana ya fue sentenciado por otras investigaciones.

Caso Petroaudios: Este escándalo se inició en el 2008, durante el gobierno del ex mandatario Alan García, y corresponde a un supuesto favoritismo a la empresa Discover Petroleum para la adjudicación de cuatro lotes de explotación por parte de PetroPerú. Los delitos fueron tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. Entre los principales involucrados se encuentran el ex ministro Rómulo León, el ex presidente de PetroPerú, César Gutiérrez, y el ex titular de PerúPetro, Daniel Saba. En febrero del 2016, el Tribunal de la Tercera Sala Penal Liquidadora falló por la absolución.

COLOMBIA

Reficar: Tiene capítulos penales, fiscales y disciplinarios abiertos. Sigue en curso. La modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, fue un proyecto en el que se estimó una inversión de 3.777 millones de dólares; sin embargo, por hechos de corrupción terminó costando 8.106 millones. De acuerdo con las autoridades, en la ejecución del contrato que se firmó en el 2010 con una empresa canadiense que posteriormente cedió el contrato a una firma estadounidense, hubo un sinnúmero de irregularidades que fueron adelantadas en conjunto por miembros de la junta directiva de la entidad y la empresa contratista.
De los siete procesados, dos están en detención domiciliaria y los demás continúan en libertad, pero siguen vinculados a la investigación. Un juez colombiano ordenó, sin embargo, que se detenga al ciudadano extranjero Masoud Deidehban. Dentro de los investigados hay otro extranjero.
El escándalo se destapó en el 2016 por cuenta de una auditoría realizada por la Contraloría General.

Carrusel de la Toga: escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Sigue pendiente de más decisiones. A mediados del 2017 se conoció a través de la interceptación de comunicaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus y el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que en la Corte Suprema de Justicia había una red de venta de beneficios judiciales en la que habrían comprado servicios más de una decena de personas con fueros, principalmente congresistas. El sistema consistía en que el abogado Moreno (antes de ser fiscal) lograba a través de sus contactos en la Corte que se frenaran órdenes de captura en contra de personas procesadas, entre esos el senador, hoy detenido, Musa Besaile , a cambio de sumas millonarias. Entre los investigados se encuentran tres exmagistrados del alto tribunal y un magistrado actual. Hay cuatro personas detenidas.

ARGENTINA

Siemens: un caso que en la Argentina cumplió en 2017 los 20 años sin que hay responsables locales procesados por parte del gobierno. En 1997 comenzaron los sobornos para ganar la licitación para imprimir nuevos documentos de identidad.  Para ello se utilizaron empresas fantasma.
No fue el único país que se vio implicado en los escándalos de los sobornos. En 2008, un informe interno de la empresa encontró sobornos a funcionarios públicos por 2.000 millones de dólares en más de 300 contratos en 9 países.  Al cotizar en la bolsa de los Estados Unidos, firma un acuerdo con el Departamento de Justicia, y debe pagar una multa de US$ 800 millones.
En 2009 Siemens reconoce que pagó sobornos en la Argentina por US$ 106 millones para ganar la licitación y para comprar silencios. En 2013 la Justicia de la Argentina procesa a 17 funcionarios de Siemens, Itron e intermediarios por cohecho activo y tráfico de influencias. No hay funcionarios públicos procesados.

Caso Ciccone: Boudou está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona, la ex imprenta Ciccone Calcográfica para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele. La imprenta, que pertenecía a la familia Ciccone, entró en quiebra en julio de 2010 a partir de un pedido de la AFIP. Pero, al poco tiempo, The Old Fund adquirió el 70% de las acciones de la empresa y levantó la quiebra.
The Old Fund había sido creada en 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional, por el que cobró $7,6 millones en su primera factura emitida. Boudou participó de esa negociación como ministro de Economía, según las constancias judiciales. Habría tenido injerencia, además, en negociaciones de Ciccone con la AFIP para lograr un plan de pagos ilegal.

La ruta del dinero K: El video de la financiera La Rosadita, que mostraba al hijo de Lázaro Báez y colaboradores del empresario kirchnerista contando dólares sobre una mesa de un departamento de Puerto Madero y la noche de José López en el convento de General Rodríguez, donde se lo pudo ver ingresando bolsos repletos de dinero al monasterio, fueron hitos de esta causa que mantiene en alerta a la opinión pública.
En abril de 2013, el programa Periodismo para todos (PPT) reveló una investigación periodística que incluyó el testimonio de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, admitiendo ambos su participación y el rol del empresario patagónico Lázaro Báez como testaferro de la familia Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Báez para la realización de obra pública. Así el 15 de abril de 2013, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Lázaro Báez.

*El Grupo de Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).

Odebrecht, la historia de sobornos que salpicó a América Latina



Salió a la luz en 2015 y, tras la confesión de la empresa ante la Justicia de los Estados Unidos, transita el camino de las multas y penalidades; hoy lucha por seguir operando

Grupo de Diarios América (GDA)*

Un documento del departamento de justicia de los Estados Unidos confirma que Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones de dólares en sobornos asociados a mas de 100 proyectos en 12 países: la Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel internacional, pero sobre todo regional por la magnitud de las cifras.
Consultada la empresa, ésta responde que “Odebrecht está colaborando con la Justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya ha reconocido sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas”.
Pero no es tan sencillo. “El caso de Odebrecht ha probado que había un esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha de aceite en todo el continente y en dos países de Africa. Lo que se ha demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para investigar, que hay poca armonización de la legislación entre los países. Si esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucha mas veloz”, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. 
Otro tema polémico relacionado con el caso es que no hay acuerdo y sí mucha discusión sobre si la empresa puede o no seguir operando. El modelo de los Estados Unidos y también de Panamá son prágmáticos: se paga una multa y se sigue adelante, priorizando el empleo. Pero “no existe un único modelo en la región”, dice Ferreira Rubio. “En otros países no es admisible. Pero esto depende de la legislación”.

Multas, penalidades, demoras

Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se produjeron allí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice su sistema financiero para delinquir. Por eso la constructora brasileña también debió pagar multas a los Estados Unidos y a Suiza, por donde también pasó el dinero, además de a los países donde efectivamente se produjeron los sobornos.  
Mas allá de estas multas el caso tiene distintos avances o desenlaces, según lo estipulan las autoridades locales.

Brasil: Odebrecht recién se convirtió en blanco de la Operación Lava-Jato en 2015, un año después del inicio de las investigaciones. El día 19 de junio de aquel año la Policía Federal prendió al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. Fue una de las principales acciones de la fase 14 de la operación, con base en declaraciones de delatores beneficiados por la colaboración premiada.
En una de ellas, el ex director de Petrobras, Paul Roberto Costa, relató haber recibido de la compañía US$ 23 millones en una cuenta en Suiza. La principal acusación es que la empresa había participado del cartel de contratistas para ser beneficiada en obras públicas. El avance de las investigaciones –incluso con la delación de 77 ejecutivos del grupo- reveló que la empresa tenía hasta un sector responsable de organizar el pago de coimas, llamado Departamento de Operaciones Estructuradas. El sector movió US$ 3400 millones entre 2006 y 2014 para abastecer la caja de las campañas electorales en Brasil y pagar coimas en el país y en el exterior, según declaraciones de ejecutivos.
Hoy las investigaciones relacionadas al esquema que involucra a la empresa continúan. Marcelo Odebrecht está en prisión domiciliaria desde diciembre. De regreso a su casa, el ejecutivo tuvo acceso a su notebook, y entregó a la fuerza de tareas correos con más detalles sobre los crímenes. Parte de los mensajes tratan, por ejemplo, de la relación entre la empresa e integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula.

México: en octubre de 2017 el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta al momento no se ha ejercido acción penal contra ningún funcionario de Pemex, entre a quienes se menciona a su ex director Emilio Lozoya, quien presuntamente habría recibido 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública. Se investiga si esos recursos fueron a dar a las campañas políticas, pero el Fiscal que llevaba el caso, Santiago Nieto, fue cesado, supuestamente por revelar información confidencial.
La SFP ha impuesto multas por 134 mil dólares y 6.3 millones de dólares) a un servidor público de Pemex y ha inhabilitado a Odebrecht por 10 años. Sin embargo, un juez otorgó un amparo, por lo que los procesos administrativos están detenidos. 
Odebrecht contestó que: “Son totalmente infundadas e improcedentes las sanciones administrativas anunciadas por la SFP, además de violar derechos fundamentales, debido proceso y tergiversar los hechos materia de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial. Odebrecht México rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP, e impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones, confiando que las autoridades judiciales competentes realizarán una revisión objetiva e imparcial de las mismas, pues la empresa desconoce los hechos materia de tales injustas y desproporcionadas sanciones”.

Colombia: aunque el escándalo comenzó dando cuenta del pago de sobornos por valor de 11 millones de dólares a funcionarios públicos para obtener dos megaobras, la fiscalía dice que ya se han encontrado pruebas de que las coimas alcanzaron los 30 millones de dólares en cuatro contratos. El proceso empezó en diciembre del 2016 y ya han sido condenadas cuatro personas, entre ellos un ex viceministro de Transporte y un senador activo. Los contratos que tenía la empresa actualmente fueron tomados por el gobierno y las cuentas de Odebrecht embargadas.

Perú: la empresa admitió sobornos por US$29 millones a cambio de obras. Aunque, hasta la fecha, se han identificado pagos por más de US$45 millones a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios, entre 2006 y 2015. Ya suman más de 27 personas con medidas restrictivas (prisión preventiva, arresto domiciliario e impedimento de salida del país), entre los cuales se encuentra el expresidente prófugo Alejandro Toledo y también Ollanta Humala, quien afronta prisión preventiva. También hay una ex alcaldesa de Lima,Susana Villarán, entre otros. 
Las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, también han involucrado a la campaña electoral (2011) del ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski. Por el momento no se cuenta con una sentencia efectiva.

Venezuela:  la amistad entre Hugo Chávez y Lula potenció los intercambios comerciales entre Venezuela y Brasil. Ambos mandatarios se reunieron al menos 55 veces entre 1998 y 2013.De 2003 a 2016 se acordaron 37 contratos entre ambos gobiernos, 27 para Odebrecht. Entre 2012 y 2013 cuatro empresas brasileñas iniciaron 16 proyectos, de los cuales 12 estuvieron a cargo de Odebrecht.
Entre el 13 y el 17 de febrero de 2017 se tomaron las únicas medidas que adelantó el Ministerio Público de Venezuela para investigar a Odebrecht: allanaron la sede de la empresa, congelaron las cuentas de la empresa y le prohibieron gravar y enajenar bienes y la fiscal Luisa Ortega Díaz viajó a Brasil para compartir información con la Fiscalía. Ortega Díaz pidió el 3 de abril de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por este caso. Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales.

Argentina: la empresa ofreció hace un año colaborar con la Argentina y revelar los nombres de los funcionarios que cobraron las coimas, pero, a cambio, pide que los delatores (ya juzgados en Brasil) no puedan volver a ser condenados por el mismo crimen. La Argentina no aceptó, Es en este sentido que los especialistas sugieren que los países de la región ajusten sus legislaciones para que se aceleren los tiempos y pueda haber una colaboración eficaz.
Un año después, hace pocos días el juez Federal, Marcelo Martínez De Giorgi, llamó a indagatoria a 49 personas: exfuncionarios públicos, entre ellos Julio De Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exministro de Transporte y José López, exsecretario de Obras Publicas. También a representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de IECSA, primo del presidente Mauricio Macri. e intermediarios como el “Corcho” Rodríguez. 

El caso Odebrecht salió a la luz por el Lava Jato, en Brasil. Pero ¿es la única que operaba a través de ilícitos?  Fuentes cercanas a la constructora afirman que no. Falta escribirse entonces los nuevos capítulos de esta trama.

*El Grupo de Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).

5.4.18

Editorial: Un hecho condenable


Grupo de Diarios América (GDA)*

El secuestro de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador a manos de una supuesta disidencia del exgrupo guerrillero de las Farc, que se sometió recientemente a un proceso de paz con el gobierno colombiano, ha merecido el más enérgico rechazo por parte de la sociedad en su conjunto. A esa voz de condena se suma hoy la del Grupo de Diarios de América (GDA) que reúne a 11 diarios líderes de América Latina –del cual también hicieron parte nuestros colegas de El Comercio– y que en todo momento han abogado por un ejercicio periodístico exento de presiones y de amenazas contra la libre expresión y la libertad de prensa.

El periodista Javier Ortega Reyes, el camarógrafo Paúl Rivas Bravo y el conductor Efraín Segura Abril se encontraban el pasado 26 de marzo en la población de Mataje, provincia de Esmeraldas, zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, desarrollando labores de investigación relacionadas con el deterioro del orden público en la zona cuando fueron abruptamente retenidos por hombres armados. A partir de entonces, su desaparición se convirtió en un tema de relevancia local y regional que no puede pasar inadvertido. Ni los periodistas plagiados ni ninguna otra persona, no importa su condición social, pueden ser objeto de tal vejamen.

El periodismo es un ejercicio que aboga por las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos, la defensa del bienestar común y la democracia. Su misión histórica ha sido y seguirá siendo la de proveer información veraz y oportuna. Por lo mismo, no se puede servir de él como sujeto de intermediación para la reivindicación de causas de ninguna especie que, de antemano, vienen cobijadas con el manto trágico e inhumano de la privación de la libertad.

El GDA exige de los captores, cualquiera que sea su origen, el respeto a la vida e integridad de los periodistas y colaboradores de El Comercio –quienes ya completan 11 días en su poder– al tiempo que reclama de las autoridades respectivas no cesar en el empeño de alcanzar su pronta liberación, sanos y salvos.

Tal y como ya lo expresó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y varias organizaciones de periodistas de ambas naciones, aquí se ha secuestrado a la prensa y se ha negado a la ciudadanía el derecho esencial de estar debidamente informado.

Valga la pena este lamentable episodio para recordar que los ataques contra medios y periodistas en América Latina no cesan. Amenazas, asesinatos, intimidaciones e intentos por acallarla de todas las formas posibles siguen siendo la constante en países como México, Venezuela, Colombia, El Salvador, entre otros. Quienes abogan por sociedades libres e incluyentes y se apoyan para ello en una institucionalidad lejos de toda sospecha, han de ver en la prensa, más que un enemigo, un fiscalizador válido de sus acciones y un representante leal de las audiencias a las que se debe. En consecuencia, resulta imperativo que allí donde la amenaza es más que evidente se adopten protocolos de seguridad que eviten que más comunicadores y colaboradores de medios periodísticos se conviertan en las nuevas víctimas de la sinrazón del secuestro.

*El Grupo de Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).

21.1.18

Especial GDA: Crímenes contra LGBT, una realidad invisible

En diez países de América aumentan los crímenes contra LGBT. 
EL TIEMPO y GDA lo investigaron.


Por: Unidad de Datos EL TIEMPO, GDA y colaboradores

En la última década, los crímenes contra miembros de esta población aumentaron en 10 países de América Latina. En Brasil hubo 958 crímenes en 3 años y en Colombia 142 fueron masacrados en medio del conflicto armado.

Cada 19 horas una persona LGBT es asesinado o se suicida víctima de LGBTfobia, lo que hace de Brasil el país número uno en el mundo en ese tipo de crimen. Los datos son de la ONG Grupo Gay de Bahía, que informó que en el año 2017 allí se registraron 445 casos. La situación es dramática en este país, pero en el resto de América Latina también.

Contra viento y marea, las organizaciones civiles y la prensa llevan las cifras sobre los crímenes contra lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Sin embargo, existe un subregistro producto del miedo que trae consigo denunciar la identidad sexual y la impunidad de la justicia para investigar y darle rostro a un tema que duele.

En palabras del director del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, hace diez años en Colombia no se analizaban tan fielmente los crímenes contra la población LGBT, pues eran considerados homicidios simples o agravados, de acuerdo con las circunstancias. “No hacíamos un registro juicioso. Y no hacíamos diferenciación por género”, reconoce Valdés, pero “el Instituto ha entrado en una modalidad de estudio diferencial y hemos detectado asuntos muy dolorosos”.

Otras voces, como la de la Defensoría LGBT de Argentina, dan cuenta del ocultamiento de la orientación sexual de los fallecidos. Razón por la cual identificar los crímenes de odio en los países es difícil. Una forma es detectarlos por el nivel de sevicia que emplea el asesino: violar, apedrear, empalar, descuartizar o acuchillar múltiples veces a la víctima.

Lo anterior sin contar con que hay muchos suicidios que resultan del matoneo y la estigmatización. A juicio de las autoridades forenses, tanto en Colombia como en Argentina, los crímenes contra los LGBT son una realidad que camina invisible en nuestras sociedades.


Visualización de Datos: Esteban Ponce de León, ElTiempo/GDA




En Brasil, 39 personas con identidad sexual diversa se suicidaron en tres años; 286 fueron asesinadas con arma de fuego y 275, con arma blanca; 97 fueron asfixiadas; 28, apedreadas; 10, carbonizadas y 3, envenenadas.

No se trata solo de frías estadísticas, sino de historias que, de vez en cuando, alcanzan a conmover en cada país. 

En Rosario, Argentina, asesinaron a Mónica Ortiz con siete puñaladas. La mujer trans, de 53 años, fue hallada muerta dentro de su casa, en junio del 2016. Su cuerpo estaba atado a la cama y calcinado.

En México, la organización Letra S logró sacar de la cárcel a un hombre gay injustamente señalado de asesinar a su pareja. Tras el proceso judicial se logró comprobar que fiscales y jueces comparten prejuicios contra la comunidad gay que determinaron el fallo, lo cual se constituye en una clara discriminación.

142 asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT en Colombia ocurrieron en el marco del conflicto armado y como consecuencia de los prejuicios de los violentos.

En las confesiones de Justicia y Paz, un mecanismo judicial para la reincorporación de los paramilitares colombianos –escuadrones de extrema derecha–, sus miembros confesaban con la mayor serenidad los peores delitos –torturas, desapariciones forzadas–, pero eso sí se molestaban cuando algunos de sus comandantes se referían a ellos como “maricas”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador informa que los niveles de crueldad ejercidos por los agresores son desproporcionados: atan, degüellan, lastiman con alambre de púa o cercenan los genitales de las víctimas.

Estos actos envían mensajes a toda la comunidad LGBT del país. En La Paz, un departamento de El Salvador, asesinaron a dos mujeres trans, de 22 y 29 años, y luego desaparecieron y asesinaron a otra más que había ido al sepelio de sus compañeras. Este hecho fue suficiente para que otras 6 mujeres trans huyeran hacia Estados Unidos.

A Kiara, una mujer trans de 25 años, la encontraron sin vida en un parque de Uruguay la madrugada del 24 de septiembre del 2012. Estaba bocabajo, con un balazo en la cabeza y parte de su cuerpo incinerado, como si alguien se hubiese empecinado en borrar su identidad. El anillo policial hallado en uno de sus dedos ha hecho pensar a los investigadores en que el homicida fue un asesino serial vinculado a dicha institución. Sin embargo, nada ha podido ser comprobado.

En Honduras, la edad promedio de las víctimas de crímenes de odio por diversidad sexual es de 34 años, y aunque la totalidad de los casos reportados por una ONG tienen una respuesta de la justicia, no hay información disponible sobre cómo se cometieron los crímenes.

En Venezuela, los datos no se acercan aún a la realidad; sin embargo, se sabe que 13 personas fueron impactadas con balas y 10, golpeadas con martillos y piedras por no ser heterosexuales.

En el Perú no existe un registro oficial de ataques y crímenes de odio sufridos por miembros de la comunidad LGBT, pero hay casos imborrables como el de Alfredo Alfaro Caballero, de 51 años. Era gay y prefería que lo llamaran Dennis. Trabajaba en un salón de belleza, en la ciudad de Huancayo (sierra central). El 22 de enero del 2016 fue asesinado en su local. Lo hallaron amordazado y atado de pies y manos con señas de haber sido asfixiado.

En Puerto Rico hay ley para procesar los crímenes de odio, pero solo se ha producido una sentencia, 14 años después de que las Reglas de Procedimiento Criminal incluyeran el prejuicio como una circunstancia agravante a la comisión de un delito y 11 años después de que ese agravante se estableciera en el Código Penal de Puerto Rico.

Los miembros de los colectivos que defienden los derechos de las personas LGBT en América Latina reclaman el respeto por la diversidad en un territorio desigual en donde no los pueden seguir lastimando.

Las organizaciones civiles de los diferentes países tienen registros de este pasado y presente dolorosos. Ahora coinciden en pedir políticas públicas para que el futuro sea más esperanzador.

*Este texto hace parte del reportaje 'A nadie le importó', elaborado por la Unidad de Datos de EL TIEMPO en alianza con reporteros del Grupo de Diarios América (GDA).


Publicaciones en los sitios del GDA:

El Tiempo de Colombia: (Especial completo)
'A nadie le importó': Crímenes de odio en Colombia y Latinoamérica contra personas de la población LGBT.

La Nación de Argentina:
Radiografía de los crímenes de odio en América latina

Crímenes de odio en la Argentina: falta un cambio cultural para convertir las leyes en igualdad social

La Prensa Gráfica de El Salvador:
A nadie le importó
http://7s.laprensagrafica.com/nadie-le-importo/ 

Cuando no se existe en vida ni en muerte
http://7s.laprensagrafica.com/cuando-no-se-existe-vida-muerte/

El País de Uruguay:
América Latina: cruel con los LGBT