Encabezado

noviembre 04, 2018

Especial GDA: La región sin remedio

Compatibilizar la promesa constitucional de salvaguardar la vida con el cuidado de las finanzas es un desafío que atraviesa el mundo y en especial esta región, donde la judicialización es una práctica instalada. ¿Cómo enfrentan otros países este problema? ¿Tiene solución?


PAULA BARQUET / CARLOS TAPIA
EL PAÍS - GDA*
Domingo, 04 Noviembre 2018




Foto: Archivo El País
El País/Uruguay/GDA

Es un problema mundial, pero golpea especialmente a esta región del globo: el acceso a los medicamentos caros, la sustentabilidad de los sistemas para lograrlo y la vía judicial como herramienta que muchas veces termina favoreciendo a los pacientes, pero poniendo en aprietos a los Estados.

Desde el punto de vista económico es un fenómeno particular. Sucede que quien paga el medicamento no es quien decide su prescripción (el médico) ni quien lo consume (el paciente). La demanda es inelástica, porque la gente no decide enfermarse, y cuando se enferma suele estar dispuesta a endeudarse y pagar lo que sea por el medicamento que le prometa más o mejor vida. A su vez, la investigación en torno a los medicamentos no está en manos de los Estados sino de la industria, y las patentes son la forma que tienen los laboratorios de recuperar el costo de sus investigaciones. Sin embargo, esto habilita los monopolios u oligopolios de medicamentos, y la consecuencia es el cierre del círculo: precios inaccesibles.

Así lo expuso recientemente Tomas Pipo Briant, asesor en medicamentos, tecnologías de la salud e investigación en OPS, durante un congreso regional organizado por el Banco Mundial y que tuvo lugar en Montevideo a principios de septiembre. ¿Cuánto cuesta desarrollar una molécula?, se preguntó Pipo Briant en esa instancia. Y si bien distintos estudios han intentado responderlo, los resultados revelan que no lo sabemos a ciencia cierta: las estimaciones van desde US$ 100 millones hasta US$ 4.200 millones. 

¿Y qué tan redituable termina siendo para los laboratorios? Los datos demuestran que en cualquiera de esos dos escenarios, la ganancia supera la inversión, y con creces. Algunos ejemplos: en 17 años, la empresa que creó el Rituximab se hizo de US$ 110.000 millones de dólares; la que generó el Trastuzumab ganó US$ 88.000 millones en el mismo lapso; y la que desarrolló el Imatinib, US$ 63.000 millones en 15 años. De ahí que en el sector se esté queriendo acuñar el término "medicamentos de alto precio", en vez de "de alto costo".

Así, ningún país del mundo ha logrado brindar todo a todos. En el mismo congreso, Juliana Vallini, representante del Fondo Estratégico para Suministros de Salud Pública, también de la OPS, consideró que "garantizar un acceso equitativo a los medicamentos" con limitaciones presupuestarias ha sido más difícil en América Latina. ¿Por qué? Puede haber distintas explicaciones —una de ellas, sostuvo, es la falta de agencias independientes de evaluación de fármacos, como hay en Europa. Pero más allá de las causas, 

Vallini puso el foco en posibles soluciones. Primero, apostar a "evidencias de calidad", y para ello pidió que los países se apoyen en las guías que emite la OMS. Aunque eso no es garantía, porque a menudo sucede que un país quiere un medicamento y la industria no está interesada en brindárselo a un país con poca demanda; o porque en otros casos el Estado dice "no quiero comprar tal medicamento porque no cierra la ecuación costo-beneficio", y termina comprándolo igual por mandato judicial.

Vallini contó casos exitosos de compra conjunta a través del fondo de adquisición de medicamentos de OPS. Con el Darunavir, por ejemplo, Sudamérica consiguió el precio de venta más bajo de la historia de este fármaco. Las compras centralizadas como región, en las que cada país pone sobre la mesa sus volúmenes de demanda, han dado buenos resultados. En países como Brasil y Colombia se ha incursionado en políticas de regulación de los precios. 

En Argentina, la compra conjunta entre varios organismos logró bajar un 80% el precio que imponía la industria para el Factor VIII que se usa para el tratamiento de la hemofilia tipo A. Uruguay, en tanto, logró un acuerdo de riesgo compartido con el laboratorio que produce Trastuzumab, por el cual el Estado paga una cuota fija por mes si el número de pacientes nuevos se mantiene en un rango, sin importar en qué fase del cáncer se encuentren. En este caso rige una cláusula de confidencialidad —el país está impedido de divulgar el precio final— y el laboratorio asume el riesgo de financiar el medicamento aun en casos de bajo costo-efectividad.

Otro camino que la región y el mundo están transitando es la incorporación de biosimilares, es decir, copias de los biológicos originales. Esto conlleva ciertos riesgos y si bien se espera que en un futuro implique una reducción de los precios, la diferencia aún no es considerada suficiente (ver recuadro)

En lo que todos están de acuerdo —médicos, abogados, pacientes, autoridades— es en la perversión del sistema tal como viene funcionando, y en la inconveniencia de la judicialización. Sin embargo, la obtención de un medicamento por decisión de un juez sigue siendo una realidad en la mayoría de los países de la región, y en varios viene en aumento.


En la Justicia

Un trabajo conjunto de 11 medios de América Latina permite concluir que al menos en ocho naciones la judicialización de los medicamentos está instalada. Brasil es, de acuerdo a la información recabada, el país que ocupa el primer lugar en este podio. Los últimos datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), correspondientes a 2016, dan cuenta de al menos 312.147 acciones pidiendo financiamiento de medicamentos, la mayoría de alto costo. El número total puede ser mayor, porque la clasificación no es bien vista por los tribunales, lo que impide un cálculo preciso. Asimismo, no hay información sobre el número de juicios favorables al paciente.

En Brasil, donde hay 19.000 magistrados, preocupa la eventual falta de contrapunto técnico científico para tomar decisiones correctas. Por eso el CNJ implementó en noviembre de 2017 una plataforma de asesoramiento para que los jueces puedan salir de dudas respecto a los efectos y la conveniencia de los medicamentos que se reclaman.

En Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, tramitar un recurso de amparo para acceder a un medicamento o un tratamiento no incluido en la cobertura es algo habitual. Colombia y Costa Rica cuentan con una herramienta por la cual no es necesario tener un abogado para demandar al Estado. En Colombia, donde viven casi 50 millones de personas, el mecanismo de tutela favorece cada año a unos 20.000 ciudadanos que reclaman medicamentos de alto costo. En Costa Rica, en tanto, con una población de poco más de 4 millones de habitantes, los recursos de amparo por este tipo de remedios se duplicaron en los últimos ocho años; en 2017 fueron 317 y el 59% se resolvió de modo favorable a los pacientes.

La judicialización también existe en Argentina, pero al ser varios los organismos que entregan medicamentos resulta muy difícil cuantificarla. Esa fragmentación de la cobertura y la financiación diferencial de determinadas patologías llevó a que se multiplicaran las posibilidades de entablar juicios, principalmente mediante recursos de amparo. En Argentina sí se requiere de un abogado y el costo corre por parte del demandante, aunque hay asociaciones de pacientes e incluso laboratorios que colaboran. 

De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Salud de la Nación, se registran en los archivos de los últimos años 26 reclamos judiciales de acceso a medicamentos de alto costo, de los cuales 21 se iniciaron en 2017 y cinco en lo que va de 2018. El pago por obligaciones judiciales liquidadas en 2018 es de unos US$ 1.295.867. De todas formas, la información global de la judicialización allí no es de acceso público.

En Uruguay, si bien se hacen juicios particulares, la bandera de los recursos de amparo por medicamentos y tratamientos caros la lleva, sobre todo, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que brinda asesoramiento gratuito a las personas de menos recursos. Los datos del consultorio dan cuenta de un crecimiento sostenido de las demandas en los últimos nueve años, y en 2018 ya se batió el récord con 185 juicios realizados al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos, organismo encargado de brindar estos medicamentos. De las demandas presentadas desde el consultorio ese año, el 98% fueron favorables a los pacientes.

Hay países en los que llegar al juzgado por salud es posible, pero no es tan habitual. México, Perú y Puerto Rico no tienen instalada está práctica, lo cual no significa que tengan resuelto el acceso a los medicamentos.

En Venezuela y en Cuba, en tanto, todos los tratamientos están cubiertos en la teoría, aunque en la práctica se esté lejos de lograrlo. Venezuela atraviesa un severo desabastecimiento de medicamentos desde 2016, pero nunca un reclamo llegó a la Justicia local (las ONG que defienden el derecho a la salud han recurrido, sí, a organismos internacionales). En Cuba, si bien se producen muchos medicamentos, el embargo económico ha provocado la falta de otros que solo se consiguen de afuera, y en consecuencia ha proliferado el mercado negro. Apelar a la Justicia allí no es una opción real.

Hay un país donde la judicialización ha sido vencida. Es Chile, donde en los últimos cinco años tan solo 170 personas demandaron un tratamiento, y de esos menos del 5% se resolvió a favor del demandante. Estas cifras, que son fruto de la ley conocida como Ricarte Soto y aprobada en 2015, enorgullecen a los chilenos y provocan admiración en la región.

En el Estado

"La mayoría de las personas no se están muriendo a causa de enfermedades incurables; se están muriendo porque, en ciertas sociedades, aún no se ha decidido que vale la pena salvarles la vida". La frase pertenece al médico egipcio Mahmoud Fathalla, que fue premiado por Naciones Unidas en 2009. ¿Qué tanto refleja lo que sucede en América Latina? Todas las constituciones latinoamericanas consagran de alguna forma el derecho a la vida y a la salud. Pero a la hora de resguardar ese derecho, los caminos elegidos han sido disímiles.

En el libro Respuestas a las enfermedades catastróficas, publicado en 2015 por el instituto argentino Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una organización independiente), se aborda el problema de la financiación de los medicamentos caros en la región en general y en Argentina en particular. De allí se desprende que la mayoría de los países latinoamericanos generaron, en la última década, un programa o un fondo para evitar que las enfermedades de alto costo determinaran la ruina de los sistemas de salud. En muchos casos se rigen por normas más ágiles y tienen cierta autonomía, pero siempre funcionan bajo el mando de la autoridad sanitaria máxima, lo cual los mantiene ligados a los gobiernos.

A grandes rasgos, hay países que prevén un sistema gratuito y universal (Cuba, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, Chile), otros que exigen copagos en función de los ingresos (Puerto Rico) y otros que solo financian medicamentos de alto costo a los ciudadanos que se atienden en el sector público (México, Argentina).

De acuerdo a las cifras aportadas por los distintos medios que colaboraron con este informe, los países de la región prevén en promedio 0,5% de su PIB en medicamentos y tratamientos caros. Pero eso no incluye lo que luego terminan gastando por orden judicial. En Brasil, por ejemplo, el monto presupuestado en 2017 fue de unos US$ 1.879 millones, mientras que lo que se gastó en juicios fue US$ 319 millones. En Uruguay, lo presupuestado ese año fue US$ 260 millones, pero el Estado debió desembolsar más de US$ 4,8 millones por la vía judicial. En proporción, la judicialización en Brasil representa el 14,5% del total de lo que se gasta, y en Uruguay es el 1,8% —aunque ya se prevé que este año será más del doble.

La mayoría de los países resuelven su cobertura de medicamentos de alto costo en base a una lista taxativa de enfermedades o de medicamentos indicados para algunos estadios de ciertas patologías. Esto explica la proliferación de reclamos administrativos y judiciales de pacientes cuyos médicos les indican un tratamiento que el Estado no contempla entre sus prestaciones obligatorias. Muchas veces, la discusión en los juzgados se centra en si los medicamentos reclamados tienen suficiente evidencia científica o no, y en si su financiación es válida en términos de costo-efectividad.

Cuando la decisión judicial es proteger la vida del paciente más allá de estas consideraciones, los ministerios y organismos oficiales apuntan contra el Poder Judicial por inmiscuirse en asuntos técnicos y amenazar así la sustentabilidad de sus sistemas. Los operadores judiciales, en tanto, suelen responder que su tarea no es cuidar las finanzas de los Estados, sino salvaguardar derechos de las personas.

Chile ha logrado zafar de este conflicto porque "el Poder Judicial tiene bastante consciencia en general de que el rol de la distribución de los recursos corresponde al Ejecutivo", dice Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud de ese país. ¿Cómo lo hizo? Según Burrows, una de las claves es la transparencia en los procesos de decisión: el ministerio es capaz de explicar los motivos de la inclusión o exclusión de cada medicamento en la cobertura. Otra de las razones es la participación de los pacientes en esas decisiones, algo que en otros países aún es un debe.

En el primer mundo, donde el gasto en medicamentos es mayor que en la región, el partido se juega hoy en poner freno al lucro de la industria. Sin soluciones sencillas, pero con algunas ideas de por dónde se debería transitar, la región tiene por delante este desafío de alta complejidad.

Biosimilares seducen como forma de abaratar
Los medicamentos más caros son los biológicos. Se diferencian de los sintéticos (como la Aspirina), porque se los desarrolla a partir de seres vivos.

La unidad de medida que se utiliza para saber el peso molecular de los medicamentos es el dalton. Un remedio de síntesis no suele tener más de 1.000; un biosimilar pequeño —como la insulina— tiene 6.000. De los remedios más pequeños se puede saber todo: la cantidad de átomos y la conformación exacta de la molécula, por ejemplo. Pero de los más grandes, los biológicos, no se puede saber tanto. Esto es lo que lleva a que las copias sean similares —biosimilares— y no idénticas.

Con las copias no se hacen tantos ensayos clínicos como con los originales, pues el costo del proceso sería carísimo y el precio terminaría siendo parecido al del original. Por eso, muchos efectos adversos se descubren recién cuando los remedios son probados por los pacientes.

En varios países de la región se empezaron a aprobar medicamentos biosimilares. Uruguay habilitó este año una copia de Rituximab. Este fármaco es entregado por el Estado pero no para todas las patologías para las que los médicos suelen indicarlo. De hecho, el Ministerio de Salud recibió el año pasado 25 juicios por Rituximab, siendo así el segundo fármaco más reclamado. Argentina también tiene aprobada la venta del Rituximab biosimilar, y de un Bevacizumab. Perú, en tanto, aprobó el Infiximab.

En Brasil aún no hay biosimilares, pero se estudia la incorporación y producción de estos medicamentos. Colombia está en la misma situación.

El Rituximab aprobado en Uruguay, que es del laboratorio argentino Elea, fue retirado del mercado en República Dominicana por falta de pruebas. Algunos expertos, como el farmacólogo mexicano Gilberto Castañera, han denunciado que el Rituximab argentino es un "biomimic", como se le llama a las copias mal hechas de biosimilares.
*Participaron de este informe del Grupo de Diarios América (GDA): La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).
Más información:

El País UY:

La Nación CR:

La Prensa Gráfica SV:
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Region-sin-remedio-20181110-0068.html

El Nacional VE:
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/region-sin-remedio_260102 

octubre 11, 2018

El GDA premia a lo mejor del periodismo de América Latina

En la foto, Ricardo Brom, de La Nación de Argentina; Armando Mayorga, de La Nación de Costa Rica; Chico Amaral y Ana Lucía Azevedo, de O Globo de Brasil, así como María Arce, de GFR Media de Puerto Rico. (Suministrada) (horizontal-x3)
En la foto, (de izq. a der.) Ricardo Brom, de La Nación de Argentina; Armando Mayorga, de La Nación de Costa Rica; Chico Amaral y Ana Lucía Azevedo, de O Globo de Brasil, así como María Arce, de GFR Media de Puerto Rico. (Juan Soto/GFR Media/GDA)

Juan Soto Meléndez / Especial para El Nuevo Día - GDA

Brickell, Miami - El Grupo de Diarios América (GDA) celebró en la noche del miércoles la séptima edición de los Premios de Periodismo GDA 2018, un reconocimiento al trabajo desarrollado en las redacciones de medios líderes de once países que componen este consorcio fundado en 1991. 

En esta ocasión fueron premiadas cuatro categorías de contenidos publicados durante el 2017: ‘Reportaje noticioso de investigación’, ‘Nuevos formatos de vídeos’, ‘Propuesta editorial innovadora’ y ‘Ciencia y salud’. El diario O Globo de Brasil ganó dos categorías mientras que La Nación de Costa Rica y La Nación de Argentina triunfaron en otras dos. Pero también recibieron menciones honoríficas el periódico El Nacional de Venezuela y al grupo editorial GFR Media de Puerto Rico, compuesto por las redacciones de El Nuevo Día y Primera Hora.

“Nosotros hoy vamos a premiar el buen periodismo que es lo que nos queda a los medios de comunicación o casas editoriales como las que representamos”, expresó en su mensaje de bienvenida el maestro de ceremonias de la noche, Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia.

“Podrán surgir todas las tecnologías que ustedes quieran, pero lo que no va a cambiar es la forma de contar historias. Las buenas historias en el periodismo van a prevalecer, por encima de la tecnología, por encima de las redes sociales”, enfatizó. 

“Yo llevo muchos años en el oficio y lo que yo leí en esta ocasión fue conmovedor por la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo, por las herramientas que estamos empleando, por la calidad periodística, por la investigación rigurosa de nuestras casas editoriales y me siento muy orgulloso de ser parte de esta familia de periodistas y de este Grupo Diarios de América”, añadió Cortés, antes de comenzar la entrega de los premios junto a Ignacio Prado, de El Comercio de Perú y presidente de GDA, así como Luis Saguier, de la Nación de Argentina y vicepresidente del grupo.

De este modo, el primer premio, bajo la categoría ‘Reportaje noticioso de investigación’, se lo llevó el informe especial “Narcotráfico en Costa Rica/Narcodecomisos”, elaborado por un equipo multidisciplinario de La Nación de Costa Rica. Este trabajo investigativo constó de 12 entregas, publicadas primero en la web y luego en versiones resumidas en la edición impresa del diario, así como de una versión multimedia interactiva.

La investigación llevó al equipo costarricenses a buscar las causas del porqué el narcotráfico se ha convertido en el mayor flagelo que azota Costa Rica y cuál es la capacidad de ese país para enfrentar esa crisis. La serie de artículos se publicó desde abril hasta noviembre de 2017.

“Quisimos demostrar en esta investigación los efectos que tiene el tráfico de drogas en un país tan pequeño como Costa Rica y lo hicimos desde el punto de vista de los homicidios, lo que se queda para consumo local y también lo evidenciamos, obviamente, desde el punto de vista, algo también muy novedoso, de las exportaciones de Costa Rica y cómo está dañando la economía del país”, explicó Armando Mayorga, jefe de información de este diario. 

“La investigación también llegó a determinar cuáles son las armas que tiene este país para atacar este problema. Obviamente, lo que el equipo de periodistas descubrió es que las armas son todavía muy rudimentarias”, abundó Mayorga.

En esta misma categoría se otorgó una mención honorífica al reportaje noticioso “Atrincherados en casa”, desarrollado por El Nacional de Venezuela, que recoge testimonios de los habitantes de los edificios de El Paraíso, zona del oeste de Caracas, atacados por los cuerpos de seguridad entre abril y julio del 2017, los meses en que los venezolanos salieron a las calles de todas las ciudades del país para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La mención lo recogió Jorge Makriniotis, gerente general.

Por otra parte, el equipo de O Globo de Brasil ganó la categoría ‘Nuevos formatos de video’ con el documental de 14 minutos realizado en animación, “A Guerra do Brasil”. El video, publicado el 11 de diciembre de 2017, muestra que el país tuvo más de 786,000 asesinatos en 15 años del siglo XXI, número mayor que el registro en las guerras de Siria e Irak, en todos los atentados terroristas del periodo.



El documental apuesta por el uso de la animación como lenguaje periodístico. Tuvo distribución gratuita por YouTube, en versiones subtituladas en español e inglés y en diversas plataformas, incluyendo el sitio oficial www.aguerradobrasil.com.br, pero también en la edición impresa, cine y en otros eventos.

El documental “fue la manera que encontramos para explicar que el país vive una guerra, es una guerra sin ejércitos, sin enemigos”, explicó Chico Amaral, editor ejecutivo de O Globo, encargado de recibir el segundo premio de la noche. “Toda la producción nos tomó seis meses, desde el levantamiento de los datos hasta la finalización de la animación. Fue un equipo de seis personas más dos coordinadores”, detalló.

Para Amaral y su equipo de trabajo, este premio representa el éxito de haberse destacado en una nueva forma de decir la noticia.

“Para nosotros es comouna manera nueva de hacer periodismo, porque somos una redacción tradicional que vive un proceso de digitalización, en busca de otras narrativas”, abundó.

El premio de la tercera categoría, 'Propuesta editorial innovadora’, se le otorgó al equipo de La Nación de Argentina con el trabajo titulado “Dos años de análisis de las escuchas de Nisman”.

En enero de 2017 este grupo argentino publicó en su página web una investigación que resume el desglose de más de 40,000 audios del teléfono intervenido de Jorge Yussuf Khalil, descrito por el fiscal Alberto Nisman como “la voz y oídos de Irán” en Argentina para descubrir la verdad del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que costó la vida a 85 personas. Nisman, como titular de la Unidad Fiscal de Investigación Antiterrorista, utilizó las escuchas realizadas entre noviembre de 2012 y octubre 2014 para la elaboración de la denuncia que presentó, cuatro días antes de su muerte, ante el juez Ariel Lijo.

La innovación de esta investigación incluyó la carga de los audios en la página web con Voz Data, una plataforma desarrollada por La Nación junto a Knight Mozilla Open News y Civicus Alliance. El trabajo duró dos años y culminó con el desarrollo de una plataforma interactiva que permite navegar las escuchas a través de los temas y personajes más relevantes. Este premio lo recogió Ricardo Brom, gerente de inteligencia de datos editoriales de La Nación de Argentina.

En esta misma categoría GFR Media recibió una mención honorífica el especial “María, un nombre que nunca vamos a olvidar”, un trabajo colaborativo entre El Nuevo Día y Primera Hora. El grupo creó un micrositio que recopila los principales eventos que ocurrieron tras el impacto del huracán María en Puerto Rico. Publicado en octubre de 2017 despliega 59 videos, 343 fotos, cuatro mapas interactivos, 81 landing pages con etiquetas que despliegan las últimas noticias relacionadas a cada tema y los PDF’s de las 53 ediciones especiales de los dos periódicos que se repartieron de manera gratuita durante un mes.

“Nosotros sabíamos que la gente en algún momento se iba a volver a conectar y que en muchos casos no sabían lo que había pasado a nivel país tras el paso del huracán. Realizamos este especial multimedia con el objetivo de que fuera un registro histórico que quedara para el futuro, que recopilara la información más importante y que fuera un reflejo de lo que le había ocurrido a cada uno de los 78 municipios después del huracán”, detalló emocionada María Arce, subdirectora digital del grupo.

“Todos estábamos enfocados en lo mismo, en dejar una memoria histórica para Puerto Rico, que fue producido y realizado en las peores condiciones”, amplió Arce.

El premio de la categoría de ‘Ciencia y salud’ recayó también en el equipo de O Globo de Brasil con “As crianças invisíveis da epidemia de zika – a primeira geração da microcefalia”.

La autora de este reportaje, Ana Lucia Azevedo, revela en sus escritos cómo vivían los primeros niños nacidos con microcefalia asociada con el virus zika en Brasil, un año después de la epidemia. La serie mostró el abandono de los niños y sus familias en el estado de Paraíba, por parte del poder público y contribuyó para que pudieran recibir más atención y asistencia.

Según explicó la periodista, fue muy importante presentar la diferencia entre los pequeños que recibieron la atención médica porque tenían los recursos económicos para hacerlo y aquellos que no contaban con la ayuda necesaria para enfrentar la microcefalia. “Eran niños y niñas casi condenadas a muerte, abandonados. Era muy grave. Todos los que aparecieron en el reportaje recibieron atención. Cerca de seis meses después, la mamá de uno de ellos me llamó para decirme que su hijo estaba sonriendo”, detalla conmovida Azevedo, minutos antes de recibir su premio.

El jurado de este año estuvo compuesto por: José Del Río, secretario general de redacción de La Nación de Argentina; Gabriel Trillos, director editorial de La Prensa Gráfica de El Salvador; Carolina Álvarez, subeditora de la sección internacional y coordinadora GDA en El Mercurio de Chile; Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia; Pablo Maldonado, editor de Mundo y coordinador GDA en GFR Media, Puerto Rico; el Dr. Alejandro Alvarado, director de la Maestría de Periodismo en español de la Universidad Internacional de Florida (FIU por su siglas en inglés) e Igor Galo, director de Comunicaciones para América Latina del Instituto Empresa Business School de España.

Para la evaluación de los trabajos sometidos se tomaron en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad, innovación, rigurosidad en el trabajo de la reportería, de la investigación y del manejo de fuentes y de datos, estilos narrativos y técnica visual según correspondía a cada una de las categorías rotativas premiadas cada año.

====
Más información:

La Nación CR:
https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/la-nacion-gana-premio-latinoamericano-por/IRQPECISSJDIXJ4E4IEMWC3R3I/story/


El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elgdapremiaalomejordelperiodismodeamericalatina-2452613/


El País UY:
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/gda-premia-mejor-periodismo-america-latina.html?fbclid=IwAR399KeXSjqwB0TqYDUXD16eHSK7LvzVIi0WD5lRSw8Zus0L9LS8uUaXfEQ


El Universal MX:
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/entregan-premios-gda-periodistas-de-latinoamerica


La Nación AR:
https://www.lanacion.com.ar/2181267-la-nacion-gano-premio-su-propuesta-editorial


septiembre 09, 2018

Especial GDA: Nueve expresidentes latinoamericanos son investigados en el caso Odebrecht

O GLOBO/BRASIL CON INFORMACIÓN DEL GDA Y COLABORADORES*
La caída de la gigantesca constructora brasileña significó un terremoto para la región, una vez que salieron a la luz crímenes de corrupción que involucran al alto gobierno de diez naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela. Al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus respectivos países y un presidente en funciones –el peruano Pedro Pablo Kuczynski– perdió su cargo. La trama, en todo caso, es enorme: el Ministerio Público Federal de Brasil ha recibido 254 pedidos de colaboración con investigaciones en el extranjero y ha enviado, por su parte, 259 solicitudes a otras naciones para obtener información que ayude a establecer responsabilidades.

En abril de 2015 Odebrecht celebraba el título como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de colaborar con la justicia y causó un terremoto en el mundo político latinoamericano al confesar crímenes de corrupción en diez naciones de la región. 

El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre altos funcionarios que, aunque no tuviesen relación con la firma bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas.

El fiscal del Ministerio Público Federal Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato donde fue desentrañada, en Curitiba, considera que si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, ahora el escenario cambió. “Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con naciones más próximas geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales radicaba en el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.



Acusaciones contra Lula

En Brasil el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo del impacto de las investigaciones anticorrupción. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía. 

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre asuntos de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio suministró información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casaquinta en Atibaia, ciudad  del interior de São Paulo donde la constructora es señalada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa argumenta que la casaquinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, indica que el instituto fue instalado en un lugar distinto y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de la compañía implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un  juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7,3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht. 

Poder bajo la lupa

En Perú el espectro de mandatarios en la mira de la justicia es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017 un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo se encuentra en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de las autoridades norteamericanas. 

Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea del Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta restricción judicial. 

El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo 9 meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a finales de abril. 

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder el cargo. Renunció en marzo, también bajo la sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y sus bienes estuvieron confiscados. 

En Colombia las averiguaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados, iniciada por la sospecha de que había recibido dinero de la constructora en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6,5 millones de dólares de la empresa.

Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un parlamentario. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3,5 millones de dólares a través de pagos hechos a un tío.

Señalado de recibir 1,5 millones de dólares de la compañía en su campaña para la presidencia en 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes huyó a Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y sentenciado a devolver, junto con su hijo, 419.000 dólares a las arcas públicas.

Aunque Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra presidentes o ex mandatarios, se han denunciado públicamente transferencias irregulares a políticos de esos países. A pesar de que, en el caso venezolano, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el 15 de agosto desde Bogotá, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 millardos de dólares al Estado.

Las acusaciones fueron promovidas por la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aun cuando la condena fue reconocida por la AN, el presidente del Parlamento, Omar Barboza, la calificó de “no ejecutable” debido, señaló, a la ausencia de Estado de Derecho en el país.

Obstáculos en el camino

Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la compañía admitió pagar y los políticos de los países involucrados.

En toda la región se activaron equipos de trabajo a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido 1 millardo de dólares en sobornos a naciones de las Américas y de África. Las averiguaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la justicia nacional. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos formulados por las autoridades brasileñas para obtener información de otros países.

Pozzobon describe las indagaciones como un camino de doble vía. “Nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. A la vez, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, ex presidentes y ex ministros”, afirma.

Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos en algunas naciones en comparación con el ritmo que llevan en Brasil. En Perú, por ejemplo, han sido detenidos siete ex funcionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango, pero desde la renuncia de Kuczynski, en marzo pasado, no hubo operaciones ni otros arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. 

Procesos paralizados

También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos fueron sanciones administrativas para empleados de Odebrecht  y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado 10,5 millones de dólares en México.La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de ese año nadie fue indiciado.

Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso.

Ecuador es otra nación en la que políticos aún no han sido sancionados. Los trabajos de los investigadores de ese país avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el Metro de Quito, obra de 495 millones de dólares. Apenas en abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar un acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones. 

Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas congeladas. En julio de 2017 se congelaron también las cuentas de dos familiares del ex ministro de Transporte Haiman el Troudi. Después de esto no ha habido otra acción por parte de la justicia oficial. 

La ruta de las valijas

En Argentina también se presenta dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La justicia de ese país aún no ha tenido acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de las dos naciones negocian un acuerdo para que los imputados de la justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no establece librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.

Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el “valijero” paulista Leonardo Meirelles, que firmó una delación utilizada por la justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos, él dice que transfirió más de 500.000 dólares a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia  Federal de Inteligencia argentina,  Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.

Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.

Aun sin las acusaciones de los “valijeros” brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, ex ministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.

En Colombia 78 personas son investigadas por supuesta participación en el escándalo de corrupción; 5 ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el ex ministro Gabriel Ignacio García Morales y los ex senadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.

*** Con información de medios del GDA colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana

===============
Más información en:


La Nación AR:


O Globo BR:
https://oglobo.globo.com/brasil/nove-ex-presidentes-da-america-latina-sao-investigados-por-caso-odebrecht-23050371

https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-america-latina-falta-de-colaboracao-dificuldade-de-provar-propinas-leva-poucos-condenados-23050407

El Universal MX:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/odebrecht-el-impacto-politico

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Comercio PE:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/muchas-pesquisas-pocas-condenas

El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/almenos9expresidenteslatinoamericanossoninvestigadosporelcasoodebrecht-2446167/#cxrecs_s


El País UY:

La Prensa Gráfica SV;


El Nacional VE:
http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/nueve-presidentes-latinoamericanos-investigados-por-caso-odebrecht_251090

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/bajo-los-tentaculos-odebrecht_251040

DIARIOS INVITADOS:

Prensa Libre GT:


La Prensa PA:

https://impresa.prensa.com/panorama/Dificultades-probar-sobornos-produce-condenados_0_5118238148.html