Encabezado

septiembre 21, 2021

Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital

Los cambios en el consumo de información hacen necesario poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales


 El uso de las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para el negocio periodístico. (Imagen: GDA)

El uso de las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para el negocio periodístico. (Imagen: SIP)

Las entidades firmantes, en representación de los medios de comunicación de las tres Américas, exhortamos a las organizaciones supranacionales y a los países de la región a poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, asegurando condiciones para una retribución justa y razonable por parte de estas últimas.

Luego de años de investigaciones sobre la posición de dominio de las empresas tecnológicas globales en el mercado de la comunicación, Australia dictó el pasado 25 de febrero un Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales. Este prevé mecanismos de arbitraje obligatorio para asegurar que dichas plataformas –en su condición de facilidades esenciales o “puertas de acceso” de Internet– paguen a los medios por el uso que hacen de su contenido y del cual obtienen fuertes beneficios directos e indirectos.

Con el apoyo de las asociaciones europeas de medios, la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea están discutiendo una Ley de Mercados Digitales (“Digital Markets Act”) para impedir que las grandes plataformas digitales abusen de su poder de mercado. En Estados Unidos, la News Media Alliance, en representación de casi 2.000 medios, gestiona una autorización del Congreso de ese país para negociar de manera directa con las plataformas.

Estas iniciativas surgen de los enormes cambios producidos en las últimas dos décadas en el acceso a las noticias. Los medios periodísticos poseen más audiencia que nunca, pero los ingresos que financiaban el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80% de la publicidad digital mundial. Nuestros contenidos, valorados por la audiencia, son esenciales para la información de la sociedad y vitales para la salud de la democracia, pero el sostenimiento del periodismo está en riesgo. Los llamados “desiertos informativos” (áreas sin medios locales) se replican en las pequeñas comunidades y se extienden a regiones cada vez más amplias.

El camino para que esta asimetría comience a balancearse –sin que haya actores que se beneficien a costa de otros– ya lleva varios años. Fue pionera la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó en 2019 la Directiva que obliga a las plataformas a compensar el uso de los “derechos intelectuales” de los editores periodísticos. Francia, Holanda, Italia, Hungría y Alemania ya adaptaron sus leyes nacionales para obligar a las plataformas digitales a negociar dentro de plazos razonables.

No obstante, en todos los países los esfuerzos para hacer efectivo este derecho se enfrentan a dilaciones y diferencias de poder negociador entre las partes, lo que demora los acuerdos y les quita proporcionalidad. En algunos casos, estas conductas ya dieron lugar a severas multas por parte de las autoridades.

Los miembros de la industria periodística creemos que deben existir abordajes coherentes a nivel global para hacer efectivo un derecho que tiene su base tanto en la propiedad intelectual como en las normas de defensa de la competencia.

También es fundamental que se eviten prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital, donde las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales. Y que cuando dichas prácticas ocurren, estas sean investigadas y sancionadas para evitar una mayor concentración en los ingresos y en el uso de los datos personales. Asimismo, debe prestarse suma atención a la cuestión de los algoritmos, que condicionan la distribución de los contenidos y su llegada a la sociedad.

La renovada Declaración de Windhoek + 30, impulsada por la Unesco, expresa preocupación por “la severa crisis económica que representa una amenaza existencial para medios...” y recuerda que “la sostenibilidad económica” es “un requisito previo clave para su independencia”. Reclama a los gobiernos “garantizar (...) flujos de financiación de fuentes públicas a los medios”. Y a las compañías digitales les pide que apoyen de diversas formas; por ejemplo, a través de acuerdos “de asociación inclusiva” y “medidas financieras”.

Son valorables recientes iniciativas de empresas como Google y Facebook tendientes a pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos. Pero creemos que esos programas no constituyen aún la respuesta justa e integral que la industria requiere para compensar las distorsiones y devolver cierto equilibrio al ecosistema. La compensación no debe ser una decisión unilateral de las plataformas, sino el fruto acordado de un derecho universal, preexistente y proporcionado para los editores.

Es necesario que países, organizaciones, medios y plataformas demos pasos en este sentido. Como sostiene la Declaración de Salta de la SIP (2018), “los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información”. Conceptos similares han sido expresados por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y por las entidades de medios de los países de la región.

Necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado, en el que la opacidad de los algoritmos no termine decidiendo qué información es relevante para una persona o una sociedad, y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de calidad. Para eso se requieren medios sustentables, que reciban el valor que generan en beneficio de la comunidad.

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) - Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) - Grupo de Diarios América (GDA) - Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) - Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) - Medios Informativos de Canadá (NMC, Canadá) - Alianza de Medios Informativos (NMA, EE.UU.) - Alianza de MediosMx (México) - Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras) - Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, Jamaica) - Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana) - Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia) - Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador) - Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú) - Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, Brasil) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile) - Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina)

septiembre 12, 2021

Encuesta GDA-TD: Teletrabajo aumentó 40 % en América Latina durante la pandemia

El 66 % de los consumidores latinoamericanos dijo estar en teletrabajo, con Puerto Rico, Costa Rica y México a la cabeza.

Maryelos Cea/El Salvador/GDA*

Más de un año ha pasado desde que la covid-19 apareció en América Latina y aunque algunos países de la región han flexibilizado las restricciones impuestas para tratar de contener los contagios, hoy en día un buen número de latinoamericanos continúa en cuarentena y trabajando a distancia, concluye el más reciente estudio del Grupo de Diarios América (GDA) y Tendencias Digitales, que analiza el impacto de la pandemia en los hábitos de los consumidores digitales.
La encuesta se realizó del 22 de abril al 20 de junio de 2021 con una muestra de 7,543 internautas mayores de 15 años, distribuida de forma equitativa entre ambos sexos y entre las generaciones de baby boomers, generación X y mileniales. El estudio tiene un nivel de confianza del 95 % y un error muestral del 3 %.
El estudio muestra que el 59 % de los consumidores sigue aislado en casa, el 26 % ha salido para trabajar o estudiar con horarios flexibles y el 16 % ya volvió a su rutina. Brasil, Perú, Chile y Colombia son los países que superan el promedio regional, con más del 60 % de los consumidores aislados en casa, mientras en El Salvador casi la mitad ha retomado su rutina.
Además, el trabajo a distancia ha aumentado 40 % en el último año: el 66 % está en teletrabajo, 19 puntos más respecto al 47 % reportado en la primera ola de esta encuesta en mayo 2020.
Puerto Rico reporta el porcentaje más alto de consumidores en teletrabajo, con 76 %. Le siguen México y Costa Rica con 74 % cada uno, en Argentina es 70 % y en Colombia llega al 67 %. En el otro extremo están Panamá (45 %), Ecuador (48 %), Uruguay (51 %), Venezuela (54 %) y El Salvador (55 %).
¿Y qué piensan quienes están en casa sobre volver a la oficina? La mayoría prefiere tener la opción de combinar ambas modalidades, pero el 49 % se inclina por tener más tiempo de teletrabajo. El 24 % dijo que prefiere quedarse en casa y el 8 % dice estar ansioso por volver a su trabajo presencial.
En la segunda ola de esta misma encuesta desarrollada a mediados 2020, solo un 55 % aseguraba que estaba en teletrabajo. La cifra aumentó en el estudio de este año. La pandemia no ha cedido del todo y aún mantiene en crisis a varios países de la región.


El impacto en el consumo
La pandemia de covid-19 ocasionó una crisis económica de la que muchos países latinoamericanos siguen recuperándose. El confinamiento obligó a paralizar buena parte de la actividad productiva, disparó el desempleo y todavía hoy muchos hogares están sobreviviendo con menos de lo que tenían antes del coronavirus.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió a principios de este mes que el consumo total en la región cayó 1.6 % anual en el primer trimestre de 2021, siendo el quinto consecutivo en números rojos.
“Su mal desempeño está determinado por la lenta recuperación de los puestos de trabajo perdidos, ya que aún falta recuperar 12.3 millones de empleos para alcanzar los niveles de ocupación anteriores a la pandemia, y por la reducción de los salarios reales”, indicó el organismo de las Naciones Unidas.
La encuesta de GDA y Tendencias Digitales muestra que si bien la mayoría no reporta impactos en su nivel de ingresos, esta población se ha reducido levemente respecto a 2020. El 45 % dice estar percibiendo el 100 % de sus ingresos, frente al 48 % reportado el año pasado. Otro 11 % perdió sus ingresos regulares y el resto sobrevive con una reducción que va desde el 1 % hasta más del 75 %.
Puerto Rico (66 %), República Dominicana (57 %), Costa Rica (57 %), Uruguay (56 %) y Chile (53 %) superan el promedio regional de personas que no han sufrido cambios en sus ingresos. En el otro extremo se encuentran Ecuador (15 %), Venezuela (20 %), El Salvador (36 %) y Colombia (38 %).
Precisamente el impacto de la covid-19 en la economía se mantiene entre las tres preocupaciones de los latinoamericanos, solo superado por la salud y la duración de la crisis.
El 80 % de los latinoamericanos dice que su mayor preocupación durante este año ha sido su salud y la de su familia, el 59 % mencionó la duración de la crisis y el 50 % el impacto en la economía. Además, el 24 % también se preocupa por su incapacidad para generar ingresos suficientes, el 23 % menciona su puesto de trabajo y el 14 % se preocupa por no poder pagar sus créditos.
En general, el 42 % siente confianza en el futuro, pero el 46 % se dice preocupado por lo que pueda venir, mientras el 12 % prefiere enfocarse en el presente.
 
Buscar ofertas, la estrategia para comprar
En medio de un panorama económico que sigue siendo retador para América Latina, las principales estrategias a la hora de comprar son buscar productos en promoción o descuentos, marcas más económicas o hacer las compras con menos frecuencia, indica la encuesta.
En general, el 27 % de los consumidores digitales de la región dice haber gastado menos dinero, mientras el 23 % percibe que ha gastado más.
A la hora de comprar, el 48 % de los latinoamericanos dice que la mejor forma de describir su comportamiento actual es buscar productos en oferta. Esta percepción es más fuerte entre los dominicanos (78 %), argentinos (63 %), ecuatorianos (58 %), salvadoreños (56 %) y brasileños (51 %).
El 31 % afirma que su estrategia es comprar marcas más económicas e igual porcentaje mencionó comprar con menos frecuencia. En el caso de la primera, República Dominicana de nuevo se ubica a la cabeza con 74 %, Ecuador le sigue con 58 %, Venezuela con 51 % y Colombia con 46 %. En cuanto a la frecuencia de las compras, Ecuador (48 %) y Venezuela (42 %) superan el promedio.
Respecto a la forma de hacer las compras, visitar las tiendas y hacerlas por Internet son las principales, con 65 y 64 %, respectivamente. El 15 % de los encuestados también utiliza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y el 9 % opta por llamadas telefónicas.
Comprar desde un sitio web es la modalidad preferida en la región durante el aislamiento, con el 82 % de las menciones, seguida de las aplicaciones móviles (60 %) y medios sociales (17 %). Productos de cuidado personal e higiene, comida lista para consumir, artículos electrónicos, ropa, calzado y accesorios, artículos de limpieza del hogar y medicinas son las categorías que más se adquieren a través de Internet.
En promedio, el 36 % de los consumidores digitales latinoamericanos gastan menos de 500 dólares en compras en línea, pero en Colombia, México y Venezuela es mayor este porcentaje. Las tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria y Paypal son, en ese orden, los métodos de pago más utilizados.
 
¿Cómo debe ser una tienda en línea, según los latinoamericanos?
Los consumidores latinoamericanos prefieren un comercio en línea que ofrezca envíos gratis, con precios claros sin cargos adicionales a la hora del check out. También consideran importante la rapidez de carga y los correos electrónicos que notifican la compra y el envío del producto. También consideran que el comercio debe tener un buscador de productos, ofrecer diversos métodos de pago y fotografías.
 
Menos consumo de noticias sobre la pandemia
Los resultados de la encuesta en América Latina muestran que el consumo de noticias durante pandemia ha disminuido considerablemente.
El 78% de los consumidores digitales revisa menos de seis veces al día noticias relacionadas con la pandemia, en contraste con el 22 % restante que revisa al menos 6 veces.
El 58 % de los encuestados aseguró haber buscado menos información en general durante este ultimo año, y sólo 7 % ha buscado más noticias de manera intencional.
Los medios más importantes para mantenerse informados en la crisis son los sitios web de noticias, con un porcentaje arriba del 65 %. Le sigue la televisión abierta, con un porcentaje cercano al 40 %.
Los sitios de noticia también son considerados por la mayoría los más veraces y también son en los que más confían.
 
Apuesta por las vacunas
En América Latina, aunque hay una disparidad entre países sobre los niveles de vacunación, lo que sí destaca la encuesta es que la mayoría está de acuerdo en vacunarse. Un 93 % de los entrevistados así lo expresó.
Sin embargo, apenas el 31 % de los que se muestran a favor han recibido la vacuna contra covid-19.
De acuerdo con la información recopilada, los porcentajes más altos están en Brasil con 41% y Chile con 81%. En el conjunto de los encuestados, más del 40 % habría recibido la vacuna.
En contraste, un 6 % de los encuestados aseguró que no está de acuerdo con vacunarse.
 
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece [este diario], es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

El Tiempo CO: 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/teletrabajo-y-presencialidad-en-latinoamerica-627343

La Nación CR:

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante/WRUY5DO6KVHXXJFX4SFNEOFTZQ/story/

El Comercio PE:

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante-la-pandemia-covid-19-noticia/ 

El Nuevo Día PR: 

https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/el-teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante-la-pandemia/

La Prensa Gráfica SV:

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Teletrabajo-aumento-40--en-America-Latina-durante-la-pandemia-20210911-0052.html

El País UY:

https://www.elpais.com.uy/mundo/teletrabajo-aumento-region.html

septiembre 05, 2021

Entrevista GDA - Contribuiremos con proyectos verdes y economía circular: presidente de CAF

Tras asumir como nuevo presidente ejecutivo de CAF, banco de Desarrollo de América Latina (2021-2026), el colombiano Sergio Díaz-Granados concedió una entrevista al Grupo de Diarios América (GDA) en la que hace un balance de la realidad que afronta la región en el marco de la pandemia de Covid-19. 
Dice que América Latina se está recuperando más rápido de lo esperado gracias a la reactivación de buena parte de sus economías y a la dinámica de la actividad exportadora. “Sin embargo, hay sectores que permanecen deprimidos, como los servicios de alto contacto humano y el turismo”, advierte.  
Para el nuevo titular de CAF, el desempleo y la informalidad siguen estando entre los desafíos más grandes para los países de esta parte del mundo y considera que en las obras de infraestructura, particularmente, está una de las claves para la recuperación.
Díaz-Granados, quien al momento de su posesión se comprometió a que en sus primeros cien días los dedicará a promover la reactivación económica y social de los latinoamericanos, considera que los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en la sostenibilidad fiscal, el crecimiento y la inclusión.
También fue claro en advertir sobre los costos que los daños climáticos están ocasionando en la región, los cuales ascendieron a US 58.300 millones y un total de 480 eventos en n la última década (2010-2019). Por eso otra de sus prioridades será el respaldo a iniciativas verdes y de economía circular. “Hemos planteado que CAF va a ser el banco verde de América Latina”, dijo.

Por: Grupo de Diarios América (GDA)*

Se habla de una recuperación económica desigual para América Latina en la medida en que se van liberando las restricciones por la pandemia. ¿Qué economías de la región considera se recuperarán primero, a niveles previos a la pandemia, y qué países usted entiende se demorarán más?

La actividad se viene recuperando de manera más acelerada que lo anticipado hace unos meses. Esto debido a dos factores. Por un lado, tenemos un entorno externo más favorable, con una mayor demanda de las exportaciones, precios de las materias primas más elevados, sólidos flujos de remesas y liquidez internacional abundante. Por otro lado, y más importante aún, la recuperación de la demanda doméstica, gracias a la reapertura de las economías. Sin embargo, hay sectores que permanecen deprimidos, como los servicios de alto contacto humano y el turismo. Esto explica que los países donde el turismo tiene un peso importante en la economía, como es el caso de los países del Caribe, sigan trayectorias más lentas de recuperación.

Otro factor que ha tenido un impacto importante en la recuperación es la magnitud y efectividad del apoyo de los gobiernos, particularmente de las transferencias a las familias que han servido para apuntalar el consumo. El reto regional que ahora tenemos es el de combinar la sostenibilidad fiscal con políticas que impulsen el crecimiento económico con inclusión social y equidad.

En Colombia el empleo no está reaccionando al mismo paso que la reactivación. ¿Las líneas de apoyo de CAF pueden contribuir al empleo?

En América Latina y el Caribe en general, la recuperación de los niveles de empleo aún se encuentra rezagada. También hemos identificado un aumento en la informalidad, ya que en la mayoría de los países la recuperación se está dando más fuerte en el sector de cuenta propia (autoempleo), lo cual puede afectar la recuperación a mediano plazo y la productividad de las economías. En CAF consideramos que un elemento esencial para la generación de empleo es la reactivación de sectores como el de la construcción de infraestructura, en el cual la institución tiene una trayectoria reconocida. En este sentido, en Colombia es clave el avance de la inversión en las concesiones viales 5G y en las vías terciarias. Las principales ciudades pueden contar con el apoyo de CAF para el avance de las inversiones en el ámbito local que buscan resolver los cuellos de botella que se enfrentan para el acceso a las grandes capitales. Apoyaremos los planes de desarrollo locales que contemplan inversiones en Bogotá, Barranquilla, Cali y otras ciudades.

Con la pandemia, ¿el valor de créditos o programas ha aumentado?

En medio de la emergencia generada por el Covid-19, CAF siguió demostrando que es un aliado del país con la Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico por USD 350 millones, así como con la aprobación del financiamiento por USD 100 millones para empresas, en especial las mipymes, con el fin de mitigar los efectos generados por la pandemia y apoyar la reactivación económica. 

En los últimos 10 años (2011-2020), CAF ha aprobado operaciones para Colombia por USD 16.996 millones, lo cual representa un promedio de USD 1.699 millones por año. Asimismo, en el más reciente Directorio de la institución en julio de este año, se aprobó un crédito por USD 500 millones para apoyar las reformas que el gobierno está impulsando en la transformación digital del sector público, con la finalidad de estimular la productividad y contribuir a la reactivación económica.

Ustedes tienen en México un programa de apoyo a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué tan importante es que este país incremente esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y cómo ve CAF la defensa que hace la administración en el tema de combustibles fósiles?

Entre 1970 y 1979, los daños por desastres hidroclimáticos en América Latina y el Caribe ascendieron a USD 4.500 millones, en cerca de 120 eventos registrados. En la última década, entre 2010 y 2019, los daños se valoraron en USD 58.300 millones, con más de 480 eventos.

Estamos en un momento definitivo para salvar el planeta, nuestra casa común, por eso desde CAF vamos a contribuir con proyectos que apuntalen el crecimiento verde y la economía circular en México y la región a través de un mayor posicionamiento y financiamiento de proyectos en eficiencia energética, temas ambientales, forestales, agua, climáticos, gestión de residuos y agricultura sostenible, entre otros. Hemos planteado que CAF va a ser el banco verde de América Latina. 

¿En qué áreas continuará trabajando CAF en Venezuela dada la crisis política y económica que vive el país? ¿Pueden los emprendedores tener esperanza de financiamiento en áreas como el turismo?

Venezuela es uno de los países fundadores de CAF y donde tenemos nuestra sede, en la que he asumido mi mandato como Presidente Ejecutivo, por lo que deseamos continuar siendo un aliado para su desarrollo. Estamos dispuestos a seguir apoyando al país para contribuir a su recuperación económica y mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos.

También existe la voluntad de acompañar al sector privado en sectores prioritarios como el productivo, el agroindustrial y el sanitario, así como en otros sectores generadores de divisas como el turístico. Para ello, CAF seguirá profundizando el desarrollo de alianzas con los principales bancos nacionales.

Cómo ve la situación de la economía uruguaya y cuánto dinero y en qué proyectos planea desembolsar CAF para Uruguay este año y el próximo?

Uruguay está transitando la salida del período de mayor incidencia de la pandemia, lo que repercute positivamente en términos de actividad. Para volver a impulsar la productividad y el crecimiento se requiere reducir las distorsiones que afectan la eficiencia de los sectores productivos. Esto implica revisar los esquemas de provisión de servicios públicos, incluyendo la revisión de los criterios de fijación de tarifas y cuestiones más institucionales como la gobernanza de las empresas públicas y entidades regulatorias. Desde CAF, seguiremos promoviendo la dotación y mantenimiento de la infraestructura, la profundización del mercado financiero, la productividad del sector privado y la inserción internacional.

Este año renovamos la línea de crédito contingente y liquidez por hasta USD 750 millones, que es relevante para fortalecer la liquidez; y comenzamos el desembolso del crédito en favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), por USD 100 millones, para el fortalecimiento y ampliación del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), en favor de las grandes, medianas pequeñas empresas, en especial en esta etapa de reactivación económica. Finalmente, para 2022 tenemos previsto seguir apoyando al gobierno en su objetivo de reformas estructurales, y principalmente en proyectos de reasentamiento urbano, infraestructura de integración e hidrovías, entre otros.

Más allá de lo relacionado a temas de salud por el contexto en el que estamos, ¿cuál es el principal reto para el Perú en temas económicos?

Perú es una economía que creció aceleradamente en las últimas tres décadas, favorecida por una sólida expansión de sus exportaciones y un manejo prudente de las políticas fiscales y monetarias, que permitió una importante reducción de los niveles de pobreza. A pesar de este sólido crecimiento, la informalidad no ha disminuido de manera significativa y se sitúa entre las más altas de América Latina. Esta permea a todos los sectores económicos, limita las ganancias de productividad, y es una condición necesaria para crecer de manera sostenida y equitativa a largo plazo. 

Perú enfrenta el reto de lograr un crecimiento más equitativo que incorpore a esos trabajadores a empleos productivos y con acceso a una mejor seguridad social. Estos son algunos de los grandes retos y, al mismo tiempo, las oportunidades, y es aquí donde nuestro banco adquiere un rol preponderante para ayudar al Perú con financiamiento, asistencia técnica y conocimiento.

CAF ha apoyado a Costa Rica con USD500 millones de apoyo fiscal y USD550 millones, aún no desembolsados, para atender la emergencia sanitaria. Más allá de la emergencia, ¿existe alguna otra área o sector en la cual el Banco podría apoyar al país, sea con recursos o asistencia, para el proceso de recuperación pospandemia? Por ejemplo, indicadores como el empleo, no se están recuperando con la misma velocidad a la que lo hace el crecimiento de la producción? 

Como banco de desarrollo, nuestro valor agregado es lograr un alto impacto en la equidad de género, la inclusión y la diversidad. En Costa Rica apoyamos de manera ágil y oportuna con los recursos que se mencionan para fortalecer la política fiscal del gobierno, que una vez superado lo más grave de la pandemia, impulsará el empleo mediante diversos proyectos y obras. Adicionalmente, trabajamos con la Vicepresidencia de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica en la estructuración de una asistencia técnica para la implementación de las acciones contenidas en el documento: Lineamientos para el cierre de la brecha financiera entre mujeres y hombres en Costa Rica.

La educación también es fundamental para alcanzar un crecimiento sostenible, por ello junto con el Ministerio de Educación Pública avanzamos en la estructuración de una asistencia técnica para iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Aprendizaje en línea, con el cual se espera articular en una plataforma las herramientas de comunicación y contenidos educativos ya disponibles, para así beneficiar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad producto de la pandemia.

¿Cuáles son los planes de CAF para estimular la recuperación económica en la región pospandémica, teniendo en cuenta que los países han sufrido diferentes impactos en este año y medio?

Desde el comienzo de la pandemia, CAF reaccionó de forma ágil y contundente al poner a disposición de los países accionistas instrumentos financieros, asistencia técnica y herramientas de conocimiento como complemento a las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos para mitigar los impactos de la crisis sanitaria, económica y social. Se aprobaron USD 14.147 millones, una cifra récord para la institución. Pero debemos seguir.

En lo corrido del año CAF ha definido un plan con los siguientes aportes a los países de la región: (i) una línea de crédito por USD 1.000 millones destinada a la adquisición de vacunas y soporte a las campañas de vacunación y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica; (ii) la ampliación de la línea de crédito regional para eventos extremos del clima, sismos, accidentes contaminantes y epidemias por hasta USD 500 millones; (iii) una facilidad regional de apoyo anticíclico a empresas prestadoras de servicios públicos ante los efectos del COVID-19 por hasta USD 1.200 millones, entre otros. Se tiene previsto cerrar el año con una cartera cercana a los USD 30.000 millones, mostrando el gran esfuerzo que realiza CAF para apoyar a sus países miembros.

Pero vamos a seguir con planes que nos permitan avanzar, por ejemplo, en la vacunación, mientras algunos países están al 65%, otros apenas llegan al 5%. Debemos impulsar un cambio en ese escenario. 

*El Grupo de Diarios América (GDA), es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

El Tiempo CO: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presidente-de-caf-habla-de-reactivacion-economica-en-latinoamerica-615676

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/economia/caf-sera-banco-verde-da-america-latina-diz-novo-presidente-da-instituicao-25185753

La Nación CR: https://www.nacion.com/economia/politica-economica/sergio-diaz-granados-presidente-del-caf/KGP2AJZC7FBPBESPQQAJGKPWCE/story/

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-presidente-de-caf

El Comercio PE: https://elcomercio.pe/economia/peru/sergio-diaz-granados-presidente-de-caf-contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-entrevista-noticia/

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/negocios/banca-finanzas/notas/sergio-diaz-granados-nuevo-presidente-de-caf-contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular/

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/economia/Contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-20210905-0064.html

El País UY: https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/uruguay-reducir-distorsiones-afectan-eficiencia-revisar-criterios-tarifas.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/caf-acompanara-el-emprendimiento-privado-de-venezuela-en-los-sectores-productivo-agroindustrial-y-sanitario/

agosto 15, 2021

Especial GDA: El Pacto por la conservación del Amazonas lleva tres años sin resultados ni financiamiento

El acuerdo regional enfrenta crisis políticas internas; los especialistas defienden la idea de que los países realicen propuestas colectivas para lograr recursos contra la deforestación y los incendios. 

 Renato Grandelle/O Globo/GDA* 

PA - Porto Velho, RO. 06/02/2021. Especial Amazonas - Asentamiento de Flona Jacundá - El Bosque Nacional Jacundá en Rondônia, cerca de Porto Velho, tiene un asentamiento en crecimiento. En la foto: prendieron fuego para dar cabida a las casas y un lugar para la agricultura. Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

En vísperas del tercer aniversario de un acuerdo por la preservación del Amazonas, los países que poseen este bioma en su territorio, no han logrado combatir la devastación o trazar un plan para captar financiamiento internacional. 

La situación de la selva se ha agravado desde la firma en septiembre de 2019, del Pacto de Leticia por el Amazonas, realizado por los representantes de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. Una entrevista divulgada en julio por los científicos brasileños del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), mostró por primera vez, que algunas partes de la selva están emitiendo más gases de efecto invernadero que los que almacenan, lo que puede acelerar aún más los efectos de los cambios climáticos en todo el planeta. 

La temperatura política de la región también subió. El presidente peruano Martín Vizcarra, uno de los creadores del pacto fue sucedido por Pedro Castillo, cuyos proyectos para el Amazonas aún se desconocen. En Brasil, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta hoy con el presupuesto más bajo de los últimos 21 años, y la creciente devastación trajo un distanciamiento diplomático entre el jefe del Ejecutivo del país, Jair Bolsonaro y el presidente norteamericano, Joe Biden, incluso durante campaña electoral en los EEUU. 

Brasil pierde protagonismo 

Frente a la indignación internacional por la deforestación y los incendios, Brasil, hogar del 61,8% de la selva amazónica, viene perdiendo su lugar como portavoz de la región y lo está tomando Colombia. El presidente Iván Duque, anfitrión del Pacto de Leticia, es hoy el principal aliado estadounidense en América del Sur. Sin embargo, hasta ahora, el nuevo líder regional no ha convencido al mundo de que existe un intento concreto de proteger la selva. 

Ole Reider Bergum, consejero sobre Clima y Selvas de Noruega, considera que Duque y Vizcarra lograron generar “voluntad política” para que los países de la región asuman nuevos compromisos relacionados a la conservación del Amazonas, aunque algunos críticos hayan definido al pacto como un mero “acto simbólico” que se restringió a recordar las obligaciones adquiridas- y en varios casos no cumplidas- por estas naciones en otros acuerdos ambientales. 

“Ciertamente sería más fácil atraer financiamiento internacional si las naciones amazónicas actuaran en forma conjunta. Sin embargo, este compromiso debe traducirse en resultados concretos en las políticas públicas de cada país”, resalta. “Esto implica por ejemplo, interrumpir la expansión de la frontera agrícola, proteger áreas contra la apropiación y mantener las reservas indígenas”. 

El profesor senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo (Brasil), Eduardo Viola, evalúa que el pacto amazónico, aún siendo “debilísimo”, demostró que el continente intenta reorganizarse frente a la falta de credibilidad de Bolsonaro en el escenario mundial. 

“El gobierno brasileño está marcado por un nacionalismo defensivo y hostil con las organizaciones globales. El discurso antiambientalista de Bolsonaro es una amenaza planetaria, por su gran poder de destrucción. Colombia se hizo más confiable”, explica, “pero no es fácil firmar acuerdos de cooperación que beneficien a las áreas periféricas como la selva, donde buena parte del territorio está tomado por guerrillas y actividades económicas ilegales”. 

Aún habiendo perdido el protagonismo geopolítico en el discurso ambiental, Brasil sigue siendo el mayor captador de inversiones para la conservación del bioma. El país recaudaría “casi el 70, 80%” de todos los recursos internacionales destinados a la selva, informa Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Colombia. Según él, es una distribución de recursos desproporcionada, que ignora los esfuerzos de conservación realizados por las naciones del Amazonas Andino. 

“Brasil capta casi el 80% del financiamiento total debido a la idea de que, en términos climáticos, el aspecto más importante es la extensión de selva. Sin embargo, considerando la conservación estratégica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son muy importantes debido a cuestiones como la distribución de la biodiversidad por kilómetro cuadrado y la sensibilidad cultural de los pueblos indígenas”, defiende Botero, agregando que las cuatro naciones mantienen una región de la selva que es fundamental para la regulación del clima en la región entre el Amazonas y los Andes. 

Natalie Unterstell, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y directora-presidenta del Instituto Talanoa (Brasil), asegura que no faltan recursos internacionales para la conservación del Amazonas: “Hay recursos para quien presente buenas propuestas. Argentina recibió recientemente US$90 millones en el Fondo Verde del Clima para combatir el desmonte. Los países amazónicos deben empeñarse en el desarrollo de proyectos. Es necesario compartir los costes recurrentes que se requieren para la preservación de la selva, que exige medidas como la prevención de incendios forestales”, dijo. 

Para Germán Andrade, profesor de la Universidad de los Andes (Colombia), el Amazonas no puede quedar sujeto a acuerdos débiles, excesivamente dependientes de la situación política de los países de la región: “El Amazonas debe ser reconocida por su carácter ecológico y estratégico, es decir, como algo que va más allá de la separación artificial entre países. El mundo necesita avanzar hacia un acuerdo regional con apoyo global para la conservación de la selva”, indicó. 

Aislamiento venezolano 

Poseedora del 5,6% de la selva amazónica, lo que equivale a 470 mil km², Venezuela no fue invitada a la firma del Pacto de Leticia. Caracas fue excluida del pacto debido a diferencias ideológicas con los países vecinos. Según el periodista ambiental venezolano Edgar Cherubini, ver al presidente Nicolás Maduro reivindicando el bienestar del Amazonas sería el “cúmulo del cinismo”. 

El periodista, radicado en Francia, considera que Maduro renunció a la soberanía de más de 180 mil km² de selva a cambio del apoyo de organizaciones criminales que promueven la extracción indiscriminada de minerales, la tala de árboles y la persecución a culturas indígenas. 

“Venezuela se aisló de foros internacionales y de tratados que mantienen los países vecinos contra los desastres ecológicos en Amazonas”, señala Cherubini. “Sería imposible que Maduro se comprometiese a la preservación sin traicionar su propia política. El presidente es el más impío depredador de la selva y violador de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. 

- Con aportes de El Tiempo de Colombia, El Comercio de Perú y El Nacional de Venezuela. 

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece [este diario], es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/pacto-entre-paises-onde-ha-floresta-amazonica-vai-completar-tres-anos-sem-apoio-ou-resultados-25154961

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/amazonia-una-victima-de-la-politica

La Nación CR: https://www.nacion.com/el-mundo/desastres-naturales/pacto-por-la-conservacion-del-amazonas-lleva-tres/ESUXHNB2XBG5ZGXCGOKW7UC5WQ/story/

El Comercio PE: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/amazonia-brasil-el-pacto-por-la-conservacion-del-amazonas-lleva-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento-jair-bolsonaro-noticia/

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/pacto-para-la-conservacion-del-amazonas-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento/ 

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/internacional/El-Pacto-por-la-conservacion-del-Amazonas-lleva-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento-20210814-0061.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/especial-gda-la-devastacion-en-el-amazonas-no-para/

julio 25, 2021

Especial GDA: América Latina y el Caribe están atrapados en la trampa de la desigualdad

La violencia criminal, social y doméstica es uno de los factores que alimenta la desigualdad y el bajo desarrollo, y todos juntos se constituyen en una trampa que afecta a los más vulnerables.
 
Yolanda Gómez, especial para el Grupo de Diarios América (GDA)* 
 
“La percepción de desventaja, la falta de oportunidades y la injusticia incentivan las actividades ilegales, debilitan y desgarran el tejido social y con el tiempo se transforman en violencia o amenaza de violencia como medio de salida. Esta trampa hace que la violencia y la desigualdad se alimenten mutuamente y creen un círculo vicioso que afecta el desarrollo.
 
“Cuando las personas perciben que el sistema está inclinado a favor de unos pocos (como es el caso de América Latina y el Caribe), a menudo pierden la fe en la capacidad de la ‘voz’ como medio para alcanzar y sostener nuevos acuerdos”, sostiene el informe ‘Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 
Es un hecho que hoy la región de América Latina y el Caribe lidia con la violencia o amenaza de violencia asociada a estos factores y se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos. “Es parte fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región”, sostiene el PNUD.
 
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están atrapados en una trampa que mantiene a sus habitantes en condiciones de desigualdad y bajo crecimiento con tres factores de fondo que se entrelazan y perpetúan el problema: la concentración de poder, la violencia y los efectos indeseados del diseño de sus políticas públicas.
 
Esa es la conclusión central del informe ‘Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que invita a los países de la región a “explorar la complejidad de las interacciones entre algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de esta trampa”.

El PNUD señala que la mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para elevar los niveles de violencia y que esta, a su turno, puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados del desarrollo.
 
El informe propone que los países miren de manera conjunta y no aislada los problemas y planteen soluciones para todos los aspectos a largo plazo, porque esos factores se impactan mutuamente y no se puede solucionar uno si los demás se mantienen.
 
La desigualdad lleva a la violencia por tres canales: la ilegalidad, la frustración y alienación de los desposeídos y la exclusión de ciertos sectores de la población en el poder, el estatus social y los ingresos.
 
El estudio se enfoca en los efectos de la violencia criminal, social y doméstica y plantea seis áreas claves en las que los países de la región deben actuar para combatir la violencia y romper el círculo vicioso que impacta el desarrollo y el crecimiento y profundiza la desigualdad.
 
Uno de los capítulos aborda ‘los vínculos entre violencia, desigualdad y productividad’ y hace énfasis en el impacto en poblaciones vulnerables como las mujeres, con violencias como el feminicidio y el abuso sexual. “Dado que la violencia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo, incluidos derechos, ingresos, salud, educación y representación política”, advierte el informe.
 
Entre las medidas señala la urgencia de establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces, considerar nuevos enfoques para abordar el comercio ilícito, empoderar económicamente a los grupos marginados, ampliar la atención de salud mental para las víctimas de la violencia, invertir en capital social para reformar la política local y crear capacidad estadística para datos sobre violencia.
 
Estos desafíos parten de una realidad: América Latina y el Caribe alberga el 9 por ciento de la población mundial y, sin embargo, representa el 34 por ciento del total de las muertes violentas. A esta situación se suman la violencia sexual, los robos, el abuso policial, la trata de personas y la ilegalidad.
 
Los costos de la violencia
 
Según el informe de PNUD, cálculos recientes fijan el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca del 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), mientras los costos directos e indirectos del crimen se estiman en el 3 por ciento del PIB en el país promedio y más del 6 por ciento en los países centroamericanos más violentos.
 
Cifras del Banco Mundial citadas por el estudio indican que el costo de los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad es equivalente a 3,7 por ciento de la producción anual, lo que representa un desperdicio sustancial de recursos públicos.
 
Para PNUD es un hecho que los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en políticas que reducirían la desigualdad, o si los menores niveles de crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los gobiernos a abandonar intervenciones de bienestar institucional.
 
“La violencia es, por tanto, capaz de distorsionar lo público y lo privado”, explica el informe y recuerda que la violencia también impacta el crecimiento económico a través de su efecto en individuos, empresas, comunidades e instituciones.
 
Estudios anteriores dirigidos por el PNUD han concluido que los años perdidos en la esperanza de vida debido al exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representó el equivalente al 0,5 por ciento del PIB per cápita de la región en ese año.
 
Los costos de la prevención y el castigo del delito incluyen los costos de salud
por homicidios y lesiones, pérdidas derivadas de delitos contra la propiedad.
 
Se estima el gasto público en enjuiciamiento, servicios penitenciarios y rehabilitación representaron 1,04 por ciento del PIB de Costa Rica en 2010, 1,21 por ciento del PIB de Chile, 2,27 por ciento del PIB de Uruguay, 2,53 por ciento del PIB de Honduras y 2,45 por ciento del PIB de Paraguay.
 
Se ha calculado que la victimización ha costado el 1,18 por ciento del PIB de Uruguay, 1,47 por ciento en Costa Rica, 2,11 por ciento en Chile, 6,36 por ciento en Paraguay y 8,01 por ciento en Honduras.
 
La violencia contra las mujeres

En la violencia doméstica, el estudio se centra en el impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas como un flagelo contra los derechos humanos, salud pública, seguridad ciudadana y salud física, política y económica de las mujeres y su autonomía.
 
En América Latina y el Caribe cerca de un tercio de las mujeres que alguna vez han tenido una relación han estado física o sexualmente agredidas por una pareja íntima al menos una vez en la vida, y más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por una persona que no es su pareja.
 
El informe recuerda que los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La tasa de violencia sexual fuera de la pareja es la tercera más alta del mundo, y la tasa
de violencia a manos de parejas o exparejas es la segunda tasa más alta a nivel mundial.
 
La expresión más radical de esta violencia es el feminicidio, que ha llegado dimensiones preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de los Estados Unidos Comisión Económica de las Naciones para América Latina y el Caribe (CEPAL), 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018.
 
Hubo diferencias notables en las tasas promedio de feminicidio entre países en la región entre 2010 y 2019. En República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se registraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En Centroamérica, la subregión con mayores tasas, los países con más feminicidios en relación con su población fueron Honduras (7,1) y El Salvador (6,3).
 
PNUD advierte que el miedo y la ansiedad creado por la amenaza de violencia puede alterar el comportamiento laboral y, por lo tanto, afectar negativamente el nivel educativo y el desarrollo cognitivo, empeoran los resultados del mercado laboral, y socavan las habilidades no cognitivas.
 
Por estas razones, la violencia de género puede también empeorar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral. También puede amplificar la desigualdad económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de género en las mujeres de bajos ingresos.
 
De ahí que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda que además de los asuntos de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres hay que integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para afrontar el problema a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
 
La violencia en el desplazamiento y la migración
 
En el análisis del impacto de la violencia criminal en ALC el informe incluye la prevalencia de violencia por desplazamiento, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018. El desplazamiento forzado también ha afectado miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal como política, a más de ocho millones de colombianos.
 
En su informe más reciente, la ONU estimó que 5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, y de ellas 4,6 millones terminaron en países de América Latina y el Caribe, la mayoría en altas condiciones de vulnerabilidad. 
 
La migración provocada por la violencia puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los migrantes, desplazados internos y refugiados enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo y, por tanto, tienen menos perspectivas de mejorar sus condiciones económicas. “Si los que huyen son los más desfavorecidos, es probable que prevalezca una mayor desigualdad”.
 
La violencia puede desestabilizar las economías locales en áreas desfavorecidas, condenándolas a un menor crecimiento económico. Oleadas de violencia en las economías rurales locales que ya muestran un menor crecimiento económico y las instituciones de bajo rendimiento amplían la desigualdad subnacional (zonas declaradas como rojas o de alta peligrosidad) a través de un deterioro adicional en el bienestar económico de la población.
 
En México, las localidades afectadas por la violencia relacionada con las drogas experimentan caídas en la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y trabajadores en manufactura. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, en Brasil, el crimen representa 5 y 4 por ciento de la producción anual, respectivamente.
 
La violencia puede representar un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad. “A menudo se convierte en la mayor preocupación entre las personas en un lugar”.
 
La delincuencia en la región ha llevado a una reducción del apoyo a las políticas de bienestar, mientras que las elevadas tasas de violencia criminal han facilitado la propagación de las percepciones de inseguridad, lo que ha impedido la consolidación del bienestar. “Las víctimas directamente afectadas por el aumento de la delincuencia son a menudo las personas con mayor necesidad de asistencia social”, recuerda PNUD.
 
La violencia puede incluso operar como un instrumento de poder que permite a las élites preservar el status quo distributivo, debido a la contribución de la violencia a la exclusión política de amplios sectores de la población que no pueden hacer demandas por una mayor igualdad a través del proceso democrático.
 
Según el informe, en América Latina y el Caribe (ALC) “élites han tolerado, facilitado y participado en la violencia, interviniendo de manera decidida contra la violencia solo si la violencia amenaza el equilibrio de poder entre los centro y periferia o la distribución del poder económico y político a nivel local”.
 
El costo es para el desarrollo humano
 
Los efectos de la violencia sobre la desigualdad de ingresos operan a varios niveles. En el individuo, la violencia puede poner en peligro las perspectivas de ingresos de las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la brecha de ingresos al reducir la salud mental entre los pobres, alterando así la participación de los pobres en el mercado laboral.
 
PNUD señala que, si bien los costos económicos de la violencia se pueden estimar, es imposible cuantificar el verdadero costo humano de la violencia o el trauma a largo plazo que la violencia puede perpetuar en el futuro.
 
“Pensamos que una llave para empezar a romper esa trampa está por el lado de la protección social”, afirma López Calva. En su concepto, “si los países hacen un esfuerzo amplio de replantearse la protección social para que sea universal, verdaderamente incluyente, fiscalmente sostenible, y además que sea amigable al crecimiento económico, es una llave que puede empezar a revertir esa trampa”.



ENTREVISTA: Cinco preguntas a...

Luis Felipe López Calva, Director Regional para América Latina y El Caribe en el PNUD.
 
¿Cuál es el objetivo del informe?
 
Es un llamado a ver las interacciones entre los problemas estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe, con énfasis en el problema de crecimiento y en el problema de desigualdad, para poder salir con políticas más integrales. Y de ahí que nos refiramos al concepto de que estamos atrapados.
 
¿Por qué hablan de una trampa?
 
Porque los problemas que vemos desde los distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta. Y porque si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada uno de estos grupos propone políticas para resolver ese problema concreto que ven, pero no de manera integral con los demás, vamos a seguir teniendo soluciones que no van sino a profundizar esas interacciones. Es decir, nos vamos a mantener en la trampa, es como si estuviéramos cavando en un hoyo y estamos haciendo más grande este hoyo. Lo que decimos es paremos, entendamos cuáles son las interacciones entre los problemas que vemos y tratemos de poner juntos este rompecabezas y encontrar la salida de manera integral.
 
En el informe hablan de percepciones. ¿Por qué?
 
Hablar de percepciones porque hay que entender cómo la gente vive la desigualdad a nivel muy individual, personal, local. Es algo que se vive a nivel muy personal y es muy importante entender cómo las medidas objetivas que tenemos pueden tener también sus sesgos o pueden estar desconectados de algunas realidades.
 
¿La percepción influye en la desigualdad?
 
La percepción de inequidad y de injusticia definitivamente tiene un impacto sobre las decisiones de las personas, por ejemplo, a la hora de contribuir al sistema fiscal, incluso de participar políticamente y en un caso extremo de migrar y de tratar de buscar un mejor espacio. Por eso es muy importante siempre contrastar las medidas objetivas con las percepciones de las personas. Al final, tienen un impacto muy importante en el comportamiento económico, social y político de las personas.
 
¿Cuál es el impacto de la desigualdad en la democracia?
 
Una de las implicaciones del bajo crecimiento, la alta desigualdad, lleva a una reducción en la confianza en las instituciones y, eventualmente, puede llevar a una desconexión de ciertos grupos con la política y a sentirse no representados, y eso conlleva un riesgo para la democracia. Hay un vínculo muy claro entre la desigualdad, bajo crecimiento en esta trampa que puede llevar a una situación de debilitamiento de la democracia que tanto trabajo ha llevado construir en la región.
 

*El GDA está integrado por La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela.

Más información:

El Comercio PE:

Nacional VE:

mayo 16, 2021

Coronavirus: la variante brasilera P.1 del covid-19 está en 16 países latinoamericanos

Los científicos aún no saben si esta cepa del virus es más agresiva, pero por ser más transmisible ya lleva indirectamente a más muertes

Rafael Garcia – O Globo/GDA

La variante del coronavirus identificada con la sigla P.1, que emergió en Brasil y dominó el escenario de la pandemia en apenas cuatro meses, ya cruzó las fronteras y fue encontrada en otros 36 países del mundo, siendo 16 de Latinoamérica. Los científicos aún no pueden precisar si esta cepa del Sars-CoV-2 es más agresiva para el organismo humano, pero ya está claro que, por ser más transmisible, termina indirectamente provocando más muertes que la versión original del virus.

Hasta ahora en la región sólo han sido confirmados casos de transmisión local (no importados) de la P.1 en México y en Colombia, además del propio Brasil, probablemente porque en esos países hay mejor vigilancia genómica. Naciones que sólo han encontrado casos importados de la variante, concentran la vigilancia en el control fronterizo.

En cinco países latinoamericanos (Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam y Costa Rica), la P.1 ya representa más de 10% de las muestras de coronavirus cuya secuencia genética fue estudiada hasta la fecha, según estiman los datos de la colaboración Gisaid de monitoreo global de gripe y enfermedades respiratorias, proporcionados al Grupo de Diarios América (GDA).

Mantener esta variante bajo vigilancia es importante, según los científicos brasileros, porque existen buenos indicios de que fue un ingrediente relevante de la segunda ola devastadora del covid-19 en el país, aunque no el único. En Manaos, en el Amazonas, ciudad donde la P.1 emergió, la variante se tornó dominante en dos meses.

“La P.1 ya representa entre 70% a 80% de los casos de la enfermedad en Brasil. En la región norte del país llegó a 90%”, explica Tiago Gräf, biomédico y genetista de la Fiocruz-Bahía, en Salvador, uno de los laboratorios brasileros que hacen el monitoreo genético de las cepas circulantes del Sars-CoV-2. “Esta velocidad de diseminación, producida por las mutaciones de la P.1 es la gran ventaja que le permitió dominar la epidemia en Brasil”, dijo.

La P.1 cruzando fronteras

La diseminación de la variante en Latinoamérica ocurrió a pesar de las restricciones de circulación que existen en la región. De los 16 países donde la P.1 ya fue detectada, cuatro tienen política obligatoria de cuarentena para quien llega del exterior y 10 tienen reglas que someten a los viajantes al procedimiento, dependiendo de la presentación de síntomas o de ser ciudadanos o no. El 4 de mayo, dos países tenían restricciones rígidas para la entrada de extranjeros (Uruguay y Surinam), y otros 13 tenían restricciones parciales, según datos del servicio TravelBans.org.

Según los epidemiólogos, los bloqueos de frontera ayudan, pero están lejos de ser impenetrables, sobretodo cuando el blanco son apenas personas con síntomas.

“Es un error creer que las barreras sanitarias son útiles para las enfermedades virales. El covid-19 se transmite antes del comienzo de los síntomas, y en 40% de los casos se da a partir de casos asintomáticos”, explica Wanderson Oliveira, ex-jefe de la Secretaría de Vigilancia en Salud (SVS) de Brasil.

Según la opinión del infectólogo Marcus Lacerda, de la Fiocruz Amazonia, la medida más importante debería ser establecer un robusto sistema de vigilancia genómica, capaz de secuenciar genéticamente una gran fracción de las muestras de Sars-CoV-2 recogidas.

“Luego de que una variante de alta transmisibilidad entra en un país, aún siendo en apenas una persona o en pocas, es muy difícil impedir que se establezca allí”, explica Lacerda, “pero la velocidad de entrada con que pasa por la frontera también ayuda a definir la velocidad con que se diseminará”.

Bajo vigilancia

La vigilancia genómica, explican los investigadores, también es importante para monitorear nuevas variantes del virus que puedan surgir, un fenómeno que es más probable en países como Brasil y Perú, donde la epidemia del covid-19 está fuera de control.

“Es importante seguirla de cerca, porque la P.1 debe desdoblarse luego en alguna variante nueva. En el futuro puede surgir un subgrupo P.1.1 y nosotros debemos notificar el importante aporte que significa la clasificación de linajes del virus”, dice Gräf.

Otro trabajo importante de seguimiento en el escenario del surgimiento de nuevas variantes del virus es verificar la eficacia de las vacunas. Un estudio reciente patrocinado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), está siguiendo a 67.000 individuos inmunizados con la vacuna china CoronaVac en Manaos para saber si continúa siendo eficaz frente a la P.1, la variante dominante en la ciudad.

El trabajo, liderado por el infectólogo Júlio Croda, ex-director del Departamento de Inmunización y Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, emitió conclusiones preliminares señalando que la vacuna funciona. Tiene una eficacia global contra la infección de 50% en la ciudad, nivel similar al que obtuvo la vacuna en los test clínicos en São Paulo, antes de la emergencia de la P.1.

La noticia es importante para Latinoamérica, ya que dosis de la CoronaVac fueron contratadas por siete países de la región (Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y El Salvador).

Para Lacerda, la garantía de que la vacuna funciona contra una variante del virus no se extiende a otras posibles variantes que puedan surgir. Pero tiene sentido, dice el infectólogo, intentar contener la diseminación de la P.1 por vigilancia epidemiológica mientras sea posible: “Lo que algunos países están tratando de hacer es ganar tiempo para tratar de vacunar la mayor parte posible de la población antes de que entren más casos de P.1.”, dijo.

Más Información:

O Globo BR:
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/variante-brasileira-da-covid-19-ja-foi-detectada-em-16-paises-latino-americanos-25019277

La Nación CR:
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/costa-rica-figura-entre-16-paises-latinoamericanos/QYCHGMFAPZHNPE67MNG5ICQGQA/story/

El Universal MX:
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/variante-brasilena-se-amplia-amenaza-en-america-latina

El Comercio PE:
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-variante-brasilena-del-covid-19-ya-esta-en-16-paises-de-latinoamerica-p1-noticia/

El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/variante-del-covid-19-que-emergio-en-brasil-ya-se-encuentra-en-16-paises-de-america-latina/