A inicios de diciembre del 2012, una alerta de la oficina de Aduanas de Costa Rica calmó los ánimos de varios periodistas, en diferentes países, sobre el destino desconocido de un disco duro enviado desde Washington, Estados Unidos, a las oficinas centrales de La Nación, en Llorente de Tibás.
El disco contenía 2,5 millones de archivos sobre sociedades offshore relacionadas con 170 países y territorios en el mundo.
Es la colección de datos más grande que se haya conocido sobre 105.520 compañías, fideicomisos y fondos registrados en distintos paraísos fiscales, así como sus dueños y representantes.
El material fue enviado al equipo de Investigación de La Nación desde la sede del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los datos los obtuvo ICIJ, que escogió a La Nación para limpiarlos, procesarlos y para desarrollar una aplicación web, con el fin de que los usuarios en el mundo puedan navegar entre ellos.
Hoy, tras seis meses de trabajo, ICIJ anunció, en una presentación oficial en Alemania, la publicación del esperado sitio que permite buscar y visualizar las relaciones de empresas y personas: http://offshoreleaks.icij.org/
Los datos fueron alimentados, durante 30 años, por dos firmas que les ayudaron a miles de personas a crear sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias secretas: Portcullis TrustNet, en Singapur, y Commonwealth Trust Limited, en las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación periodística ha permitido descubrir secretos y negocios ocultos de políticos, estafadores, vendedores de armas, aristócratas e incluso celebridades.
También han proporcionado información y pruebas que ilustran cómo el secreto financiero internacional se ha extendido en el mundo, permitiendo que miles de personas puedan evadir impuestos y generar o amparar actos de corrupción.
Hasta ahora, los archivos documentan pocas relaciones con Costa Rica o con costarricenses.
No obstante, existen usos legítimos de empresas y cuentas offshore. El único hecho de que una persona o compañía figure en una entidad creada en un paraíso fiscal no significa que infringa la ley.
Restauración
El desarrollo del sitio web estuvo a cargo del ingeniero Rigoberto Carvajal y del desarrollador Matthew Caruana, del equipo investigativo de La Nación.
El desarrollo del sitio web estuvo a cargo del ingeniero Rigoberto Carvajal y del desarrollador Matthew Caruana, del equipo investigativo de La Nación.
Con el disco en sus manos, Carvajal inició una labor similar a la de un restaurador de arte que reconstruye una escultura destruida tras estudiar las piezas inconexas y colocarlas intactas hasta descubrir su forma original, como si el tiempo no la hubiera tocado.
Su estructura era desordenada y dispersa y había miles de nombres de personas y compañías que aparecían duplicados.
El tamaño de los archivos, medido en gigabytes, es más de 160 veces mayor que la filtración de documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos realizada por WikiLeaks en 2010.
Carvajal aplicó métodos de ingeniería inversa (deconstruir una estructura para saber cómo se construyó) para descubrir las relaciones originales entre los registros de sociedades y personas.
El objetivo era concebir una solución simple y versátil para la exploración visual de los datos.
Para ello, el diseñador web de La Nación, Marco Hernández, plasmó una propuesta gráfica y Caruana programó y desarrolló la plataforma. Seis meses después, el equipo de La Nación produjo una aplicación amigable que le permite a los lectores examinar las relaciones entre clientes, entidades offshore y abogados, contadores, bancos e intermediarios (puede consultarla en nacion.com o en offshoreleaks.icij.org).
Quizá usted podría ayudarnos a encontrar nuevas historias a partir de los datos.
