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5.12.13

El microtráfico, una tragedia urbana en Latinoamérica

Grupo de Diarios América (GDA)

Un kilo de marihuana en zonas de cultivo del departamento del Cauca (suroccidente de Colombia) se consigue en veinte mil pesos (unos 10 dólares). Una vez puesto en Bogotá, la capital de Colombia, ese mismo kilo sube a setenta mil (37 dólares). Los traficantes, que en la calle distribuyen el gramo a mil (55 centavos de dólar), terminan vendiendo el kilo en un millón de pesos (519 dólares).

De esa magnitud es el negocio del tráfico de estupefacientes al menudeo, con el cual se está financiando una tragedia urbana de nivel continental, cuyos principales protagonistas y víctimas son los jóvenes. Son ellos los clientes principales de los traficantes, y también son la mano de obra que utilizan para vender la droga en las calles sin consecuencias judiciales.

Para las autoridades, enfrentar un negocio que tiene una rentabilidad del cinco mil por ciento entre el cultivo y el consumidor se ha convertido en una tragicomedia que demanda millones de dólares del erario público y el desgaste de una fuerza pública que no da abasto para controlar los expendios de alucinógenos que se multiplican como hormigas en las ciudades.

El Grupo de Diarios de América (GDA) revisó el fenómeno en once ciudades de la región: San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, San José de Costa Rica, Montevideo, Quito, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Caracas y Bogotá, todas golpeadas por los traficantes, que han encontrado en la venta detallada o al detal de alucinógenos un filo jugoso del narcotráfico.

Una característica generalizada en las ciudades la falta de información y cifras exactas sobre la medición del fenómeno,aunque en todos los casos las autoridades son conscientes de la gravedad del problema y la dificultad para enfrentarlo.

“¿Cómo nosotros vamos a enfrentar el reto de un negocio que es extremadamente lucrativo y que lo estamos haciendo más con las medidas que estamos tomando?”, indicó Salvador Santiago, jefe de la gubernamental Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) en Puerto Rico.

Las autoridades de Costa Rica afirman que el microtráfico tomó tal fuerza en los últimos ocho años, que hasta cambió el rol del país en la industria de la droga. “Pasamos de ser un país de tránsito a ser un país consumidor”, reconoció Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En términos sencillos, el microtráfico o venta de estupefacientes al menudeo o al detal es un negocio montado por las mafias para vender masivamente al consumidor drogas ilegales por gramos, que es la dosis mínima, y que tiene como propósito cubrir el mercado interno, especialmente en las ciudades. Por su tamaño, población y complejidad, las capitales se han convertido en los centros de disputa preferidos de las mafias.

Marihuana, la más vendida

En el portafolio de drogas ilegales que ponen en las calles, la marihuana encabeza las ventas, el consumo y su influencia en los delitos. Después están la cocaína, los inhalables (como el pegante bóxer), la heroína y el bazuco, que es la droga de peor calidad y bajo precio en la escala de los alucinógenos en Bogotá. En otras ciudades se llama crack o paco que, más allá del nombre, es el residuo de la base de coca, mezclada con químicos que la hacen altamente adictiva. En la lista figuran las drogas sintéticas, que cada día ganan más mercado, especialmente entre los estudiantes y en las zonas de rumba.

En la estructura del narcomenudeo, las mafias están en la cabeza y los jíbaros (vendedores) en la base. Entre esos dos extremos figuran los lugartenientes, los testaferros (que lavan el dinero) y los administradores de los expendios o puntos de venta (‘ollas’). Son estos últimos quienes reciben la droga al por mayor, la pesan, la empacan, la marcan y la ponen en la calle.

La primera característica del negocio, que les garantiza éxito a las mafias y dificulta el trabajo de la Policía para su control, es la proliferación de expendios a lo largo y ancho de las ciudades. Aunque en algunas hay uno o dos puntos críticos y reconocidos, el fenómeno está disperso.

En Bogotá, una urbe de siete millones y medio de habitantes, la Policía reconoce la existencia de 260. En Montevideo (Uruguay), se estima que hay 960 ‘bocas’, como se llaman allí los expendios de droga. En una encuesta realizada en Venezuela en 2011, el 41 por ciento de los encuestados señaló la existencia de venta de drogas en su comunidad.

Allí hay puntos de venta en casas o locales, en medio de los vecindarios, a la vista de los residentes que padecen la intimidación si denuncian, y enfrentan el riesgo de que sus hijos sean reclutados para la venta y el consumo, especialmente en zonas marginadas.

Las modalidades de venta incluyen el servicio a domicilio (delivery, se llama en Caracas), que hace difícil detectar a los jíbaros, que van de edificio en edificio entregando sus pedidos. El otro frente son los colegios. Ya no solo hay jíbaros en los entornos escolares, a la caza de nuevos consumidores, sino que muchos alumnos tienen sus propios mercados dentro de las instituciones educativas.

Ninguna autoridad, de las once ciudades consultadas, se atreve a estimar el número de personas que integran el ejército distribuidor de drogas al detal, del que hacen parte personas de todas las edades, pero en particular menores de edad. Pasan desapercibidos entre la gente, a pie, en bicicleta o en moto; pueden estar en puestos de venta de dulces o a la entrada de los colegios, en la esquina de un barrio, en las zonas de rumba o en sectores de consumo identificados por la Policía por su decadencia y degradación.

Precisamente, la segunda característica que les ha dado resultado a los traficantes, es el uso de menores de edad para cumplir el papel de distribuidores (jíbaros). Y las cifras lo confirman. En Bogotá, por ejemplo, entre enero y octubre de este año la Policía había capturado 2.352 menores de edad por tráfico de estupefacientes, 216 más que en el mismo periodo del año pasado.

En nueve de cada diez casos vuelven a la calle. Muchos evaden el castigo alegando el porte de dosis mínima de droga, que está permitida. En el caso de Colombia, resulta difícil judicializarlos porque la legislación protege a los menores de edad, y antes que castigo ordena restablecimiento de sus derechos.

Las capturas y los operativos constituyen un desgaste permanente para las autoridades, que rara vez cuentan con personal suficiente para enfrentar estos ejércitos distribuidores de drogas. Cada gramo de droga decomisado es rápidamente reemplazado por nuevos cargamentos, y cada capturado se releva en la calle, muy frecuentemente por otro familiar. Padre, madre, esposa, hijos y primos conforman empresas familiares que perpetúan el negocio de la droga en los barrios.

El teniente Iván Bahr Silva, director de la Oficina de Información Criminal de San Juan de Puerto Rico, admitió que, con cada nueva intervención policial, llega también el reclutamiento por parte de la organización criminal de las personas que sustituirán a los arrestados, una de las características que complican la misión de erradicar esto esquemas de “microtráfico”.

Y con el narcomenudeo también se sostienen e intensifican en el tiempo dos fenómenos que impactan la calidad de vida en las ciudades: el aumento de la violencia en las calles y el incremento imparable del consumo de drogas, especialmente entre la juventud.

Las estadísticas oficiales reflejan que en Bogotá entre el 71 y el 81 por ciento de los delitos de hurto, porte de armas, lesiones personales, tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno están relacionados con el tráfico de marihuana. De 1.042 homicidios reportados este año, 101 (el 9 por ciento) están directamente relacionados con el microtráfico.

En Quito, un informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana dio cuenta del asesinato de 16 personas entre enero del 2010 y diciembre del 2012 por venganza en la Mariscal, uno de los puntos identificados de tráfico al menudeo. Y este año ya van cinco casos reportados por ajustes de cuentas.

Actualmente, los gobiernos de las ciudades latinoamericanas están priorizando en sus agendas el tema de prevención del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes. En la mayoría  está trabajando en encuestas para identificar la magnitud del fenómeno, que en los datos más recientes muestra signos preocupantes.

México D.F., donde hay nueve millones de habitantes, no solo es punto de paso; también de envío y recepción de dólares producto de la venta al menudeo y exportación de cocaína a Estados Unidos y Europa. Allí, las autoridades calculan que al menos el 10 por ciento del millón de personas entre 17 y 25 años que va de rumba los fines de semana compran drogas en las calles. Las bandas lo saben, y por eso se pelean ese mercado.

Pero mientras las autoridades locales tratan de medir la magnitud del problema, los traficantes siguen multiplicando por miles de veces cada gramo de droga que ponen en la calle.


CÓMO LO HAN COMBATIDO


‘Fuerza policial ayuda, pero no ha frenado el tráfico al menudeo’

Avasalladas por la proliferación de venta de estupefacientes al detal en barrios y vecindarios y por el impacto en la seguridad y la convivencia, los gobiernos locales de las ciudades han optado por la fuerza para combatir el fenómeno.

Diariamente, tras operativos y allanamientos, la Policía de las diferentes ciudades da cuenta de capturas -incluidos grandes capos del negocio como ha ocurrido en Bogotá y Quito-, desmantelamiento de bandas y droga decomisada. No obstante, las raíces del narcomenudeo parecen meterse cada vez más profundo en los cimientos barriales de todas las ciudades.

Pacificadores del Brasil

Una de las experiencias más visibles en la lucha contra los traficantes de droga, mayoristas y al menudeo, la comenzó a aplicar hace cinco años Río de Janeiro (Brasil), cuando llevó a las favelas (barrios subnormales y marginados) Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

La experiencia comenzó en el sur de la ciudad, en la favela Santa Marta, donde las UPP asumieron el control del territorio que antes estaba en poder de traficantes. Hoy, 226 funcionarios de 34 unidades patrullan por las calles de barrios pobres que hace cinco años estaban bajo el control de pandillas armadas en Río de Janeiro.

El secretario de Seguridad Pública, José Mariano Beltrame, suele decir que el objetivo de este programa es reintegrar a la ciudad áreas que estaban bajo la tutela de pandillas armadas y arsenal de guerra. Sin embargo con la pérdida de control territorial, remanentes de esas pandillas han llevado el microtráfico fuera de sus fronteras, como ocurre en otras ciudades de América Latina, donde los jíbaros venden droga en el sitio menos pensado de la ciudad.

Policía militarizada en Buenos Aires

En Buenos Aires (Argentina) también se ha ensayado la fuerza. En el 2011, el gobierno nacional envió a la zona sur de Buenos Aires dos fuerzas de seguridad militarizadas: la Gendarmería y la Prefectura, que hasta ese momento actuaban en las fronteras.

El punto clave de la actuación es Villa Zabaleta, una zona marginada de la ciudad, a donde también llegó la Secretaría de Prevención de Drogas y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedromar).  Pero pese a las actividades policiales, el tráfico se mantiene. En septiembre de 2012 decomisaron en esa zona 320 kilogramos de marihuana y 30 kilogramos de cocaína dispuesta para su transformación en miles de dosis de paco (crack argentino) para distribuir al detal. El negocio sigue su marcha.

En Santiago de Chile existe una Unidad Especializada en Drogas de Carabineros (el OS-7), que realiza entre tres mil y cuatro mil intervenciones al año contra el microtráfico, pero no hay una acción que se asimile a las medidas que se han aplicado en Río de Janeiro o Buenos Aires.

Desarticulación de bandas

En otras ciudades, la constante son los operativos, allanamientos y decomisos. En Costa Rica, en el 2012 la Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló 83 organizaciones, de las cuales 19 eran internacionales y 64 locales que operaban en el país. De los grupos locales, 21 eran clanes familiares.

En Quito, los operativos y controles más frecuentes se realizan en Carcelén Bajo, La Mariscal y San Roque, los puntos identificados como los más críticos en el negocio del microtráfico. “Junto con los policías de servicio urbano hemos coordinado patrullar esos lugares. Nosotros nos encargamos de los casos luego de hacer seguimientos e investigaciones”, dijo Mario Varas, jefe antinarcóticos de Pichincha.

En Ciudad de México, uno de los lugares donde se concentra la acción de las autoridades es en el aeropuerto. Es allí donde la Policía intercepta y decomisa los cargamentos de heroína y cocaína enviados desde Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, y los millones de dólares que ilegalmente intentan sacar de México hacia Centro América.

En Uruguay, en el 2012 la Policía realizó 1.137 procedimientos contra traficantes nacionales, que permitieron iniciar 1.520 procesos judiciales.

Política integral incipiente

Aunque todavía con resultados marginales en temas de prevención y tratamiento a los adictos, los gobiernos del continente, locales y nacionales, han entendido la necesidad de contar con una política integral que incluye la prevención del consumo, el tratamiento del adicto y la represión de las mafias de traficantes.

“Se está viendo un enfoque de desarticular más, no (ir contra) los vendedores, sino la organización completa”, dijo el teniente Iván Bahr Silva, director de la Oficina de Información Criminal de San Juan de Puerto Rico. En su concepto, el enfoque punitivo sirvió de venda, y mientras se trataba como un asunto criminal, se perdió la perspectiva de desarticular el negocio.

En Colombia, en un programa educativo que cubre a todas las ciudades del país, la Policía ha capacitado en prevención a casi tres millones de estudiantes, docentes y padres de familia, en 15 años.  Los talleres, que dictan los mismos policías en escuelas, colegios y comunidades, brindan herramientas para la resistencia al uso y abuso de las drogas y a la violencia. Cobija a niños y jóvenes desde los 5 años y hace énfasis en los riesgos, la convivencia y la importancia de aprender a tomar decisiones. 

No obstante, la prevención está lejos de ser la prioridad en la lucha contra el microtráfico en cuanto a recursos se refiere. La oficial que coordina el proyecto reconoce que depende de los alcaldes aportar recursos para respaldar este esfuerzo.

En los últimos dos años, la Policía de Bogotá ha intensificado la investigación y desmantelamiento de bandas –este año van 19 desarticuladas-, mientras el Gobierno de la ciudad hace unos primeros ensayos de tratamiento a los adictos, de los cuales todavía están por verse los resultados.

Entre las acciones más visibles de los últimos dos años en Bogotá está el ataque frontal al mayor centro de tráfico de droga, especialmente bazuco y marihuana, y comercio negro de armas: el Bronx, en pleno centro de la ciudad. El lugar, sin embargo, está lejos de estar bajo el control absoluto de las autoridades.

Costa Rica también está tratando de trabajar en una política integral. Uno de los frentes más importantes ha sido el combate a la legitimación de capitales ilícitos. “Los esfuerzos han servido para que el sector financiero se involucre y tenga más disciplina. Ya saben que tienen la obligación de controlar actividades sospechosas y cómo reportarlas”, dijo el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado.

La magnitud de los problemas ha llevado a los gobiernos Nacionales a intervenir. El año pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos dio un ultimátum a la Policía para acabar con los expendios de droga en 24 ciudades del país. Según el mandatario, el Gobierno y la Policía entendieron la necesidad de ir detrás de las fábricas del crimen, denominadas ‘ollas’. Recientemente se reportó que habían sido desmanteladas 17, en distintas ciudades del país.

En Argentina, la presidente Cristina Kirchner, visitó el sector de Buenos más golpeado por las drogas. Anunció que trasladaría allí la Secretaría de Cultura. Al final, el plan quedó reducido a una visita semanal del secretario de Cultura a la zona.

TESTIMONIOS


SAN JOSE, COSTA RICA
Recreación y arte hacen frente a las drogas

Rafael Valverde tiene 52 años y es miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Pavas, que se ubica en el distrito más poblado de la capital, San José.  Cuenta que él y sus hijos han sido víctimas de asaltos, que una vez denunció a las autoridades y al día siguiente, los delincuentes llegaron a amenazarlo a la casa: o se quedaba callado o su familia sufría las consecuencias. 

Dice que eso es de todos los días en su vecindad.  Que la venta de drogas en el barrio ha ido desmoronando la comunidad y hundiéndola en un hueco del que cada vez es más difícil salir.  En este sitio, solo en este año se han presentado 185 denuncias por venta de narcóticos. 

Los que caen primero son los jóvenes, pero las víctimas de esta caída son todo el resto de la población de Pavas. 

Sin embargo, Rafael tiene algo muy claro: “El joven no es malo, se hace malo en la calle por falta de oportunidades”.   Su convicción lo ha llevado a buscar soluciones para la comunidad y, para él, la clave está en prevenir que nuevos jóvenes se unan a la venta y consumo de drogas.

  “Tengo un grupo de teatro, uno de danza y otro de baile folclórico.  Entonces, como no hay dinero en la asociación, en la Feria del Agricultor, donde yo trabajo, pido una contribución para pagar un coreógrafo que ensaye a los muchachos”, cuenta Valverde. 

Así, crea espacios de recreación para los jóvenes que también sirven para aconsejarlos y darles oportunidades. 

En la actualidad, 40 muchachos son miembros activos de los grupos y muchos otros ya han pasado por este espacio. 

“Logramos que algunos regresaran a estudiar al colegio y a otros les conseguimos trabajo”, cuenta Rafael.  Además, a los que han caído en una adicción se les contacta con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para un programa de desintoxicación. 

Rafael tiene claro que su programa no tiene la fuerza suficiente para erradicar la droga de su comunidad, así como la inseguridad y la violencia que esta genera. No obstante, ofrece una esperanza para reducir la cantidad de jóvenes que empuñan un arma para asaltar y comprar sustancias. 

“La situación en Pavas es muy grave, pero estamos luchando de forma preventiva por medio del deporte, el estudio y la recreación”, comentó.

QUITO, ECUADOR
‘Debajo de las luces hay una mafia’

A unos 10 kilómetros del sitio donde “carga” su dosis de droga, tiene miedo de que alguien la vea y la identifique. Tiene 27 años, es secretaria en un consorcio de abogados y desde hace 9 años consume marihuana. “Solo fumo hierba porque todo lo demás me produce un mal viaje”.

La joven compra cada dos días su dosis de marihuana, siempre lo hace luego de salir de su oficina ubicado a pocas cuadras de La Mariscal, la zona rosa, ubicada en el centro norte de Quito. “Al principio compraba en la calle, cuando salía a farrear o a tomar unos tragos. Ahora voy donde un proveedor, le llamo desde un teléfono público y nos encontramos en algún bar”.

Estas medidas de seguridad dice que las tomó luego de la ocasión en que detuvieron a la persona que le vendió un paquete de unos 10 gramos de ‘Cripy’ o marihuana aromatizada o mentolada.

“Creo que la Policía le tenía vigilado. Seguro que vieron”, dijo mientras nerviosa se retiraba el esmalte de sus uñas.

Ella contó que las plazas llenas de árboles, los centros culturales y cientos de cafés y bares que hay en La Mariscal le generan una falsa idea de seguridad.

“Yo sé que hay gente que mata por desnudas o porque se metió con alguien equivocado. Sé que hay alguien que les cobras 50 centavos diarios por dejarlos vender en una cuadra y que debajo de todas las luces y la música hay una mafia peligrosa”.

A pesar de conocer el riesgo que representa, ella aseguró que “eso no es nada” comparado con las situaciones que se ven en San Roque, un barrio céntrico de Quito, que se ha convertido en el principal punto de microtráfico.

“A San Roque no voy jamás. Primero porque ahí marihuana de la buena: ‘Cripy’, ‘Gol’ o la ‘Púrpura’ te venden solo al por mayor. La chola es la única que encuentras en la calle’.

La joven detalla que las variedades de la marihuana, a su criterio de mejor calidad, no son difíciles de encontrar y las venden ‘brujos’ que son de alto rango.

“Una vez caí por comprar la Gol, pero me robaron el celular y también me amenazaron con un cuchillo porque pensaron que era una soplona. Por suerte estaba con un novio que entonces conocía bien la zona y pudimos salir”.

A partir de allí no le importa pagar hasta cinco veces más a su ‘dejarle’ de confianza de La Mariscal antes que ir a San Roque.

CIUDAD DE MÉXICO
DF, un oasis para el narcomenudista

En el DF viven cerca de 9 millones de personas, y otros 12 millones de habitantes van y vienen del Estado de México. Cada fin de semana un millón de jóvenes entre 17 y 25 años salen de fiesta a las principales zonas de esparcimiento de la ciudad.

Según el Colectivo para una Política Integral hacia las Drogas, por lo menos un 10% de ésos jóvenes compran drogas en las calles de la ciudad y las bandas de narcomenudistas lo saben y por eso se los pelean.

Este Colectivo tiene una estimación basada en la Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en el DF y en una encuesta propia sobre el mercado de drogas en la ciudad y estiman que el volumen de negocio de la capital es de unos 100 millones de dólares anuales.

Carlos Zamudio investigador del Colectivo asegura que según datos de una encuesta realizada por ellos, los usuarios gastan en promedio unos 280 pesos semanales en drogas por lo que multiplicado por el número de usuarios arroja la cifra de 100 millones de dólares anuales tomando en cuenta que el valor de un gramo de cocaína en el DF estaría entre los 120 y los 500 pesos, según la pureza de la coca.

No es gratuito que la disputa del territorio se haya dado en la Condesa y Zona Rosa, pues
de 3 tres mil 600 establecimientos que existen en la Ciudad de México, mil 100 se ubican en la delegación Cuauhtémoc, la mayoría en la Condesa, Roma y Zona Rosa.

Según datos de la Encuesta de Usuarios de Drogas Ilícitas  EUDI, 33% de los usuarios de drogas ilícitas compra en puntos de venta fijos o tienditas, 17% compra en puntos de venta efímeros y otro 29% compra en varios tipos de punto de venta; por fuera de una relación puramente comercial, 11.1% obtiene las drogas ilícitas con amigos y sólo 0.2% la cultiva.

En otros números, 88.7% de los usuarios de drogas ilícitas se relaciona con el mercado a partir de al menos uno de los mecanismos de compra-venta existentes; mientras que 29.1% de los usuarios lo hace a partir de varios de ellos.

Más información:

El Comercio de Ecuador:
http://www.elcomercio.com/seguridad/microtrafico-Latinoamerica-drogas-marihuana-Latinoamerica_0_1039696048.html.

El Nacional de Venezuela:
http://www.el-nacional.com/gda/Microtrafico-tragedia-urbana-nivel-continental_0_309569326.html