Carlos Rojas Araujo
El Comercio/Quito/GDA
En los últimos siete meses, el
gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el
poder político en el Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa
independiente.
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| El Comercio/Ecuador/GDA |
Entre junio del 2013 y enero
pasado, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas
(Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la
Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a las
autoridades encargadas de monitorear, crear normativas y aplicar sanciones a
todos los medios de comunicación.
La severidad con la cual se
vigila a la prensa privada -calificada por Correa de corrupta y mercantilista-
es distinta a la comodidad con la que trabaja la prensa estatal -compuesta por
medios públicos, oficiales, incautados-, abiertamente alineada con la
denominada revolución ciudadana.
Es preciso hacer un poco de
cronología. Si entre agosto del 2009 y mayo del 2013 al oficialismo se le hizo
imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se
posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.
La razón: en las elecciones
presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta
en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue
neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación
internacional por el contenido de esa ley y sus alertas sobre la posible
inobservancia de estándares mundiales sobre la libertad de expresión y de
prensa. Así, la nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para
que el poder político controle y sancione a los medios, reforzando el ambiente
de autocensura en el periodismo al crear figuras como el llamado ‘linchamiento
mediático’ y la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).
Desde junio pasado, tras la
vigencia de la ley, se nombró al Consejo de Regulación de la Comunicación, con
cinco miembros, de los cuales cuatro tienen vínculos con el oficialismo. De
igual forma, se eligió a Carlos Ochoa como superintendente de la Información,
hombre crítico de la prensa privada y quien por varios años fue el jefe de
noticias de Gamatv, uno de los canales incautados que el oficialismo controla.
Mientras el Consejo de
Regulación completa la normativa para aplicar esta ley, Ochoa puede de oficio
vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica que la Supercom
impuso contra un medio fue, precisamente, el viernes 31 de enero cuando multó a
diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres
meses (más de USD 90.000), por haber permitido la publicación de una
caricatura, en el espacio de opinión, con información que, a criterio de Ochoa,
no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia. Es
decir que la primera sanción económica de la Supercom fue por una pieza de
humor. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.
En junio pasado, el Gobierno
expidió el llamado Decreto 16. Este instrumento obliga a todas las
organizaciones sociales, internacionales y ONG que operan en Ecuador a
someterse a un registro ante el Gobierno, a través del cual estas entidades
están limitadas para realizar lo que el Régimen considera como “actividades
políticas”. Uno de los primeros resultados de este Decreto 16 es que por
ejemplo la organización Fundamedios, entidad encargada de monitorear el
ejercicio de la libertad de prensa en el país, pasó a ser controlada por la
Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Fundamedios ha sido
particularmente crítica con el papel de esta entidad, por considerarla el brazo
ejecutor de la política anti medios que en su criterio libra el Gobierno.
Hace pocas semanas, el
Gobierno expidió el reglamento de aplicación de la Ley de Comunicación que,
entre otros temas, pone énfasis en la regulación de contenidos publicitarios y
editoriales. En este documento se explica que las redes sociales y los
contenidos de ciudadanos en la Internet no serán controlados, salvo que estos
usen plataformas virtuales de medios de comunicación. Este reglamento también insiste
en que los contenidos de opinión en los medios sobre asuntos de trascendencia
pública no deben ser censurados ni sujetos de rectificaciones. Sin embargo,
este principio contradice la resolución del superintendente Ochoa adoptó en el
caso de la caricatura de Bonil, al obligarlo a rectificar.
En cuanto al nuevo Código
Integral Penal, se mantienen las sanciones para los responsables de los medios
que no proporcionen información requerida por las autoridades, sobre contenidos
periodísticos relacionados o que deriven en procesos judiciales. Si bien es un
artículo que data de 1971, la Federación Nacional de Periodistas lo considera
atentatorio al principio de libertad de expresión, porque ‘reedita la
penalización del periodismo’. Adicionalmente, este organismo dice que el Código
Penal mantiene la penalización de la calumnia y la injuria cuando en otras
legislaciones se ha traslado este delito al ámbito civil. Además porque se
incluyen delitos como el pánico económico que, al ser penados, pueden
restringir la libre circulación de información.
A este círculo legal cabe
sumar otras resoluciones tomadas años atrás por el Gobierno, como el fin de la
exención del IVA al papel periódico o la prohibición de que haya accionistas en
los medios de comunicación vinculados al sector financiero. Todo ello generó un
ambiente de desinversión económica en las empresas periodísticas. A inicios del
2010, la Ley de Participación Ciudadana ya definió al periodismo como un
servicio público, buscando que los medios privados e independientes rindan
cuentas ante las autoridades estatales del llamado Quinto Poder.
El panorama se completa con el
permanente enfrentamiento que el presidente Correa libra en contra de la prensa
independiente, a la cual critica con duros calificativos en sus enlaces
sabatinos y cadenas nacionales por radio y TV. Esto sin contar la
jurisprudencia que Correa ha sentado al interponer juicios millonarios como en
el caso El Universo y contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, que tras
ser condenados por la justicia por injuria calumniosa y daño moral, recibieron
el ‘perdón’ presidencial y la anulación de las penas.
