La condenable decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no atender con responsabilidad democrática la discusión del caso de la crisis política, social y de seguridad que golpea a Venezuela, inflige una profunda herida de graves consecuencias al Sistema Interamericano.
Cuando un organismo continental como la OEA adopta la indiferencia ante los atropellos contra los derechos humanos y la libertad de expresión, a la vez que conduce sus sesiones en privacidad dolosa decretando un bloqueo informativo, reniega de su deber moral y ministerial de adoptar una postura digna y rotunda contra toda agresión que sufra la democracia en cualquiera de sus estados miembros.
Esas agresiones, que comete el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que la OEA se niega a ver y a rechazar, tuvieron este lunes otro episodio de funesta trascendencia, cuando el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, anunció la expulsión de la diputada independiente María Corina Machado, en represalia por haber participado el viernes último en Washington en la sesión del Consejo Permanente de la OEA en calidad de “delegada alterna”, puesto cedido por el embajador de Panamá para que pudiera exponer y denunciar la situación de su atribulado país. Con la acción de Cabello, la diputada es despojada, en consecuencia, de la inmunidad parlamentaria, lo que la deja a merced de ser procesada por el gobierno bolivariano por el supuesto delito de “traición a la patria”.
En un acto que debe ser imperativamente condenado por la comunidad internacional, esta arbitraria expulsión se produjo en momentos en que la parlamentaria estaba de visita en Lima, Perú, en una conferencia a la cual fue invitada para exponer los hechos que han sacudido a la nación suramericana en las últimas semanas.
Estas acciones autoritarias y antidemocráticas convierten en urgentes las iniciativas de apoyo a los sectores democráticos de Venezuela. Los organismos internacionales, como la OEA, deben entender esa urgencia porque estamos ante una cadena creciente de persecución política, encarcelamiento de líderes de la oposición, de represión y uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas que, en mes y medio, han dejado 36 muertos, cientos de heridos y lesionados y más de mil detenidos sin el debido proceso.
La mayoría de las víctimas de esta represión brutal proviene de las filas de los manifestantes, que han salido a la calle en protesta por el clima de inseguridad ciudadana, de las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión, en protesta por el desabastecimiento y el alto índice de escasez que obligan a los venezolanos a interminables filas para poder adquirir los alimentos y medicinas de primera necesidad.
Por eso es tan doloroso que, contrario a todo espíritu democrático y de transparencia, una mayoría de países de Sur, Centroamérica y el Caribe básicamente “beneficiarios” de Petrocaribe, y a los que Venezuela suministra alrededor de 40% de la energía, decidiera que la sesión del Consejo Permanente de la OEA, bajo la presidencia condicionada del embajador de la República Dominicana, se realizara a oscuras, en privado. Y se procediera a excluir a los periodistas, en un intento inútil, para evitar que el mundo se enterara de este triste capítulo de la historia latinoamericana.
A favor de una conducción antidemocrática de la discusión sobre Venezuela, votaron Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bahamas, Belice, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Surinam y la República Dominicana.
En contraste, impulsaron la transparencia Costa Rica, Chile, Perú, Colombia, México, Canadá, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Paraguay y Panamá, proponente de la atención multilateral al caso venezolano. Es ese multilateralismo el que hace tambalear decisiones como la tomada por la OEA de jugar a la escondida ante una crisis que involucra vidas, democracia e integridad.
La Organización de Estados Americanos tiene que abandonar los temores de la diplomacia cómplice, pronunciarse valientemente sobre Venezuela y demostrar si quiere conservar o abdicar a su legitimidad.
