Grupo de Diarios América (GDA)*
MEXICO
La casa blanca: en 2014 una investigación
periodística reveló un presunto conflicto de interés por parte del presidente
Enrique Peña Nieto, pues su esposa, Angélica Rivera de Peña, compró una casa
por siete millones de dólares que fue construida por Grupo Higa, una de las
empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y 22 contratos de
obra pública.
El presidente ordenó a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) una investigación y la dependencia, siete meses después,
determinó que no había conflicto de interés porque el mandatario no participó
en las contrataciones y la casa se adquirió antes de que fuera titular del
Ejecutivo. No hubo sancionados, pero, debido a la polémica, Peña Nieto ofreció
disculpas.
Exgobernadores: desde 2012, se han abierto
investigaciones contra 15 exgobernadores por desvío de recursos públicos e
incluso vínculos con el crimen organizado. Los casos más resonantes son los de
los exmandatarios pristas de Veracruz, Javier Duarte, detenido en abril de 2017
en Guatemala; Roberto Borge, de Quintana Roo, detenido en Panamá en junio
pasado, y César Duarte, de Chihuahua, con órdenes de aprehensión a nivel
federal y local. En este último caso el pasado 14 de marzo la Procuraduría
General de la República informó que no ejercería acción penal contra el
político chihuahuense. El ex gobernador Tomas Yarrington (PRI), investigado por
lavado de dinero y presuntos nexos con el narcotráfico fue detenido en Italia y
se encuentra en proceso de extradición.
Paso Exprés de Cuernavaca: el pasado 12 de
julio de 2017, se abrió un socavón en la autopista “Paso Exprés de Cuernavaca,
Morelos”, que cobró la vida de dos personas que cayeron en él cuando circulaban
en su auto. La SFP inició una investigación en contra de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y determino que hubo “negligencia administrativa”
porque no se atendieron los avisos de posibles fallas en la constricción de la
obra. No hay responsables penales y la indagatoria sigue abierta, pero se sabe
que la dependencia investiga a ocho servidores públicos que podrían ser
acreedores a sanciones administrativas.
BRASIL
Lava-Jato: (incluída en la
nota principal)
Calicute: es una derivación de la Operación
Lava-Jato en Río de Janeiro. La Calicute llevó a prisión, hasta el momento, al
ex gobernador Sergio Cabral y seis de sus secretarios, a los dos últimos
presidentes de la Legislatura, el presidente del Comité Olímpico Brasileño
(COB) e importantes empresarios del país. Las investigaciones involucran contratos
del gobierno y hasta la compra de votos para la Olimpíadas de Río. En 1 año y 4
meses, fueron denunciadas 144 personas y 37 condenadas. El Ministerio Público
Federal pide la reparación de los daños por un valor de R$ 2300 millones.
Mensalao: Principal escándalo del gobierno de
Lula, el caso fue revelado en 2005 y juzgado por el Supremo Tribunal Federal en
2012, antes de la Ley Anticorrupción. El juicio duró cuatro meses. Según la
denuncia presentada a la Corte, los parlamentarios recibieron coimas para votar
de acuerdo con el interés del gobierno federal. El valor desviado llegó a R$
101 millones de acuerdo con los investigadores. Integrantes de cinco partidos
políticos estaban involucrados. Veinticuatro personas fueron condenadas, entre
ellas, José Dirceu, el ex ministro de la Casa Civil (Jefe de Gabinete) de Lula.
EL SALVADOR
Desvío millonario de donativos del Gobierno de Taiwán: el
expresidente de El Salvador, Francisco Flores, fue procesado por haber desviado
US$15 millones provenientes de la cooperación de Taiwán, los cuales estaban
destinados a proyectos de beneficio a la población como mitigación de la
pobreza y obras de reconstrucción en zonas afectadas por los terremotos de
2001. Flores falleció antes de enfrentar un juicio, por lo que en la actualidad
únicamente se dirime si el Estado se puede quedar con parte de su patrimonio
como compensación civil al desfalco.
Desfalco a la cuenta del Tesoro: El expresidente
Antonio Saca es acusado de haber sacado $320 millones de dólares de la cuenta
del tesoro nacional entre 2004 y 2009, cuando ejerció la presidencia. Según la
investigación de la Fiscalía, el expresidente y sus colaboradores más cercanos
desviaron ese dinero hacia 14 cuentas que favorecieron a las empresas del
exfuncionario. Desde las cuentas de Casa Presidencial se libraron cheques
para hacerlos llegar a las agencias de publicidad, para que estas los pasaran a
empresas de Grupo Samix, propiedad de la familia de Saca, u otras entidades
similares, desde donde los fondos eran dirigidos hacia el patrimonio del
expresidente. El exfuncionario está detenido a la espera de enfrentar la
audiencia preliminar del caso.
Pagos adicionales a empresa constructora: El
exministro de Salud Guillermo Maza Brizuela (2004-2009) enfrentará un juicio
por actos de corrupción. Según la Fiscalía General de la República (FGR),
favoreció a la empresa CPK en la construcción de dos hospitales públicos. El
funcionario avaló el pago de US$1.7 millones adicionales y concedió una
prórroga a la empresa, pese a que el contrato era llave en mano e impedía ese
tipo de concesiones.
CHILE
Mopgate: se trata de un caso de corrupción de 2002, en el
gobierno de Ricardo Lagos, que tuvo como actores a miembros del Ministerio de
Obras Públicas (MOP) y de la empresa de Gestión Administrativa y Territorial
(GATE). El MOP pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos que nunca se
concretaron, mientras que la empresa GATE recibió pagos injustificados por
autopistas concesionadas y sus proyectos desde 1997. La sentencia definitiva
salió en 2014 y condenó al ministro Carlos Cruz a 61 días de pena remitida por
fraude al fisco. Sergio Cortés, ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fue condenado
a cinco años con libertad vigilada con una multa de US$777 millones y el dueño
de GATE, Héctor Peña, obtuvo 61 días de presidio remitido y una multa de $777
millones.
Chiledeportes: En 2006, la Contraloría General de la
República —al auditar a esta institución gubernamental— detectó graves
irregularidades en 70 de 77 proyectos financiados por Chiledeportes con
recursos por $417.114.788, lo que provocó una querella del Consejo de Defensa
del Estado (CDE) por los delitos de fraude al fisco, falsificación de
instrumento público y uso malicioso de instrumento privado. Además, en enero de
2007, se reveló que 114 otros proyectos también tenían irregularidades y que
fueron adjudicados en 2005, en época de campañas presidenciales y
parlamentarias.
Penta-SQM: A fines de 2014 reventó un fraude
tributario cometido por el grupo Penta, holding liderado por Carlos Alberto
Délano y Carlos Eugenio Lavín, que dio aportes irregulares a campañas políticas
a través de boletas “ideológicamente falsas” por servicios que nunca se
hicieron. El caso Soquimich (SQM) se originó como una arista de Penta, donde la
empresa minera también fue investigada por financiamiento irregular a una serie
de políticos. A 2017, eran 27 los políticos que habían sido formalizados. A
causa de estos dos casos, se legisló para cambiar el financiamiento de la
política, por lo que las empresas ya no pueden aportar dinero a las campañas y
disminuyó la cantidad de dinero que se puede aportar por persona.
PERÚ
Vladivideos: la noche del 14 de septiembre del
2000 se difunde en televisión el primer ‘vladivideo’, en el cual se observa al
congresista Alberto Kouri recibiendo US$15 mil por parte de Vladimiro
Montesinos, asesor del ex mandatario Alberto Fujimori, a cambio de pasarse a la
bancada Perú 2000, grupo oficialista. Con ello se dio inicio al mayor escándalo
de corrupción (debido a que no fue el único ‘vladivideo’) y por ende al fin del
tercer periodo de gobierno de Fujimori, quien renunció dos meses después. A
Kouri se le sentenció a seis años de cárcel por corrupción de funcionarios y
enriquecimiento ilícito, mientras que a Vladimiro Montesinos a ocho años.
Caso Orellana: el caso del abogado Rodolfo Orellana
y su presunta red de corrupción, narcotráfico, tala y minería ilegal se inició
en el 2014 y hoy, cuatro años más tarde, ya involucra a más de 400 personas. La
fiscal a cargo del caso, Marita Barreto, ha calificado este caso como uno de
los más complejos. Se trata de una organización criminal dedicada a, entre
otras cosas, el tráfico de terrenos y el lavado de activos, actividad para la
cual tenía apoyo de notarios, jueces, policías y hasta autoridades municipales
y regionales. Por este caso, todavía no se inicia el juicio. Sin embargo,
Orellana ya fue sentenciado por otras investigaciones.
Caso Petroaudios: Este escándalo se
inició en el 2008, durante el gobierno del ex mandatario Alan García, y
corresponde a un supuesto favoritismo a la empresa Discover Petroleum para la
adjudicación de cuatro lotes de explotación por parte de PetroPerú. Los delitos
fueron tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho. Entre los
principales involucrados se encuentran el ex ministro Rómulo León, el ex
presidente de PetroPerú, César Gutiérrez, y el ex titular de PerúPetro, Daniel
Saba. En febrero del 2016, el Tribunal de la Tercera Sala Penal Liquidadora
falló por la absolución.
COLOMBIA
Reficar: Tiene capítulos penales, fiscales y disciplinarios
abiertos. Sigue en curso. La modernización de la Refinería de Cartagena,
Reficar, fue un proyecto en el que se estimó una inversión de 3.777 millones de
dólares; sin embargo, por hechos de corrupción terminó costando 8.106 millones.
De acuerdo con las autoridades, en la ejecución del contrato que se firmó en el
2010 con una empresa canadiense que posteriormente cedió el contrato a una
firma estadounidense, hubo un sinnúmero de irregularidades que fueron
adelantadas en conjunto por miembros de la junta directiva de la entidad y la
empresa contratista.
De los siete procesados, dos están en detención
domiciliaria y los demás continúan en libertad, pero siguen vinculados a la
investigación. Un juez colombiano ordenó, sin embargo, que se detenga al
ciudadano extranjero Masoud Deidehban. Dentro de los investigados hay otro
extranjero.
El escándalo se destapó en el 2016 por cuenta de una
auditoría realizada por la Contraloría General.
Carrusel de la Toga: escándalo de
corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Sigue pendiente de más decisiones.
A mediados del 2017 se conoció a través de la interceptación de comunicaciones
entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus y el entonces fiscal
anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que en la Corte Suprema de Justicia había
una red de venta de beneficios judiciales en la que habrían comprado servicios
más de una decena de personas con fueros, principalmente congresistas. El
sistema consistía en que el abogado Moreno (antes de ser fiscal) lograba a
través de sus contactos en la Corte que se frenaran órdenes de captura en
contra de personas procesadas, entre esos el senador, hoy detenido, Musa
Besaile , a cambio de sumas millonarias. Entre los investigados se encuentran
tres exmagistrados del alto tribunal y un magistrado actual. Hay cuatro
personas detenidas.
ARGENTINA
Siemens: un caso que en la Argentina cumplió en 2017 los 20 años
sin que hay responsables locales procesados por parte del gobierno. En 1997
comenzaron los sobornos para ganar la licitación para imprimir nuevos
documentos de identidad. Para ello se utilizaron empresas fantasma.
No fue el único país que se vio implicado en los
escándalos de los sobornos. En 2008, un informe interno de la empresa encontró
sobornos a funcionarios públicos por 2.000 millones de dólares en más de 300
contratos en 9 países. Al cotizar en la bolsa de los Estados Unidos,
firma un acuerdo con el Departamento de Justicia, y debe pagar una multa de US$
800 millones.
En 2009 Siemens reconoce que pagó sobornos en la
Argentina por US$ 106 millones para ganar la licitación y para comprar silencios.
En 2013 la Justicia de la Argentina procesa a 17 funcionarios de Siemens, Itron
e intermediarios por cohecho activo y tráfico de influencias. No hay
funcionarios públicos procesados.
Caso
Ciccone: Boudou
está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona,
la ex imprenta Ciccone Calcográfica para quedarse con la impresión de billetes
y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de
funcionario público. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old
Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele. La imprenta,
que pertenecía a la familia Ciccone, entró en quiebra en julio de 2010 a partir
de un pedido de la AFIP. Pero, al poco tiempo, The Old Fund adquirió el 70% de
las acciones de la empresa y levantó la quiebra.
The
Old Fund había sido creada en 2009 para facturar un negocio relativo a la
reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional,
por el que cobró $7,6 millones en su primera factura emitida. Boudou participó
de esa negociación como ministro de Economía, según las constancias judiciales.
Habría tenido injerencia, además, en negociaciones de Ciccone con la AFIP para
lograr un plan de pagos ilegal.
La
ruta del dinero K: El
video de la financiera La Rosadita, que mostraba al hijo de Lázaro Báez y
colaboradores del empresario kirchnerista contando dólares sobre una mesa de un
departamento de Puerto Madero y la noche de José López en el convento de
General Rodríguez, donde se lo pudo ver ingresando bolsos repletos de dinero al
monasterio, fueron hitos de esta causa que mantiene en alerta a la opinión
pública.
En
abril de 2013, el programa Periodismo para todos (PPT) reveló una investigación
periodística que incluyó el testimonio de Federico Elaskar y Leonardo Fariña,
admitiendo ambos su participación y el rol del empresario patagónico Lázaro
Báez como testaferro de la familia Kirchner. Las maniobras financieras habrían
sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en
un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas
de Báez para la realización de obra pública. Así el 15 de abril de 2013, tras
una denuncia de la diputada Elisa Carrió, el juez Sebastián Casanello quedó a
cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico
Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de
Lázaro Báez.
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