Salió a la luz en 2015 y, tras la confesión de la empresa ante la
Justicia de los Estados Unidos, transita el camino de las multas y penalidades;
hoy lucha por seguir operando
Grupo de Diarios América (GDA)*
Un documento del departamento de justicia de los Estados Unidos
confirma que Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones de dólares en
sobornos asociados a mas de 100 proyectos en 12 países: la Argentina, Brasil,
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú,
Venezuela y en África, Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel
internacional, pero sobre todo regional por la magnitud de las cifras.
Consultada la empresa, ésta responde que “Odebrecht está colaborando
con la Justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya ha reconocido
sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las
autoridades de Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador,
Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción
en ninguna de sus formas”.
Pero no es tan sencillo. “El caso de Odebrecht ha probado que había un
esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha
de aceite en todo el continente y en dos países de Africa. Lo que se ha
demostrado con este caso en la región es que hay poca colaboración para
investigar, que hay poca armonización de la legislación entre los países. Si
esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucha mas veloz”, dice
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Otro tema polémico relacionado con el caso es que no hay acuerdo y sí
mucha discusión sobre si la empresa puede o no seguir operando. El modelo de
los Estados Unidos y también de Panamá son prágmáticos: se paga una multa y se
sigue adelante, priorizando el empleo. Pero “no existe un único modelo en la
región”, dice Ferreira Rubio. “En otros países no es admisible. Pero esto
depende de la legislación”.
Multas, penalidades, demoras
Aunque los sobornos no fueron a ciudadanos estadounidenses ni se
produjeron allí, se considera un delito que una empresa que cotiza en la bolsa
de ese país pague sobornos a funcionarios extranjeros y también que se utilice
su sistema financiero para delinquir. Por eso la constructora brasileña también
debió pagar multas a los Estados Unidos y a Suiza, por donde también pasó el
dinero, además de a los países donde efectivamente se produjeron los
sobornos.
Mas allá de estas multas el caso tiene distintos avances o desenlaces,
según lo estipulan las autoridades locales.
Brasil:
Odebrecht recién se convirtió en blanco de la Operación Lava-Jato en 2015, un
año después del inicio de las investigaciones. El día 19 de junio de aquel año
la Policía Federal prendió al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. Fue
una de las principales acciones de la fase 14 de la operación, con base en
declaraciones de delatores beneficiados por la colaboración premiada.
En una de ellas, el ex director de Petrobras, Paul Roberto Costa,
relató haber recibido de la compañía US$ 23 millones en una cuenta en Suiza. La
principal acusación es que la empresa había participado del cartel de
contratistas para ser beneficiada en obras públicas. El avance de las
investigaciones –incluso con la delación de 77 ejecutivos del grupo- reveló que
la empresa tenía hasta un sector responsable de organizar el pago de coimas,
llamado Departamento de Operaciones Estructuradas. El sector movió US$ 3400
millones entre 2006 y 2014 para abastecer la caja de las campañas electorales
en Brasil y pagar coimas en el país y en el exterior, según declaraciones de
ejecutivos.
Hoy las investigaciones relacionadas al esquema que involucra a la
empresa continúan. Marcelo Odebrecht está en prisión domiciliaria desde
diciembre. De regreso a su casa, el ejecutivo tuvo acceso a su notebook, y entregó
a la fuerza de tareas correos con más detalles sobre los crímenes. Parte de los
mensajes tratan, por ejemplo, de la relación entre la empresa e integrantes del
Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula.
México:
en octubre de 2017 el entonces titular de la Procuraduría General de la
República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba
concluida, pero hasta al momento no se ha ejercido acción penal contra ningún
funcionario de Pemex, entre a quienes se menciona a su ex director Emilio
Lozoya, quien presuntamente habría recibido 10 millones de dólares a cambio de
contratos de obra pública. Se investiga si esos recursos fueron a dar a las
campañas políticas, pero el Fiscal que llevaba el caso, Santiago Nieto, fue cesado,
supuestamente por revelar información confidencial.
La SFP ha impuesto multas por 134 mil dólares y 6.3 millones de
dólares) a un servidor público de Pemex y ha inhabilitado a Odebrecht por 10
años. Sin embargo, un juez otorgó un amparo, por lo que los procesos
administrativos están detenidos.
Odebrecht contestó que: “Son totalmente infundadas e improcedentes las
sanciones administrativas anunciadas por la SFP, además de violar derechos
fundamentales, debido proceso y tergiversar los hechos materia de los contratos
celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial. Odebrecht
México rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP, e impugnará
mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas
sanciones, confiando que las autoridades judiciales competentes realizarán una
revisión objetiva e imparcial de las mismas, pues la empresa desconoce los
hechos materia de tales injustas y desproporcionadas sanciones”.
Colombia:
aunque el escándalo comenzó dando cuenta del pago de sobornos por valor de 11
millones de dólares a funcionarios públicos para obtener dos megaobras, la
fiscalía dice que ya se han encontrado pruebas de que las coimas alcanzaron los
30 millones de dólares en cuatro contratos. El proceso empezó en diciembre del
2016 y ya han sido condenadas cuatro personas, entre ellos un ex viceministro
de Transporte y un senador activo. Los contratos que tenía la empresa
actualmente fueron tomados por el gobierno y las cuentas de Odebrecht
embargadas.
Perú:
la empresa admitió sobornos por US$29 millones a cambio de obras. Aunque, hasta
la fecha, se han identificado pagos por más de US$45 millones a jefes de
Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y
hasta intermediarios, entre 2006 y 2015. Ya suman más de 27 personas con medidas
restrictivas (prisión preventiva, arresto domiciliario e impedimento de salida
del país), entre los cuales se encuentra el expresidente prófugo Alejandro
Toledo y también Ollanta Humala, quien afronta prisión preventiva. También hay
una ex alcaldesa de Lima,Susana Villarán, entre otros.
Las declaraciones del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata, también han involucrado a la campaña electoral (2011) del ex jefe de
Estado, Pedro Pablo Kuczynski. Por el momento no se cuenta con una sentencia
efectiva.
Venezuela:
la amistad entre Hugo Chávez y Lula potenció los intercambios comerciales entre
Venezuela y Brasil. Ambos mandatarios se reunieron al menos 55 veces entre 1998
y 2013.De 2003 a 2016 se acordaron 37 contratos entre ambos gobiernos, 27 para
Odebrecht. Entre 2012 y 2013 cuatro empresas brasileñas iniciaron 16 proyectos,
de los cuales 12 estuvieron a cargo de Odebrecht.
Entre el 13 y el 17 de febrero de 2017 se tomaron las únicas medidas
que adelantó el Ministerio Público de Venezuela para investigar a Odebrecht:
allanaron la sede de la empresa, congelaron las cuentas de la empresa y le
prohibieron gravar y enajenar bienes y la fiscal Luisa Ortega Díaz viajó a
Brasil para compartir información con la Fiscalía. Ortega Díaz pidió el 3 de abril
de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el enjuiciamiento del
presidente Nicolás Maduro por este caso. Aseguró que el mandatario incurrió en
los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
Argentina:
la empresa ofreció hace un año colaborar con la Argentina y revelar los nombres
de los funcionarios que cobraron las coimas, pero, a cambio, pide que los
delatores (ya juzgados en Brasil) no puedan volver a ser condenados por el
mismo crimen. La Argentina no aceptó, Es en este sentido que los especialistas
sugieren que los países de la región ajusten sus legislaciones para que se
aceleren los tiempos y pueda haber una colaboración eficaz.
Un año después, hace pocos días el juez Federal, Marcelo Martínez De
Giorgi, llamó a indagatoria a 49 personas: exfuncionarios públicos, entre ellos
Julio De Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exministro de
Transporte y José López, exsecretario de Obras Publicas. También a
representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del
soterramiento del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de
IECSA, primo del presidente Mauricio Macri. e intermediarios como el “Corcho”
Rodríguez.
El caso
Odebrecht salió a la luz por el Lava Jato, en Brasil. Pero ¿es la única que
operaba a través de ilícitos? Fuentes cercanas a la constructora afirman
que no. Falta escribirse entonces los nuevos capítulos de esta trama.
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