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octubre 24, 2021

ESPECIAL GDA: 30 años de transformación en América Latina

Un continente donde la democracia es más estable, con excepciones como la de Venezuela, pero en el que los problemas han cambiado. Panorama país a país, a 30 años del nacimiento del Grupo de Diarios América (GDA).

Sebastián Cabrera/El País/GDA*

El fin de largas dictaduras militares, un notorio auge de los homicidios, mayor desigualdad entre ricos y pobres, transformaciones en el sistema de partidos políticos, reformas constitucionales, nacimiento y crecimiento de grandes empresas, escandalosos episodios de corrupción, una guerra al narcotráfico que tuvo más derrotas que victorias y una incipiente agenda de derechos en varios países. En las últimas tres décadas hubo profundos cambios en América Latina y, a pesar de los matices y diferencias, hay un denominador común: la democracia es hoy más estable en la mayoría de las naciones, con algunas claras excepciones como el caso venezolano.
El Grupo de Diarios América (GDA), que cumple 30 años, se planteó como premisa saber cuáles han sido las grandes transformaciones en el continente desde aquel lejano 1991. Especialistas de once países de la región brindan un panorama variopinto que muestra una región en evolución pero con avances y retrocesos. 

Veamos primero qué pasó con la democracia. Desde Argentina, el politólogo e investigador Andrés Malamud dice que hay estabilidad desde el 3 de diciembre de 1990, cuando el expresidente Carlos Menem reprimió con éxito a un grupo de militares conocido como “los carapintadas”, que habían protagonizado sublevaciones y se llamaban así por su costumbre de usar pintura facial durante los alzamientos. 
El brasileño Miro Texeira, exdiputado, abogado, periodista y ministro de Comunicaciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2004), opina que la libertad de prensa y los avances de la tecnología de la información garantizan la estabilidad democrática en su país, lo cual no sucedía tres décadas atrás a su juicio. Mientras, el economista Sérgio Besserman, presidente del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística en el segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1999-2003), responde “sí y no” a la pregunta de si hay más estabilidad democrática. Cuenta que las instituciones evolucionaron y, en ese sentido, “la democracia es más sólida”, pero aclara que la desigualdad sigue siendo “una cicatriz profunda” y un campo abierto a los populismos, “incluso algunos de naturaleza autoritaria”.
Desde Chile, el canciller Heraldo Muñoz del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) opina que, a pesar del estallido social de 2019, en su país existe hoy “una democracia más inclusiva, con más presencia de mujeres en la vida pública, así como de pueblos originarios, personas con discapacidad y diversidad sexual. Además, la elaboración inédita de una nueva Constitución muestra que la democracia es “vibrante”. Y la economista Bettina Horst, directora ejecutiva del Centro de Estudios, Libertad y Desarrollo, admite que, como hace 30 años, hoy volvió la pregunta de cuán estable es la democracia. “Volvemos a las mismas incertidumbres pero en contextos totalmente distintos: la pregunta es cuál es la democracia que vamos a tener de acá a futuro y cuán democrática va a ser”, dice.
La democracia colombiana, en tanto, es más estable porque “los narcotraficantes ya no están en condiciones de plantear una guerra al estilo de Escobar contra los altos funcionarios del Estado” y además “no hay una guerrilla que amenace con la toma del poder”, afirma el analista político Hernando Gómez Buendía, editor de la revista académica Razón Pública. Y, aunque la inconformidad se agravó con la pandemia, agrega: “Con la Constitución del 91, el multipartidismo, la descentralización, el mayor número de cargos elegidos, las figuras de democracia participativa y el surgimiento de las nuevas ciudadanías, esa democracia es más abierta o capaz de recoger las presiones sociales”.
Desde Costa Rica, Constantino Urcuyo –especialista en Relaciones Internacionales y Teoría Política- dice que la pregunta “es dificilísima” y entonces cuenta: el sistema político es más inestable porque “se desplomó y no fue sustituido por un sistema de partidos articulado”, pero al mismo tiempo las instituciones fundamentales de la democracia se mantienen. Esto es, “el sufragio es libre y puro, la Sala Constitucional funciona adecuadamente e imparte justicia constitucional de alto nivel”.
En tanto, el doctor en Ciencia Política salvadoreño Álvaro Artiga responde: “Hace 30 años no era democracia”. Luego aclara que ha habido un régimen híbrido que mezcla elementos democráticos para el acceso al poder, pero recién desde 2009 la Sala de lo Constitucional comenzó a controlar la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y del Legislativo. “Ahí empieza a emerger ese control, que es una parte importante del ejercicio democrático. Después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de Corte Suprema comenzó a operar y se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero eso poco que comenzaba a caminar, falló a partir de 2019 y ya concretamente en 2021”, lamenta el especialista.
¿Y qué pasa en México? El académico José Woldenberg, primer presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, advierte que la de su país es “una democracia con muchísimos problemas”, pero con instituciones más fuertes. “Hay mucha violencia, mucha inseguridad, una economía que no crece, mucha pobreza, desigualad, corrupción. Es un contexto muy adverso, pero tenemos instituciones como el INE, una buena legislación en la materia, partidos, órganos de la sociedad civil más fuertes que en el pasado”, opina.
Y, desde Perú, el exprimer ministro Pedro Cateriano asegura que la de su país es una democracia “más estable pero débil”, que “ha podido sancionar a los corruptos, meter a la cárcel a (Alberto) Fujimori y detener a presidentes que han sido acusados”. En ese sentido, considera que el país ha avanzado mucho: “En Perú, cuando culminaban las dictaduras, simplemente quedaban impunes”. Mientras, la politóloga Milagros Campos –excomisionada para la Reforma Política- advierte que hay democracia sí, pero con instituciones frágiles. “Hemos pasado por momentos de gran inestabilidad política; dos de ellos, la crisis del 2000 y la crisis del 2020”, relata.
En cambio, Puerto Rico es uno de los casos donde el panorama es negativo. Mario Negrón Portillo, catedrático del Departamento de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, dice que hace 30 años la situación no era necesariamente mejor “pero tenía más estabilidad”. A su juicio, un buen ejemplo son las protestas de 2019, que causaron la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, así como los problemas con la gobernanza de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy la autonomía de la isla está en entredicho con la imposición de una Junta que decide sobre todos los asuntos económicos.
Y, en el sur, Uruguay es hoy “una democracia significativamente estable, más que en aquel tiempo”, dice el analista Ignacio Zuasnabar, director de la consultora Equipos Consultores. Y recuerda que a inicios de la década de 1990 aún había “heridas recientes y amenazas latentes” tras una dictadura que se extendió desde 1973 a 1985. Hoy, afirma, en Uruguay hay “partidos políticos fuertes, una rareza en el mundo”, existe alternancia plena “en transiciones ejemplares”, las instituciones funcionan, las reglas se cumplen y el clima político continúa siendo de respeto. Según Latinobarómetro, los uruguayos son quienes más creen en la democracia y confían en sus instituciones en América Latina. Y el expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó entre 1990 y 1995, coincide en que hoy allí el sistema es fuerte porque casi todos lo respetan, “aunque haya minorías que no creen en él”.
En Venezuela, por último, no existe hoy democracia. “Todo el sistema electoral está diseñado para que el sistema comunista se mantenga. En Venezuela no hay elecciones, hay votaciones. Aquí hay un sufragio que es manejado por el régimen”, dice Mirla Pérez, investigadora del Centro de Estudios Populares Alejandro Moreno.

LOS CAMBIOS, PAÍS A PAÍS

¿Y cuáles son, en concreto, las principales transformaciones en estas tres décadas? Primero Argentina: el politólogo Malmaud sostiene que pasan por la estabilidad democrática, la inestabilidad económica y la dualización social: “Pobres y ricos están cada vez más lejos entre sí”.
En Brasil Teixeira sostiene que lo principal es “la seguridad de que todos viviremos con las libertades del régimen democrático” mientras la situación social “continúa dramática, agravada por la pandemia”. Y el economista Besserman afirma que el más importante avance es la presencia de todos los niños en las escuelas, aunque “la calidad de la enseñanza diste de lo ideal”. También marca como relevante, aunque en sentido contrario, el “fracaso completo” del saneamiento básico.
El mayor cambio en tres décadas en Chile, según el excanciller Muñoz, fue la transición de la dictadura a la democracia, sumado al mayor crecimiento económico y progreso (pero con un “agotamiento del modelo económico hacia la tercera década”) y la modernización, aunque con una brecha digital. Mientras, la economista Horst destaca que a inicios de la década de 1990 se empezaron a firmar distintos tratados de libre comercio y el gobierno avanzó en una rebaja importante de los aranceles, lo que “cambió el juego”. Además, menciona la asociación publico-privada en infraestructura, la creación de un servicio civil y un sistema de alta dirección pública en el Estado, la caída de la pobreza, el acceso a la educación superior y por último una caída en la confianza en el sistema producto de escándalos en materia de corrupción, estancamiento de la economía y de la tasa de ocupación.
Desde Colombia, Gómez Buendía recuerda que hace 30 años los temas que dominaban el panorama noticioso eran cinco: la guerra contra el cartel de Medellín, la Constituyente de 1991, el comienzo de la escalada militar de las FARC, la agonía del Partido Liberal y la llamada “apertura” de la economía. “Estos cinco procesos dejaron huellas duraderas e imprevistas”, afirma el analista, y dice que la historia de las tres últimas décadas “ha sido desarrollo o consecuencia de aquellos cinco procesos”.
Y entonces relata que la muerte de Pablo Escobar aseguró la preminencia del cartel de Cali. También que la Constitución de 1991 “refundó la nación colombiana, adoptó un régimen en teoría garantista, agrandó notablemente el tamaño del Estado, expandió los servicios sociales, destruyó el bipartidismo y lo reemplazó por un caos de partidos”, entre otros cambios. La escalada militar de las FARC, en tanto, llevó a la elección y reelección de Álvaro Uribe, quien detuvo el avance y “polarizó al país en las mitades que siguen hasta ahora”. El Partido Liberal, coconstructor del país durante el siglo XIX y casi hegemónico hasta el final del siglo XX, “fue destruido por la Constitución del 91 y rematado por el proceso 8.000”. Por último, la apertura económica fue el giro más importante desde la década de 1930 porque cambió el enfoque dirigista por uno de eficiencia.
El fin del bipartidismo –el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- fue una transformación “crucial” en Costa Rica, afirma Urcuyo. En el terreno económico menciona el esquema neoexportador, que se fortaleció. “Pero a la vez hemos tenido fracasos en cuanto a política de distribución del ingreso”, resume el especialista. Por último, menciona cómo se transformó el entorno del país: “Una dictadura en Nicaragua, un narcogobierno en Honduras, un populismo exaltado en El Salvador y, por otra parte, los fenómenos de corrupción y de persecución de jueces y fiscales en Guatemala”.
En El Salvador, el principal cambio ha sido la reforma política pactada en 1992 entre las fuerzas que estaban en el conflicto armado -la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de turno-, “que supone la superación del régimen autoritario militar que estaba vigente desde 1930”, dice el politólogo Artiga. Pero advierte: “No le he dicho que hayamos llegado a una democracia ni nada de eso".
Diferente es la situación mexicana, donde -según Woldenberg- la principal transformación fue haber transitado de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos; “haber pasado de elecciones sin competencia a elecciones altamente competitivas, y haber pasado de un mundo de la representación básicamente monocolor, ocupado por un solo partido, a uno de representación diverso, en el que están presentes integrantes de diferentes corrientes político-ideológicas”.
Desde Perú, el exprimer ministro Cateriano sostiene que el gran cambio es “ideológico y político contra las ideas estatistas y populistas que inspiraron y ocasionaron el quiebre económico del Estado”. Ese cambio de ideas se impulsó, a su juicio, durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa en 1990. “Se introdujo ideas para tener el criterio de un Estado reducido pero eficiente (…) Si bien Vargas Llosa perdió las elecciones y la presidencia en 1990, en el campo ideológico y económico derrotó a Fujimori y a Alan García”. Pero también menciona la derrota del terrorismo y la apertura de la economía al mundo a través de los tratados de libre comercio. Para la politóloga Campos, en cambio, un momento “muy importante y revelador” es que a partir del 2000 se logró “que los gobiernos se encaucen en la Constitución”.
“La isla empeoró, eso ha sido evidente”, asegura Negrón Portillo, el catedrático puertorriqueño. Y se refiere a la administración pública: “El gobierno, como institución, no funciona. Tiene dificultades hasta para proveer los servicios más simples. No siempre fue así”. La otra gran transformación, a su juicio, fue el modelo económico: la economía cayó cuando se eliminaron los incentivos industriales del gobierno de Estados Unidos. “Aumentó la emigración, se redujeron los nacimientos, la población se redujo y en términos sociales se percibe más intolerancia y se agudizaron problemas como la violencia de género. Todo va de la mano”, afirma.
En Uruguay el principal cambio tiene que ver con las comunicaciones, dice el politólogo Zuasnabar. La accesibilidad de los servicios de internet de alta calidad y la red de telefonía celular de amplísima cobertura “han transformado al país en su forma de comunicarse” y ha sido la plataforma para el desarrollo de industrias, como la del software, que hoy son competitivas a nivel global. Pero el analista también menciona cambios en la matriz productiva (“el turismo ha incrementado significativamente su volumen y la cadena forestal se ha integrado con fuerza a los productos tradicionales del país”), una integración comercial con el mundo “más amplia y diversificada” y reformas institucionales, como en la seguridad social, el sistema de salud, relaciones laborales, el sistema tributario y el sistema electoral. El expresidente Lacalle, en tanto, menciona como gran cambio “haber recuperado la legitimidad de origen del poder” y destaca la reforma constitucional de 1996, “que democratizó los partidos políticos”. Por último, menciona la derrota de la inflación: inició su gobierno en 1990 con 130% y hoy “nadie la concibe de dos dígitos”.
Para cerrar, el complejo panorama venezolano: hubo un cambio en la percepción de la violencia, la ruptura del orden constitucional y una crisis humanitaria. La transformación en el tema seguridad se inició a fines de la década de 1980, recuerda la investigadora Pérez, con las protestas conocidas como el Caracazo, que abrieron “el dique de la delincuencia en el país”. Y, sobre el cambio en el orden constitucional, advierte: “Ya en 2021 la contención está en el piso, y por eso hablan directamente de un Estado comunal”.

Tres avances y tres retrocesos de cada país

Argentina. La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la reducción de la tasa de homicidios y la legalización del aborto son tres avances según el politólogo Andrés Malamud. Tres retrocesos: el retorno de la inflación, la degradación de la justicia y el “péndulo entre incompetencias de gobierno”.   

Brasil. Algunos de los principales avances de Brasil en estos 30 años están siendo revertidos por el gobierno de Jair Bolsonaro y son, por tanto, importantes retrocesos. Es el caso del combate de la deforestación ilegal de la Amazonia, el Sistema Único de Salud creado en 1990 y la violencia contra las mujeres (en 2020 el gasto de las acciones de protección del Ministerio de la Mujer fue el menor en diez años).
 
Chile. El crecimiento económico, la fuerte disminución de la pobreza y una mejora en la calidad de vida de las personas son tres avances concretos, según el excanciller Heraldo Muñoz y la economista Bettina Horst. Entre los principales retrocesos, insuficiencia de reformas para acortar las desigualdades, incremento del narcotráfico y de delitos violentos y la pérdida de confianza en las instituciones y en los representantes políticos.
 
Colombia. La creación de la Constitución Política en 1991, la creación de la Corte Constitucional y el mecanismo de acción de tutela y de desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC son tres avances. Los retrocesos: el plebiscito por la paz de 2016 (el instrumento, aunque legítimo, creó una fractura en la sociedad); la reelección presidencial y la elección de miembros de la rama judicial sin influencia de los gobernantes.
 
Costa Rica. Los avances, según el investigador Ronald Alfaro, son: mantener la estabilidad política “sobre todo en épocas muy turbulentas”, la gran legitimidad social de la democracia y la fuerte cultura cívica. Retrocesos: crisis de representatividad de los partidos políticos, el debilitamiento de los partidos y rezagos o vacíos en el financiamiento de las campañas electorales.
 
El Salvador. El doctor en Ciencia Política Álvaro Artiga menciona tres avances: las elecciones, los derechos o garantías civiles y que ciertas instituciones empezaran a funcionar, lo que permitió conocer actos de corrupción. Pero, a la vez, todo eso ahora está en retroceso:
hay pérdida de garantías civiles, inoperancia del control político y sometimiento del Tribunal Supremo Electoral al Ejecutivo (“la posibilidad de que tengamos elecciones bajo estándares democráticos en 2024, está en duda”, dice Artiga).

México. La posibilidad de “vivir en pluralismo”, que todos coinciden que las elecciones son la “única vía legítima y legal” para llegar a los cargos de gobierno y la creación de órganos del Estado autónomos son tres avances, según el maestro José Woldenberg. Los retrocesos: el discurso presidencial y del partido mayoritario Morena “que no reconocen la legitimidad de la pluralidad”, así como un vaciamiento del debate público, explotando “las emociones y no la razón”.
 
Perú. El avance en el campo económico, la apertura de Perú a distintas economías del mundo y la participación política de las mujeres, son avances según el exprimer ministro Pedro Cateriano y la politóloga Milagros Campos. Como retrocesos, marcan un aumento de la pobreza por la pandemia, un riesgo o caída de los valores democráticos y las brechas de infraestructura y conectividad en general.
 
Puerto Rico. Múltiples industrias del sector aeroespacial se instalaron en el país, una mejora en la educación formal y el avance de internet son tres avances. La bancarrota gubernamental desde 2017, la destrucción de infraestructura por huracanes y sismos y una fuerte oleada migratoria por el deterioro económico son tres retrocesos.
 
Uruguay. El avance de la cobertura de internet en el país (desarrollo de la fibra óptica y del Plan Ceibal de una computadora por niño, lo que ayudó a mantener las clases remotas en pandemia), estabilidad democrática y transiciones entre partidos de diversas ideologías y reducción constante de la tasa de mortalidad infantil (entre otras mejoras en el área de la salud) son tres avances. Como retrocesos se destaca la inseguridad (las tasas de delito han aumentado gobierno a gobierno, aunque hubo una caída en el último año en pandemia), la dramática situación de las cárceles y de las personas que viven en situación de calle.
 
Venezuela. Es difícil hablar de avances en estas tres décadas porque “las condiciones del país han ido en franco retroceso debido a un cambio radical del sentido de la política, de la institucionalidad y de todo lo que comprende el área humana y social”, dice la investigadora Mirla Pérez. Como retrocesos, menciona los daños graves en el sistema de salud, el colapso de la industria petrolera y la educación pública.
 
 
¿Qué partidos han gobernado en las tres décadas y de qué tendencia?
Argentina. Entre 1991 y 1999 gobernó Carlos Menem (peronismo), entre 1999 y 2001 Fernando de la Rúa (Alianza), en 2002 y 2003 Eduardo Duhalde (peronismo), de 2003 a 2007 Néstor Kirchner (peronismo),  de 2007 a 2015 Cristina Fernández de Kirchner (peronismo), de 2015 a 2019 Mauricio Macri (Cambiemos) y desde 2019 Alberto Fernández (peronismo).    
 
Brasil. Entre 1990 y 1992 gobernó Fernando Collor (1990-1992) por el PRN (gobierno populista de derecha) y tras su juicio político asumió Itamar Franco hasta 1994. De 1995 a 2002 fue el turno de Fernando Henrique Cardoso, socialdemócrata, por el PSDB.  El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gobernó entre 2003 y 2010. Lo siguió Dilma Rousseff (2011–2016), también por el PT. Tras el impeachment asumió Michel Temer (centroderecha) del MDB hasta 2018. Desde 2019 gobierna Jair Bolsonaro (extrema derecha) del PSL.
 
Chile. De 1994 a 2010 gobernó la centroizquierda bajo la coalición Concertación (Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata y Partido Socialista). Presidentes: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010). De 2010 a 2014 gobernó la centroderecha bajo la Coalición para el cambio (partidos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y ChilePrimero) con Sebastián Piñera. De 2014 a 2018 gobernó la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría (DC, PPD, PS, PRSD, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana, MAS Región) con Bachelet. De 2018 hasta marzo de 2022 gobierna la centroderecha bajo la coalición ChileVamos (UDI, RN, Evolución Política, Partido Regionalista Independiente) con Piñera.
 
Colombia. Han gobernado tres partidos de derecha: el Centro Democrático, Partido de la U y Partido Conservador.
 
Costa Rica. De 1990 a 1994 gobernó Rafael Calderón por Unidad Social Cristina (centroderecha), de 1994 a 1998 José María Figueres por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 1998 a 2000 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría por el Partido Unidad Social Cristiana (centroderecha), de 2002 a 2006 Abel Pacheco de la Espriella por Unidad Social Cristina (centroderecha), de 2006 a 2010 Óscar Arias Sánchez por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 2010 a 2014 Laura Chinchilla Miranda por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 2014 a 2018 Luis Guillermo Solís Rivera por el Partido Acción Ciudadana (centroizquierda socialdemócrata) y desde 2018 Carlos Alvarado por el Partido Acción Ciudadana (centroizquierda socialdemócrata)
 
El Salvador. El derechista Arena gobernó durante cuatro periodos, de 1989 a 2009. Le sucedieron dos gobiernos del FMLN (izquierda) de 2009 a 2019.Nayib Bukele, el gobernante actual, llegó a la presidencia con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido que nació tras la fractura de Arena. Analistas consideran al partido de Bukele como un proyecto populista de derecha.
México. Partido Revolucionario Institucional (centro) gobernó desde 1988 a 2000 y de 2012 a 2018. El Partido Acción Nacional (derecha) lo hizo de 2000 a 2012 y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, de izquierda) desde 2018.
 
Perú. Los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-1995 y 1995-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021) se caracterizaron por un posicionamiento ideológico que fue desde la derecha hasta la centroderecha. Algunos de los mandatos estuvieron también marcados por rasgos populistas.
 
Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista (PNP), de corte conservador y que promueve la completa anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, ha gobernado durante 16 de los últimos 30 años (1993-2000, 2009-2012, 2017-2020). El centrista Partido Popular Democrático (PPD), en cambio, ha controlado la gobernación los restantes años (1989-1992, 2001-2008, 2013-2016).
 
Uruguay. Desde 1991 a 2005 gobernó el país una coalición de centroderecha liderada primero por el Partido Nacional, luego diez años por el Partido Colorado. Son los dos partidos históricos, antes rivales. Desde 2005 a 2020 gobernó la izquierda por primera vez en la historia (Frente Amplio). En 2021, con Luis Lacalle Pou, volvieron los partidos tradicionales a gobernar pero esta vez en la llamada “coalición multicolor” que incluye a cinco partidos que van desde la centroizquierda a la derecha: Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.
 
Venezuela. Al inicio de la década de 1990, Carlos Andrés Pérez gobernó al país representando al partido de derecha Acción Democrática. En 1994, ganó las elecciones Rafael Caldera de la mano de Convergencia Democrática, un partido de referencia cristiana, pero creado con diversas alianzas, ninguna muy estable. Hugo Chávez llegó en 1999 con el partido político de izquierda Movimiento Quinta República, que fue disuelto en 2007 para integrarse al Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde 2013 hasta la actualidad, Nicolás Maduro ha ocupado el poder con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, posicionado a la izquierda del movimiento chavista y la Revolución Bolivariana.
 
La participación de las mujeres en los gabinetes: ¿cómo ha evolucionado?
Aunque falta mucho para alcanzar la paridad en casi todos los países, ha habido avances en la integración de las mujeres en los cargos de poder si se compara la situación actual con la de hace 30 años. Pero también hubo  oscilaciones.
Por ejemplo, en Brasil la participación de mujeres en los ministerios avanzó en los gobiernos del Partido de los Trabajadors (PT) y el record de nombramientos lo tiene Dilma Rousseff (2011-2016): su gobierno tenía 37 secretarías con estatus ministerial, nueve de ellas ocupadas por mujeres. Itamar Franco (1992-1994) tuvo solo una ministra, por cinco meses.
En Chile, Patricio Aylwin (1990-1994) tenía 23 ministros y ni una ministra.  La única que se sentaba en el gabinete era la jefa del Servicio Nacional de la Mujer. La mayor participación femenina se dio en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) con 24 hombres y 16 mujeres. En el actual gobierno de Sebastián Piñera hay 29 hombres y 13 mujeres.
Costa Rica, en tanto, tiene por primera vez en la historia más del 50% de los cargos del gobierno con mujeres: 56%. A fines de la década de 1990 era 20%. En El Salvador se pasó de 6% de mujeres ocupando cargos en ministerios, secretarías y entes en el período 1989-1994, a un 25% en la actualidad.
El actual gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los que dio más espacio a las mujeres, aunque en tres años ellas han perdido lugares en secretarías clave. En Argentina, según un informe de la Sindicatura General de la Nación, para el cargo de ministros hay 81% de hombres y 19% de mujeres. En las secretarías, son 63% de hombres y 37% mujeres. Además, Cristina Fernández fue presidenta entre 2007 y 2015 y ahora es vicepresidenta. Puerto Rico, mientras, eligió a la primera mujer gobernadora en el año 2000: Sila María Calderón
En Perú el presidente Pedro Castillo tomó juramento el 28 de julio pasado a los 19 ministros. Solo dos son mujeres y el país pasó a ubicarse debajo de otros 18 países de América Latina, donde la cifra de liderazgos de mujeres en ministerios es más alta. Entre 2013 y 2019 el país había llegado a la paridad: en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) hubo nueve mujeres en 18 ministerios y en el de Martín Vizcarra (2018-2020) 10 en 19.
Uruguay también sufrió un retroceso: el gabinete de Luis Lacalle Pou (que asumió el 1° de marzo de 2020) tiene solo dos mujeres frente a 12 hombres en los ministerios, aunque también está la vicepresidenta Beatriz Argimón. Eso implicó una caída frente al gobierno anterior, de Tabaré Vázquez, que se inició con ocho hombres y cinco mujeres. Pero en el pasado hubo gabinetes sin mujeres: Jorge Batlle (2000-2005) tenía solo 13 hombres y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) 12 hombres.
Y en Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez se nombró a 38 ministras, 13% de los ministros del período, en 42% de los casos para el área social. Nicolás Maduro nombró 50 ministras en los siete años y nueve meses de gestión, que representan 29,1% del gabinete, la mitad en el área social.
  
Aborto, matrimonio gay y marihuana: la agenda de derechos
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), Uruguay marcó vanguardia mundial con varias leyes de la llamada agenda de derechos. El 10 de diciembre de 2013 aprobó una ley para regular la producción y comercialización de marihuana. Uruguay se convirtió así en el primer país del mundo en legalizar el cultivo y la venta de cannabis, aunque solo para sus ciudadanos y bajo control estatal. Hay que estar registrado y la venta funciona en las farmacias. También hay clubes cannábicos y es legal el autocultivo.
En octubre de 2012, un año antes, se había aprobado la ley que reguló la interrupción voluntaria del embarazo. Hizo legal el aborto antes de las 12 semanas para cualquier mujer, siguiendo determinados requisitos. Uruguay fue el primer país de América del Sur en despenalizar el aborto. Y el 10 de abril de 2013 se sancionó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio igualitario). En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) se aprobó la ley integral para personas trans.
Pero Uruguay no está solo. Argentina sancionó el 15 de julio de 2010 la ley de matrimonio igualitario y fue el primer país de América Latina en hacerlo. Una década después, el 30 de diciembre de 2020, se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que establece el derecho al aborto hasta la semana 14.
En Puerto Rico el aborto y el matrimonio homosexual son legales por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Desde 2015 se autorizó el uso medicinal de la marihuana.
En Brasil, en tanto, el matrimonio homosexual está permitido pero no fue votado por el Congreso, sino que se legalizó por la vía judicial: el Consejo Nacional de Justicia aprobó en 2013 una resolución que obligó a los funcionarios de los registros a casar a personas del mismo sexo. El aborto, en cambio, sigue siendo un crimen y quien lo practica puede ir a la cárcel. El uso recreativo de la marihuana sigue estando criminalizado.
En Colombia la Corte avaló en 2016 los matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que en Costa Rica es legal desde mayo de 2020. En Chile está en trámite un proyecto de matrimonio igualitario y se aprobó una ley del aborto pero solo cuando hay peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.
En México el matrimonio igualitario está permitido en 21 de 32 entidades del país. El aborto está reconocido en varios estados bajo ciertos supuestos y el uso lúdico de la marihuana es reconocido como un derecho por la Suprema Corte de Justicia.
 
 
¿Qué grandes escándalos políticos y episodios de corrupción han ocurrido?
Argentina. La renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, en medio de un estallido social que generó la implantación del estado de sitio, con 27 muertos y miles de heridos, y  saqueos a supermercados es el momento más dramático. Pero los últimos 30 años de la historia política argentina han sido pródigos en escándalos de todo tipo, como la causa de los cuadernos, caso venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia  (y explosiones de Río tercero en 1995), Caso Carrasco, caso Yomagate, caso IBM-Banco Nación, caso Antonini Wilson, caso Ciccone y el vacunatorio vip durante la pandemia.  
 
Brasil. El país pasó por dos procesos de impeachment en tres décadas: Fernando Collor de Mello, primer presidente electo por voto directo tras el fin de la dictadura, acabó denunciado en 1992 por corrupción por su propio hermano; mientras que en 2016 Dilma Rousseff también fue destituida por un proceso abierto en Diputados a partir de una denuncia de dos abogados con acusaciones por violaciones a la ley presupuestaria (las llamadas “pedaladas fiscales”) y la violación de la ley de improbidad administrativa. Pero la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil es el Lava Jato (operación Lavado de autos), que se inició el 17 de marzo de 2014 y terminó en febrero pasado. La investigación se convirtió rápido en un gigantesco escándalo que salpicó a algunas de las más importantes empresas de Brasil, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el grupo Odebrecht, y tuvo consecuencias en casi todos los países de América Latina. Las investigaciones condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos. El arresto más mediático fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque este año fueron anuladas cuatro condenas en su contra. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.
 
Chile. Los casos de corrupción más importantes en el ámbito público ocurridos en los últimos 30 años son: MOP Gate (pago de sobresueldos por parte de la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima a funcionarios del ministerio de Obras Públicas por trabajos que no se habían hecho, mientras que la firma recibía pagos injustificados por concesiones de infraestructura), Caso Corpesca (financiamiento de políticos de derecha, con el objetivo aparente de influir en sus decisiones al interior del Congreso), Caso Caval (tráfico de influencias para conseguir fondos para hacer negocios inmobiliarios, justo después de las elecciones de 2013; estuvieron implicados nuera e hijo de la entonces presidenta Bachelet), Caso Penta (fraude tributario y un esquema de financiamiento ilegal de la política), caso SQM (reveló financiamiento ilegal de la política a través del mismo mecanismo de Penta  implicó a políticos de derecha e izquierda), FF.AA. (proceso por fraude en el Ejército a fondos de la Ley Reservada del Cobre por oficiales del Ejército de Chile para su enriquecimiento personal), Carabineros (uno de los mayores fraudes en la historia de la Reforma Procesal Penal, en cuya investigación quedaron implicados altos mandos de Carabineros). En tanto, la crisis de gobierno más importante ocurrió en octubre de 2019, con el estallido social que llevó a cambios en el gabinete y a un acuerdo de reforma constitucional que permitiera la realización de un plebiscito sobre la posibilidad de escribir una nueva Constitución.
 
Colombia. Hay varios casos históricos: proceso 8.000 (por medio del cual se investigó el ingreso de dineros de la mafia en la campaña presidencial de Ernesto Samper), Agro Ingreso Seguro (entrega de recursos a familias pudientes de recursos destinados a campesinos), Odebrecht, cartel de la toga (asociación ilegal de jueces para vender fallos), Reficar, Bonos de agua e Yidispolítica
 
Costa Rica. ICE-Alcatel (pago de dádivas a funcionarios para la adjudicación de 400.000 líneas de telefonía celular), CCSS-Fischel (préstamo para compra de equipo médico que involucró a importantes figuras políticas costarricenses, encabezadas por el expresidente Rafael Calderón) y el caso Cochinilla (investigación policial sobre presunta corrupción en obras viales).
 
El Salvador. Uno de los mayores escándalos políticos fue la dolarización de la economía y, 20 años después, la introducción de una nueva reforma que convirtió al bitcoin en moneda de curso legal, sin estudio previo.  También se puede mencionar la tregua del Estado con pandillas (por ejemplo, el 3 de septiembre de 2020 una investigación periodística de El Faro reveló que el Gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 una reducción de homicidios y apoyo electoral) y el régimen híbrido (en dos años de gobierno, Nayib Bukele ha avanzado con celeridad en su proyecto de controlar todas las instituciones del Estado). Y
los tres presidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2009 fueron acusados de corrupción por el desvío de fondos públicos: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
los tres presidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2009 fueron acusados de corrupción por el desvío de fondos públicos: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
 
México. El desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (izquierda) en 2005, promovido por el entonces presidente Vicente Fox (PAN). La estafa maestra (caso dado a conocer en 2017, que reseña la triangulación de dinero público a través de universidades y empresas fantasmas). Odebrecht (existe una línea de investigación en la Fiscalía General de la República para investigar sobornos y dinero de la empresa en la campaña presidencial del hoy expresidente Enrique Peña Nieto). 
 
Perú. Los escándalos políticos más recordados en estas últimas tres décadas fueron el destape de corrupción de la época fujimorista (cuyo gobierno cayó con la difusión del primer vladivideo) y la salpicadura del caso Lava Jato en Perú, con la mayoría de sus últimos presidentes (Toledo, García, Humala, Kuczynski) investigados o detenidos, además de otras exautoridades. Desde el punto de vista de quiebre institucional se vivió el cierre del Congreso en el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, sin ajustarse a la Constitución de 1979. Otro caso en contexto de pandemia fue el del vacunagate: en febrero del 2020 se supo que autoridades y exautoridades del Estado, además de otras personas del sector privado, habían accedido a dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al personal científico que trabajaba directamente en los ensayos clínicos.
 
Puerto Rico. El caso del Instituto del Sida conllevó el arresto de un asesor del entonces gobernador Pedro Rosselló González, entre otros coacusados. En total, una decena de funcionarios del gobierno fueron acusados por conspirar para robarse más de $2 millones de fondos públicos que se suponía que fueran usados en las clínicas especializadas en atender a pacientes con VIH o Sida. En 2002, en tanto, Víctor Fajardo y varios de sus ayudantes, quien había sido jefe del Departamento de Educación de Puerto Rico, fue acusado de robar $4,3 millones de dólares. Fajardo usó parte del dinero para sufragar las operaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP). En 2008, las autoridades estadounidenses acusaron al entonces gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá y a otras 12 personas de conspirar para recaudar ilegalmente fondos para pagar por las deudas que mantenía el político desde el 2000, cuando aspiró y obtuvo el cargo público de comisionado residente en Washington. Y en 2019, el gobierno estadounidense acusó a varios allegados del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares de malversación de fondos y de beneficiarse económicamente de las funciones públicas que ostentaban.
 
Uruguay. El vicepresidente Raúl Sendic renunció el 9 de setiembre de 2017 cuando gobernaba Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda). Esto después de que se conocieron gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluían compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otros lugares. El Tribunal de Conducta Política de su partido concluyó que “Sendic tuvo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”. También fue cuestionado porque se presentaba como licenciado en Genética Humana recibido en Cuba y no lo era. Uno años después, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia (durante el gobierno de José Mujica) fueron condenados por el delito de abuso de funciones por su rol en el otorgamiento del aval bancario a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar del remate de los aviones de la aerolínea Pluna, en 2012. No fueron a prisión. En tanto, a mediados de la década de 1990 hubo denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, derecha). Fueron procesados el asesor presidencial Daniel Cambón y el exministro de Economía y expresidente del Banco Central Enrique Braga. Lacalle dijo que había una “embestida baguala” (un ataque) en su contra.
 
Venezuela. Un intento de golpe de Estado en Venezuela fue ejecutado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Tan solo nueve meses después, un nuevo intento para sacar a Pérez del poder se dio el 27 de noviembre de 1992.
En marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Peréz por el delito de peculados dolosos y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta. Este dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro y la vicepresidenta, Yesseany Medina Parra.  Como resultado de esto, el Congreso Nacional destituyó a Peréz de la presidencia. Hasta la fecha es el único presidente venezolano encarcelado con sentencia firme por un caso de corrupción.
El 11 de abril de 2002 se dio un intento de golpe de Estado durante la presidencia de Hugo Chávez. Estuvo precedido de un período de inestabilidad social y política en el que las fuerzas contrarias al gobierno lograron cohesionarse tras el éxito del conocido como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001, que logró cerrar una parte significativa del comercio urbano, una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal Fedecámaras, iniciada el 9 de abril.
Además: caso Antonini Wilson, Caso Pdval, caso de los narcosobrinos, caso Odebrecht, detención de Alex Saab.
 
Multinacionales y unicornios
El crecimiento económico en estas tres décadas se vio reflejado en el nacimiento de multinacionales desde América Latina. Y también por los unicornios, las empresas valoradas en más de mil millones de dólares o más antes de salir a bolsa.
En Argentina, por ejemplo, hay 10 unicornios fundadas allí: Mercado Libre, Globant, Auth0, Aleph, Bitfarms, Despegar, OLX, Vercel, Mural y Ualá.
En tanto, cientos de empresas brasileñas se tornaron multinacionales, como el banco BTG Pactual, especializado en capital inversión y capital riesgo. Además, hay 12.760 startups y 10 unicornios, como Ebanx, iFood, Stone, PagSeguro y Nubank.
En El Salvador, mientras, surgieron estas multinacionales: SigmaQ, Grupo Poma, Academia Europea y Grupo Unicomer
Uruguay tiene desde setiembre de 2020 su primer unicornio, la empresa dLocal (especializada en soluciones de pago), que en junio pasado empezó a cotizar en Wall Street. En tanto, Pedidos ya es un ejemplo de una empresa uruguaya que se expandió como multinacional y hay otros vinculados al software.
En Venezuela la falta de disponibilidad de divisas, la incertidumbre en el escenario político y el acceso a proveedores de materias primas son las principales preocupaciones de los industriales en Venezuela y una de las causas por las que 21 multinacionales han salido de ese país desde que Nicolás Maduro llegó al poder. 

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Posted by Lyng-Hou Ramirez en 9:45 a. m.