Casi veinte mil cables fueron enviados
desde las embajadas de países latinoamericanos:
Grupo de Diarios América (GDA)
Las suspicacias, tensiones y rivalidades entre Estados Unidos y América Latina, quedaron expuestas con la filtración de documentos confidenciales de la diplomacia estadounidense. Las revelaciones fueron polémicas y, en algunos países, influyeron procesos electorales e impactaron fuertemente en las relaciones diplomáticas.
Los caídos: expulsiones y renuncias
Uno de los países donde la filtración generó
mayor impacto fue Ecuador. WikiLeaks reveló un cable del Departamento de Estado
que hacía un análisis de la Policía ecuatoriana, dando a entender que había
corrupción en un sector de la misma y que el Gobierno estaba en antecedente de
esos casos. La respuesta fue drástica: el presidente Correa declaró persona no
grata a la embajadora de EE.UU., Heather Hodges, y el 5 de abril de 2011 la
expulsó de Ecuador. La decisión fue calificada de “apresurada” por varios
sectores. Dos días después, EE.UU. expulsó al embajador de Ecuador en
Washington, Luis Gallegos, y el 8 de abril se suspendieron las reuniones
bilaterales entre ambos países. Ese día, el presidente Rafael Correa dijo sobre
EE.UU: “lo grave es que WikiLeaks dice que tienen informantes dentro de la
policía y las Fuerzas Armadas y, si tenían información de actos de corrupción,
debieron pedir una reunión con el canciller. Esto es espionaje, por
favor”.
Las tensas relaciones
diplomáticas hicieron temer a los ecuatorianos de un bajón comercial, ya que
EE.UU. es su principal socio económico. El impacto de los cables fue tal que
llevó las relaciones a un punto crítico y aún hoy no asumen los sucesores de
los embajadores expulsados. Tras el escándalo, la Cancillería ecuatoriana
implementó medidas especiales para evitar filtraciones de información sensible,
e inició gestiones para que WikiLeaks le entregara los cables sobre Ecuador
directamente al Gobierno. La prensa del país supo extraoficialmente de una
cacería de brujas en el Gobierno para determinar si es que alguien estaba
filtrando información.
El embajador de EE.UU. en México, Carlos
Pascual, reportó a su gobierno que el ejército mexicano no había considerado
información sobre la ubicación del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, que
había sido proporcionada por EE.UU., acusándolo de poca efectividad. A la vez,
alabó el desempeño de la Secretaría de Marina en el operativo donde murió
Beltrán, y calificó a Genaro García, secretario de Seguridad Pública Federal,
de “perdedor” en la caída del narcotraficante, ya que en conversaciones
privadas García habría mencionado que el operativo le correspondía a su
institución.
El embajador mencionó en otros cables que el
Gobierno federal solicitaba en cada reunión “ayuda desesperada” en materia de
seguridad a su par estadounidense, y sostuvo que los diálogos de seguridad con
México podrían verse afectados por la caída del porcentaje de aprobación de
Felipe Calderón, las preocupaciones económicas, la percepción popular sobre la
lucha contra el narcotráfico y la debilidad política del oficialista Partido
Acción Nacional (PAN). También se reveló la petición de la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, de un informe detallado sobre la personalidad del
Presidente Felipe Calderón y si ésta afectaba la forma de enfrentar noticias
adversas, como la guerra contra el narcotráfico.
Uno de los cables citaba
directamente al presidente Calderón en una conversación con Dennis Blair,
Director de Inteligencia de EE.UU., donde manifestaba su preocupación por la
influencia del presidente venezolano Hugo Chávez, tanto en los asuntos internos
mexicanos como en América Latina, sugiriendo que Chávez podría incluso haber
financiado la campaña del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD)
durante las elecciones de 2006. Pascual también informó a su gobierno de una
“aún incipiente capacidad” de las autoridades mexicanas para combatir el lavado
de dinero y habló de poca confiabilidad en la policía.
La percepción del país por parte de la
diplomacia estadounidense no dejó indiferentes a los legisladores mexicanos,
quienes reclamaron desde todos los sectores políticos por la injerencia de
EE.UU., sobre todo en los asuntos electorales. La secretaria de Relaciones
Exteriores de México, Patricia Espinosa, trató de minimizar el impacto de los
cables, diciendo que las filtraciones eran ilegales y contenían información
parcial y descontextualizada que no podía ser considerada seriamente. A través
de un comunicado de la embajada de EE.UU. en México, el embajador Carlos
Pascual aclaró que los cables no reflejaban la política oficial de su país,
sino comunicaciones informales.
Defendiendo la diplomacia, Pascual dijo que “la
divulgación ilegal de información clasificada ya ha tocado las relaciones entre
EE.UU. y México. Nuestra respuesta es directa: no hay relación más importante
para EE.UU. en el mundo y ninguna acción ilegal la va a socavar”. Pero a sólo
dos meses de las filtraciones, el Presidente Calderón dejó en evidencia el daño
causado en las relaciones diplomáticas entre ambos países. “Los embajadores
quieren levantar sus propias agendas ante sus jefes, le han hecho mucho daño a
la relación. Su ignorancia se traduce en una distorsión de lo que ocurre en
México”, enfatizó Calderón.
En marzo, el Presidente volvió a confirmar su
molestia en una entrevista al diario The Washington
Post, donde dijo que los cables causaron un “daño severo” a la relación
bilateral y que se tensó la relación con el embajador estadounidense, ya que la
confianza “es difícil de construir y fácil de perder”. Aunque la Casa Blanca
ratificó al embajador Pascual en su puesto, las presiones mexicanas se hicieron
sentir. El 19 de marzo, la secretaria Hillary Clinton informó que Pascual
renunciaba a la embajada para evitar factores distractivos en los temas
importantes de la relación bilateral.
Humala y la campaña
electoral
En Perú los cables llegaron en medio del proceso
electoral que definiría el nuevo presidente entre cinco candidatos. El Comercio
fue el primer diario en recibir los cables enviados desde Perú. Pese a que los
temas realmente importantes no estaban en el paquete entregado al periódico —ya
que no contenía aquellos calificados como top secret—, las revelaciones
generaron una enorme expectativa.
Tras una reunión pública de cortesía entre el
diario y la embajadora de EE.UU. en Lima, Rose Likins —en la que el periódico
le informó que tenía el material—, la embajadora convocó a su oficina a los
candidatos a la presidencia para darles cuenta de los cables que pudieran
incomodarlos. En esa reunión, Likins le dijo al entonces candidato Humala que
un cable de 2005 daba cuenta de que Fernando Rospigliosi, ex ministro del
Interior del gobierno de Alejandro Toledo (presidente entre 2001 y 2006), había
pedido a la embajada de EE.UU. hacer lo posible por evitar que el
“ultranacionalista” ganara las elecciones de 2006, que ganó finalmente Alan
García.
Junto con el ex director de la Defensa Nacional, Rubén Vargas,
sugirieron varias formas de frenar el avance electoral del candidato, entre
otras que “la embajada considerara financiar un programa comunicacional
anti-Humala”. Esto puso a Humala en el centro de la noticia por varios días.
Muchos cables se centraban en el político y contaban aspectos de sus relaciones
con Venezuela, mostrando la preocupación de EE.UU. por el vínculo de Humala con
el bloque chavista.
Los otros candidatos —Alejandro Toledo, Keiko
Fujimori y Luis Castañeda— también fueron retratados por los cables, que
revelaron detalles de sus reuniones a puertas cerradas con los funcionarios de
la embajada de EE.UU. Pero luego de la primera vuelta electoral, las
publicaciones se centraron en los ganadores: Fujimori y Humala.
Las relaciones bilaterales entre Perú y EE.UU.
se vieron algo afectadas. Un cable reveló que un embajador estadounidense
describió al entonces presidente Alan García como un hombre con “un ego
enorme”, lo que molestó al Mandatario. Sin embargo, analistas del país explican
que el mayor impacto fue sobre la política interna de Perú. Aunque los cables
no revelaron asuntos realmente cruciales —explican—, sí mostraron
comportamientos diferentes de quienes aspiraban a gobernar Perú, teniendo un
impacto político relevante más que nada al victimizar a Humala favoreciéndolo
por sobre Toledo, también candidato.
EE.UU. sanciona a
Costa Rica por no darle inmunidad
Los cables relacionados con Costa Rica revelaron
que la CIA financió a la agencia de inteligencia costarricense en operaciones
contra el narcotráfico, y que el Comando Sur de EE.UU. adiestró a policías del
país centroamericano para contener protestas contra el tratado de libre
comercio que ambas naciones firmaron. Pese a que hubo poco impacto político
—los actores mencionados ya no estaban en sus cargos—, la filtración sí
permitió al diario “La Nación” investigar y confirmar las sanciones económicas
de EE.UU. contra Costa Rica por su negativa a firmar el llamado “Artículo 98”. Ese tratado daba inmunidad
penal a estadounidenses en la Corte Penal Internacional, y Costa Rica se negó a
firmarlo.
La represalia fue grande: EE.UU. quitó ayuda económica al país,
bloqueó la cooperación para implementar el tratado de libre comercio y frenó su
ayuda contra el narcotráfico. Los cables también permitieron confirmar la
existencia de un grupo de inteligencia paralelo financiado por la CIA, y el uso
de cambios lingüísticos en el Congreso, para disfrazar cambios de fondo en los
proyectos de ley.
Una “olita” en Brasil
Los telegramas en Brasil fueron revelados en los
días que antecedieron a la prisión del líder de WikiLeaks en Londres, Julian
Assange. En esa ocasión, el Presidente Lula manifestó su apoyo a las
revelaciones de los telegramas, aunque la diplomacia brasileña —imitando a la
americana—, se negara a responder a los temas que serían publicados.
Refiriéndose a Assange, el presidente Lula dijo: “El muchacho estaba apenas
colocando aquello que él leyó. Y si él leyó es porque alguien lo escribió. El
culpable no es quien lo divulgó, el culpable es quien lo escribió. Por lo
tanto, en vez de culpar a quien divulgó, culpe a quien escribió la tontería,
porque, si no, no habría el escándalo que hay”.
A partir de dos cables que revelaron que la
secretaria de Defensa Hillary Clinton había puesto empresas brasileñas en su
lista negra por intentar negociar con Irán, O Globo descubrió que a pesar de
los esfuerzos del gobierno brasileño de abrir un canal directo con el mercado
iraní, las empresas brasileñas no conseguían concluir los negocios porque
incluso los bancos públicos no aceptaban hacer la transacción de los papeles
por temor a represalias americanas. Sin embargo, la divulgación de los cables
de WikiLeaks no dañó las relaciones entre Brasil y EE.UU.
Sí obligó al ex ministro de Defensa, Nelson
Jobim, a dar explicaciones sobre conversaciones que tuvo con el entonces
embajador americano en el país, Clifford Sobel. Según los dichos del
diplomático estadounidense, Jobim era un crítico tenaz de la diplomacia
brasileña y habría dejado en claro eso en conversaciones con el americano.
Uno de los documentos que más repercusión tuvo
revelaba que, en conversaciones con el ex embajador, Jobim acusó al embajador
Samuel Pinheiro Guimaraes, entonces segundo al mando del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de odiar a EE.UU. La divulgación produjo malestar en el Gobierno.
Jobim negó públicamente las declaraciones, y, con un integrante de su gobierno
en la mira, Lula, aunque apoyaba a WikiLeaks, dijo que prefería dar crédito al
ministro de Defensa.
Frente al tsunami
que los cables provocaron en otros países, en Brasil las revelaciones fueron
consideradas una “olita” por las autoridades públicas. Sin embargo, en los
bastidores del Gobierno, la evaluación es que tales derrames contribuyeron al
debate sobre acceso a información pública. Después de las revelaciones, en el
Congreso se discutió el proyecto de ley que norma la apertura de documentos
confidenciales.
“Es importante que el Estado, y no un ente
privado, diga si el público tendrá o no acceso a determinadas informaciones, en
qué tiempo y de qué forma. Cabe al poder público controlar eso, y no a un ente
privado”, explica una fuente del Gobierno.
Chile y el impasse bilateral
Los cables emitidos en Santiago tuvieron un
carácter más anecdótico que en otras partes del continente y no revelaron
grandes escándalos ni impactaron procesos políticos. Los tres cables con mayor
repercusión estuvieron relacionados a conocidos actores políticos: el hoy
Presidente Sebastián Piñera, la anterior mandataria Michelle Bachelet y Edmundo
Pérez Yoma, ex ministro del Interior.
Una de las declaraciones más polémicas
reflejadas en los cables fue la de Michelle Bachelet sobre la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández. En una conversación en enero de 2010, la
entonces presidenta le habría dicho a Arturo Valenzuela, secretario de Estado
adjunto para América Latina, que su par argentina era “inestable”. El cable no
citaba a la mandataria de forma directa, y Bachelet aseguró que nunca se
refirió a Cristina Fernández en tales términos. Incluso la llamó por teléfono
para disculparse por el impasse y, en una
entrevista televisiva, dijo que “ella es una persona capaz, competente, fuerte,
muy fuerte y, además, yo me siento su amiga”.
En otro cable EE.UU. criticó las actividades de
Sebastián Piñera, diciendo que “maneja la política y sus negocios al límite de
la ética y la ley”. Cuando las encuestas mostraron que Piñera era el candidato
más fuerte para competir con Bachelet, Carol Urban, segunda funcionaria de la
embajada de EE.UU. en Chile, escribió, el 9 de octubre de 2009, un cable sobre
“los intereses privados” del actual mandatario. Urban dijo que “Piñera ha
estado vinculado en el pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus
negocios, pero los votantes parecen relativamente desinteresados por estas
acusaciones”. Después de la publicación del cable, Ena von Baer, entonces
vocera de Gobierno, calificó la información de “engañosa y majadera”, y explicó
que “la diplomacia norteamericana ha dicho que ya no encuentra sinónimos para
pedir disculpas respecto de esta situación”.
Otro cable polémico reveló que el ministro del
Interior de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, pidió ayuda a la inteligencia de
EE.UU. para descubrir eventuales vínculos entre grupos indígenas chilenos y
organizaciones terroristas extranjeras, particularmente para el seguimiento de
flujos de dinero. Pese a que el chileno habló de una potencial radicalización
del movimiento indígena, Paul Simons, embajador de EE.UU. en Santiago,
desestimó esa apreciación calificando a esos grupos como “abrumadoramente no
violentos”.
Doce cables estaban clasificados como “secretos”
y hablaban de la comunidad musulmana en Chile, de los lazos con China y el uso
del país como plataforma de entrada comercial a Sudamérica, entre otros.
Argentina:
influencia esporádica
Los cables revelaron que el G-7, grupo que reúne
a los siete países más poderosos del globo, quedó descontento con la
participación de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en
la cumbre del G-20 de 2008 en Washington. Incluso, junto a España y Holanda, el
grupo habría evaluado expulsar a Argentina del cuerpo que reúne a los 20 países
industrializados y emergentes. Pese al potencial impacto político de la
revelación, no hubo consecuencias relevantes en la agenda.
Otro descubrimiento que tampoco generó un gran
impacto fue el clima de derrota en la lucha contra el narcotráfico que Aníbal
Fernández, entonces ministro del Interior, habría confesado a funcionarios de
la embajada de EE.UU. El tema preocupaba a la administración Bush. El embajador
de Washington en Argentina, Lino Gutiérrez, informó de distintos operativos de
decomiso de cocaína. En un cable escribió que el resultado de esos operativos
“sirve para ilustrar la naturaleza compleja e interconectada de las operaciones
de contrabando de drogas en la Argentina”.
Cristina Fernández habría querido mantener una
“relación más estrecha” con EE.UU., según muestra un cable. No obstante, otro
cable revela que los funcionarios de la embajada en Argentina sospechaban de
corrupción en el gobierno kirchnerista, centrando la preocupación en el
ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de quien dijeron tenía “mugre
en sus manos”.
Ni la preocupación por las provincias del norte
del país, ni el temor del gobierno a un nuevo atentado terrorista, ni las
críticas furibundas del gobierno argentino a sus pares de Paraguay, Bolivia y
Perú tuvieron un impacto político realmente importante, aseguran en Argentina.
La influencia de los cables resultó esporádica y centrada en las horas
siguientes a la publicación de algunos de los telegramas.
Visa e informantes
El estallido del “Cablegate” no desató un mayor
efecto dominó en la política venezolana, pero puso sobre la mesa revelaciones
que afectaron tanto al gobierno como a la oposición política. Destaca el
decálogo para mantener la revolución socialista, titulado “Los 10 principios
del chavismo”, redactado el 16 de junio de 2009. Otro cable del mismo mes,
“Explicando la aquiescencia venezolana”, concluye que “la mayoría de los
ciudadanos, que dependen desde hace tiempo en la esplendidez de su petroestado,
parecen darle más prioridad a los ´derechos sociales´ y a la autopreservación,
que a los abstractos derechos civiles”. Un cable de enero de 2010, llamado “Haciendo
al socialismo más fácil de tragar”, da cuenta del interés de Washington de ver
cómo la ideología permea incluso la gastronomía local.
Un tema clave para EE.UU. es el petróleo de
Venezuela. Los cables evidenciaron los contactos entre la embajada en Caracas,
fuentes de la industria petrolera y el Ministerio de Energía y Petróleo. Según
muestran los cables, fuentes consultadas por la embajada revelaron que la venta
de crudo a China se hacía a sólo 5 dólares por barril, lo que le permitía al
gigante asiático obtener un margen de ganancia con la reventa del hidrocarburo.
Las revelaciones también mostraron que la legación diplomática en Caracas
identificaba a posibles informantes en las filas de solicitud de visa
estadounidense, abordando a personas que por sus vínculos con la industria
petrolera pudieran tener información de interés para EE.UU.
Ante las revelaciones, Hugo Chávez dijo que: “el
imperio quedó desnudo, yo no sé qué va a hacer Estados Unidos, bueno, a ello no
les importa mucho esto, no, pero cuántas cosas están saliendo, cómo irrespetan
hasta a sus aliados, ¡cuánto espionaje!
Cómo reaccionaron
los gobiernos
El presidente de
México, Felipe Calderón, a través de su cuenta en Twitter dijo dar una “condena
categórica a la revelación ilegal de documentos que se atribuyen a la
diplomacia estadounidense”.
En Ecuador, el gobierno del presidente Correa tuvo
una reacción ambigua y contradictoria: inicialmente alabó los cables revelados
por WikiLeaks, pero cuando empezaron a afectar su imagen los descalificó.
Algo
similar ocurrió en Argentina, donde el gobierno modificó sobre la marcha su
posición ante las sucesivas filtraciones. Su primera reacción fue responder con
ataques retóricos a Washington, pero luego optó por callar y no comentar las
revelaciones.
Distinta fue la reacción del gobierno brasileño, que apoyó a
WikiLeaks. “El muchacho estaba apenas colocando aquello que él leyó”, dijo el
Presidente Lula sobre el líder de la organización, Julian Assange.
En Perú, el gobierno
de Alan García no tomó partido, pese a que algunos cables se referían al “ego
enorme” del entonces presidente, y los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua no
hicieron declaraciones.
El gobierno chileno
le bajó el perfil a las filtraciones y consideró que no ponía en riesgo la
relación diplomática ni la seguridad interna. Ya lejos de la presidencia,
Bachelet desmintió las supuestas declaraciones sobre la inestabilidad emocional
de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Principales temáticas por país:
Ecuador: política
interna, elecciones, comercio, economía, ambiente, crimen organizado,
corrupción.
México:
narcotráfico, terrorismo internacional, descoordinación en la policía.
Perú: política
interna y antidrogas.
Venezuela: Chávez,
el socialismo y la industria petrolera.
Costa Rica:
seguridad y narcotráfico, informes y negociaciones por el tratado de libre
comercio, política exterior e interior.
Nicaragua: seguridad
y narcotráfico, manipulación y corrupción de la justicia, fraude electoral y
concentración de poder en allegados al gobierno sandinista, recuperación de
bienes expropiados a ciudadanos de EE.UU.
Argentina: situación
política, perspectivas económicas, narcotráfico.
Chile: Relación con
Cuba, Venezuela, China e Irán, política interior, tema indígena, situación
carcelaria.
Brasil: relación con
Irán, acuerdos comerciales, corrupción.
Más infomación:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191666.html
