José Crettaz
La Nación/Argentina, GDA
El 10 de diciembre se cumplieron treinta años del regreso de
la democracia a la Argentina. Sin embargo, la libertad de expresión no tiene
motivo alguno para celebrar: si se acepta que esta libertad es uno de los
pilares del Estado de Derecho y del pluralismo, se podría decir que nuestro
sistema tambalea. Desde hace diez años, medios y periodistas argentinos
comenzaron a ser víctimas de todo tipo de maniobras políticas y también de
agresiones físicas, especialmente en el interior del país. Allí, en las
provincias, según el monitoreo de la libertad de expresión del Foro de
Periodismo Argentino (Fopea), vienen creciendo en los últimos años los
atentados contra la integridad física y los bienes materiales de periodistas y
medios de comunicación pequeños.
"El cambio debe hacerse en todos los niveles. En lo
inmediato, hay que solucionar los problemas que presentan la ley de medios
audiovisuales, pero también los vicios que están muy generalizados, como la
manipulación de la publicidad oficial, las presiones, las intimidaciones. Pero
esos vicios no son exclusivos del Gobierno nacional, sino que también están
arraigados en todas las provincias. Hay que cambiar la cultura política",
afirma el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones de la Argentina Henoch
Aguiar, un jurista especializado en medios y telecomunicaciones.
En efecto, desde hace diez años, el clima de la libertad de
expresión se vino enrareciendo hasta volverse bastante asfixiante. Medios y
periodistas pasaron a soportar, como algo cotidiano, persecuciones; presiones;
escraches; agresiones físicas; cepo oficial para que las grandes cadenas de
supermercados no pauten en los diarios críticos; intimidaciones del organismo
recaudador (AFIP); falsas denuncias penales; fuerte hostigamiento público por
parte de la presidenta Cristina Kirchner o de sus ministros; y, por la
aplicación de la ley de medios audiovisuales, la directa posibilidad del
desguace del Grupo Clarín o su fractura en unidades más débiles. En fin, una
robusta hidra de cien cabezas parece haberse deslizado desde las páginas
mitológicas de Jorge Luis Borges para multiplicarse en múltiples estrategias de
censura indirecta.
Para la presidenta Cristina Kirchner y sus funcionarios
nunca hubo en el país mayor libertad de expresión. "Cualquiera dice lo que
quiere, y hasta puede mentir", suele afirmar Martín Sabbatella, presidente
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca),
organismo encargado de aplicar la controvertida ley de medios, cuya
constitucionalidad fue ratificada por una ajustada mayoría en la Corte Suprema.
Ante las críticas a su política de comunicación y de relación con los medios
(prácticamente no ha dado conferencias de prensa y sólo dio entrevistas
acordadas con periodistas seleccionados), el gobierno Kirchner muestra en su
defensa la derogación del delito penal de injurias y calumnias (que tenía penas
de cárcel), algo que el Estado argentino sancionó luego de un fallo adverso en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, organizaciones como
Fopea o la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), reclaman que además se
ponga límites a los montos de indemnizaciones que piden los funcionarios en las
demandas civiles contra periodistas.
La batalla del gobierno contra los medios que no ajustan su
línea editorial al parecer oficial y el intento por dividir a los periodistas
entre oficialistas y opositores fue seguido por la sociedad argentina con
espíritu deportivo: como un partido que se disputa gol a gol, y que -tras la
derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas de este año
2013- parece haber quedado empatado y sin resolución inminente. Así, en los
últimos cinco años, el debate, la sanción y la aplicación de la ley de medios
(que fija un extremo esquema de desguace de empresas de comunicación) tuvo
cierto apoyo popular al principio que fue diluyéndose en los años sucesivos
ante el incumplimiento de las promesas de mayor "democratización de los
medios" y "multiplicidad de voces".
"La ley de medios es uno de los temas pendientes. La
Corte la declaró constitucional, pero en
el futuro habría que reformarla
para que una nueva ley asegure la sustentabilidad de los medios críticos
frente al Gobierno. Sin embargo, para mejorar el clima de opresión, hay que
corregir otros temas centrales, como suprimir el cepo publicitario que asfixia
financieramente a los diarios críticos, establecer reglas equitativas para
distribuir publicidad y facilitar el acceso a la información oficial",
dice Martin Etchevers, Gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.
"En la Argentina los periodistas tenemos dos problemas
muy serios. Uno, personal, porque somos víctimas de persecuciones. Y el otro,
profesional, porque es casi imposible acceder a información oficial",
apunta Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación.
Morales Solá, en una de sus habituales notas, acaba de
afirmar que la Argentina ocupa "un lugar entre los peores en libertad de
expresión" y evaluó que "únicamente se puede decir que esta libertad
está bien si sólo se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador y, en
realidad, tampoco está mucho mejor que en esos países". Su apreciación no
es nada exagerada, más teniendo en cuenta que pocos meses atrás expuso en
Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como
integrante de un grupo de ocho periodistas que, hace dos años, se animaron a
planear sus denuncias. Hay cientos que nunca se atrevieron.
Tras aquella exposición en la OEA, Magdalena Ruiz Giñazú,
una periodista de muy larga trayectoria que había acompañado a Morales Solá a
esa reunión, fue visitada sorpresivamente por inspectores de la agencia
impositiva. Y Alfredo Leuco, un periodista de Radio Continental, fue asaltado y
golpeado cuando llegaba a la radio donde trabaja. "Fue muy sospechoso. No
me parece que haya sido sólo un robo cometido al azar", afirmó.
Ese clima de opresión también es recogido por los organismos
internacionales y locales. Así, al concluir aquella audiencia que se celebró el
1 de noviembre, la CIDH, en un
comunicado, expresó su doble "preocupación" por "la situación de
la libertad de expresión en la Argentina" y por "las
descalificaciones a las que se vieron sometidos los periodistas solicitantes de
la audiencia".
Por su parte, la Corte Suprema ya dictó varios fallos en
materia de publicidad, en las causas diario Rio Negro y Editorial Perfil, pero
el Gobierno sigue desoyéndolas. Así, continuando con la práctica que se inició
en 2003, durante 2013 el diario Tiempo Argentino recibió el equivalente a 595
páginas de publicidad oficial; Crónica, 341 y Página 12, 225 páginas, mientras que
los diarios más vendidos del país, entre los dos, sumaron apenas 2 páginas:
Clarín 1,6 páginas y La Nación se quedó con 0,4 páginas. Y algo similar ocurre
con la televisión: mientras que la TV pública (Canal 7) se quedó con 270
millones de pesos y los oficialistas Canal 9, con 143 y, América recibió 126
millones, Canal Trece del Grupo Clarín se queda tan sólo con 1,5 millones.
Pero para alimentar la propaganda política, el Gobierno, en
2009, diseñó otro conducto: el ciclo Futbol para Todos, un espacio que emite
publicidad oficialista durante la trasmisión de los partidos de fútbol, que
como es natural concitan la mayor audiencia: mientras que ese año el Estado
gastó 600 millones, en 2012 superó los 1200 millones, y en 2013 superó los 1500
millones de pesos.
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Un continente, varios caminos
Leyes de medios similares en América
latina
BRASIL
Ley de televisión paga (2012)
La ley, debatida durante años, impide la propiedad cruzada
de firmas que produzcan contenidos y firmas que los distribuyan por suscripción
(cable o satélite), pero no fija ningún tipo de topes a la cantidad de
licencias, y permite la competencia entre cableoperadores y telefónicas (triple
play). Fija exigentes cupos de producción local a todas las señales de TV,
incluidas las internacionales.
ECUADOR
Ley orgánica de comunicación (junio de 2013)
La Ley crea un Consejo de Regulación, que define las
políticas en la materia, y una Superintendencia de Información con capacidad de
aplicar sanciones y multas. La ley abarca no solo la regulación de contenidos
sino el manejo del espacio radioeléctrico, e incluye normas para estimular la
producción nacional. El debate sobre posibles controles a Internet y redes
sociales no ha cesado, dada la ambigüedad del articulado.
CHILE
Ley de televisión digital (2013)
Debatida durante cinco años, la norma fija el apagón
analógico para 2018, plazos de duración de las licencias de 20 años
(renovables), establece cuotas de contenido cultural, pone el tope de un canal
de TV abierta por grupo nacional y extranjero por localidad, incluye subsidios
a la inversión en infraestructura y obliga a la TV paga a pedir permiso a
canales de TV abierta para incluirlos en su grilla. Se prevé también una dura
puja judicial.
URUGUAY
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en debate)
A fines del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el
proyecto de ley de medios que este año será considerado por el Senado. Su
objetivo principal son los medios audiovisuales y no los medios de prensa. Si
bien el proyecto reitera unas diez veces que su objeto no es limitar la
libertad de expresión que está amparada constitucionalmente, lo cierto es que
se crean diversos organismos que deben supervisar y controlar el respeto a
conceptos amplios y de difícil precisión.
VENEZUELA
Ley resorte (2005, reformada en 2010)
La ley de responsabilidad social de radio y televisión
(conocida como Resorte) prohíbe la publicación de contenidos
"ofensivos", "violentos" y que "fomenten zozobra en la
ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las
autoridades" o "induzcan al homicidio", y responsabiliza a los sitios
web del contenido de los mensajes. Sin embargo, no restringe la propiedad
cruzada de diversos tipos de medios.
