ESPECIAL GDA: 30 años de transformación en América Latina

Un continente donde la democracia es más estable, con excepciones como la de Venezuela, pero en el que los problemas han cambiado. Panorama país a país, a 30 años del nacimiento del Grupo de Diarios América (GDA).

Sebastián Cabrera/El País/GDA*

El fin de largas dictaduras militares, un notorio auge de los homicidios, mayor desigualdad entre ricos y pobres, transformaciones en el sistema de partidos políticos, reformas constitucionales, nacimiento y crecimiento de grandes empresas, escandalosos episodios de corrupción, una guerra al narcotráfico que tuvo más derrotas que victorias y una incipiente agenda de derechos en varios países. En las últimas tres décadas hubo profundos cambios en América Latina y, a pesar de los matices y diferencias, hay un denominador común: la democracia es hoy más estable en la mayoría de las naciones, con algunas claras excepciones como el caso venezolano.
El Grupo de Diarios América (GDA), que cumple 30 años, se planteó como premisa saber cuáles han sido las grandes transformaciones en el continente desde aquel lejano 1991. Especialistas de once países de la región brindan un panorama variopinto que muestra una región en evolución pero con avances y retrocesos. 

Veamos primero qué pasó con la democracia. Desde Argentina, el politólogo e investigador Andrés Malamud dice que hay estabilidad desde el 3 de diciembre de 1990, cuando el expresidente Carlos Menem reprimió con éxito a un grupo de militares conocido como “los carapintadas”, que habían protagonizado sublevaciones y se llamaban así por su costumbre de usar pintura facial durante los alzamientos. 
El brasileño Miro Texeira, exdiputado, abogado, periodista y ministro de Comunicaciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2004), opina que la libertad de prensa y los avances de la tecnología de la información garantizan la estabilidad democrática en su país, lo cual no sucedía tres décadas atrás a su juicio. Mientras, el economista Sérgio Besserman, presidente del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística en el segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1999-2003), responde “sí y no” a la pregunta de si hay más estabilidad democrática. Cuenta que las instituciones evolucionaron y, en ese sentido, “la democracia es más sólida”, pero aclara que la desigualdad sigue siendo “una cicatriz profunda” y un campo abierto a los populismos, “incluso algunos de naturaleza autoritaria”.
Desde Chile, el canciller Heraldo Muñoz del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) opina que, a pesar del estallido social de 2019, en su país existe hoy “una democracia más inclusiva, con más presencia de mujeres en la vida pública, así como de pueblos originarios, personas con discapacidad y diversidad sexual. Además, la elaboración inédita de una nueva Constitución muestra que la democracia es “vibrante”. Y la economista Bettina Horst, directora ejecutiva del Centro de Estudios, Libertad y Desarrollo, admite que, como hace 30 años, hoy volvió la pregunta de cuán estable es la democracia. “Volvemos a las mismas incertidumbres pero en contextos totalmente distintos: la pregunta es cuál es la democracia que vamos a tener de acá a futuro y cuán democrática va a ser”, dice.
La democracia colombiana, en tanto, es más estable porque “los narcotraficantes ya no están en condiciones de plantear una guerra al estilo de Escobar contra los altos funcionarios del Estado” y además “no hay una guerrilla que amenace con la toma del poder”, afirma el analista político Hernando Gómez Buendía, editor de la revista académica Razón Pública. Y, aunque la inconformidad se agravó con la pandemia, agrega: “Con la Constitución del 91, el multipartidismo, la descentralización, el mayor número de cargos elegidos, las figuras de democracia participativa y el surgimiento de las nuevas ciudadanías, esa democracia es más abierta o capaz de recoger las presiones sociales”.
Desde Costa Rica, Constantino Urcuyo –especialista en Relaciones Internacionales y Teoría Política- dice que la pregunta “es dificilísima” y entonces cuenta: el sistema político es más inestable porque “se desplomó y no fue sustituido por un sistema de partidos articulado”, pero al mismo tiempo las instituciones fundamentales de la democracia se mantienen. Esto es, “el sufragio es libre y puro, la Sala Constitucional funciona adecuadamente e imparte justicia constitucional de alto nivel”.
En tanto, el doctor en Ciencia Política salvadoreño Álvaro Artiga responde: “Hace 30 años no era democracia”. Luego aclara que ha habido un régimen híbrido que mezcla elementos democráticos para el acceso al poder, pero recién desde 2009 la Sala de lo Constitucional comenzó a controlar la constitucionalidad de actos del Ejecutivo y del Legislativo. “Ahí empieza a emerger ese control, que es una parte importante del ejercicio democrático. Después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sección de Probidad de Corte Suprema comenzó a operar y se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero eso poco que comenzaba a caminar, falló a partir de 2019 y ya concretamente en 2021”, lamenta el especialista.
¿Y qué pasa en México? El académico José Woldenberg, primer presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, advierte que la de su país es “una democracia con muchísimos problemas”, pero con instituciones más fuertes. “Hay mucha violencia, mucha inseguridad, una economía que no crece, mucha pobreza, desigualad, corrupción. Es un contexto muy adverso, pero tenemos instituciones como el INE, una buena legislación en la materia, partidos, órganos de la sociedad civil más fuertes que en el pasado”, opina.
Y, desde Perú, el exprimer ministro Pedro Cateriano asegura que la de su país es una democracia “más estable pero débil”, que “ha podido sancionar a los corruptos, meter a la cárcel a (Alberto) Fujimori y detener a presidentes que han sido acusados”. En ese sentido, considera que el país ha avanzado mucho: “En Perú, cuando culminaban las dictaduras, simplemente quedaban impunes”. Mientras, la politóloga Milagros Campos –excomisionada para la Reforma Política- advierte que hay democracia sí, pero con instituciones frágiles. “Hemos pasado por momentos de gran inestabilidad política; dos de ellos, la crisis del 2000 y la crisis del 2020”, relata.
En cambio, Puerto Rico es uno de los casos donde el panorama es negativo. Mario Negrón Portillo, catedrático del Departamento de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, dice que hace 30 años la situación no era necesariamente mejor “pero tenía más estabilidad”. A su juicio, un buen ejemplo son las protestas de 2019, que causaron la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, así como los problemas con la gobernanza de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy la autonomía de la isla está en entredicho con la imposición de una Junta que decide sobre todos los asuntos económicos.
Y, en el sur, Uruguay es hoy “una democracia significativamente estable, más que en aquel tiempo”, dice el analista Ignacio Zuasnabar, director de la consultora Equipos Consultores. Y recuerda que a inicios de la década de 1990 aún había “heridas recientes y amenazas latentes” tras una dictadura que se extendió desde 1973 a 1985. Hoy, afirma, en Uruguay hay “partidos políticos fuertes, una rareza en el mundo”, existe alternancia plena “en transiciones ejemplares”, las instituciones funcionan, las reglas se cumplen y el clima político continúa siendo de respeto. Según Latinobarómetro, los uruguayos son quienes más creen en la democracia y confían en sus instituciones en América Latina. Y el expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó entre 1990 y 1995, coincide en que hoy allí el sistema es fuerte porque casi todos lo respetan, “aunque haya minorías que no creen en él”.
En Venezuela, por último, no existe hoy democracia. “Todo el sistema electoral está diseñado para que el sistema comunista se mantenga. En Venezuela no hay elecciones, hay votaciones. Aquí hay un sufragio que es manejado por el régimen”, dice Mirla Pérez, investigadora del Centro de Estudios Populares Alejandro Moreno.

LOS CAMBIOS, PAÍS A PAÍS

¿Y cuáles son, en concreto, las principales transformaciones en estas tres décadas? Primero Argentina: el politólogo Malmaud sostiene que pasan por la estabilidad democrática, la inestabilidad económica y la dualización social: “Pobres y ricos están cada vez más lejos entre sí”.
En Brasil Teixeira sostiene que lo principal es “la seguridad de que todos viviremos con las libertades del régimen democrático” mientras la situación social “continúa dramática, agravada por la pandemia”. Y el economista Besserman afirma que el más importante avance es la presencia de todos los niños en las escuelas, aunque “la calidad de la enseñanza diste de lo ideal”. También marca como relevante, aunque en sentido contrario, el “fracaso completo” del saneamiento básico.
El mayor cambio en tres décadas en Chile, según el excanciller Muñoz, fue la transición de la dictadura a la democracia, sumado al mayor crecimiento económico y progreso (pero con un “agotamiento del modelo económico hacia la tercera década”) y la modernización, aunque con una brecha digital. Mientras, la economista Horst destaca que a inicios de la década de 1990 se empezaron a firmar distintos tratados de libre comercio y el gobierno avanzó en una rebaja importante de los aranceles, lo que “cambió el juego”. Además, menciona la asociación publico-privada en infraestructura, la creación de un servicio civil y un sistema de alta dirección pública en el Estado, la caída de la pobreza, el acceso a la educación superior y por último una caída en la confianza en el sistema producto de escándalos en materia de corrupción, estancamiento de la economía y de la tasa de ocupación.
Desde Colombia, Gómez Buendía recuerda que hace 30 años los temas que dominaban el panorama noticioso eran cinco: la guerra contra el cartel de Medellín, la Constituyente de 1991, el comienzo de la escalada militar de las FARC, la agonía del Partido Liberal y la llamada “apertura” de la economía. “Estos cinco procesos dejaron huellas duraderas e imprevistas”, afirma el analista, y dice que la historia de las tres últimas décadas “ha sido desarrollo o consecuencia de aquellos cinco procesos”.
Y entonces relata que la muerte de Pablo Escobar aseguró la preminencia del cartel de Cali. También que la Constitución de 1991 “refundó la nación colombiana, adoptó un régimen en teoría garantista, agrandó notablemente el tamaño del Estado, expandió los servicios sociales, destruyó el bipartidismo y lo reemplazó por un caos de partidos”, entre otros cambios. La escalada militar de las FARC, en tanto, llevó a la elección y reelección de Álvaro Uribe, quien detuvo el avance y “polarizó al país en las mitades que siguen hasta ahora”. El Partido Liberal, coconstructor del país durante el siglo XIX y casi hegemónico hasta el final del siglo XX, “fue destruido por la Constitución del 91 y rematado por el proceso 8.000”. Por último, la apertura económica fue el giro más importante desde la década de 1930 porque cambió el enfoque dirigista por uno de eficiencia.
El fin del bipartidismo –el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional (PLN)- fue una transformación “crucial” en Costa Rica, afirma Urcuyo. En el terreno económico menciona el esquema neoexportador, que se fortaleció. “Pero a la vez hemos tenido fracasos en cuanto a política de distribución del ingreso”, resume el especialista. Por último, menciona cómo se transformó el entorno del país: “Una dictadura en Nicaragua, un narcogobierno en Honduras, un populismo exaltado en El Salvador y, por otra parte, los fenómenos de corrupción y de persecución de jueces y fiscales en Guatemala”.
En El Salvador, el principal cambio ha sido la reforma política pactada en 1992 entre las fuerzas que estaban en el conflicto armado -la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de turno-, “que supone la superación del régimen autoritario militar que estaba vigente desde 1930”, dice el politólogo Artiga. Pero advierte: “No le he dicho que hayamos llegado a una democracia ni nada de eso".
Diferente es la situación mexicana, donde -según Woldenberg- la principal transformación fue haber transitado de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos; “haber pasado de elecciones sin competencia a elecciones altamente competitivas, y haber pasado de un mundo de la representación básicamente monocolor, ocupado por un solo partido, a uno de representación diverso, en el que están presentes integrantes de diferentes corrientes político-ideológicas”.
Desde Perú, el exprimer ministro Cateriano sostiene que el gran cambio es “ideológico y político contra las ideas estatistas y populistas que inspiraron y ocasionaron el quiebre económico del Estado”. Ese cambio de ideas se impulsó, a su juicio, durante la campaña presidencial de Mario Vargas Llosa en 1990. “Se introdujo ideas para tener el criterio de un Estado reducido pero eficiente (…) Si bien Vargas Llosa perdió las elecciones y la presidencia en 1990, en el campo ideológico y económico derrotó a Fujimori y a Alan García”. Pero también menciona la derrota del terrorismo y la apertura de la economía al mundo a través de los tratados de libre comercio. Para la politóloga Campos, en cambio, un momento “muy importante y revelador” es que a partir del 2000 se logró “que los gobiernos se encaucen en la Constitución”.
“La isla empeoró, eso ha sido evidente”, asegura Negrón Portillo, el catedrático puertorriqueño. Y se refiere a la administración pública: “El gobierno, como institución, no funciona. Tiene dificultades hasta para proveer los servicios más simples. No siempre fue así”. La otra gran transformación, a su juicio, fue el modelo económico: la economía cayó cuando se eliminaron los incentivos industriales del gobierno de Estados Unidos. “Aumentó la emigración, se redujeron los nacimientos, la población se redujo y en términos sociales se percibe más intolerancia y se agudizaron problemas como la violencia de género. Todo va de la mano”, afirma.
En Uruguay el principal cambio tiene que ver con las comunicaciones, dice el politólogo Zuasnabar. La accesibilidad de los servicios de internet de alta calidad y la red de telefonía celular de amplísima cobertura “han transformado al país en su forma de comunicarse” y ha sido la plataforma para el desarrollo de industrias, como la del software, que hoy son competitivas a nivel global. Pero el analista también menciona cambios en la matriz productiva (“el turismo ha incrementado significativamente su volumen y la cadena forestal se ha integrado con fuerza a los productos tradicionales del país”), una integración comercial con el mundo “más amplia y diversificada” y reformas institucionales, como en la seguridad social, el sistema de salud, relaciones laborales, el sistema tributario y el sistema electoral. El expresidente Lacalle, en tanto, menciona como gran cambio “haber recuperado la legitimidad de origen del poder” y destaca la reforma constitucional de 1996, “que democratizó los partidos políticos”. Por último, menciona la derrota de la inflación: inició su gobierno en 1990 con 130% y hoy “nadie la concibe de dos dígitos”.
Para cerrar, el complejo panorama venezolano: hubo un cambio en la percepción de la violencia, la ruptura del orden constitucional y una crisis humanitaria. La transformación en el tema seguridad se inició a fines de la década de 1980, recuerda la investigadora Pérez, con las protestas conocidas como el Caracazo, que abrieron “el dique de la delincuencia en el país”. Y, sobre el cambio en el orden constitucional, advierte: “Ya en 2021 la contención está en el piso, y por eso hablan directamente de un Estado comunal”.

Tres avances y tres retrocesos de cada país

Argentina. La autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la reducción de la tasa de homicidios y la legalización del aborto son tres avances según el politólogo Andrés Malamud. Tres retrocesos: el retorno de la inflación, la degradación de la justicia y el “péndulo entre incompetencias de gobierno”.   

Brasil. Algunos de los principales avances de Brasil en estos 30 años están siendo revertidos por el gobierno de Jair Bolsonaro y son, por tanto, importantes retrocesos. Es el caso del combate de la deforestación ilegal de la Amazonia, el Sistema Único de Salud creado en 1990 y la violencia contra las mujeres (en 2020 el gasto de las acciones de protección del Ministerio de la Mujer fue el menor en diez años).
 
Chile. El crecimiento económico, la fuerte disminución de la pobreza y una mejora en la calidad de vida de las personas son tres avances concretos, según el excanciller Heraldo Muñoz y la economista Bettina Horst. Entre los principales retrocesos, insuficiencia de reformas para acortar las desigualdades, incremento del narcotráfico y de delitos violentos y la pérdida de confianza en las instituciones y en los representantes políticos.
 
Colombia. La creación de la Constitución Política en 1991, la creación de la Corte Constitucional y el mecanismo de acción de tutela y de desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC son tres avances. Los retrocesos: el plebiscito por la paz de 2016 (el instrumento, aunque legítimo, creó una fractura en la sociedad); la reelección presidencial y la elección de miembros de la rama judicial sin influencia de los gobernantes.
 
Costa Rica. Los avances, según el investigador Ronald Alfaro, son: mantener la estabilidad política “sobre todo en épocas muy turbulentas”, la gran legitimidad social de la democracia y la fuerte cultura cívica. Retrocesos: crisis de representatividad de los partidos políticos, el debilitamiento de los partidos y rezagos o vacíos en el financiamiento de las campañas electorales.
 
El Salvador. El doctor en Ciencia Política Álvaro Artiga menciona tres avances: las elecciones, los derechos o garantías civiles y que ciertas instituciones empezaran a funcionar, lo que permitió conocer actos de corrupción. Pero, a la vez, todo eso ahora está en retroceso:
hay pérdida de garantías civiles, inoperancia del control político y sometimiento del Tribunal Supremo Electoral al Ejecutivo (“la posibilidad de que tengamos elecciones bajo estándares democráticos en 2024, está en duda”, dice Artiga).

México. La posibilidad de “vivir en pluralismo”, que todos coinciden que las elecciones son la “única vía legítima y legal” para llegar a los cargos de gobierno y la creación de órganos del Estado autónomos son tres avances, según el maestro José Woldenberg. Los retrocesos: el discurso presidencial y del partido mayoritario Morena “que no reconocen la legitimidad de la pluralidad”, así como un vaciamiento del debate público, explotando “las emociones y no la razón”.
 
Perú. El avance en el campo económico, la apertura de Perú a distintas economías del mundo y la participación política de las mujeres, son avances según el exprimer ministro Pedro Cateriano y la politóloga Milagros Campos. Como retrocesos, marcan un aumento de la pobreza por la pandemia, un riesgo o caída de los valores democráticos y las brechas de infraestructura y conectividad en general.
 
Puerto Rico. Múltiples industrias del sector aeroespacial se instalaron en el país, una mejora en la educación formal y el avance de internet son tres avances. La bancarrota gubernamental desde 2017, la destrucción de infraestructura por huracanes y sismos y una fuerte oleada migratoria por el deterioro económico son tres retrocesos.
 
Uruguay. El avance de la cobertura de internet en el país (desarrollo de la fibra óptica y del Plan Ceibal de una computadora por niño, lo que ayudó a mantener las clases remotas en pandemia), estabilidad democrática y transiciones entre partidos de diversas ideologías y reducción constante de la tasa de mortalidad infantil (entre otras mejoras en el área de la salud) son tres avances. Como retrocesos se destaca la inseguridad (las tasas de delito han aumentado gobierno a gobierno, aunque hubo una caída en el último año en pandemia), la dramática situación de las cárceles y de las personas que viven en situación de calle.
 
Venezuela. Es difícil hablar de avances en estas tres décadas porque “las condiciones del país han ido en franco retroceso debido a un cambio radical del sentido de la política, de la institucionalidad y de todo lo que comprende el área humana y social”, dice la investigadora Mirla Pérez. Como retrocesos, menciona los daños graves en el sistema de salud, el colapso de la industria petrolera y la educación pública.
 
 
¿Qué partidos han gobernado en las tres décadas y de qué tendencia?
Argentina. Entre 1991 y 1999 gobernó Carlos Menem (peronismo), entre 1999 y 2001 Fernando de la Rúa (Alianza), en 2002 y 2003 Eduardo Duhalde (peronismo), de 2003 a 2007 Néstor Kirchner (peronismo),  de 2007 a 2015 Cristina Fernández de Kirchner (peronismo), de 2015 a 2019 Mauricio Macri (Cambiemos) y desde 2019 Alberto Fernández (peronismo).    
 
Brasil. Entre 1990 y 1992 gobernó Fernando Collor (1990-1992) por el PRN (gobierno populista de derecha) y tras su juicio político asumió Itamar Franco hasta 1994. De 1995 a 2002 fue el turno de Fernando Henrique Cardoso, socialdemócrata, por el PSDB.  El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gobernó entre 2003 y 2010. Lo siguió Dilma Rousseff (2011–2016), también por el PT. Tras el impeachment asumió Michel Temer (centroderecha) del MDB hasta 2018. Desde 2019 gobierna Jair Bolsonaro (extrema derecha) del PSL.
 
Chile. De 1994 a 2010 gobernó la centroizquierda bajo la coalición Concertación (Democracia Cristiana, Partido por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata y Partido Socialista). Presidentes: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010). De 2010 a 2014 gobernó la centroderecha bajo la Coalición para el cambio (partidos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y ChilePrimero) con Sebastián Piñera. De 2014 a 2018 gobernó la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría (DC, PPD, PS, PRSD, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana, MAS Región) con Bachelet. De 2018 hasta marzo de 2022 gobierna la centroderecha bajo la coalición ChileVamos (UDI, RN, Evolución Política, Partido Regionalista Independiente) con Piñera.
 
Colombia. Han gobernado tres partidos de derecha: el Centro Democrático, Partido de la U y Partido Conservador.
 
Costa Rica. De 1990 a 1994 gobernó Rafael Calderón por Unidad Social Cristina (centroderecha), de 1994 a 1998 José María Figueres por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 1998 a 2000 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría por el Partido Unidad Social Cristiana (centroderecha), de 2002 a 2006 Abel Pacheco de la Espriella por Unidad Social Cristina (centroderecha), de 2006 a 2010 Óscar Arias Sánchez por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 2010 a 2014 Laura Chinchilla Miranda por el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata), de 2014 a 2018 Luis Guillermo Solís Rivera por el Partido Acción Ciudadana (centroizquierda socialdemócrata) y desde 2018 Carlos Alvarado por el Partido Acción Ciudadana (centroizquierda socialdemócrata)
 
El Salvador. El derechista Arena gobernó durante cuatro periodos, de 1989 a 2009. Le sucedieron dos gobiernos del FMLN (izquierda) de 2009 a 2019.Nayib Bukele, el gobernante actual, llegó a la presidencia con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido que nació tras la fractura de Arena. Analistas consideran al partido de Bukele como un proyecto populista de derecha.
México. Partido Revolucionario Institucional (centro) gobernó desde 1988 a 2000 y de 2012 a 2018. El Partido Acción Nacional (derecha) lo hizo de 2000 a 2012 y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, de izquierda) desde 2018.
 
Perú. Los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-1995 y 1995-2000), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021) se caracterizaron por un posicionamiento ideológico que fue desde la derecha hasta la centroderecha. Algunos de los mandatos estuvieron también marcados por rasgos populistas.
 
Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista (PNP), de corte conservador y que promueve la completa anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, ha gobernado durante 16 de los últimos 30 años (1993-2000, 2009-2012, 2017-2020). El centrista Partido Popular Democrático (PPD), en cambio, ha controlado la gobernación los restantes años (1989-1992, 2001-2008, 2013-2016).
 
Uruguay. Desde 1991 a 2005 gobernó el país una coalición de centroderecha liderada primero por el Partido Nacional, luego diez años por el Partido Colorado. Son los dos partidos históricos, antes rivales. Desde 2005 a 2020 gobernó la izquierda por primera vez en la historia (Frente Amplio). En 2021, con Luis Lacalle Pou, volvieron los partidos tradicionales a gobernar pero esta vez en la llamada “coalición multicolor” que incluye a cinco partidos que van desde la centroizquierda a la derecha: Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.
 
Venezuela. Al inicio de la década de 1990, Carlos Andrés Pérez gobernó al país representando al partido de derecha Acción Democrática. En 1994, ganó las elecciones Rafael Caldera de la mano de Convergencia Democrática, un partido de referencia cristiana, pero creado con diversas alianzas, ninguna muy estable. Hugo Chávez llegó en 1999 con el partido político de izquierda Movimiento Quinta República, que fue disuelto en 2007 para integrarse al Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde 2013 hasta la actualidad, Nicolás Maduro ha ocupado el poder con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, posicionado a la izquierda del movimiento chavista y la Revolución Bolivariana.
 
La participación de las mujeres en los gabinetes: ¿cómo ha evolucionado?
Aunque falta mucho para alcanzar la paridad en casi todos los países, ha habido avances en la integración de las mujeres en los cargos de poder si se compara la situación actual con la de hace 30 años. Pero también hubo  oscilaciones.
Por ejemplo, en Brasil la participación de mujeres en los ministerios avanzó en los gobiernos del Partido de los Trabajadors (PT) y el record de nombramientos lo tiene Dilma Rousseff (2011-2016): su gobierno tenía 37 secretarías con estatus ministerial, nueve de ellas ocupadas por mujeres. Itamar Franco (1992-1994) tuvo solo una ministra, por cinco meses.
En Chile, Patricio Aylwin (1990-1994) tenía 23 ministros y ni una ministra.  La única que se sentaba en el gabinete era la jefa del Servicio Nacional de la Mujer. La mayor participación femenina se dio en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) con 24 hombres y 16 mujeres. En el actual gobierno de Sebastián Piñera hay 29 hombres y 13 mujeres.
Costa Rica, en tanto, tiene por primera vez en la historia más del 50% de los cargos del gobierno con mujeres: 56%. A fines de la década de 1990 era 20%. En El Salvador se pasó de 6% de mujeres ocupando cargos en ministerios, secretarías y entes en el período 1989-1994, a un 25% en la actualidad.
El actual gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los que dio más espacio a las mujeres, aunque en tres años ellas han perdido lugares en secretarías clave. En Argentina, según un informe de la Sindicatura General de la Nación, para el cargo de ministros hay 81% de hombres y 19% de mujeres. En las secretarías, son 63% de hombres y 37% mujeres. Además, Cristina Fernández fue presidenta entre 2007 y 2015 y ahora es vicepresidenta. Puerto Rico, mientras, eligió a la primera mujer gobernadora en el año 2000: Sila María Calderón
En Perú el presidente Pedro Castillo tomó juramento el 28 de julio pasado a los 19 ministros. Solo dos son mujeres y el país pasó a ubicarse debajo de otros 18 países de América Latina, donde la cifra de liderazgos de mujeres en ministerios es más alta. Entre 2013 y 2019 el país había llegado a la paridad: en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) hubo nueve mujeres en 18 ministerios y en el de Martín Vizcarra (2018-2020) 10 en 19.
Uruguay también sufrió un retroceso: el gabinete de Luis Lacalle Pou (que asumió el 1° de marzo de 2020) tiene solo dos mujeres frente a 12 hombres en los ministerios, aunque también está la vicepresidenta Beatriz Argimón. Eso implicó una caída frente al gobierno anterior, de Tabaré Vázquez, que se inició con ocho hombres y cinco mujeres. Pero en el pasado hubo gabinetes sin mujeres: Jorge Batlle (2000-2005) tenía solo 13 hombres y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) 12 hombres.
Y en Venezuela, durante los gobiernos de Hugo Chávez se nombró a 38 ministras, 13% de los ministros del período, en 42% de los casos para el área social. Nicolás Maduro nombró 50 ministras en los siete años y nueve meses de gestión, que representan 29,1% del gabinete, la mitad en el área social.
  
Aborto, matrimonio gay y marihuana: la agenda de derechos
Durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), Uruguay marcó vanguardia mundial con varias leyes de la llamada agenda de derechos. El 10 de diciembre de 2013 aprobó una ley para regular la producción y comercialización de marihuana. Uruguay se convirtió así en el primer país del mundo en legalizar el cultivo y la venta de cannabis, aunque solo para sus ciudadanos y bajo control estatal. Hay que estar registrado y la venta funciona en las farmacias. También hay clubes cannábicos y es legal el autocultivo.
En octubre de 2012, un año antes, se había aprobado la ley que reguló la interrupción voluntaria del embarazo. Hizo legal el aborto antes de las 12 semanas para cualquier mujer, siguiendo determinados requisitos. Uruguay fue el primer país de América del Sur en despenalizar el aborto. Y el 10 de abril de 2013 se sancionó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio igualitario). En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) se aprobó la ley integral para personas trans.
Pero Uruguay no está solo. Argentina sancionó el 15 de julio de 2010 la ley de matrimonio igualitario y fue el primer país de América Latina en hacerlo. Una década después, el 30 de diciembre de 2020, se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que establece el derecho al aborto hasta la semana 14.
En Puerto Rico el aborto y el matrimonio homosexual son legales por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Desde 2015 se autorizó el uso medicinal de la marihuana.
En Brasil, en tanto, el matrimonio homosexual está permitido pero no fue votado por el Congreso, sino que se legalizó por la vía judicial: el Consejo Nacional de Justicia aprobó en 2013 una resolución que obligó a los funcionarios de los registros a casar a personas del mismo sexo. El aborto, en cambio, sigue siendo un crimen y quien lo practica puede ir a la cárcel. El uso recreativo de la marihuana sigue estando criminalizado.
En Colombia la Corte avaló en 2016 los matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que en Costa Rica es legal desde mayo de 2020. En Chile está en trámite un proyecto de matrimonio igualitario y se aprobó una ley del aborto pero solo cuando hay peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.
En México el matrimonio igualitario está permitido en 21 de 32 entidades del país. El aborto está reconocido en varios estados bajo ciertos supuestos y el uso lúdico de la marihuana es reconocido como un derecho por la Suprema Corte de Justicia.
 
 
¿Qué grandes escándalos políticos y episodios de corrupción han ocurrido?
Argentina. La renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, en medio de un estallido social que generó la implantación del estado de sitio, con 27 muertos y miles de heridos, y  saqueos a supermercados es el momento más dramático. Pero los últimos 30 años de la historia política argentina han sido pródigos en escándalos de todo tipo, como la causa de los cuadernos, caso venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia  (y explosiones de Río tercero en 1995), Caso Carrasco, caso Yomagate, caso IBM-Banco Nación, caso Antonini Wilson, caso Ciccone y el vacunatorio vip durante la pandemia.  
 
Brasil. El país pasó por dos procesos de impeachment en tres décadas: Fernando Collor de Mello, primer presidente electo por voto directo tras el fin de la dictadura, acabó denunciado en 1992 por corrupción por su propio hermano; mientras que en 2016 Dilma Rousseff también fue destituida por un proceso abierto en Diputados a partir de una denuncia de dos abogados con acusaciones por violaciones a la ley presupuestaria (las llamadas “pedaladas fiscales”) y la violación de la ley de improbidad administrativa. Pero la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil es el Lava Jato (operación Lavado de autos), que se inició el 17 de marzo de 2014 y terminó en febrero pasado. La investigación se convirtió rápido en un gigantesco escándalo que salpicó a algunas de las más importantes empresas de Brasil, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el grupo Odebrecht, y tuvo consecuencias en casi todos los países de América Latina. Las investigaciones condujeron a prisión a poderosos ejecutivos y políticos. El arresto más mediático fue el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque este año fueron anuladas cuatro condenas en su contra. Algunos de los fiscales de la operación han sido cuestionados por su supuesta falta de imparcialidad en las investigaciones.
 
Chile. Los casos de corrupción más importantes en el ámbito público ocurridos en los últimos 30 años son: MOP Gate (pago de sobresueldos por parte de la empresa Gestión Ambiental y Territorial Sociedad Anónima a funcionarios del ministerio de Obras Públicas por trabajos que no se habían hecho, mientras que la firma recibía pagos injustificados por concesiones de infraestructura), Caso Corpesca (financiamiento de políticos de derecha, con el objetivo aparente de influir en sus decisiones al interior del Congreso), Caso Caval (tráfico de influencias para conseguir fondos para hacer negocios inmobiliarios, justo después de las elecciones de 2013; estuvieron implicados nuera e hijo de la entonces presidenta Bachelet), Caso Penta (fraude tributario y un esquema de financiamiento ilegal de la política), caso SQM (reveló financiamiento ilegal de la política a través del mismo mecanismo de Penta  implicó a políticos de derecha e izquierda), FF.AA. (proceso por fraude en el Ejército a fondos de la Ley Reservada del Cobre por oficiales del Ejército de Chile para su enriquecimiento personal), Carabineros (uno de los mayores fraudes en la historia de la Reforma Procesal Penal, en cuya investigación quedaron implicados altos mandos de Carabineros). En tanto, la crisis de gobierno más importante ocurrió en octubre de 2019, con el estallido social que llevó a cambios en el gabinete y a un acuerdo de reforma constitucional que permitiera la realización de un plebiscito sobre la posibilidad de escribir una nueva Constitución.
 
Colombia. Hay varios casos históricos: proceso 8.000 (por medio del cual se investigó el ingreso de dineros de la mafia en la campaña presidencial de Ernesto Samper), Agro Ingreso Seguro (entrega de recursos a familias pudientes de recursos destinados a campesinos), Odebrecht, cartel de la toga (asociación ilegal de jueces para vender fallos), Reficar, Bonos de agua e Yidispolítica
 
Costa Rica. ICE-Alcatel (pago de dádivas a funcionarios para la adjudicación de 400.000 líneas de telefonía celular), CCSS-Fischel (préstamo para compra de equipo médico que involucró a importantes figuras políticas costarricenses, encabezadas por el expresidente Rafael Calderón) y el caso Cochinilla (investigación policial sobre presunta corrupción en obras viales).
 
El Salvador. Uno de los mayores escándalos políticos fue la dolarización de la economía y, 20 años después, la introducción de una nueva reforma que convirtió al bitcoin en moneda de curso legal, sin estudio previo.  También se puede mencionar la tregua del Estado con pandillas (por ejemplo, el 3 de septiembre de 2020 una investigación periodística de El Faro reveló que el Gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 una reducción de homicidios y apoyo electoral) y el régimen híbrido (en dos años de gobierno, Nayib Bukele ha avanzado con celeridad en su proyecto de controlar todas las instituciones del Estado). Y
los tres presidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2009 fueron acusados de corrupción por el desvío de fondos públicos: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
los tres presidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2009 fueron acusados de corrupción por el desvío de fondos públicos: Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
 
México. El desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador (izquierda) en 2005, promovido por el entonces presidente Vicente Fox (PAN). La estafa maestra (caso dado a conocer en 2017, que reseña la triangulación de dinero público a través de universidades y empresas fantasmas). Odebrecht (existe una línea de investigación en la Fiscalía General de la República para investigar sobornos y dinero de la empresa en la campaña presidencial del hoy expresidente Enrique Peña Nieto). 
 
Perú. Los escándalos políticos más recordados en estas últimas tres décadas fueron el destape de corrupción de la época fujimorista (cuyo gobierno cayó con la difusión del primer vladivideo) y la salpicadura del caso Lava Jato en Perú, con la mayoría de sus últimos presidentes (Toledo, García, Humala, Kuczynski) investigados o detenidos, además de otras exautoridades. Desde el punto de vista de quiebre institucional se vivió el cierre del Congreso en el gobierno de Alberto Fujimori en 1992, sin ajustarse a la Constitución de 1979. Otro caso en contexto de pandemia fue el del vacunagate: en febrero del 2020 se supo que autoridades y exautoridades del Estado, además de otras personas del sector privado, habían accedido a dosis de la vacuna Sinopharm destinadas al personal científico que trabajaba directamente en los ensayos clínicos.
 
Puerto Rico. El caso del Instituto del Sida conllevó el arresto de un asesor del entonces gobernador Pedro Rosselló González, entre otros coacusados. En total, una decena de funcionarios del gobierno fueron acusados por conspirar para robarse más de $2 millones de fondos públicos que se suponía que fueran usados en las clínicas especializadas en atender a pacientes con VIH o Sida. En 2002, en tanto, Víctor Fajardo y varios de sus ayudantes, quien había sido jefe del Departamento de Educación de Puerto Rico, fue acusado de robar $4,3 millones de dólares. Fajardo usó parte del dinero para sufragar las operaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP). En 2008, las autoridades estadounidenses acusaron al entonces gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá y a otras 12 personas de conspirar para recaudar ilegalmente fondos para pagar por las deudas que mantenía el político desde el 2000, cuando aspiró y obtuvo el cargo público de comisionado residente en Washington. Y en 2019, el gobierno estadounidense acusó a varios allegados del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares de malversación de fondos y de beneficiarse económicamente de las funciones públicas que ostentaban.
 
Uruguay. El vicepresidente Raúl Sendic renunció el 9 de setiembre de 2017 cuando gobernaba Tabaré Vázquez (Frente Amplio, izquierda). Esto después de que se conocieron gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluían compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otros lugares. El Tribunal de Conducta Política de su partido concluyó que “Sendic tuvo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”. También fue cuestionado porque se presentaba como licenciado en Genética Humana recibido en Cuba y no lo era. Uno años después, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia (durante el gobierno de José Mujica) fueron condenados por el delito de abuso de funciones por su rol en el otorgamiento del aval bancario a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar del remate de los aviones de la aerolínea Pluna, en 2012. No fueron a prisión. En tanto, a mediados de la década de 1990 hubo denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, derecha). Fueron procesados el asesor presidencial Daniel Cambón y el exministro de Economía y expresidente del Banco Central Enrique Braga. Lacalle dijo que había una “embestida baguala” (un ataque) en su contra.
 
Venezuela. Un intento de golpe de Estado en Venezuela fue ejecutado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Tan solo nueve meses después, un nuevo intento para sacar a Pérez del poder se dio el 27 de noviembre de 1992.
En marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Peréz por el delito de peculados dolosos y malversación de 250 millones de bolívares -17 millones de dólares en esa época- de una partida secreta. Este dinero habría sido usado para ayudar a la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro y la vicepresidenta, Yesseany Medina Parra.  Como resultado de esto, el Congreso Nacional destituyó a Peréz de la presidencia. Hasta la fecha es el único presidente venezolano encarcelado con sentencia firme por un caso de corrupción.
El 11 de abril de 2002 se dio un intento de golpe de Estado durante la presidencia de Hugo Chávez. Estuvo precedido de un período de inestabilidad social y política en el que las fuerzas contrarias al gobierno lograron cohesionarse tras el éxito del conocido como paro cívico, convocado para el 10 de diciembre de 2001, que logró cerrar una parte significativa del comercio urbano, una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal Fedecámaras, iniciada el 9 de abril.
Además: caso Antonini Wilson, Caso Pdval, caso de los narcosobrinos, caso Odebrecht, detención de Alex Saab.
 
Multinacionales y unicornios
El crecimiento económico en estas tres décadas se vio reflejado en el nacimiento de multinacionales desde América Latina. Y también por los unicornios, las empresas valoradas en más de mil millones de dólares o más antes de salir a bolsa.
En Argentina, por ejemplo, hay 10 unicornios fundadas allí: Mercado Libre, Globant, Auth0, Aleph, Bitfarms, Despegar, OLX, Vercel, Mural y Ualá.
En tanto, cientos de empresas brasileñas se tornaron multinacionales, como el banco BTG Pactual, especializado en capital inversión y capital riesgo. Además, hay 12.760 startups y 10 unicornios, como Ebanx, iFood, Stone, PagSeguro y Nubank.
En El Salvador, mientras, surgieron estas multinacionales: SigmaQ, Grupo Poma, Academia Europea y Grupo Unicomer
Uruguay tiene desde setiembre de 2020 su primer unicornio, la empresa dLocal (especializada en soluciones de pago), que en junio pasado empezó a cotizar en Wall Street. En tanto, Pedidos ya es un ejemplo de una empresa uruguaya que se expandió como multinacional y hay otros vinculados al software.
En Venezuela la falta de disponibilidad de divisas, la incertidumbre en el escenario político y el acceso a proveedores de materias primas son las principales preocupaciones de los industriales en Venezuela y una de las causas por las que 21 multinacionales han salido de ese país desde que Nicolás Maduro llegó al poder. 

**El Grupo de Diarios América (GDA), es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información: 

O Globo BR:
https://oglobo.globo.com/mundo/trinta-anos-depois-da-criacao-do-grupo-de-diarios-america-que-mudou-na-america-latina-25237792

El Comercio PE:
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/america-latina-la-transformacion-de-la-region-durante-30-anos-gda-noticia/

La Prensa Gráfica SV:
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-transformacion-de-America-Latina-treinta-anos-despues-20211023-0048.html

El País UY:
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/democracia-negocios-narcos-homicidios-asi-cambio-uruguay-america-anos.html

El Nacional VE:
https://www.elnacional.com/mundo/la-transformacion-de-america-latina-30-anos-despues-el-grupo-de-diarios-america-esta-de-aniversario 

Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital

Los cambios en el consumo de información hacen necesario poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales

 

El uso de las plataformas digitales plantea nuevos desafíos para el negocio periodístico. (Imagen: SIP)

21 de septiembre de 2021

Las entidades firmantes, en representación de los medios de comunicación de las tres Américas, exhortamos a las organizaciones supranacionales y a los países de la región a poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, asegurando condiciones para una retribución justa y razonable por parte de estas últimas.

Luego de años de investigaciones sobre la posición de dominio de las empresas tecnológicas globales en el mercado de la comunicación, Australia dictó el pasado 25 de febrero un Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales. Este prevé mecanismos de arbitraje obligatorio para asegurar que dichas plataformas –en su condición de facilidades esenciales o “puertas de acceso” de Internet– paguen a los medios por el uso que hacen de su contenido y del cual obtienen fuertes beneficios directos e indirectos.

Con el apoyo de las asociaciones europeas de medios, la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea están discutiendo una Ley de Mercados Digitales (“Digital Markets Act”) para impedir que las grandes plataformas digitales abusen de su poder de mercado. En Estados Unidos, la News Media Alliance, en representación de casi 2.000 medios, gestiona una autorización del Congreso de ese país para negociar de manera directa con las plataformas.

Estas iniciativas surgen de los enormes cambios producidos en las últimas dos décadas en el acceso a las noticias. Los medios periodísticos poseen más audiencia que nunca, pero los ingresos que financiaban el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80% de la publicidad digital mundial. Nuestros contenidos, valorados por la audiencia, son esenciales para la información de la sociedad y vitales para la salud de la democracia, pero el sostenimiento del periodismo está en riesgo. Los llamados “desiertos informativos” (áreas sin medios locales) se replican en las pequeñas comunidades y se extienden a regiones cada vez más amplias.

El camino para que esta asimetría comience a balancearse –sin que haya actores que se beneficien a costa de otros– ya lleva varios años. Fue pionera la Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó en 2019 la Directiva que obliga a las plataformas a compensar el uso de los “derechos intelectuales” de los editores periodísticos. Francia, Holanda, Italia, Hungría y Alemania ya adaptaron sus leyes nacionales para obligar a las plataformas digitales a negociar dentro de plazos razonables.

No obstante, en todos los países los esfuerzos para hacer efectivo este derecho se enfrentan a dilaciones y diferencias de poder negociador entre las partes, lo que demora los acuerdos y les quita proporcionalidad. En algunos casos, estas conductas ya dieron lugar a severas multas por parte de las autoridades.

Los miembros de la industria periodística creemos que deben existir abordajes coherentes a nivel global para hacer efectivo un derecho que tiene su base tanto en la propiedad intelectual como en las normas de defensa de la competencia.

También es fundamental que se eviten prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital, donde las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales. Y que cuando dichas prácticas ocurren, estas sean investigadas y sancionadas para evitar una mayor concentración en los ingresos y en el uso de los datos personales. Asimismo, debe prestarse suma atención a la cuestión de los algoritmos, que condicionan la distribución de los contenidos y su llegada a la sociedad.

La renovada Declaración de Windhoek + 30, impulsada por la Unesco, expresa preocupación por “la severa crisis económica que representa una amenaza existencial para medios...” y recuerda que “la sostenibilidad económica” es “un requisito previo clave para su independencia”. Reclama a los gobiernos “garantizar (...) flujos de financiación de fuentes públicas a los medios”. Y a las compañías digitales les pide que apoyen de diversas formas; por ejemplo, a través de acuerdos “de asociación inclusiva” y “medidas financieras”.

Son valorables recientes iniciativas de empresas como Google y Facebook tendientes a pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos. Pero creemos que esos programas no constituyen aún la respuesta justa e integral que la industria requiere para compensar las distorsiones y devolver cierto equilibrio al ecosistema. La compensación no debe ser una decisión unilateral de las plataformas, sino el fruto acordado de un derecho universal, preexistente y proporcionado para los editores.

Es necesario que países, organizaciones, medios y plataformas demos pasos en este sentido. Como sostiene la Declaración de Salta de la SIP (2018), “los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información”. Conceptos similares han sido expresados por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y por las entidades de medios de los países de la región.

Necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado, en el que la opacidad de los algoritmos no termine decidiendo qué información es relevante para una persona o una sociedad, y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de calidad. Para eso se requieren medios sustentables, que reciban el valor que generan en beneficio de la comunidad.

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) - Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) - Grupo de Diarios América (GDA) - Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) - Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) - Medios Informativos de Canadá (NMC, Canadá) - Alianza de Medios Informativos (NMA, EE.UU.) - Alianza de MediosMx (México) - Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras) - Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, Jamaica) - Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana) - Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia) - Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador) - Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú) - Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, Brasil) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile) - Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina)

Encuesta GDA-TD: Teletrabajo aumentó 40 % en América Latina durante la pandemia

El 66 % de los consumidores latinoamericanos dijo estar en teletrabajo, con Puerto Rico, Costa Rica y México a la cabeza.

Maryelos Cea/El Salvador/GDA*

Más de un año ha pasado desde que la covid-19 apareció en América Latina y aunque algunos países de la región han flexibilizado las restricciones impuestas para tratar de contener los contagios, hoy en día un buen número de latinoamericanos continúa en cuarentena y trabajando a distancia, concluye el más reciente estudio del Grupo de Diarios América (GDA) y Tendencias Digitales, que analiza el impacto de la pandemia en los hábitos de los consumidores digitales.
La encuesta se realizó del 22 de abril al 20 de junio de 2021 con una muestra de 7,543 internautas mayores de 15 años, distribuida de forma equitativa entre ambos sexos y entre las generaciones de baby boomers, generación X y mileniales. El estudio tiene un nivel de confianza del 95 % y un error muestral del 3 %.

El estudio muestra que el 59 % de los consumidores sigue aislado en casa, el 26 % ha salido para trabajar o estudiar con horarios flexibles y el 16 % ya volvió a su rutina. Brasil, Perú, Chile y Colombia son los países que superan el promedio regional, con más del 60 % de los consumidores aislados en casa, mientras en El Salvador casi la mitad ha retomado su rutina.
Además, el trabajo a distancia ha aumentado 40 % en el último año: el 66 % está en teletrabajo, 19 puntos más respecto al 47 % reportado en la primera ola de esta encuesta en mayo 2020.
Puerto Rico reporta el porcentaje más alto de consumidores en teletrabajo, con 76 %. Le siguen México y Costa Rica con 74 % cada uno, en Argentina es 70 % y en Colombia llega al 67 %. En el otro extremo están Panamá (45 %), Ecuador (48 %), Uruguay (51 %), Venezuela (54 %) y El Salvador (55 %).
¿Y qué piensan quienes están en casa sobre volver a la oficina? La mayoría prefiere tener la opción de combinar ambas modalidades, pero el 49 % se inclina por tener más tiempo de teletrabajo. El 24 % dijo que prefiere quedarse en casa y el 8 % dice estar ansioso por volver a su trabajo presencial.
En la segunda ola de esta misma encuesta desarrollada a mediados 2020, solo un 55 % aseguraba que estaba en teletrabajo. La cifra aumentó en el estudio de este año. La pandemia no ha cedido del todo y aún mantiene en crisis a varios países de la región.

El impacto en el consumo
La pandemia de covid-19 ocasionó una crisis económica de la que muchos países latinoamericanos siguen recuperándose. El confinamiento obligó a paralizar buena parte de la actividad productiva, disparó el desempleo y todavía hoy muchos hogares están sobreviviendo con menos de lo que tenían antes del coronavirus.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió a principios de este mes que el consumo total en la región cayó 1.6 % anual en el primer trimestre de 2021, siendo el quinto consecutivo en números rojos.
“Su mal desempeño está determinado por la lenta recuperación de los puestos de trabajo perdidos, ya que aún falta recuperar 12.3 millones de empleos para alcanzar los niveles de ocupación anteriores a la pandemia, y por la reducción de los salarios reales”, indicó el organismo de las Naciones Unidas.
La encuesta de GDA y Tendencias Digitales muestra que si bien la mayoría no reporta impactos en su nivel de ingresos, esta población se ha reducido levemente respecto a 2020. El 45 % dice estar percibiendo el 100 % de sus ingresos, frente al 48 % reportado el año pasado. Otro 11 % perdió sus ingresos regulares y el resto sobrevive con una reducción que va desde el 1 % hasta más del 75 %.
Puerto Rico (66 %), República Dominicana (57 %), Costa Rica (57 %), Uruguay (56 %) y Chile (53 %) superan el promedio regional de personas que no han sufrido cambios en sus ingresos. En el otro extremo se encuentran Ecuador (15 %), Venezuela (20 %), El Salvador (36 %) y Colombia (38 %).
Precisamente el impacto de la covid-19 en la economía se mantiene entre las tres preocupaciones de los latinoamericanos, solo superado por la salud y la duración de la crisis.
El 80 % de los latinoamericanos dice que su mayor preocupación durante este año ha sido su salud y la de su familia, el 59 % mencionó la duración de la crisis y el 50 % el impacto en la economía. Además, el 24 % también se preocupa por su incapacidad para generar ingresos suficientes, el 23 % menciona su puesto de trabajo y el 14 % se preocupa por no poder pagar sus créditos.
En general, el 42 % siente confianza en el futuro, pero el 46 % se dice preocupado por lo que pueda venir, mientras el 12 % prefiere enfocarse en el presente.
 
Buscar ofertas, la estrategia para comprar
En medio de un panorama económico que sigue siendo retador para América Latina, las principales estrategias a la hora de comprar son buscar productos en promoción o descuentos, marcas más económicas o hacer las compras con menos frecuencia, indica la encuesta.
En general, el 27 % de los consumidores digitales de la región dice haber gastado menos dinero, mientras el 23 % percibe que ha gastado más.
A la hora de comprar, el 48 % de los latinoamericanos dice que la mejor forma de describir su comportamiento actual es buscar productos en oferta. Esta percepción es más fuerte entre los dominicanos (78 %), argentinos (63 %), ecuatorianos (58 %), salvadoreños (56 %) y brasileños (51 %).
El 31 % afirma que su estrategia es comprar marcas más económicas e igual porcentaje mencionó comprar con menos frecuencia. En el caso de la primera, República Dominicana de nuevo se ubica a la cabeza con 74 %, Ecuador le sigue con 58 %, Venezuela con 51 % y Colombia con 46 %. En cuanto a la frecuencia de las compras, Ecuador (48 %) y Venezuela (42 %) superan el promedio.
Respecto a la forma de hacer las compras, visitar las tiendas y hacerlas por Internet son las principales, con 65 y 64 %, respectivamente. El 15 % de los encuestados también utiliza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y el 9 % opta por llamadas telefónicas.
Comprar desde un sitio web es la modalidad preferida en la región durante el aislamiento, con el 82 % de las menciones, seguida de las aplicaciones móviles (60 %) y medios sociales (17 %). Productos de cuidado personal e higiene, comida lista para consumir, artículos electrónicos, ropa, calzado y accesorios, artículos de limpieza del hogar y medicinas son las categorías que más se adquieren a través de Internet.
En promedio, el 36 % de los consumidores digitales latinoamericanos gastan menos de 500 dólares en compras en línea, pero en Colombia, México y Venezuela es mayor este porcentaje. Las tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria y Paypal son, en ese orden, los métodos de pago más utilizados.

 
¿Cómo debe ser una tienda en línea, según los latinoamericanos?
Los consumidores latinoamericanos prefieren un comercio en línea que ofrezca envíos gratis, con precios claros sin cargos adicionales a la hora del check out. También consideran importante la rapidez de carga y los correos electrónicos que notifican la compra y el envío del producto. También consideran que el comercio debe tener un buscador de productos, ofrecer diversos métodos de pago y fotografías.
 
Menos consumo de noticias sobre la pandemia
Los resultados de la encuesta en América Latina muestran que el consumo de noticias durante pandemia ha disminuido considerablemente.
El 78% de los consumidores digitales revisa menos de seis veces al día noticias relacionadas con la pandemia, en contraste con el 22 % restante que revisa al menos 6 veces.
El 58 % de los encuestados aseguró haber buscado menos información en general durante este ultimo año, y sólo 7 % ha buscado más noticias de manera intencional.
Los medios más importantes para mantenerse informados en la crisis son los sitios web de noticias, con un porcentaje arriba del 65 %. Le sigue la televisión abierta, con un porcentaje cercano al 40 %.
Los sitios de noticia también son considerados por la mayoría los más veraces y también son en los que más confían.
 
Apuesta por las vacunas
En América Latina, aunque hay una disparidad entre países sobre los niveles de vacunación, lo que sí destaca la encuesta es que la mayoría está de acuerdo en vacunarse. Un 93 % de los entrevistados así lo expresó.
Sin embargo, apenas el 31 % de los que se muestran a favor han recibido la vacuna contra covid-19.
De acuerdo con la información recopilada, los porcentajes más altos están en Brasil con 41% y Chile con 81%. En el conjunto de los encuestados, más del 40 % habría recibido la vacuna.
En contraste, un 6 % de los encuestados aseguró que no está de acuerdo con vacunarse.
 
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece [este diario], es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

El Tiempo CO: 

https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/teletrabajo-y-presencialidad-en-latinoamerica-627343

La Nación CR:

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante/WRUY5DO6KVHXXJFX4SFNEOFTZQ/story/

El Comercio PE:

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/coronavirus-teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante-la-pandemia-covid-19-noticia/ 

El Nuevo Día PR: 

https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas-comercios/notas/el-teletrabajo-aumento-40-en-america-latina-durante-la-pandemia/

La Prensa Gráfica SV:

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Teletrabajo-aumento-40--en-America-Latina-durante-la-pandemia-20210911-0052.html

El País UY:

https://www.elpais.com.uy/mundo/teletrabajo-aumento-region.html

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Entrevista GDA - Contribuiremos con proyectos verdes y economía circular: presidente de CAF

Tras asumir como nuevo presidente ejecutivo de CAF, banco de Desarrollo de América Latina (2021-2026), el colombiano Sergio Díaz-Granados concedió una entrevista al Grupo de Diarios América (GDA) en la que hace un balance de la realidad que afronta la región en el marco de la pandemia de Covid-19. 
Dice que América Latina se está recuperando más rápido de lo esperado gracias a la reactivación de buena parte de sus economías y a la dinámica de la actividad exportadora. “Sin embargo, hay sectores que permanecen deprimidos, como los servicios de alto contacto humano y el turismo”, advierte.  
Para el nuevo titular de CAF, el desempleo y la informalidad siguen estando entre los desafíos más grandes para los países de esta parte del mundo y considera que en las obras de infraestructura, particularmente, está una de las claves para la recuperación.
Díaz-Granados, quien al momento de su posesión se comprometió a que en sus primeros cien días los dedicará a promover la reactivación económica y social de los latinoamericanos, considera que los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en la sostenibilidad fiscal, el crecimiento y la inclusión.
También fue claro en advertir sobre los costos que los daños climáticos están ocasionando en la región, los cuales ascendieron a US 58.300 millones y un total de 480 eventos en n la última década (2010-2019). Por eso otra de sus prioridades será el respaldo a iniciativas verdes y de economía circular. “Hemos planteado que CAF va a ser el banco verde de América Latina”, dijo.

Por: Grupo de Diarios América (GDA)*

Se habla de una recuperación económica desigual para América Latina en la medida en que se van liberando las restricciones por la pandemia. ¿Qué economías de la región considera se recuperarán primero, a niveles previos a la pandemia, y qué países usted entiende se demorarán más?

La actividad se viene recuperando de manera más acelerada que lo anticipado hace unos meses. Esto debido a dos factores. Por un lado, tenemos un entorno externo más favorable, con una mayor demanda de las exportaciones, precios de las materias primas más elevados, sólidos flujos de remesas y liquidez internacional abundante. Por otro lado, y más importante aún, la recuperación de la demanda doméstica, gracias a la reapertura de las economías. Sin embargo, hay sectores que permanecen deprimidos, como los servicios de alto contacto humano y el turismo. Esto explica que los países donde el turismo tiene un peso importante en la economía, como es el caso de los países del Caribe, sigan trayectorias más lentas de recuperación.

Otro factor que ha tenido un impacto importante en la recuperación es la magnitud y efectividad del apoyo de los gobiernos, particularmente de las transferencias a las familias que han servido para apuntalar el consumo. El reto regional que ahora tenemos es el de combinar la sostenibilidad fiscal con políticas que impulsen el crecimiento económico con inclusión social y equidad.

En Colombia el empleo no está reaccionando al mismo paso que la reactivación. ¿Las líneas de apoyo de CAF pueden contribuir al empleo?

En América Latina y el Caribe en general, la recuperación de los niveles de empleo aún se encuentra rezagada. También hemos identificado un aumento en la informalidad, ya que en la mayoría de los países la recuperación se está dando más fuerte en el sector de cuenta propia (autoempleo), lo cual puede afectar la recuperación a mediano plazo y la productividad de las economías. En CAF consideramos que un elemento esencial para la generación de empleo es la reactivación de sectores como el de la construcción de infraestructura, en el cual la institución tiene una trayectoria reconocida. En este sentido, en Colombia es clave el avance de la inversión en las concesiones viales 5G y en las vías terciarias. Las principales ciudades pueden contar con el apoyo de CAF para el avance de las inversiones en el ámbito local que buscan resolver los cuellos de botella que se enfrentan para el acceso a las grandes capitales. Apoyaremos los planes de desarrollo locales que contemplan inversiones en Bogotá, Barranquilla, Cali y otras ciudades.

Con la pandemia, ¿el valor de créditos o programas ha aumentado?

En medio de la emergencia generada por el Covid-19, CAF siguió demostrando que es un aliado del país con la Línea de Crédito Contingente Regional de Apoyo Anticíclico por USD 350 millones, así como con la aprobación del financiamiento por USD 100 millones para empresas, en especial las mipymes, con el fin de mitigar los efectos generados por la pandemia y apoyar la reactivación económica. 

En los últimos 10 años (2011-2020), CAF ha aprobado operaciones para Colombia por USD 16.996 millones, lo cual representa un promedio de USD 1.699 millones por año. Asimismo, en el más reciente Directorio de la institución en julio de este año, se aprobó un crédito por USD 500 millones para apoyar las reformas que el gobierno está impulsando en la transformación digital del sector público, con la finalidad de estimular la productividad y contribuir a la reactivación económica.

Ustedes tienen en México un programa de apoyo a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué tan importante es que este país incremente esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y cómo ve CAF la defensa que hace la administración en el tema de combustibles fósiles?

Entre 1970 y 1979, los daños por desastres hidroclimáticos en América Latina y el Caribe ascendieron a USD 4.500 millones, en cerca de 120 eventos registrados. En la última década, entre 2010 y 2019, los daños se valoraron en USD 58.300 millones, con más de 480 eventos.

Estamos en un momento definitivo para salvar el planeta, nuestra casa común, por eso desde CAF vamos a contribuir con proyectos que apuntalen el crecimiento verde y la economía circular en México y la región a través de un mayor posicionamiento y financiamiento de proyectos en eficiencia energética, temas ambientales, forestales, agua, climáticos, gestión de residuos y agricultura sostenible, entre otros. Hemos planteado que CAF va a ser el banco verde de América Latina. 

¿En qué áreas continuará trabajando CAF en Venezuela dada la crisis política y económica que vive el país? ¿Pueden los emprendedores tener esperanza de financiamiento en áreas como el turismo?

Venezuela es uno de los países fundadores de CAF y donde tenemos nuestra sede, en la que he asumido mi mandato como Presidente Ejecutivo, por lo que deseamos continuar siendo un aliado para su desarrollo. Estamos dispuestos a seguir apoyando al país para contribuir a su recuperación económica y mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos.

También existe la voluntad de acompañar al sector privado en sectores prioritarios como el productivo, el agroindustrial y el sanitario, así como en otros sectores generadores de divisas como el turístico. Para ello, CAF seguirá profundizando el desarrollo de alianzas con los principales bancos nacionales.

Cómo ve la situación de la economía uruguaya y cuánto dinero y en qué proyectos planea desembolsar CAF para Uruguay este año y el próximo?

Uruguay está transitando la salida del período de mayor incidencia de la pandemia, lo que repercute positivamente en términos de actividad. Para volver a impulsar la productividad y el crecimiento se requiere reducir las distorsiones que afectan la eficiencia de los sectores productivos. Esto implica revisar los esquemas de provisión de servicios públicos, incluyendo la revisión de los criterios de fijación de tarifas y cuestiones más institucionales como la gobernanza de las empresas públicas y entidades regulatorias. Desde CAF, seguiremos promoviendo la dotación y mantenimiento de la infraestructura, la profundización del mercado financiero, la productividad del sector privado y la inserción internacional.

Este año renovamos la línea de crédito contingente y liquidez por hasta USD 750 millones, que es relevante para fortalecer la liquidez; y comenzamos el desembolso del crédito en favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), por USD 100 millones, para el fortalecimiento y ampliación del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), en favor de las grandes, medianas pequeñas empresas, en especial en esta etapa de reactivación económica. Finalmente, para 2022 tenemos previsto seguir apoyando al gobierno en su objetivo de reformas estructurales, y principalmente en proyectos de reasentamiento urbano, infraestructura de integración e hidrovías, entre otros.

Más allá de lo relacionado a temas de salud por el contexto en el que estamos, ¿cuál es el principal reto para el Perú en temas económicos?

Perú es una economía que creció aceleradamente en las últimas tres décadas, favorecida por una sólida expansión de sus exportaciones y un manejo prudente de las políticas fiscales y monetarias, que permitió una importante reducción de los niveles de pobreza. A pesar de este sólido crecimiento, la informalidad no ha disminuido de manera significativa y se sitúa entre las más altas de América Latina. Esta permea a todos los sectores económicos, limita las ganancias de productividad, y es una condición necesaria para crecer de manera sostenida y equitativa a largo plazo. 

Perú enfrenta el reto de lograr un crecimiento más equitativo que incorpore a esos trabajadores a empleos productivos y con acceso a una mejor seguridad social. Estos son algunos de los grandes retos y, al mismo tiempo, las oportunidades, y es aquí donde nuestro banco adquiere un rol preponderante para ayudar al Perú con financiamiento, asistencia técnica y conocimiento.

CAF ha apoyado a Costa Rica con USD500 millones de apoyo fiscal y USD550 millones, aún no desembolsados, para atender la emergencia sanitaria. Más allá de la emergencia, ¿existe alguna otra área o sector en la cual el Banco podría apoyar al país, sea con recursos o asistencia, para el proceso de recuperación pospandemia? Por ejemplo, indicadores como el empleo, no se están recuperando con la misma velocidad a la que lo hace el crecimiento de la producción? 

Como banco de desarrollo, nuestro valor agregado es lograr un alto impacto en la equidad de género, la inclusión y la diversidad. En Costa Rica apoyamos de manera ágil y oportuna con los recursos que se mencionan para fortalecer la política fiscal del gobierno, que una vez superado lo más grave de la pandemia, impulsará el empleo mediante diversos proyectos y obras. Adicionalmente, trabajamos con la Vicepresidencia de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica en la estructuración de una asistencia técnica para la implementación de las acciones contenidas en el documento: Lineamientos para el cierre de la brecha financiera entre mujeres y hombres en Costa Rica.

La educación también es fundamental para alcanzar un crecimiento sostenible, por ello junto con el Ministerio de Educación Pública avanzamos en la estructuración de una asistencia técnica para iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Aprendizaje en línea, con el cual se espera articular en una plataforma las herramientas de comunicación y contenidos educativos ya disponibles, para así beneficiar a los estudiantes en situación de vulnerabilidad producto de la pandemia.

¿Cuáles son los planes de CAF para estimular la recuperación económica en la región pospandémica, teniendo en cuenta que los países han sufrido diferentes impactos en este año y medio?

Desde el comienzo de la pandemia, CAF reaccionó de forma ágil y contundente al poner a disposición de los países accionistas instrumentos financieros, asistencia técnica y herramientas de conocimiento como complemento a las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos para mitigar los impactos de la crisis sanitaria, económica y social. Se aprobaron USD 14.147 millones, una cifra récord para la institución. Pero debemos seguir.

En lo corrido del año CAF ha definido un plan con los siguientes aportes a los países de la región: (i) una línea de crédito por USD 1.000 millones destinada a la adquisición de vacunas y soporte a las campañas de vacunación y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica; (ii) la ampliación de la línea de crédito regional para eventos extremos del clima, sismos, accidentes contaminantes y epidemias por hasta USD 500 millones; (iii) una facilidad regional de apoyo anticíclico a empresas prestadoras de servicios públicos ante los efectos del COVID-19 por hasta USD 1.200 millones, entre otros. Se tiene previsto cerrar el año con una cartera cercana a los USD 30.000 millones, mostrando el gran esfuerzo que realiza CAF para apoyar a sus países miembros.

Pero vamos a seguir con planes que nos permitan avanzar, por ejemplo, en la vacunación, mientras algunos países están al 65%, otros apenas llegan al 5%. Debemos impulsar un cambio en ese escenario. 

*El Grupo de Diarios América (GDA), es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

El Tiempo CO: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/presidente-de-caf-habla-de-reactivacion-economica-en-latinoamerica-615676

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/economia/caf-sera-banco-verde-da-america-latina-diz-novo-presidente-da-instituicao-25185753

La Nación CR: https://www.nacion.com/economia/politica-economica/sergio-diaz-granados-presidente-del-caf/KGP2AJZC7FBPBESPQQAJGKPWCE/story/

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-presidente-de-caf

El Comercio PE: https://elcomercio.pe/economia/peru/sergio-diaz-granados-presidente-de-caf-contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-entrevista-noticia/

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/negocios/banca-finanzas/notas/sergio-diaz-granados-nuevo-presidente-de-caf-contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular/

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/economia/Contribuiremos-con-proyectos-verdes-y-economia-circular-20210905-0064.html

El País UY: https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/uruguay-reducir-distorsiones-afectan-eficiencia-revisar-criterios-tarifas.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/caf-acompanara-el-emprendimiento-privado-de-venezuela-en-los-sectores-productivo-agroindustrial-y-sanitario/

Especial GDA: El Pacto por la conservación del Amazonas lleva tres años sin resultados ni financiamiento

El acuerdo regional enfrenta crisis políticas internas; los especialistas defienden la idea de que los países realicen propuestas colectivas para lograr recursos contra la deforestación y los incendios. 

 Renato Grandelle/O Globo/GDA* 

PA - Porto Velho, RO. 06/02/2021. Especial Amazonas - Asentamiento de Flona Jacundá - El Bosque Nacional Jacundá en Rondônia, cerca de Porto Velho, tiene un asentamiento en crecimiento. En la foto: prendieron fuego para dar cabida a las casas y un lugar para la agricultura. Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

En vísperas del tercer aniversario de un acuerdo por la preservación del Amazonas, los países que poseen este bioma en su territorio, no han logrado combatir la devastación o trazar un plan para captar financiamiento internacional. 

La situación de la selva se ha agravado desde la firma en septiembre de 2019, del Pacto de Leticia por el Amazonas, realizado por los representantes de los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Surinam. Una entrevista divulgada en julio por los científicos brasileños del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), mostró por primera vez, que algunas partes de la selva están emitiendo más gases de efecto invernadero que los que almacenan, lo que puede acelerar aún más los efectos de los cambios climáticos en todo el planeta. 

La temperatura política de la región también subió. El presidente peruano Martín Vizcarra, uno de los creadores del pacto fue sucedido por Pedro Castillo, cuyos proyectos para el Amazonas aún se desconocen. En Brasil, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta hoy con el presupuesto más bajo de los últimos 21 años, y la creciente devastación trajo un distanciamiento diplomático entre el jefe del Ejecutivo del país, Jair Bolsonaro y el presidente norteamericano, Joe Biden, incluso durante campaña electoral en los EEUU. 

Brasil pierde protagonismo 

Frente a la indignación internacional por la deforestación y los incendios, Brasil, hogar del 61,8% de la selva amazónica, viene perdiendo su lugar como portavoz de la región y lo está tomando Colombia. El presidente Iván Duque, anfitrión del Pacto de Leticia, es hoy el principal aliado estadounidense en América del Sur. Sin embargo, hasta ahora, el nuevo líder regional no ha convencido al mundo de que existe un intento concreto de proteger la selva. 

Ole Reider Bergum, consejero sobre Clima y Selvas de Noruega, considera que Duque y Vizcarra lograron generar “voluntad política” para que los países de la región asuman nuevos compromisos relacionados a la conservación del Amazonas, aunque algunos críticos hayan definido al pacto como un mero “acto simbólico” que se restringió a recordar las obligaciones adquiridas- y en varios casos no cumplidas- por estas naciones en otros acuerdos ambientales. 

“Ciertamente sería más fácil atraer financiamiento internacional si las naciones amazónicas actuaran en forma conjunta. Sin embargo, este compromiso debe traducirse en resultados concretos en las políticas públicas de cada país”, resalta. “Esto implica por ejemplo, interrumpir la expansión de la frontera agrícola, proteger áreas contra la apropiación y mantener las reservas indígenas”. 

El profesor senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo (Brasil), Eduardo Viola, evalúa que el pacto amazónico, aún siendo “debilísimo”, demostró que el continente intenta reorganizarse frente a la falta de credibilidad de Bolsonaro en el escenario mundial. 

“El gobierno brasileño está marcado por un nacionalismo defensivo y hostil con las organizaciones globales. El discurso antiambientalista de Bolsonaro es una amenaza planetaria, por su gran poder de destrucción. Colombia se hizo más confiable”, explica, “pero no es fácil firmar acuerdos de cooperación que beneficien a las áreas periféricas como la selva, donde buena parte del territorio está tomado por guerrillas y actividades económicas ilegales”. 

Aún habiendo perdido el protagonismo geopolítico en el discurso ambiental, Brasil sigue siendo el mayor captador de inversiones para la conservación del bioma. El país recaudaría “casi el 70, 80%” de todos los recursos internacionales destinados a la selva, informa Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Colombia. Según él, es una distribución de recursos desproporcionada, que ignora los esfuerzos de conservación realizados por las naciones del Amazonas Andino. 

“Brasil capta casi el 80% del financiamiento total debido a la idea de que, en términos climáticos, el aspecto más importante es la extensión de selva. Sin embargo, considerando la conservación estratégica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son muy importantes debido a cuestiones como la distribución de la biodiversidad por kilómetro cuadrado y la sensibilidad cultural de los pueblos indígenas”, defiende Botero, agregando que las cuatro naciones mantienen una región de la selva que es fundamental para la regulación del clima en la región entre el Amazonas y los Andes. 

Natalie Unterstell, maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard y directora-presidenta del Instituto Talanoa (Brasil), asegura que no faltan recursos internacionales para la conservación del Amazonas: “Hay recursos para quien presente buenas propuestas. Argentina recibió recientemente US$90 millones en el Fondo Verde del Clima para combatir el desmonte. Los países amazónicos deben empeñarse en el desarrollo de proyectos. Es necesario compartir los costes recurrentes que se requieren para la preservación de la selva, que exige medidas como la prevención de incendios forestales”, dijo. 

Para Germán Andrade, profesor de la Universidad de los Andes (Colombia), el Amazonas no puede quedar sujeto a acuerdos débiles, excesivamente dependientes de la situación política de los países de la región: “El Amazonas debe ser reconocida por su carácter ecológico y estratégico, es decir, como algo que va más allá de la separación artificial entre países. El mundo necesita avanzar hacia un acuerdo regional con apoyo global para la conservación de la selva”, indicó. 

Aislamiento venezolano 

Poseedora del 5,6% de la selva amazónica, lo que equivale a 470 mil km², Venezuela no fue invitada a la firma del Pacto de Leticia. Caracas fue excluida del pacto debido a diferencias ideológicas con los países vecinos. Según el periodista ambiental venezolano Edgar Cherubini, ver al presidente Nicolás Maduro reivindicando el bienestar del Amazonas sería el “cúmulo del cinismo”. 

El periodista, radicado en Francia, considera que Maduro renunció a la soberanía de más de 180 mil km² de selva a cambio del apoyo de organizaciones criminales que promueven la extracción indiscriminada de minerales, la tala de árboles y la persecución a culturas indígenas. 

“Venezuela se aisló de foros internacionales y de tratados que mantienen los países vecinos contra los desastres ecológicos en Amazonas”, señala Cherubini. “Sería imposible que Maduro se comprometiese a la preservación sin traicionar su propia política. El presidente es el más impío depredador de la selva y violador de los derechos humanos de los pueblos indígenas”. 

- Con aportes de El Tiempo de Colombia, El Comercio de Perú y El Nacional de Venezuela. 

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece [este diario], es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Más información:

O Globo BR: https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/pacto-entre-paises-onde-ha-floresta-amazonica-vai-completar-tres-anos-sem-apoio-ou-resultados-25154961

El Universal MX: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/amazonia-una-victima-de-la-politica

La Nación CR: https://www.nacion.com/el-mundo/desastres-naturales/pacto-por-la-conservacion-del-amazonas-lleva-tres/ESUXHNB2XBG5ZGXCGOKW7UC5WQ/story/

El Comercio PE: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/amazonia-brasil-el-pacto-por-la-conservacion-del-amazonas-lleva-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento-jair-bolsonaro-noticia/

El Nuevo Día PR: https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/pacto-para-la-conservacion-del-amazonas-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento/ 

La Prensa Gráfica SV: https://www.laprensagrafica.com/internacional/El-Pacto-por-la-conservacion-del-Amazonas-lleva-tres-anos-sin-resultados-ni-financiamiento-20210814-0061.html

El Nacional VE: https://www.elnacional.com/venezuela/especial-gda-la-devastacion-en-el-amazonas-no-para/

Especial GDA: América Latina y el Caribe están atrapados en la trampa de la desigualdad

La violencia criminal, social y doméstica es uno de los factores que alimenta la desigualdad y el bajo desarrollo, y todos juntos se constituyen en una trampa que afecta a los más vulnerables.
 
Yolanda Gómez, especial para el Grupo de Diarios América (GDA)* 
 
“La percepción de desventaja, la falta de oportunidades y la injusticia incentivan las actividades ilegales, debilitan y desgarran el tejido social y con el tiempo se transforman en violencia o amenaza de violencia como medio de salida. Esta trampa hace que la violencia y la desigualdad se alimenten mutuamente y creen un círculo vicioso que afecta el desarrollo.
 
“Cuando las personas perciben que el sistema está inclinado a favor de unos pocos (como es el caso de América Latina y el Caribe), a menudo pierden la fe en la capacidad de la ‘voz’ como medio para alcanzar y sostener nuevos acuerdos”, sostiene el informe ‘Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 
Es un hecho que hoy la región de América Latina y el Caribe lidia con la violencia o amenaza de violencia asociada a estos factores y se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos. “Es parte fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en la región”, sostiene el PNUD.
 
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están atrapados en una trampa que mantiene a sus habitantes en condiciones de desigualdad y bajo crecimiento con tres factores de fondo que se entrelazan y perpetúan el problema: la concentración de poder, la violencia y los efectos indeseados del diseño de sus políticas públicas.
 
Esa es la conclusión central del informe ‘Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que invita a los países de la región a “explorar la complejidad de las interacciones entre algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación de esta trampa”.

El PNUD señala que la mayor desigualdad puede fomentar las condiciones para elevar los niveles de violencia y que esta, a su turno, puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados del desarrollo.
 
El informe propone que los países miren de manera conjunta y no aislada los problemas y planteen soluciones para todos los aspectos a largo plazo, porque esos factores se impactan mutuamente y no se puede solucionar uno si los demás se mantienen.
 
La desigualdad lleva a la violencia por tres canales: la ilegalidad, la frustración y alienación de los desposeídos y la exclusión de ciertos sectores de la población en el poder, el estatus social y los ingresos.
 
El estudio se enfoca en los efectos de la violencia criminal, social y doméstica y plantea seis áreas claves en las que los países de la región deben actuar para combatir la violencia y romper el círculo vicioso que impacta el desarrollo y el crecimiento y profundiza la desigualdad.
 
Uno de los capítulos aborda ‘los vínculos entre violencia, desigualdad y productividad’ y hace énfasis en el impacto en poblaciones vulnerables como las mujeres, con violencias como el feminicidio y el abuso sexual. “Dado que la violencia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo, incluidos derechos, ingresos, salud, educación y representación política”, advierte el informe.
 
Entre las medidas señala la urgencia de establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces, considerar nuevos enfoques para abordar el comercio ilícito, empoderar económicamente a los grupos marginados, ampliar la atención de salud mental para las víctimas de la violencia, invertir en capital social para reformar la política local y crear capacidad estadística para datos sobre violencia.
 
Estos desafíos parten de una realidad: América Latina y el Caribe alberga el 9 por ciento de la población mundial y, sin embargo, representa el 34 por ciento del total de las muertes violentas. A esta situación se suman la violencia sexual, los robos, el abuso policial, la trata de personas y la ilegalidad.
 
Los costos de la violencia
 

Según el informe de PNUD, cálculos recientes fijan el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca del 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), mientras los costos directos e indirectos del crimen se estiman en el 3 por ciento del PIB en el país promedio y más del 6 por ciento en los países centroamericanos más violentos.
 
Cifras del Banco Mundial citadas por el estudio indican que el costo de los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad es equivalente a 3,7 por ciento de la producción anual, lo que representa un desperdicio sustancial de recursos públicos.
 
Para PNUD es un hecho que los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en políticas que reducirían la desigualdad, o si los menores niveles de crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los gobiernos a abandonar intervenciones de bienestar institucional.
 
“La violencia es, por tanto, capaz de distorsionar lo público y lo privado”, explica el informe y recuerda que la violencia también impacta el crecimiento económico a través de su efecto en individuos, empresas, comunidades e instituciones.
 
Estudios anteriores dirigidos por el PNUD han concluido que los años perdidos en la esperanza de vida debido al exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representó el equivalente al 0,5 por ciento del PIB per cápita de la región en ese año.
 
Los costos de la prevención y el castigo del delito incluyen los costos de salud
por homicidios y lesiones, pérdidas derivadas de delitos contra la propiedad.
 
Se estima el gasto público en enjuiciamiento, servicios penitenciarios y rehabilitación representaron 1,04 por ciento del PIB de Costa Rica en 2010, 1,21 por ciento del PIB de Chile, 2,27 por ciento del PIB de Uruguay, 2,53 por ciento del PIB de Honduras y 2,45 por ciento del PIB de Paraguay.
 
Se ha calculado que la victimización ha costado el 1,18 por ciento del PIB de Uruguay, 1,47 por ciento en Costa Rica, 2,11 por ciento en Chile, 6,36 por ciento en Paraguay y 8,01 por ciento en Honduras.
 
La violencia contra las mujeres

En la violencia doméstica, el estudio se centra en el impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas como un flagelo contra los derechos humanos, salud pública, seguridad ciudadana y salud física, política y económica de las mujeres y su autonomía.

 
En América Latina y el Caribe cerca de un tercio de las mujeres que alguna vez han tenido una relación han estado física o sexualmente agredidas por una pareja íntima al menos una vez en la vida, y más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por una persona que no es su pareja.
 
El informe recuerda que los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La tasa de violencia sexual fuera de la pareja es la tercera más alta del mundo, y la tasa
de violencia a manos de parejas o exparejas es la segunda tasa más alta a nivel mundial.
 
La expresión más radical de esta violencia es el feminicidio, que ha llegado dimensiones preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de los Estados Unidos Comisión Económica de las Naciones para América Latina y el Caribe (CEPAL), 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018.
 
Hubo diferencias notables en las tasas promedio de feminicidio entre países en la región entre 2010 y 2019. En República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se registraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En Centroamérica, la subregión con mayores tasas, los países con más feminicidios en relación con su población fueron Honduras (7,1) y El Salvador (6,3).
 
PNUD advierte que el miedo y la ansiedad creado por la amenaza de violencia puede alterar el comportamiento laboral y, por lo tanto, afectar negativamente el nivel educativo y el desarrollo cognitivo, empeoran los resultados del mercado laboral, y socavan las habilidades no cognitivas.
 
Por estas razones, la violencia de género puede también empeorar las desigualdades de género existentes en el mercado laboral. También puede amplificar la desigualdad económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de género en las mujeres de bajos ingresos.
 
De ahí que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda que además de los asuntos de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres hay que integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para afrontar el problema a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
 
La violencia en el desplazamiento y la migración
 
En el análisis del impacto de la violencia criminal en ALC el informe incluye la prevalencia de violencia por desplazamiento, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018. El desplazamiento forzado también ha afectado miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal como política, a más de ocho millones de colombianos.
 
En su informe más reciente, la ONU estimó que 5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, y de ellas 4,6 millones terminaron en países de América Latina y el Caribe, la mayoría en altas condiciones de vulnerabilidad. 
 
La migración provocada por la violencia puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los migrantes, desplazados internos y refugiados enfrentan mayores dificultades para encontrar trabajo y, por tanto, tienen menos perspectivas de mejorar sus condiciones económicas. “Si los que huyen son los más desfavorecidos, es probable que prevalezca una mayor desigualdad”.
 
La violencia puede desestabilizar las economías locales en áreas desfavorecidas, condenándolas a un menor crecimiento económico. Oleadas de violencia en las economías rurales locales que ya muestran un menor crecimiento económico y las instituciones de bajo rendimiento amplían la desigualdad subnacional (zonas declaradas como rojas o de alta peligrosidad) a través de un deterioro adicional en el bienestar económico de la población.
 
En México, las localidades afectadas por la violencia relacionada con las drogas experimentan caídas en la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y trabajadores en manufactura. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, en Brasil, el crimen representa 5 y 4 por ciento de la producción anual, respectivamente.
 
La violencia puede representar un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad. “A menudo se convierte en la mayor preocupación entre las personas en un lugar”.
 
La delincuencia en la región ha llevado a una reducción del apoyo a las políticas de bienestar, mientras que las elevadas tasas de violencia criminal han facilitado la propagación de las percepciones de inseguridad, lo que ha impedido la consolidación del bienestar. “Las víctimas directamente afectadas por el aumento de la delincuencia son a menudo las personas con mayor necesidad de asistencia social”, recuerda PNUD.
 
La violencia puede incluso operar como un instrumento de poder que permite a las élites preservar el status quo distributivo, debido a la contribución de la violencia a la exclusión política de amplios sectores de la población que no pueden hacer demandas por una mayor igualdad a través del proceso democrático.
 
Según el informe, en América Latina y el Caribe (ALC) “élites han tolerado, facilitado y participado en la violencia, interviniendo de manera decidida contra la violencia solo si la violencia amenaza el equilibrio de poder entre los centro y periferia o la distribución del poder económico y político a nivel local”.
 
El costo es para el desarrollo humano
 
Los efectos de la violencia sobre la desigualdad de ingresos operan a varios niveles. En el individuo, la violencia puede poner en peligro las perspectivas de ingresos de las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la brecha de ingresos al reducir la salud mental entre los pobres, alterando así la participación de los pobres en el mercado laboral.
 
PNUD señala que, si bien los costos económicos de la violencia se pueden estimar, es imposible cuantificar el verdadero costo humano de la violencia o el trauma a largo plazo que la violencia puede perpetuar en el futuro.
 
“Pensamos que una llave para empezar a romper esa trampa está por el lado de la protección social”, afirma López Calva. En su concepto, “si los países hacen un esfuerzo amplio de replantearse la protección social para que sea universal, verdaderamente incluyente, fiscalmente sostenible, y además que sea amigable al crecimiento económico, es una llave que puede empezar a revertir esa trampa”.

ENTREVISTA: Cinco preguntas a...

Luis Felipe López Calva, Director Regional para América Latina y El Caribe en el PNUD.
 
¿Cuál es el objetivo del informe?
 
Es un llamado a ver las interacciones entre los problemas estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe, con énfasis en el problema de crecimiento y en el problema de desigualdad, para poder salir con políticas más integrales. Y de ahí que nos refiramos al concepto de que estamos atrapados.
 
¿Por qué hablan de una trampa?
 
Porque los problemas que vemos desde los distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta. Y porque si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada uno de estos grupos propone políticas para resolver ese problema concreto que ven, pero no de manera integral con los demás, vamos a seguir teniendo soluciones que no van sino a profundizar esas interacciones. Es decir, nos vamos a mantener en la trampa, es como si estuviéramos cavando en un hoyo y estamos haciendo más grande este hoyo. Lo que decimos es paremos, entendamos cuáles son las interacciones entre los problemas que vemos y tratemos de poner juntos este rompecabezas y encontrar la salida de manera integral.
 
En el informe hablan de percepciones. ¿Por qué?
 
Hablar de percepciones porque hay que entender cómo la gente vive la desigualdad a nivel muy individual, personal, local. Es algo que se vive a nivel muy personal y es muy importante entender cómo las medidas objetivas que tenemos pueden tener también sus sesgos o pueden estar desconectados de algunas realidades.
 
¿La percepción influye en la desigualdad?
 
La percepción de inequidad y de injusticia definitivamente tiene un impacto sobre las decisiones de las personas, por ejemplo, a la hora de contribuir al sistema fiscal, incluso de participar políticamente y en un caso extremo de migrar y de tratar de buscar un mejor espacio. Por eso es muy importante siempre contrastar las medidas objetivas con las percepciones de las personas. Al final, tienen un impacto muy importante en el comportamiento económico, social y político de las personas.
 
¿Cuál es el impacto de la desigualdad en la democracia?
 
Una de las implicaciones del bajo crecimiento, la alta desigualdad, lleva a una reducción en la confianza en las instituciones y, eventualmente, puede llevar a una desconexión de ciertos grupos con la política y a sentirse no representados, y eso conlleva un riesgo para la democracia. Hay un vínculo muy claro entre la desigualdad, bajo crecimiento en esta trampa que puede llevar a una situación de debilitamiento de la democracia que tanto trabajo ha llevado construir en la región.
 

*El GDA está integrado por La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela.

Más información:

El Comercio PE:

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/america-latina-y-el-caribe-estan-atrapados-en-la-trampa-de-la-desigualdad-pnud-onu-noticia/

Nacional VE:

https://www.elnacional.com/mundo/america-latina-y-el-caribe-estan-atrapados-en-la-trampa-de-la-desigualdad/