La violencia criminal, social y
doméstica es uno de los factores que alimenta la desigualdad y el bajo
desarrollo, y todos juntos se constituyen en una trampa que afecta a los más
vulnerables. Yolanda Gómez, especial para el Grupo de Diarios América
(GDA)* “La percepción de desventaja, la falta de
oportunidades y la injusticia incentivan las actividades ilegales, debilitan y
desgarran el tejido social y con el tiempo se transforman en violencia o
amenaza de violencia como medio de salida. Esta trampa hace que la violencia y
la desigualdad se alimenten mutuamente y creen un círculo vicioso que afecta el
desarrollo. “Cuando las personas perciben que el sistema
está inclinado a favor de unos pocos (como es el caso de América Latina y el Caribe),
a menudo pierden la fe en la capacidad de la ‘voz’ como medio para alcanzar y
sostener nuevos acuerdos”, sostiene el informe ‘Atrapados: alta desigualdad
y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es un hecho que hoy la región de América Latina
y el Caribe lidia con la violencia o amenaza de violencia asociada a estos
factores y se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y
no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos. “Es parte
fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos,
oportunidades y poder en la región”, sostiene el PNUD. Los países de América Latina y el Caribe (ALC)
están atrapados en una trampa que mantiene a sus habitantes en condiciones de
desigualdad y bajo crecimiento con tres factores de fondo que se entrelazan y
perpetúan el problema: la concentración de poder, la violencia y los efectos
indeseados del diseño de sus políticas públicas. Esa es la conclusión central del informe ‘Atrapados:
alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de
publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que
invita a los países de la región a “explorar la complejidad de las
interacciones entre algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación
de esta trampa”.
El PNUD señala que la mayor desigualdad puede
fomentar las condiciones para elevar los niveles de violencia y que esta, a su
turno, puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados
del desarrollo. El informe propone que los países miren de
manera conjunta y no aislada los problemas y planteen soluciones para todos los
aspectos a largo plazo, porque esos factores se impactan mutuamente y no se
puede solucionar uno si los demás se mantienen. La desigualdad lleva a la violencia por tres canales:
la ilegalidad, la frustración y alienación de los desposeídos y la exclusión de
ciertos sectores de la población en el poder, el estatus social y los ingresos. El estudio se enfoca en los efectos de la
violencia criminal, social y doméstica y plantea seis áreas claves en las que
los países de la región deben actuar para combatir la violencia y romper el
círculo vicioso que impacta el desarrollo y el crecimiento y profundiza la
desigualdad. Uno de los capítulos aborda ‘los vínculos entre
violencia, desigualdad y productividad’ y hace énfasis en el impacto en
poblaciones vulnerables como las mujeres, con violencias como el feminicidio y
el abuso sexual. “Dado que la violencia afecta de manera
desproporcionada a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en
varios aspectos del desarrollo, incluidos derechos, ingresos, salud, educación
y representación política”, advierte el informe. Entre las medidas señala la urgencia de
establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces, considerar nuevos
enfoques para abordar el comercio ilícito, empoderar económicamente a los
grupos marginados, ampliar la atención de salud mental para las víctimas de la
violencia, invertir en capital social para reformar la política local y crear
capacidad estadística para datos sobre violencia. Estos desafíos parten de una realidad: América
Latina y el Caribe alberga el 9 por ciento de la población mundial y, sin
embargo, representa el 34 por ciento del total de las muertes violentas. A esta
situación se suman la violencia sexual, los robos, el abuso policial, la trata
de personas y la ilegalidad. Los costos de la violencia
Según el informe de PNUD, cálculos recientes fijan
el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca del 4,1 por
ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), mientras los
costos directos e indirectos del crimen se estiman en el 3 por ciento del PIB
en el país promedio y más del 6 por ciento en los países centroamericanos más
violentos. Cifras del Banco Mundial citadas por el estudio
indican que el costo de los gastos médicos, la pérdida de
productividad y el gasto público en seguridad es equivalente a 3,7 por ciento
de la producción anual, lo que representa un desperdicio sustancial de recursos
públicos. Para PNUD es un hecho
que los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor
desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en
políticas que reducirían la desigualdad, o si los menores niveles de
crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los gobiernos a
abandonar intervenciones de bienestar institucional. “La violencia es, por
tanto, capaz de distorsionar lo público y lo privado”, explica el informe y
recuerda que la violencia también impacta el crecimiento económico a través de
su efecto en individuos, empresas, comunidades e instituciones. Estudios anteriores
dirigidos por el PNUD han concluido que los años perdidos en la esperanza de
vida debido al exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representó
el equivalente al 0,5 por ciento del PIB per cápita de la región en ese año. Los costos de la
prevención y el castigo del delito incluyen los costos de salud por homicidios y
lesiones, pérdidas derivadas de delitos contra la propiedad. Se estima el gasto
público en enjuiciamiento, servicios penitenciarios y rehabilitación
representaron 1,04 por ciento del PIB de Costa Rica en 2010, 1,21 por ciento
del PIB de Chile, 2,27 por ciento del PIB de Uruguay, 2,53 por ciento del PIB
de Honduras y 2,45 por ciento del PIB de Paraguay. Se ha calculado que la
victimización ha costado el 1,18 por ciento del PIB de Uruguay, 1,47 por ciento
en Costa Rica, 2,11 por ciento en Chile, 6,36 por ciento en Paraguay y 8,01 por
ciento en Honduras. La violencia contra las mujeres
En la violencia doméstica, el estudio se centra
en el impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas como un flagelo contra los derechos humanos, salud pública, seguridad
ciudadana y salud física, política y económica de las mujeres y su autonomía.
En América Latina y el Caribe cerca de un tercio de las mujeres que alguna vez han tenido una
relación han estado física o sexualmente agredidas por una pareja íntima al
menos una vez en la vida, y más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o
más han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por una persona que no es
su pareja. El informe recuerda que
los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La tasa de violencia
sexual fuera de la pareja es la tercera más alta del mundo, y la tasa de violencia a manos de
parejas o exparejas es la segunda tasa más alta a nivel mundial. La expresión más
radical de esta violencia es el feminicidio, que ha llegado dimensiones
preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de los Estados Unidos
Comisión Económica de las Naciones para América Latina y el Caribe (CEPAL), 4.555
mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018. Hubo diferencias
notables en las tasas promedio de feminicidio entre países en la región entre
2010 y 2019. En República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa
Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se registraron en Bolivia
(2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En Centroamérica, la subregión con mayores
tasas, los países con más feminicidios en relación con su población fueron
Honduras (7,1) y El Salvador (6,3). PNUD advierte que el
miedo y la ansiedad creado por la amenaza de violencia puede alterar el
comportamiento laboral y, por lo tanto, afectar negativamente el nivel
educativo y el desarrollo cognitivo, empeoran los resultados del mercado
laboral, y socavan las habilidades no cognitivas. Por estas razones, la
violencia de género puede también empeorar las desigualdades de género
existentes en el mercado laboral. También puede amplificar la desigualdad
económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de género en las
mujeres de bajos ingresos. De ahí que el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo recomienda que además de los asuntos de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres hay que integrar
perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para afrontar el
problema a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. La violencia en el desplazamiento y la
migración En el análisis del
impacto de la violencia criminal en ALC el informe incluye la prevalencia de
violencia por desplazamiento, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos,
hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018. El desplazamiento forzado también
ha afectado miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal
como política, a más de ocho millones de colombianos. En su informe más reciente, la ONU estimó que
5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, y de ellas
4,6 millones terminaron en países de América Latina y el Caribe, la mayoría en
altas condiciones de vulnerabilidad. La migración provocada
por la violencia puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los
migrantes, desplazados internos y refugiados enfrentan mayores dificultades
para encontrar trabajo y, por tanto, tienen menos perspectivas de mejorar sus
condiciones económicas. “Si los que huyen son los más desfavorecidos, es
probable que prevalezca una mayor desigualdad”. La violencia puede
desestabilizar las economías locales en áreas desfavorecidas, condenándolas a
un menor crecimiento económico. Oleadas de violencia en las economías rurales
locales que ya muestran un menor crecimiento económico y las instituciones de
bajo rendimiento amplían la desigualdad subnacional (zonas declaradas como
rojas o de alta peligrosidad) a través de un deterioro adicional en el
bienestar económico de la población. En México, las
localidades afectadas por la violencia relacionada con las drogas experimentan
caídas en la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y
trabajadores en manufactura. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, en Brasil, el
crimen representa 5 y 4 por ciento de la producción anual, respectivamente. La violencia puede
representar un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad. “A
menudo se convierte en la mayor preocupación entre las personas en un lugar”. La delincuencia en la
región ha llevado a una reducción del apoyo a las políticas de bienestar,
mientras que las elevadas tasas de violencia criminal han facilitado la
propagación de las percepciones de inseguridad, lo que ha impedido la
consolidación del bienestar. “Las víctimas directamente afectadas por el
aumento de la delincuencia son a menudo las personas con mayor necesidad de
asistencia social”, recuerda PNUD. La violencia puede
incluso operar como un instrumento de poder que permite a las élites preservar
el status quo distributivo, debido a la contribución de la violencia a
la exclusión política de amplios sectores de la población que no pueden hacer
demandas por una mayor igualdad a través del proceso democrático. Según el informe, en América
Latina y el Caribe (ALC) “élites han tolerado, facilitado y participado en la
violencia, interviniendo de manera decidida contra la violencia solo si la
violencia amenaza el equilibrio de poder entre los centro y periferia o la
distribución del poder económico y político a nivel local”. El costo es para el
desarrollo humano Los efectos de la
violencia sobre la desigualdad de ingresos operan a varios niveles. En el
individuo, la violencia puede poner en peligro las perspectivas de ingresos de
las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos
adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la
brecha de ingresos al reducir la salud mental entre los pobres, alterando así
la participación de los pobres en el mercado laboral. PNUD señala que, si bien los
costos económicos de la violencia se pueden estimar, es imposible cuantificar
el verdadero costo humano de la violencia o el trauma a largo plazo que la
violencia puede perpetuar en el futuro. “Pensamos que una llave para empezar a romper
esa trampa está por el lado de la protección social”, afirma López Calva. En su
concepto, “si los países hacen un esfuerzo amplio de replantearse la protección
social para que sea universal, verdaderamente incluyente, fiscalmente
sostenible, y además que sea amigable al crecimiento económico, es una llave
que puede empezar a revertir esa trampa”.
ENTREVISTA: Cinco preguntas a...
Luis Felipe López Calva, Director
Regional para América Latina y El Caribe en el PNUD. ¿Cuál es el objetivo del informe? Es un llamado a ver las interacciones entre los
problemas estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe, con énfasis
en el problema de crecimiento y en el problema de desigualdad, para poder salir
con políticas más integrales. Y de ahí que nos refiramos al concepto de que
estamos atrapados. ¿Por qué hablan de una trampa? Porque los problemas que vemos desde los
distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta. Y porque
si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada uno de estos grupos propone
políticas para resolver ese problema concreto que ven, pero no de manera
integral con los demás, vamos a seguir teniendo soluciones que no van sino a
profundizar esas interacciones. Es decir, nos vamos a mantener en la trampa, es
como si estuviéramos cavando en un hoyo y estamos haciendo más grande este
hoyo. Lo que decimos es paremos, entendamos cuáles son las interacciones entre
los problemas que vemos y tratemos de poner juntos este rompecabezas y
encontrar la salida de manera integral. En el informe hablan de percepciones.
¿Por qué? Hablar de percepciones porque hay que entender
cómo la gente vive la desigualdad a nivel muy individual, personal, local. Es
algo que se vive a nivel muy personal y es muy importante entender cómo las
medidas objetivas que tenemos pueden tener también sus sesgos o pueden estar
desconectados de algunas realidades. ¿La percepción influye en la
desigualdad? La percepción de inequidad y de injusticia
definitivamente tiene un impacto sobre las decisiones de las personas, por
ejemplo, a la hora de contribuir al sistema fiscal, incluso de participar
políticamente y en un caso extremo de migrar y de tratar de buscar un mejor
espacio. Por eso es muy importante siempre contrastar las medidas objetivas con
las percepciones de las personas. Al final, tienen un impacto muy importante en
el comportamiento económico, social y político de las personas. ¿Cuál es el impacto de la desigualdad en
la democracia? Una de las implicaciones del bajo crecimiento,
la alta desigualdad, lleva a una reducción en la confianza en las instituciones
y, eventualmente, puede llevar a una desconexión de ciertos grupos con la
política y a sentirse no representados, y eso conlleva un riesgo para la
democracia. Hay un vínculo muy claro entre la desigualdad, bajo crecimiento en
esta trampa que puede llevar a una situación de debilitamiento de la democracia
que tanto trabajo ha llevado construir en la región.
*El GDA está integrado por La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela.
Los científicos aún no saben si esta cepa del virus es más agresiva, pero por ser más transmisible ya lleva indirectamente a más muertes
Rafael Garcia – O Globo/GDA
La variante del coronavirus identificada con la sigla P.1, que emergió en Brasil y dominó el escenario de la pandemia en apenas cuatro meses, ya cruzó las fronteras y fue encontrada en otros 36 países del mundo, siendo 16 de Latinoamérica. Los científicos aún no pueden precisar si esta cepa del Sars-CoV-2 es más agresiva para el organismo humano, pero ya está claro que, por ser más transmisible, termina indirectamente provocando más muertes que la versión original del virus.
Hasta ahora en la región sólo han sido confirmados casos de transmisión local (no importados) de la P.1 en México y en Colombia, además del propio Brasil, probablemente porque en esos países hay mejor vigilancia genómica. Naciones que sólo han encontrado casos importados de la variante, concentran la vigilancia en el control fronterizo.
En cinco países latinoamericanos (Chile, Ecuador, Paraguay, Surinam y Costa Rica), la P.1 ya representa más de 10% de las muestras de coronavirus cuya secuencia genética fue estudiada hasta la fecha, según estiman los datos de la colaboración Gisaid de monitoreo global de gripe y enfermedades respiratorias, proporcionados al Grupo de Diarios América (GDA).
Mantener esta variante bajo vigilancia es importante, según los científicos brasileros, porque existen buenos indicios de que fue un ingrediente relevante de la segunda ola devastadora del covid-19 en el país, aunque no el único. En Manaos, en el Amazonas, ciudad donde la P.1 emergió, la variante se tornó dominante en dos meses.
“La P.1 ya representa entre 70% a 80% de los casos de la enfermedad en Brasil. En la región norte del país llegó a 90%”, explica Tiago Gräf, biomédico y genetista de la Fiocruz-Bahía, en Salvador, uno de los laboratorios brasileros que hacen el monitoreo genético de las cepas circulantes del Sars-CoV-2. “Esta velocidad de diseminación, producida por las mutaciones de la P.1 es la gran ventaja que le permitió dominar la epidemia en Brasil”, dijo.
La P.1 cruzando fronteras
La diseminación de la variante en Latinoamérica ocurrió a pesar de las restricciones de circulación que existen en la región. De los 16 países donde la P.1 ya fue detectada, cuatro tienen política obligatoria de cuarentena para quien llega del exterior y 10 tienen reglas que someten a los viajantes al procedimiento, dependiendo de la presentación de síntomas o de ser ciudadanos o no. El 4 de mayo, dos países tenían restricciones rígidas para la entrada de extranjeros (Uruguay y Surinam), y otros 13 tenían restricciones parciales, según datos del servicio TravelBans.org.
Según los epidemiólogos, los bloqueos de frontera ayudan, pero están lejos de ser impenetrables, sobretodo cuando el blanco son apenas personas con síntomas.
“Es un error creer que las barreras sanitarias son útiles para las enfermedades virales. El covid-19 se transmite antes del comienzo de los síntomas, y en 40% de los casos se da a partir de casos asintomáticos”, explica Wanderson Oliveira, ex-jefe de la Secretaría de Vigilancia en Salud (SVS) de Brasil.
Según la opinión del infectólogo Marcus Lacerda, de la Fiocruz Amazonia, la medida más importante debería ser establecer un robusto sistema de vigilancia genómica, capaz de secuenciar genéticamente una gran fracción de las muestras de Sars-CoV-2 recogidas.
“Luego de que una variante de alta transmisibilidad entra en un país, aún siendo en apenas una persona o en pocas, es muy difícil impedir que se establezca allí”, explica Lacerda, “pero la velocidad de entrada con que pasa por la frontera también ayuda a definir la velocidad con que se diseminará”.
Bajo vigilancia
La vigilancia genómica, explican los investigadores, también es importante para monitorear nuevas variantes del virus que puedan surgir, un fenómeno que es más probable en países como Brasil y Perú, donde la epidemia del covid-19 está fuera de control.
“Es importante seguirla de cerca, porque la P.1 debe desdoblarse luego en alguna variante nueva. En el futuro puede surgir un subgrupo P.1.1 y nosotros debemos notificar el importante aporte que significa la clasificación de linajes del virus”, dice Gräf.
Otro trabajo importante de seguimiento en el escenario del surgimiento de nuevas variantes del virus es verificar la eficacia de las vacunas. Un estudio reciente patrocinado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), está siguiendo a 67.000 individuos inmunizados con la vacuna china CoronaVac en Manaos para saber si continúa siendo eficaz frente a la P.1, la variante dominante en la ciudad.
El trabajo, liderado por el infectólogo Júlio Croda, ex-director del Departamento de Inmunización y Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, emitió conclusiones preliminares señalando que la vacuna funciona. Tiene una eficacia global contra la infección de 50% en la ciudad, nivel similar al que obtuvo la vacuna en los test clínicos en São Paulo, antes de la emergencia de la P.1.
La noticia es importante para Latinoamérica, ya que dosis de la CoronaVac fueron contratadas por siete países de la región (Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y El Salvador).
Para Lacerda, la garantía de que la vacuna funciona contra una variante del virus no se extiende a otras posibles variantes que puedan surgir. Pero tiene sentido, dice el infectólogo, intentar contener la diseminación de la P.1 por vigilancia epidemiológica mientras sea posible: “Lo que algunos países están tratando de hacer es ganar tiempo para tratar de vacunar la mayor parte posible de la población antes de que entren más casos de P.1.”, dijo.
Catalina Botero, copresidenta del Consejo Independiente de Supervisión de Facebook, se refirió a la decisión de dicha plataforma de suspender la cuenta del expresidente Trump. Dijo que, si bien respaldan la decisión adoptada, le dan seis meses de plazo al gigante tecnológico para que aclare en sus estatutos la figura de la "suspensión indefinida".
Botero, en diálogo con el Grupo de Diarios de América (GDA) advirtió que la decisión adoptada es un claro mensaje para otros líderes políticos que deben entender que hay límites cuando existen discursos que "pueden generar un daño efectivo y sustancial en la vida de las personas".
Y también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejo claro que el uso arbitrario de la publicidad oficial, "para mentir consistentemente, estigmatizar o elevar el riesgo de otras personas viola la libertad de expresión de esas otras personas".
Ustedes decidieron hoy respaldar la decisión de Facebook de bloquear las cuentas del expresidente Trump. ¿Qué motiva ese respaldo?
Lo que hizo Facebook el 7 de enero fue suspender indefinidamente las cuentas de Facebook e Instagram del entonces presidente Donald Trump y ahí hay dos decisiones: la suspensión y que esa suspensión sea indefinida. Hablemos de la primera. Nosotros estamos de acuerdo con la primera decisión, consideramos que es adecuado porque respeta, tanto las reglas de Facebook y de la comunidad, como el derecho internacional de los derechos humanos. Nosotros consideramos que el contenido que el entonces presidente estaba subiendo a Facebook, en ese contexto, podía generar violencia y daño en la vida real, y el presidente sabía o debía saber que eso era posible. Y el daño no era menor, era sustancial dado el contexto en el que ese contenido fue subido a la plataforma. Y por lo tanto Facebook actuó, porque sus reglas prohíben subir ese tipo de contenido. Esta prohibición es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que consideramos que esa suspensión era legítima.
Sin embargo, ustedes se oponen a que ese veto sea permanente e indefinido. ¿Qué los lleva a fijar esa postura y darle seis meses de a Facebook para que aclare sus reglas de juego para tomar estas decisiones?
Esa es la segunda parte de la decisión, no solo se suspende la cuenta, sino que la suspenden de manera indefinida. Al revés de la primera decisión, la suspensión cuenta cuando el usuario viola de manera grave las normas comunitarias, y está claramente descrita en Facebook como una posible consecuencia de esa violación. Lo que no está descrito -que Facebook creó de manera Ad hoc para este caso-, es la suspensión indefinida. ¿Qué puede hacer Facebook cuando un usuario sube un contenido que, según la plataforma, viola sus normas comunitarias? Puede hacer una de tres cosas: bajar el contenido o etiquetarlo, suspender la cuenta por un tiempo limitado –donde dice ‘yo le suspendo la cuenta por tres o seis meses’- o impedir que la cuenta siga funcionando, es decir, definitivamente deshabilitar la cuenta. Pero la figura de la suspensión indefinida, que no es deshabilitarla permanentemente pero tampoco le pone un plazo, no está consagrado en las reglas de Facebook. Lo que nosotros le decimos a la plataforma es que tiene que operar de conformidad con las reglas claras, que los usuarios conozcan, no controvertidas y respecto a las cuales se rinda cuentas. Los usuarios, líderes políticos, influenciadores o de cualquier naturaleza tienen derecho a saber cuáles son las consecuencias de una violación de sus estándares comunitarios y esa consecuencia no se tenía prevista. Como no la tenía prevista y se la inventó para este caso, es ilegítima. Por eso le decimos a Facebook que en los próximos seis meses evalúe, teniendo en cuenta la gravedad de la violación cometida y evaluar el posible daño futuro, y tome una decisión que se ajuste a sus reglas.
¿Y en caso de que Facebook aclare y acate lo que están pidiendo, ustedes tendrían que volver a revisar el caso?
Nosotros volvemos a revisar si Facebook nos lo vuelve a remitir. Nuestra competencia original es revisar casos concretos respecto al contenido que Facebook decidió quitar de la plataforma, no revisar decisiones sobre cuentas. Es totalmente distinto que Facebook decida bajar un contenido a que decida suspender o inhabilitar una cuenta.
Cuando Facebook decide suspender o inhabilitar una cuenta, nosotros solo adquirimos competencia cuando nos pregunta, en este caso nos preguntó nuestra opinión sobre la suspensión indefinida de las cuentas de Facebook e Instagram del entonces presidente Donald Trump. Si cualquier decisión que toma, salvo que sea sobre un contenido específico, entonces sí podríamos conocerla por vía de apelación del usuario, si es sobre la cuenta podríamos conocerla si Facebook remite el caso de nuevo al consejo.
El expresidente Trump ha dicho que le arrebataron su derecho a la libertad de expresión. ¿Usted lo ve así?
Yo creo que el expresidente y todas las personas en la plataforma y fuera de esta tienen derecho a la libre expresión, a decir cosas que los demás no queremos oír, tienen derecho incluso a decir cosas que pueden ofender y molestar. Pero hay unos límites en los derechos humanos. Una persona no puede, por ejemplo, incitar a la violencia.
La política que usó Facebook en este caso es la de organizaciones o individuos peligrosos que prohíbe expresamente que se alabe o aplauda un hecho violento. En este caso, el contenido que el expresidente Donald Trump subió, aplaudía y congratulaba un hecho violento, apoyaba a quienes incurrieron en hechos de evidente violencia en la toma del Capitolio. Violó, claramente, las reglas de la plataforma, y nuevamente esas reglas son totalmente coincidentes con el derecho internacional de los derechos humanos. Así que no se le arrebató su libertad de expresión, abusó de la plataforma y esta aplicó unas reglas que son congruentes con normas globales de libertad de expresión.
¿Le preocupan las amenazas del expresidente Trump a las empresas tecnológicas de que van a pagar un alto costo político por lo que le hicieron?
Eso hay que preguntárselo a Facebook. Nuestra competencia es revisar si la decisión de Facebook corresponde con sus normas internas y de los derechos internacionales de derechos humanos, y eso es lo que hacemos. A mi juicio, lo que tiene de virtuoso este consejo es que puede operar al margen de los intereses económicos, políticos y reputacionales de Facebook.
¿La pauta publicitaria que funcionarios le pagan a redes sociales para generar a veces desinformación, debería ser un tema que revise Facebook?
El Consejo de Supervisión, como le mencioné, lo que hace es estudiar decisiones concretas de Facebook respecto a determinados contenidos que violen el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, nosotros no revisamos las pautas comerciales de Facebook porque no es nuestra tarea. Ahora me pongo el sombrero de relatora de la libertad de expresión: la relatoría de la libertad de expresión ha expedido una serie de informes sobre la publicidad oficial. La publicidad oficial no puede ser utilizada, ni el lenguaje ni el discurso de los funcionarios públicos, y lo digo como relatora. Lo que ha dicho la relatoría y ha sido avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que el uso arbitrario de la publicidad oficial, por ejemplo, para mentir consistentemente, estigmatizar o elevar el riesgo de otras personas viola la libertad de expresión de esas otras personas. Lo que tiende a hacer es silenciar y utilizar todos los mecanismos estatales a las otras personas para lo que en inglés se llama unchilling effect,un efecto intimidatorio. Esto no lo puede hacer un funcionario público de conformidad con los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
¿Además de Trump, hay otros líderes que estén en la mira por las mismas actuaciones del exmandatario norteamericano?
Hay cosas que me gustaría decirles. Una, que nosotros habíamos seleccionado un caso de un político muy importante en Malasia, pero el usuario decidió dar de baja el contenido, entonces ahí ya no somos competentes. Si hay esos casos, es muy importante para el consejo conocerlos, porque es muy importante definir reglas globales y estándares para la moderación de contenidos en ciertos casos.
Lo que está claro, y nosotros le preguntamos a Facebook, es si utilizaba las mismas reglas respecto de otros líderes, y qué tipo de procesos llevaba a cabo cuando verificaba contenido potencialmente violatorio a sus estándares comunitarios provenientes de otros líderes importantes. Facebook consideró que esa respuesta no era relevante para contestar en este caso específico. Entonces nosotros no nos referimos a eso en la decisión, yo no le puedo contestar porque Facebook no nos dio la información. Pero le pedimos a la plataforma un estudio de esas normas, que sean claras, se apliquen de la misma manera a todos los líderes políticos, que sus usuarios puedan conocer, controvertir y sean normas que se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué puede significar la decisión para otros líderes que provocan enojo en las redes, como Jair Bolsonaro o Rodrigo Duterte? ¿Podemos tomarlo como una alerta?
Sin referirme a casos específicos, porque son casos que nuevamente pueden llegar al consejo al cual pertenezco. Creo que la decisión, que es de más de 30 páginas, muy robusta desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, que acoge los criterios más elevados de derecho constitucional y de derecho comparado en materia de libertad de expresión, sí manda unos mensajes muy claros. Es importante saber lo que dicen los líderes políticos, las audiencias tienen derecho a saber lo que dicen los líderes políticos, tanto sus seguidores como quienes no los siguen para poder hacerles control social. Eso hace que ese discurso tenga una relevancia particular, pero al mismo tiempo los líderes políticos no pueden decir y hacer cualquier cosa a través de las plataformas porque tienen una potencia y un megáfono muy grande que no tienen otros usuarios.
Al influenciar a las audiencias y crear imaginarios, esos líderes deben cuidarse de no transgredir una barrera del derecho internacional, que es la barrera del daño. Si esos líderes con su discurso, con la potencia que hablan y la capacidad que tienen de hacer cosas cuando dicen cosas, pueden generar un daño efectivo y sustancial en la vida de las personas, ahí hay un límite. Ahí las plataformas de Facebook en Instagram están habilitados y legitimados para tomar decisiones como la suspensión de la cuenta o dar de baja el contenido. El veredicto refuerza que en varios puntos que Facebook necesita ser más transparente en su criterio y afirma que fue inapropiado imponer una suspensión indefinida.
¿Cree que las redes sociales, en general, son lo suficientemente claras en sus decisiones de moderación? Si no es así ¿Cómo se puede mejorar esto?
Esa fue la razón por la cual nosotros consideramos que la suspensión era legítima, pero no la suspensión indefinida, porque no hay claridad de por qué tomaron esa decisión de suspender indefinidamente. Entonces Facebook queda con el poder discrecional de decir cuándo el usuario puede otra vez utilizar su cuenta o cuándo no puede hacerlo.
Nosotros consideramos que deben hacer reglas claras y similares para todos los usuarios que caigan en condiciones similares. En este caso lo que era claro era que esa regla no existía, y por lo tanto la decisión era ilegítima. Nadie puede controlar lo que hace Facebook si la plataforma puede tomar decisiones Ad hoc y lo que decimos es que establezcan reglas claras, transparentes, que todos los usuarios puedan conocer y comprendan, y utilicen esas reglas para moderar contenidos en todos los casos similares. Además, que se les explique a los usuarios ciertos procesos que no conocen. Por ejemplo, Facebook dice que en el caso de los líderes políticos hacen un doble chequeo. ¿Qué significa un doble chequeo? ¿Con quién lo hacen? ¿Intervienen personas que tienen garantías de independencia o son personas que van a seguir los intereses de los dueños de la compañía? Nosotros les decimos que aclaren, que traten de garantizar que las personas que tomen esa primera decisión, porque nosotros nos demoramos más, a apelación llegamos nosotros. Que esas decisiones rápidas estén informadas por gente que no esté supeditada a la plataforma y que pueda tomar decisiones al margen de los intereses económicos o reputacionales de la plataforma.
Quiero apelar a su experiencia en libertad de expresión a lo que está pasando con las redes. Allí se ha democratizado el debate, ¿pero no representa una amenaza para las democracias en tiempos convulsionados como los que estamos viviendo en Colombia en determinadas circunstancias?
Las redes sociales son un instrumento de comunicación y acción colectiva. Sirven para denunciar abusos que a veces no se anuncian de otra manera, para presionar políticas a través de acción
colectiva. Pero a través de las redes sociales también puede haber una coordinación para producir un daño. En esos casos, todas las redes tienen unos estándares que prohíben hacer eso. Entonces, si alguien cree que las redes están siendo utilizadas de esa manera podrían denunciarlo y las redes tienen que investigar si realmente hay un uso coordinado para producir un daño o si lo que hay es una comunicación pública y espontánea que denuncia hechos de violencia o de maltrato. Nosotros hemos podido conocer -y también los periodistas que no pueden cubrir todos los rincones del país y menos en una situación de pandemia como esta-, muchos abusos policiales y muchos actos de vandalismo gracias a las redes sociales. Por eso, lo que hacen los policías muchas veces, por supuesto no todos, en los casos que hemos visto es muy preocupante quitarles a las personas el teléfono, porque es un mecanismo para denunciar ese tipo de abusos. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de análisis.
Existe un debate en Estados Unidos sobre si aligerar o no la legislación que protege a las redes sociales de hacerse responsables de lo que publican sus usuarios. ¿Culparlos sería una forma efectiva de contener la desinformación?
Yo creo que sería un error monumental, porque se llenarían de abogados que les recomendarían que, ante cualquier posibilidad mínima de un eventual daño, bajar un contenido. Lo que creo es que deben existir reglas, como en efecto existen en algunos sitios donde, por ejemplo, frente a una orden judicial o de un órgano independiente, se debe dar de baja a un contenido. Frente a una denuncia, por ejemplo, que esa red está transmitiendo pornografía infantil, se debe dar de baja el contenido. Que no tienen la obligación de hacerlo proactivamente porque si tú tienes una comunidad de más de 3.000 millones de usuarios que están poniendo miles de millones de contenidos diariamente no tienes cómo hacer esa vigilancia proactiva, y lo que te dirían los abogados para protegerte es que bajes todo lo que pueda implicar un riesgo. Entonces se baja el humor, la sátira, la crítica, el periodismo investigativo y se queda todo lo que no podría representar un daño.
Se habla mucho de que los algoritmos de las plataformas son propicios para impulsar la retórica polarizante, algo común en nuestros países, retener audiencia y en consecuencia lucrar con la publicidad. Dado esto, ¿es suficiente la moderación por sí sola para contener la moderación?
Primero, los algoritmos generan cámaras de eco, nichos en los cuales la gente se siente muy confortable porque uno ve solamente a las personas que piensan como uno, y eso parece ser muy reconfortante para mucha gente y se convencen de que esa es toda la realidad, y de lo que haya afuera son unas cosas exógenas que hay que eliminar. Creo que eso fomenta la intolerancia, el fanatismo, debilita la capacidad que tenemos para ser capaces de oír al otro con respeto y para dar argumentos. Los algoritmos tienen un efecto que en ese sentido hay que revisar, y por eso nosotros le preguntamos a Facebook expresamente si el uso de algoritmos u otros aspectos en la red sirvieron para amplificar los discursos que pudieron generar la violencia del 6 de enero. Les preguntamos si habían hecho una investigación si a través su plataforma se utilizaba para amplificar esos discursos. Facebook no nos contestó. Nos dijo que no era relevante para responder este caso concreto. Entonces, en las recomendaciones de este caso les decimos que por favor hagan el estudio sobre si algunos de sus mecanismos pueden servir para que algunas personas abusen de su plataforma o para que se amplifique ese discurso de manera tal que usted pueda tomar decisiones a tiempo cuando pasan cosas tan graves como la que pasó el 6 de enero en Estados Unidos en la toma violenta del Capitolio.
Este editorial conjunto lo publican hoy los miembros del Grupo de Diarios América (GDA) para llamar la atención sobre un gravísimo atropello a la libertad de expresión. La condena a pagar $13 millones a Diosdado Cabello por supuesta difamación equivale a confiscar el medio de comunicación para entregarlo al dirigente chavista.
Grupo de Diarios América
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó al diario El Nacional, uno de los pocos baluartes de la prensa independiente venezolana todavía en pie, a pagar $13 millones a Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Según los tribunales, cuya obsecuencia está más allá de toda duda, el periódico difamó al dirigente y le causó daños morales cuando reprodujo, en el 2015, informaciones del diario español ABC, también difundidas por agencias de noticias y otros medios internacionales, sobre vínculos de Cabello con el narcotráfico. Las publicaciones se basaron en declaraciones del capitán de corbeta Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y del propio Cabello, asilado en los Estados Unidos.
La idoneidad de la fuente, la doctrina jurídica de la reproducción fiel, acogida por la jurisprudencia continental, la obligación del funcionario de tolerar la crítica y la especial protección a la libertad de expresión nada significa para tribunales sometidos al poder político y capaces de escenificar sainetes como el juicio de Leopoldo López —denunciado como farsa por el propio fiscal acusador una vez exiliado— y las causas seguidas contra la jueza María Lourdes Afiuni Mora, para citar solo dos ejemplos.
Cabello también demandó a los medios de comunicación venezolanos Tal Cual y La Patilla, pero cuando incursionó en otras jurisdicciones, su fracasó fue total. Una demanda contra The Wall Street Journal, también por atribuirle nexos con el narcotráfico, fue calificada de incomprensible por los jueces neoyorquinos. La demanda contra ABC, anunciada en el programa de televisión de Cabello: Con el mazo dando, nunca llegó a concretarse, aunque los directores del diario español ratificaron, ante una jueza, la absoluta correspondencia entre sus informaciones y las de Tal Cual para facilitar la defensa del medio caraqueño.
Para ganar, el líder chavista necesitaba jueces del mismo corte. El resultado previsible sobrevino el 16 de abril. Miguel Henrique Otero, director de El Nacional exiliado en Madrid, calificó la exorbitante condena como un intento de expropiación del periódico para «entregárselo a Diosdado Cabello».
Ese, a fin de cuentas, es el programa seguido por el régimen venezolano con la prensa independiente. Centenares de publicaciones y emisoras de radio y televisión han sido sustraídos del rico ambiente de medios existente en Venezuela hasta los primeros años de este siglo para engrosar las filas de la prensa oficialista. La expropiación de El Nacional debe verse en ese contexto.
El periódico, uno de los más prestigiosos del continente, dejó de publicarse en versión impresa el 14 de diciembre del 2018 debido a las presiones tributarias y la escasez de papel impuesta a los medios independientes, pero todavía circula su edición digital. Su sede, sufrió ataques de turbas chavistas y sus periodistas son blanco de constante hostigamiento. Nada los ha hecho cejar en su defensa del derecho de los venezolanos a estar informados.
Ahora, conocida la sentencia, Otero reiteró la intención de mantener el diario, fundado por su padre en 1943, aunque pierda el edificio, las rotativas y otros activos. El mismo espíritu lo han exhibido periodistas en todos los rincones de Latinoamérica. Es una tradición cuya defensa nos convoca a todos y, como dijera José Martí, también en este caso «hemos de andar, en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes».
Catalina Botero, la abogada colombiana que hace parte la Junta
de Supervisión independiente de Facebook e Instagram, se refirió a las más
recientes actuaciones del organismo en cuanto a moderación de contenidos en
redes sociales, el
bloqueo de medios en Australia y al papel que ha jugado el gigante de la
tecnología en la clausura de la cuenta del
expresidente de EEUU Donald Trump.
En diálogo con el Grupo de Diarios de América (GDA),
Botero señaló que la decisión en contra del exmandatario, quien hasta el final
de su mandato habló de fraude electoral sin pruebas e incitó a una turba a
tomarse el Capitolio Nacional, corrió por cuenta de la compañía y que en la
actualidad el caso es evaluado por la Junta.
“El caso de Trump fue remitido por FB al consejo y, por
esta razón, no puedo pronunciarme específicamente hasta que no tengamos una
decisión –explicó Botero-. Sin embargo, sí puedo decirle que el OSB (Oversight
Board)tiene el poder de tomar decisiones
vinculantes sobre decisiones de moderación de contenidos y FB se ha
comprometido públicamente a cumplir esas decisiones”.
Botero también aludió a la importancia de que organismos
independientes y autónomos sean los llamados a defender “los principios
universales del derecho internacional de los derechos humanos” cuando estos se
ven vulnerados en una red social. En ese sentido, dice que las redes no son
medios de comunicación ni pueden ser tratados como tal, pero debe haber
mecanismos que permitan a los ciudadanos detectaresas vulneraciones.
Facebook y otras
redes sociales decidieron implementar su propia reglamentación sobre
desinformación, discurso de odio e incitación a la violencia, en los últimos
meses, con decisiones polémicas. Como ocurrió tras la revisión del Consejo al
que Ud. pertenece, algunas de estas decisiones debieron ser revertidas. ¿Esta
prerrogativa no está excediendo las competencias de las redes sociales? ¿Cómo
evitar el riesgo de que se lesione la libertad de expresión en defensa de otros
asuntos?
El derecho a la libertad de expresión protege la
circulación de informaciones u opiniones de toda índole, incluso aquellas que
nos desagradan o que son perturbadoras u ofensivas. Sin embargo, hay ciertos
limites excepcionales, por ejemplo, la incitación a la violencia, el abuso o
explotación infantil o la circulación de imágenes intimas no consentidas. La
mejor manera de saber si una información está o no protegida, es aplicando los
criterios del derecho internacional de los derechos humanos. Si una plataforma
advierte que esta siendo usada para circular contenidos no protegidos, como por
ejemplo pornografía infantil, tiene la tarea de eliminar esos contenidos.
Sin
embargo, las plataformas reconocen que, en ejercicio de esa función, han cometido
errores pues algunas veces bajan contenido que está protegido y otras permiten
la circulación de contenidos que no deben estar protegidos por el derecho
internacional. Por eso es importante que quienes realizan esas tareas se encuentren
adecuadamente capacitados, que los sistemas automatizados sean corregidos y
revisados y que existan órganos de supervisión independientes a las propias
plataformas como el Oversight Board. En este sentido, me parece que el
modelo de autorregulación con órganos autónomos e independientes comprometidos
con la defensa de los derechos humanos es la mejor estrategia.
En este sentido, el OSB es un nuevo modelo para la
gobernanza de plataformas que está diseñado para incrementar la rendición de
cuentas y transparencia de FB y mejorar la toma de decisiones sobre moderación
de contenidos.
Los miembros del Board somos independientes de FB y tomamos
decisiones con base en los principios del derecho Internacional y en el impacto
de nuestras decisiones en los usuarios y en la sociedad, sin considerar los
intereses económicos, políticos o reputacionales de la empresa.
¿Cree necesario que
los países comiencen a legislar al respecto, como han planteado líderes como Ángela
Merkel? Y en ese caso, ¿cree que existe un peligro en ese tipo de regulaciones
para a libertad de expresión no solo en redes sociales, sino que en un sentido
más amplio?
Creo que cualquier regulación debe cuidarse de no
entregar demasiado poder a los gobiernos y que solo será democrática si está
fundada en los principios del derecho internacional de los derechos humanos.
También creo que las empresas con el poder de FB deberían tomar menos
decisiones por sí solas, cuando estas tengan implicaciones fundamentales para
la libertad de expresión y los derechos humanos. Un modelo de supervisión
independiente del OSB puede ayudar a producir decisiones más robustas con base
en principios universales compatibles con modelos democráticos.
En este contexto, se
ha debatido si las redes sociales son o no responsables finales por el
contenido que se publica en las plataformas, es decir, que se comporten más
como medios tradicionales de comunicación. ¿Cuál es su posición al respecto?
¿Se desvirtuaría la naturaleza de las redes sociales?
Creo que las redes sociales no son medios de comunicación
y no deben ser tratadas como tal. Sin embargo, creo que deben tener sistemas
efectivos para que los usuarios o terceras personas puedan identificar y reportar
fácilmente contenidos que puedan violar el derecho internacional de los
derechos humanos. Deben tener también mecanismos adecuados de revisión de esas
denuncias y tomar decisiones que se adecúen a los mandatos internacionales en
materia de libertad de expresión. Sin embargo, si se les responsabiliza por
todo el contenido que miles de millones de usuarios suben diariamente, no
podrían funcionar con una estructura abierta, global y descentralizada como la
que tienen hoy.
Usted integra una
junta supervisora de Facebook sobre contenidos en esa red social. ¿Qué
incidencia real tiene esa junta en las decisiones de Facebook, por ejemplo, en
la suspensión de la cuenta de Donald Trump? ¿Considera que el poder de las
redes sociales para decidir quiénes pueden usarlas es una violación a la
libertad de expresión?
El caso de Trump fue remitido por FB al consejo y, por
esta razón, no puedo pronunciarme específicamente hasta que no tengamos una
decisión. Sin embargo, si puedo decirle que el OSB tiene el poder de tomar
decisiones vinculantes sobre decisiones de moderación de contenidos y FB se ha
comprometido públicamente a cumplir esas decisiones. De hecho, recientemente
revertimos varias decisiones de la compañía y le ordenamos volver a instaurar
un contenido que había eliminado.Todas
nuestras decisiones son públicas y estarán disponibles para que cualquier
persona las lea. Si FB no cumple con las decisiones y se rehúsa a implementarlas,
esto afectaría las finalidades para las cuales fue creado el consejo.
Independiente de supervisión. Esto también se hará público en los reportes periódicos
del Board.
¿Este Consejo asesor
debería ser el encargado de evaluar decisiones como el bloqueo de la cuenta de
Trump? ¿Debería hacerlo Facebook que es una empresa o debería existir, como
piden algunos sectores, un comité independiente?
Ese es justamente el tipo de casos para los cuales fue
creado el consejo de supervisión (OSB). Decisiones de esa magnitud deben ser
tomadas por órganos independientes y autónomos que, como el OSB, no dependen de
la compañía y no están en la tarea de defender sus intereses políticos,
comerciales o reputacionales, sino en la función de defender los principios
universales del derecho internacional de los derechos humanos. Para que esa
función pueda ser adecuadamente ejercida los órganos de supervisión de las compañías
deben ser verdaderamente autónomos e independientes no sólo de las propias compañías
sino de los gobiernos de turno.
Hace unos meses,
cuando se anunció la creación de la Junta de Supervisión de FB, se pronosticó
que el número de solicitudes iba a ser muy grande y que ello sobrepasaría la
capacidad del consejo. ¿Ha ocurrido ello? ¿Cómo lo han manejado?
Desde octubre hasta hoy, hemos recibido decenas de miles
de casos. Como el Board no puede conocer sobre cada apelación, estamos
priorizando los casos que tienen el potencial de afectar a muchos usuarios
alrededor del mundo, los que son de notable importancia para el discurso
público o los que plantean preguntas importantes sobre las políticas de FB.
Para hacer eso, tenemos un equipo muy robusto de personal y un comité de
selección de casos dedicado exclusivamente a la revisión de estos.
¿La lentitud para la
toma de decisiones en la Junta de supervisión puede terminar siendo una
limitante para las personas que presentan solicitudes?
Hasta ahora el Board ha producido sus decisiones en los
tiempos establecidos para ello. Sin embargo, es cierto que no se trata de plazos
expeditos. Al respecto es importante mencionar que el Consejo no va a
reemplazar a la compañía en su tarea habitual de moderación de contenidos a
escala global. Lo que debe hacer es seleccionar casos emblemáticos,
significativos y particularmente difíciles, cuya resolución pueda impactar no
solo al usuario afectado sino a un numero importante de esos y a las propias
políticas de la compañía.
La Junta de Supervisión
sugerirá tomar alguna medida contra posteos de información falsa vinculada a la
pandemia o la difusión de argumentos antivacuna fraudulentos? Hay vidas humanas
en juego.
El Board ya ha revisado un caso vinculado a Covid-19 e
hizo recomendaciones importantes para FB. Reconoció los esfuerzos por lograr
que la población acceda a información confiable basada en evidencia, pero al
mismo tiempo reconoció la importancia de permitir que las políticas de salud
puedan ser ampliamente debatidas. En su decisión, recomendó a FB sistematizar y
clarificar las reglas existentes sobre desinformación en materia de salud en un
solo lugar y adoptar medidas que permitan que la población pueda acceder a
información confiable sin eliminar discusiones de interés público sobre
decisiones de las autoridades de salud o cuando el contenido no pueda aparejar
un daño físico en el mundo real. Finalmente, le recomendamos aumentar la
transparencia sobre la forma como realiza la moderación de contenidos relacionados
con el COVID-19.
Durante el cuatrienio
de Trump, vimos en más de una ocasión que Facebook modificó y flexibilizó sus
políticas de uso para evitar moderar el contenido del expresidente. Si la Junta
decide que la cuenta de Trump sea desactivada y luego Facebook decide flexibilizar
sus políticas, ¿tendrá que ser revisada nuevamente esta cuenta? ¿La
modificación de reglas de uso puede ser una manera de la plataforma esquivar
las decisiones de la Junta?
Dado que el OSB está conociendo del caso Trump no podría
pronunciarme sobre el mismo. Sin embargo, si puedo decirle, en general, que las
decisiones del OSB sobre un determinado contenido deben ser acatadas por la
compañía. Sin embargo, cuando se trata de recomendaciones más generales que
exceden un determinado contenido, la obligación de la compañía es la de
responder públicamente.
¿Deben los políticos
u otras figuras públicas tener un trato especial en Facebook dado a la
naturalidad del interés público por su posición? ¿Será esto un factor a ser
considerado a la hora de moderar a una figura global, vs a un ciudadano común?
Según el derecho internacional de los derechos humanos,
hay expresiones que están especialmente protegidas en la medida en que revisten
interés público. Las expresiones que provienen de una persona publica o las que
critican a un funcionario, por ejemplo, entran en esa categoría. Lo anterior
significa que cualquier restricción a una expresión de un funcionario o sobre
un funcionario, debe ser sometida a un juicio estricto de proporcionalidad.
En la sección de
requisitos de la página web de la Junta se establece que “Las apelaciones deben
provenir del titular de una cuenta activa”, ¿se entiende por esto que las
decisiones no podrán ser apeladas por grupos de derechos humanos u otros grupos
que defienden el derecho a la libre información? ¿Si no que las apelaciones
siempre serán en carácter personal?
Yo no estoy de acuerdo con la restricción que usted
menciona y trabajaremos sobre eso. Sin embargo, vale la pena señalar que, aunque
solo los usuarios pueden apelar, hay un mecanismo que permite hacer comentarios
públicos para que otras personas u organizaciones interesadas puedan participar
en el proceso.
¿Le darán la
oportunidad a terceros para presentar escritos que aboguen por que el Board
decida de una manera u otra?
Sí. Tenemos de una parte un procedimiento que nos permite
recibir comentarios públicos y de otra la posibilidad de solicitar a expertos
su opinión sobre asuntos relevantes de un caso. Creemos que es importante que
el Board reciba aportes de muchas fuentes distintas, pues de esta manera
podremos tener la mayor cantidad de información sobre complejas materias que
pueden involucrar a la comunidad global.
¿Qué papel juega la Junta de
Supervisión en decisiones como las que acaba de adoptar Facebook en Australia,
de suspender la información de los medios locales por la exigencia de estos de
recibir retribuciones por la monetización que hace el gigante tecnológico de
sus contenidos? ¿En dónde queda la libre expresión en este caso?
En las discusiones entre las plataformas y los
medios de comunicación hay muchos temas qué hay que distinguir. Algunos pueden
llegar al OSB y por eso no puedo pronunciarme. Sin embargo, lo que sí creo es
que es indispensable encontrar un modelo de negocio que permita financiar la
existencia vigorosa del periodismo profesional. Las redes son fundamentales
para democratizar el conocimiento, pero los medios son esenciales para producir
información seria, contrastada y basada en evidencia. Sin medios de
comunicación y periodismo de investigación independiente y profesional la
democracia tiene pocas posibilidades de sobrevivir.
