Martin Leon Espinoza
GDA/El Comercio/Perú
Expansión regional ● Ex mandatarios latinoamericanos han
sido vinculados o son investigados por los sobornos de las constructoras de
Lava Jato, especialmente los de Odebrecht ● También hay ex jefes de Estado
cuestionados por otros casos.
Hay un antes y un después de Lava Jato en Latinoamérica.
La gigantesca investigación por corrupción tiene como punto de origen Brasil,
pero rápidamente se extendió a otras naciones de la región, sobre todo luego de
que a fines del 2016 la constructora Odebrecht reconociera ante las autoridades
de Estados Unidos el pago de sobornos en los países donde operaba. Cuando se
conoció la confesión, el Departamento de Justicia de EE.UU. calificó el caso
como el soborno extranjero más grande de la historia.
Tan relevante es el caso que los fiscales y procuradores
generales de 10 países latinoamericanos y de Portugal acordaron realizar
indagaciones coordinadas por los actos de corrupción de las constructoras
brasileñas implicadas. A raíz del escándalo, se investiga o procesa a
funcionarios y ex funcionarios de diversos países, así como a aquellos que
fueron parte del círculo más exclusivo del poder: los ex presidentes. Hay
varios implicados en Lava Jato. Pero también hay un buen número de ex
mandatarios cuestionados o investigados por otros casos. Sea por uno u otro asunto,
ahora todos están asociados: ahora todos forman parte del club de ex
presidentes en problemas (Exprepro).
Al ritmo de las delaciones
En Brasil, los cinco ex presidentes vivos tienen
cuestionamientos por Lava Jato (además de investigaciones por otros temas).
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien dejó la
presidencia con 87% de aceptación, es figura central de Lava Jato. El líder del
Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso por
delitos como corrupción o lavado de activos. El más avanzado es uno en el que
es acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS. En esa
indagación, el procurador a cargo sostiene que Lula sería el jefe de la
organización del Caso Petrobras, una consecuencia de la operación Lava Jato.
Además, en sus delaciones premiadas ante la justicia
brasileña, ex ejecutivos de Odebrecht confirmaron que su planilla con el nombre
‘Amigo’ contabilizaba las coimas dirigidas a él. El ex presidente de la
constructora Marcelo Odebrecht, por ejemplo, confesó que entregó a Lula poco
más de US$4 millones entre el 2012 y el 2013, y que en el 2010 abrió una cuenta
con US$13 millones para sus gastos personales.
Lava Jato también ha puesto contra las cuerdas a su
heredera Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público de Brasil investiga
a la única mujer que ejerció la presidencia en el país por una supuesta
obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como
por nombrar ministro a Lula, poco antes de que fuese destituida. Días atrás, la
constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff
del 2010 y 2014.
José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir
sobornos. En el 2015, un ex funcionario brasileño aseguró que líderes del PMDB,
el partido al que pertenece, recibieron sobornos. Entre ellos, estaba el ex
mandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario
de coimas por la construcción de un ferrocarril.
Además, al igual que Rousseff, Sarney es investigado por
una supuesta obstrucción de la justicia al intentar usar su influencia política
para proteger a un aliado.
En cuanto a Fernando Collor de Mello (1990-1992), ya fue
denunciado por la procuraduría brasileña. El político, sometido a un proceso de
impeachment en 1992, es acusado de haber recibido poco más de US$8 millones en
efectivo y por depósitos por haber influido en contratos firmados por una
subsidiaria de Petrobras. Ricardo Pessoa, quien presidió la constructora UTC,
implicada en Lava Jato, dio detalles de los pagos.
Dos ex ejecutivos de Odebrecht también acusaron al ex
presidente de recibir poco más de US$250.000 para su campaña al Senado del
2010.
La constructora además señaló que Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y
1998. Aparte es investigado por supuestamente haber usado una empresa como
intermediaria para entregar dinero a una ex pareja.
Investigados y condenados
En el Perú, hay tres ex presidentes vinculados a Lava
Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Toledo (2001-2006) es el que tiene la situación más
complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra
la corrupción, actualmente es acusado de haber recibido US$20 millones de
Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, la vía que une
al Perú con Brasil. Como parte de la indagación del tema, el Poder Judicial
ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Hace unos días, el PJ volvió
a dictar la misma medida, pero por un proceso relacionado a la compra de
inmuebles. No cumple ambos mandatos judiciales porque está prófugo en Estados
Unidos.
Alan García, el sucesor de Toledo en la presidencia, es
investigado por la fiscalía por las coimas de Odebrecht, aunque de forma
preliminar. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la
concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que ex funcionarios de
su segundo gobierno (el primero fue de 1985 a 1990) están encarcelados.
Ollanta Humala (2011-2016) es otro ex mandatario en una
situación complicada. En su delación, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía
entregó US$3 millones para la última campaña presidencial de Humala.
Justamente, la fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los
aportes que recibió en las campañas electorales del 2006 y 2011.
Hay otros dos ex mandatarios peruanos que no están
relacionados a Lava Jato, pero que han sido sentenciados por la justicia. Uno
es Alberto Fujimori, condenado por varios delitos que cometió durante su mandato
(1990-2000). Actualmente, cumple sus penas, la mayor de 25 años de cárcel. El
otro es el ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este
último fue sentenciado, pero en Italia. A fines de enero, un tribunal italiano
lo condenó a cadena perpetua por su implicación en el Plan Cóndor, aunque sigue
en libertad en Perú.
En diferentes momentos, los ex presidentes brasileños y
peruanos mencionados han rechazado o negado las acusaciones en su contra.
Más procesos y procesados
En Argentina y El Salvador, también hay ex presidentes en
problemas, aunque no por Lava Jato.
Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la ex mandataria
argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por Carlos Menem
(1989-1999). Los datos oficiales no le hacen justicia a Menem, quien además
tiene dos condenas de 4 y 7 años de prisión, que todavía no son firmes.
Fernández, en cambio, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no
puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su
pensión de ex presidenta.
En El Salvador, hay dos ex presidentes cuestionados.
Antonio Saca (2004-2009) ha sido acusado de dirigir una red de lavado de dinero
durante su mandato que habría blanqueado al menos US$246 millones. También es
acusado de enriquecerse ilícitamente por casi US$4 millones. Actualmente, está
detenido.
A su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el
partido de la otrora guerrilla de El Salvador, se le abrió un juicio por
enriquecimiento ilícito. En un examen del patrimonio de Funes y su familia
nuclear, se encontró un desbalance de US$728.329. A diferencia de Saca, Funes
está asilado en Nicaragua.
En México y Colombia, hay ex presidentes que fueron
acusados, aunque salieron bien librados.
Luis Echeverría (1970-1976), el único ex mandatario de la
historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio
relacionado a dos acontecimientos históricos: la matanza de Tlatelolco y el
ataque armado a estudiantes conocido como ‘El Halconazo’. Se libró de la última
acusación, pero no de la primera. En el 2006, cuando tenía 84 años, fue
detenido por Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en
el 2009 un tribunal lo exoneró por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive
en la casa donde estuvo encerrado.
El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por un
presunto financiamiento de su campaña de 1994 por el cártel de Cali. La Cámara
de Representantes de su país votó a favor de la preclusión del caso, al
considerar que no había pruebas directas de que Samper, como candidato, supiera
del ingreso de US$5 millones del narcotráfico. Sin embargo, el caso produjo
investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador
general colombiano.
¿Futuros
asociados?
Los ex presidentes latinoamericanos no son los únicos en
problemas. Quienes están ejerciendo el poder también han pasado –o pasan– por
situaciones complicadas.
Uno de ellos es el mandatario mexicano, Enrique Peña
Nieto. Los señalamientos se dieron a raíz de un reportaje, emitido en el 2014,
que indicaba que su esposa, Angélica Rivera, tenía una lujosa propiedad
–llamada la ‘casa blanca’– en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de
México. El informe periodístico mencionaba un conflicto de intereses, pues el
acuerdo por la residencia se hizo con el Grupo Higa, que había tenido contratos
con el gobierno federal.
Ante las acusaciones, en febrero del 2015 Peña Nieto
solicitó a la Secretaría de la Función Pública de su país investigar toda
compra y venta de inmuebles relacionados con su esposa, el entonces secretario
de Hacienda, Luis Videgaray, y él mismo, con el Grupo Higa. En la indagación se
determinó que no hubo conflicto de intereses de los señalados y el expediente
fue archivado.
Odebrecht también ha puesto en aprietos al presidente
colombiano, Juan Manuel Santos. En unos días, deberá dar una versión libre ante
el Consejo Nacional Electoral de su país por la presunta financiación de
Odebrecht en sus campañas presidenciales.
Según se ha informado, la constructora entregó US$400 mil
para pagar dos millones de afiches para la campaña del 2010 de Santos, la
primera en la que participó. También hubo un señalamiento sobre la presunta
entrega de Odebrecht de US$1 millón para su campaña del 2014.
Sobre el caso del 2010, Santos aseguró que no tenía
conocimiento de estas y exigió una investigación. “Reitero mi solicitud a las
autoridades competentes para que investiguen”, dijo el mandatario.
Las denuncias
contra Nicolás Maduro
A Nicolás Maduro lo persiguen acusaciones desde distintos
frentes.
Gobiernos y organizaciones civiles y regionales como la
OEA han denunciado violaciones de los derechos humanos de su régimen, sobre
todo durante las protestas contra su gobierno. Provea, por ejemplo, denunció
decenas de casos de torturas y centenares de detenciones durante las protestas
del 2014. Eso sin contar los más de 100 presos políticos en sus cuatro años de
mandato.
Además, el año pasado dos sobrinos del mandatario
venezolano fueron declarados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. En un
audio, uno de ellos reconoció que el chavismo controla el narcotráfico en el
país.
