Un kilo de marihuana en zonas de cultivo
del departamento del Cauca (suroccidente de Colombia) se consigue en veinte mil pesos (unos 10 dólares). Una vez puesto en Bogotá, la capital de Colombia, ese mismo kilo sube a setenta mil (37 dólares). Los traficantes, que en la calle
distribuyen el gramo a mil (55 centavos de dólar), terminan vendiendo el kilo en un millón de pesos (519 dólares).
De esa magnitud es el negocio del tráfico de estupefacientes al menudeo, con el cual se está financiando una tragedia urbana de nivel continental, cuyos principales protagonistas y víctimas son los jóvenes. Son ellos los clientes principales de los traficantes, y también son la mano de obra que utilizan para vender la droga en las calles sin consecuencias judiciales.
Para las autoridades, enfrentar un
negocio que tiene una rentabilidad del cinco mil por ciento entre el cultivo y el consumidor se ha convertido en una tragicomedia que demanda millones de dólares del erario público y el desgaste de una fuerza pública que no da abasto
para controlar los expendios de alucinógenos que se multiplican como hormigas en las ciudades.
El Grupo de Diarios de América (GDA) revisó el fenómeno en once ciudades de la región: San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, San José de Costa Rica, Montevideo, Quito, Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Caracas y Bogotá, todas golpeadas por los traficantes, que han encontrado en la venta detallada o al
detal de alucinógenos un filo jugoso del narcotráfico.
Una característica generalizada en las
ciudades la falta de información y cifras exactas sobre la medición del fenómeno,aunque en todos los casos las autoridades son conscientes de la gravedad del problema y la dificultad para enfrentarlo.
“¿Cómo nosotros vamos a enfrentar el reto de un negocio que es extremadamente lucrativo y que lo estamos haciendo más con las medidas que estamos tomando?”, indicó Salvador Santiago, jefe de la gubernamental Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) en Puerto Rico.
Las autoridades de Costa
Rica afirman que el microtráfico tomó tal fuerza en los últimos ocho años, que hasta cambió el rol del país en la industria de la droga. “Pasamos de ser un país de tránsito a ser un país consumidor”, reconoció Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
En términos sencillos, el microtráfico o
venta de estupefacientes al menudeo o al detal es un negocio montado por las mafias para vender masivamente al consumidor drogas ilegales por gramos, que es la dosis mínima, y que tiene como propósito cubrir el mercado interno,
especialmente en las ciudades. Por su tamaño, población y complejidad, las capitales se han convertido en los centros de disputa preferidos de las mafias.
Marihuana, la más vendida
En el portafolio de drogas ilegales que
ponen en las calles, la marihuana encabeza las ventas, el consumo y su influencia en los delitos. Después están la cocaína, los inhalables (como el pegante bóxer), la heroína y el bazuco, que es la droga de peor calidad y bajo
precio en la escala de los alucinógenos en Bogotá. En otras ciudades se llama crack o paco que, más allá del nombre, es el residuo de la base de coca, mezclada con químicos que la hacen altamente adictiva. En la lista figuran las drogas sintéticas, que cada día ganan más mercado, especialmente entre los estudiantes y en las zonas de rumba.
En la estructura del narcomenudeo, las
mafias están en la cabeza y los jíbaros (vendedores) en la base. Entre esos dos extremos figuran los lugartenientes, los testaferros (que lavan el dinero) y los administradores de los expendios o puntos de venta (‘ollas’). Son estos
últimos quienes reciben la droga al por mayor, la pesan, la empacan, la marcan y la ponen en la calle.
La primera característica del negocio, que les
garantiza éxito a las mafias y dificulta el trabajo de la Policía para su control, es la proliferación de expendios a lo largo y ancho de las ciudades. Aunque en algunas hay uno o dos puntos críticos y reconocidos, el fenómeno está
disperso.
En Bogotá, una urbe de siete millones y medio de
habitantes, la Policía reconoce la existencia de 260. En Montevideo (Uruguay), se estima que hay 960 ‘bocas’, como se llaman allí los expendios de droga. En una encuesta realizada en Venezuela en 2011, el 41 por ciento de los
encuestados señaló la existencia de venta de drogas en su comunidad.
Allí hay puntos de venta en casas o locales, en
medio de los vecindarios, a la vista de los residentes que padecen la intimidación si denuncian, y enfrentan el riesgo de que sus hijos sean reclutados para la venta y el consumo, especialmente en zonas marginadas.
Las modalidades de venta incluyen el servicio a
domicilio (delivery, se llama en
Caracas), que hace difícil detectar a los jíbaros, que van de edificio en edificio entregando sus pedidos. El otro frente son los colegios. Ya no solo hay jíbaros en los entornos escolares, a la caza de nuevos consumidores, sino
que muchos alumnos tienen sus propios mercados dentro de las instituciones educativas.
Ninguna autoridad, de las once ciudades consultadas,
se atreve a estimar el número de personas que integran el ejército distribuidor de drogas al detal, del que hacen parte personas de todas las edades, pero en particular menores de edad. Pasan desapercibidos entre la gente, a pie, en
bicicleta o en moto; pueden estar en puestos de venta de dulces o a la entrada de los colegios, en la esquina de un barrio, en las zonas de rumba o en sectores de consumo identificados por la Policía por su decadencia y
degradación.
Precisamente, la segunda característica que les ha
dado resultado a los traficantes, es el uso de menores de edad para cumplir el papel de distribuidores (jíbaros). Y las cifras lo confirman. En Bogotá, por ejemplo, entre enero y octubre de este año la Policía había capturado 2.352
menores de edad por tráfico de estupefacientes, 216 más que en el mismo periodo del año pasado.
En nueve de cada diez casos vuelven a la calle.
Muchos evaden el castigo alegando el porte de dosis mínima de droga, que está
permitida. En el caso de Colombia, resulta difícil judicializarlos porque la
legislación protege a los menores de edad, y antes que castigo ordena
restablecimiento de sus derechos.
Las capturas y los operativos constituyen un
desgaste permanente para las autoridades, que rara vez cuentan con personal
suficiente para enfrentar estos ejércitos distribuidores de drogas. Cada gramo
de droga decomisado es rápidamente reemplazado por nuevos cargamentos, y cada
capturado se releva en la calle, muy frecuentemente por otro familiar. Padre,
madre, esposa, hijos y primos conforman empresas familiares que perpetúan el
negocio de la droga en los barrios.
El teniente Iván Bahr Silva, director de la Oficina
de Información Criminal de San Juan de Puerto Rico, admitió que, con cada nueva
intervención policial, llega también el reclutamiento por parte de la
organización criminal de las personas que sustituirán a los arrestados, una de
las características que complican la misión de erradicar esto esquemas de
“microtráfico”.
Y con el narcomenudeo también se sostienen e
intensifican en el tiempo dos fenómenos que impactan la calidad de vida en las
ciudades: el aumento de la violencia en las calles y el incremento imparable
del consumo de drogas, especialmente entre la juventud.
Las estadísticas oficiales reflejan que en Bogotá
entre el 71 y el 81 por ciento de los delitos de hurto, porte de armas,
lesiones personales, tráfico de estupefacientes y daño en bien ajeno están
relacionados con el tráfico de marihuana. De 1.042 homicidios reportados este
año, 101 (el 9 por ciento) están directamente relacionados con el microtráfico.
En Quito, un informe del
Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana dio cuenta del asesinato de
16 personas entre enero del 2010 y diciembre del 2012 por venganza en la
Mariscal, uno de los puntos identificados de tráfico al menudeo. Y este año ya
van cinco casos reportados por ajustes de cuentas.
Actualmente, los gobiernos
de las ciudades latinoamericanas están priorizando en sus agendas el tema de
prevención del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes. En la
mayoría está trabajando en encuestas para
identificar la magnitud del fenómeno, que en los datos más recientes muestra
signos preocupantes.
México D.F., donde hay nueve millones de habitantes,
no solo es punto de paso; también de envío y recepción de dólares producto de
la venta al menudeo y exportación de cocaína a Estados Unidos y Europa. Allí,
las autoridades calculan que al menos el 10 por ciento del millón de personas
entre 17 y 25 años que va de rumba los fines de semana compran drogas en las
calles. Las bandas lo saben, y por eso se pelean ese mercado.
Pero mientras las
autoridades locales tratan de medir la magnitud del problema, los traficantes
siguen multiplicando por miles de veces cada gramo de droga que ponen en la
calle.
CÓMO LO HAN COMBATIDO
‘Fuerza policial
ayuda, pero no ha frenado el tráfico al menudeo’
Avasalladas por la proliferación de venta de estupefacientes
al detal en barrios y vecindarios y por el impacto en la seguridad y la
convivencia, los gobiernos locales de las ciudades han optado por la fuerza
para combatir el fenómeno.
Diariamente, tras operativos y allanamientos, la
Policía de las diferentes ciudades da cuenta de capturas -incluidos grandes
capos del negocio como ha ocurrido en Bogotá y Quito-, desmantelamiento de
bandas y droga decomisada. No obstante, las raíces del narcomenudeo parecen
meterse cada vez más profundo en los cimientos barriales de todas las ciudades.
Pacificadores
del Brasil
Una de las experiencias más visibles en la lucha
contra los traficantes de droga, mayoristas y al menudeo, la comenzó a aplicar
hace cinco años Río de Janeiro (Brasil), cuando llevó a las favelas (barrios
subnormales y marginados) Unidades de Policía Pacificadora (UPP).
La experiencia comenzó en el sur de la ciudad, en la
favela Santa Marta, donde las UPP asumieron el control del territorio que antes
estaba en poder de traficantes. Hoy, 226 funcionarios de 34 unidades patrullan
por las calles de barrios pobres que hace cinco años estaban bajo el control de
pandillas armadas en Río de Janeiro.
El secretario de Seguridad Pública, José Mariano
Beltrame, suele decir que el objetivo de este programa es reintegrar a la
ciudad áreas que estaban bajo la tutela de pandillas armadas y arsenal de
guerra. Sin embargo con la pérdida de control territorial, remanentes de esas
pandillas han llevado el microtráfico fuera de sus fronteras, como ocurre en
otras ciudades de América Latina, donde los jíbaros venden droga en el sitio
menos pensado de la ciudad.
Policía
militarizada en Buenos Aires
En Buenos Aires (Argentina) también se ha ensayado
la fuerza. En el 2011, el gobierno nacional envió a la zona sur de Buenos Aires
dos fuerzas de seguridad militarizadas: la Gendarmería y la Prefectura, que
hasta ese momento actuaban en las fronteras.
El punto clave de la actuación es Villa Zabaleta,
una zona marginada de la ciudad, a donde también llegó la Secretaría de
Prevención de Drogas y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedromar). Pero pese a las actividades policiales, el
tráfico se mantiene. En septiembre de 2012 decomisaron en esa zona 320
kilogramos de marihuana y 30 kilogramos de cocaína dispuesta para su
transformación en miles de dosis de paco (crack
argentino) para distribuir al detal. El negocio sigue su marcha.
En Santiago de Chile existe una Unidad Especializada
en Drogas de Carabineros (el OS-7), que realiza entre tres mil y cuatro mil
intervenciones al año contra el microtráfico, pero no hay una acción que se
asimile a las medidas que se han aplicado en Río de Janeiro o Buenos Aires.
Desarticulación
de bandas
En otras ciudades, la constante son los operativos,
allanamientos y decomisos. En Costa Rica, en el 2012 la Policía de Control de
Drogas (PCD) desarticuló 83 organizaciones, de las cuales 19 eran
internacionales y 64 locales que operaban en el país. De los grupos locales, 21
eran clanes familiares.
En Quito, los operativos y controles más frecuentes
se realizan en Carcelén Bajo, La Mariscal y San Roque, los puntos identificados
como los más críticos en el negocio del microtráfico. “Junto con los policías
de servicio urbano hemos coordinado patrullar esos lugares. Nosotros nos
encargamos de los casos luego de hacer seguimientos e investigaciones”, dijo
Mario Varas, jefe antinarcóticos de Pichincha.
En Ciudad de México, uno de los lugares donde se
concentra la acción de las autoridades es en el aeropuerto. Es allí donde la
Policía intercepta y decomisa los cargamentos de heroína y cocaína enviados
desde Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, y los millones de dólares que
ilegalmente intentan sacar de México hacia Centro América.
En Uruguay, en el 2012 la Policía realizó 1.137
procedimientos contra traficantes nacionales, que permitieron iniciar 1.520
procesos judiciales.
Política
integral incipiente
Aunque todavía con resultados marginales en temas de
prevención y tratamiento a los adictos, los gobiernos del continente, locales y
nacionales, han entendido la necesidad de contar con una política integral que
incluye la prevención del consumo, el tratamiento del adicto y la represión de
las mafias de traficantes.
“Se está viendo un enfoque de desarticular más, no
(ir contra) los vendedores, sino la organización completa”, dijo el teniente
Iván Bahr Silva, director de la Oficina de Información Criminal de San Juan de
Puerto Rico. En su concepto, el enfoque punitivo sirvió de venda, y mientras se
trataba como un asunto criminal, se perdió la perspectiva de desarticular el
negocio.
En Colombia, en un programa educativo que cubre a
todas las ciudades del país, la Policía ha capacitado en prevención a casi tres
millones de estudiantes, docentes y padres de familia, en 15 años. Los talleres, que dictan los mismos policías
en escuelas, colegios y comunidades, brindan herramientas para la resistencia
al uso y abuso de las drogas y a la violencia. Cobija a niños y jóvenes desde
los 5 años y hace énfasis en los riesgos, la convivencia y la importancia de
aprender a tomar decisiones.
No obstante, la prevención está lejos de ser la
prioridad en la lucha contra el microtráfico en cuanto a recursos se refiere.
La oficial que coordina el proyecto reconoce que depende de los alcaldes
aportar recursos para respaldar este esfuerzo.
En los últimos dos años, la Policía de Bogotá ha
intensificado la investigación y desmantelamiento de bandas –este año van 19
desarticuladas-, mientras el Gobierno de la ciudad hace unos primeros ensayos
de tratamiento a los adictos, de los cuales todavía están por verse los
resultados.
Entre las acciones más visibles de los últimos dos
años en Bogotá está el ataque frontal al mayor centro de tráfico de droga,
especialmente bazuco y marihuana, y comercio negro de armas: el Bronx, en pleno
centro de la ciudad. El lugar, sin embargo, está lejos de estar bajo el control
absoluto de las autoridades.
Costa Rica también está tratando de trabajar en una
política integral. Uno de los frentes más importantes ha sido el combate a la
legitimación de capitales ilícitos. “Los esfuerzos han servido para que el
sector financiero se involucre y tenga más disciplina. Ya saben que tienen la
obligación de controlar actividades sospechosas y cómo reportarlas”, dijo el
director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado.
La magnitud de los problemas ha llevado a los
gobiernos Nacionales a intervenir. El año pasado, el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos dio un ultimátum a la Policía para acabar con los expendios
de droga en 24 ciudades del país. Según el mandatario, el Gobierno y la Policía
entendieron la necesidad de ir detrás de las fábricas del crimen, denominadas
‘ollas’. Recientemente se reportó que habían sido desmanteladas 17, en
distintas ciudades del país.
En Argentina, la presidente Cristina Kirchner,
visitó el sector de Buenos más golpeado por las drogas. Anunció que trasladaría
allí la Secretaría de Cultura. Al final, el plan quedó reducido a una visita
semanal del secretario de Cultura a la zona.
TESTIMONIOS
SAN JOSE, COSTA RICA
Recreación y arte hacen
frente a las drogas
Rafael Valverde tiene 52 años y es miembro de la
Asociación de Desarrollo Integral de Pavas, que se ubica en el distrito más
poblado de la capital, San José. Cuenta
que él y sus hijos han sido víctimas de asaltos, que una vez denunció a las
autoridades y al día siguiente, los delincuentes llegaron a amenazarlo a la
casa: o se quedaba callado o su familia sufría las consecuencias.
Dice que eso es de todos los días en su
vecindad. Que la venta de drogas en el
barrio ha ido desmoronando la comunidad y hundiéndola en un hueco del que cada
vez es más difícil salir. En este sitio,
solo en este año se han presentado 185 denuncias por venta de narcóticos.
Los que caen primero son los jóvenes, pero las
víctimas de esta caída son todo el resto de la población de Pavas.
Sin embargo, Rafael tiene algo muy claro: “El joven
no es malo, se hace malo en la calle por falta de oportunidades”. Su convicción lo ha llevado a buscar
soluciones para la comunidad y, para él, la clave está en prevenir que nuevos
jóvenes se unan a la venta y consumo de drogas.
“Tengo un
grupo de teatro, uno de danza y otro de baile folclórico. Entonces, como no hay dinero en la
asociación, en la Feria del Agricultor, donde yo trabajo, pido una contribución
para pagar un coreógrafo que ensaye a los muchachos”, cuenta Valverde.
Así, crea espacios de recreación para los jóvenes
que también sirven para aconsejarlos y darles oportunidades.
En la actualidad, 40 muchachos son miembros activos
de los grupos y muchos otros ya han pasado por este espacio.
“Logramos que algunos regresaran a estudiar al
colegio y a otros les conseguimos trabajo”, cuenta Rafael. Además, a los que han caído en una adicción
se les contacta con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
para un programa de desintoxicación.
Rafael tiene claro que su programa no tiene la fuerza
suficiente para erradicar la droga de su comunidad, así como la inseguridad y
la violencia que esta genera. No obstante, ofrece una esperanza para reducir la
cantidad de jóvenes que empuñan un arma para asaltar y comprar sustancias.
“La situación en Pavas es muy grave, pero estamos
luchando de forma preventiva por medio del deporte, el estudio y la
recreación”, comentó.
QUITO, ECUADOR
‘Debajo
de las luces hay una mafia’
A unos 10 kilómetros del sitio donde
“carga” su dosis de droga, tiene miedo de que alguien la vea y la identifique.
Tiene 27 años, es secretaria en un consorcio de abogados y desde hace 9 años
consume marihuana. “Solo fumo hierba porque todo lo demás me produce un mal
viaje”.
La joven compra cada dos días su dosis
de marihuana, siempre lo hace luego de salir de su oficina ubicado a pocas
cuadras de La Mariscal, la zona rosa, ubicada en el centro norte de Quito. “Al
principio compraba en la calle, cuando salía a farrear o a tomar unos tragos.
Ahora voy donde un proveedor, le llamo desde un teléfono público y nos
encontramos en algún bar”.
Estas medidas de seguridad dice que las
tomó luego de la ocasión en que detuvieron a la persona que le vendió un
paquete de unos 10 gramos de ‘Cripy’ o marihuana aromatizada o mentolada.
“Creo que la Policía le tenía vigilado. Seguro que vieron”, dijo mientras nerviosa se retiraba el esmalte de sus uñas.
Ella contó que las plazas llenas de árboles, los centros culturales y cientos de cafés y bares que hay en La Mariscal le generan una falsa idea de seguridad.
“Yo sé que hay gente que mata por
desnudas o porque se metió con alguien equivocado. Sé que hay alguien que les
cobras 50 centavos diarios por dejarlos vender en una cuadra y que debajo de
todas las luces y la música hay una mafia peligrosa”.
A pesar de conocer el riesgo que
representa, ella aseguró que “eso no es nada” comparado con las situaciones que
se ven en San Roque, un barrio céntrico de Quito, que se ha convertido en el
principal punto de microtráfico.
“A San Roque no voy jamás. Primero porque ahí marihuana de la buena: ‘Cripy’, ‘Gol’ o la ‘Púrpura’ te venden solo al por mayor. La chola es la única que encuentras en la calle’.
La joven detalla que las variedades de la marihuana, a su criterio de mejor calidad, no son difíciles de encontrar y las venden ‘brujos’ que son de alto rango.
“Una vez caí por comprar la Gol, pero me robaron el celular y también me amenazaron con un cuchillo porque pensaron que era una soplona. Por suerte estaba con un novio que entonces conocía bien la zona y pudimos salir”.
A partir de allí no le importa pagar
hasta cinco veces más a su ‘dejarle’ de confianza de La Mariscal antes que ir a
San Roque.
CIUDAD DE MÉXICO
DF, un oasis
para el narcomenudista
En el DF viven cerca de 9 millones de
personas, y otros 12 millones de habitantes van y vienen del Estado de México.
Cada fin de semana un millón de jóvenes entre 17 y 25 años salen de fiesta a
las principales zonas de esparcimiento de la ciudad.
Según el Colectivo para una Política
Integral hacia las Drogas, por lo menos un 10% de ésos jóvenes compran drogas
en las calles de la ciudad y las bandas de narcomenudistas lo saben y por eso
se los pelean.
Este Colectivo tiene una estimación
basada en la Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en el DF y en una encuesta
propia sobre el mercado de drogas en la ciudad y estiman que el volumen de
negocio de la capital es de unos 100 millones de dólares anuales.
Carlos Zamudio investigador del
Colectivo asegura que según datos de una encuesta realizada por ellos, los usuarios
gastan en promedio unos 280 pesos semanales en drogas por lo que multiplicado
por el número de usuarios arroja la cifra de 100 millones de dólares anuales
tomando en cuenta que el valor de un gramo de cocaína en el DF estaría entre
los 120 y los 500 pesos, según la pureza de la coca.
No es gratuito que la disputa del
territorio se haya dado en la Condesa y Zona Rosa, pues
de 3 tres mil 600 establecimientos que
existen en la Ciudad de México, mil 100 se ubican en la delegación Cuauhtémoc,
la mayoría en la Condesa, Roma y Zona Rosa.
Según datos de la Encuesta de Usuarios
de Drogas Ilícitas EUDI, 33% de los
usuarios de drogas ilícitas compra en puntos de venta fijos o tienditas, 17%
compra en puntos de venta efímeros y otro 29% compra en varios tipos de punto
de venta; por fuera de una relación puramente comercial, 11.1% obtiene las
drogas ilícitas con amigos y sólo 0.2% la cultiva.
En otros números, 88.7% de los usuarios
de drogas ilícitas se relaciona con el mercado a partir de al menos uno de los
mecanismos de compra-venta existentes; mientras que 29.1% de los usuarios lo
hace a partir de varios de ellos.
Más información:
El Comercio de Ecuador:
http://www.elcomercio.com/seguridad/microtrafico-Latinoamerica-drogas-marihuana-Latinoamerica_0_1039696048.html.
El Nacional de Venezuela:
http://www.el-nacional.com/gda/Microtrafico-tragedia-urbana-nivel-continental_0_309569326.html
