Encabezado

diciembre 24, 2017

Encuesta GDA 2017: Sin brújula en un mundo incierto - Análisis


Por Michael Shifter
Presidente – Diálogo Interamericano. Washington, DC

Una supuesta maldición china dice “ojalá vivas tiempos interesantes”. A juzgar por los cambios que refleja la encuesta 2017 del Grupo de Diarios de América (GDA), la maldición se está cumpliendo.  

Por segundo año consecutivo, Donald Trump está al tope de las noticias y personajes relevantes en la encuesta GDA. Un año después de su llegada a la Casa Blanca, Estados Unidos atraviesa un período de polarización social, creciente desigualdad y deterioro institucional como pocos en su historia. Trump, hay que aclararlo, es tanto causa como consecuencia de esta situación, que viene gestándose desde hace tiempo. El país vive pendiente de los infantiles tweets matutinos de su presidente, y de la investigación del fiscal especial Mueller sobre el rol de Rusia en la llegada de Trump al poder. Una combinación entre lo grotesco y sospechas de corrupción digna del tan denostado “tercer mundo”.

Pero, además, Trump parece decidido a que EEUU abandone el liderazgo global que asumió tras la segunda guerra mundial. El amateurismo de su política exterior, su rechazo a las normas internacionales más elementales y los insultos gratuitos a países aliados así lo prueban. Dos de las noticias destacadas por la encuesta GDA 2017 evidencian este lamentable estado de cosas: El manejo que ha hecho Trump de la crisis nuclear con Corea del Norte, con una retórica digna de los reality shows que hicieron famoso al presidente, y la retirada de EEUU del Acuerdo de Paris sobre cambio climático.

¿Cómo seguirá esta historia? Como señala la encuesta GDA, las elecciones legislativas de 2018 serán cruciales. Si Trump sigue teniendo el respaldo de las bases Republicanas, y los Demócratas continúan sin liderazgo ni ideas para enfrentarlo, la actual situación podría prolongarse.

Sin embargo, a pesar de las disrupciones que trajo Trump, la encuesta GDA 2017 nos muestra que el mundo siguió girando. El Estado Islámico (ISIS) es una sombra de lo que fue, aunque está siendo reemplazado por otros grupos violentos. La economía mundial crece a tasas aceptables. China y su presidente Xi Jinping parecen más que dispuestos a subir su perfil internacional para ocupar parte del espacio que deja vacante EEUU en el mundo. Y el proyecto europeo, amenazado por los nacionalismos y el Brexit, ganó un poco de oxígeno tras la contundente victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales francesas. Lamentablemente, también continúan las violaciones a los derechos humanos, como lo muestra la desesperante situación de los migrantes en el mediterráneo y América Latina, y la limpieza étnica contra el pueblo rohingya en Myanmar.

En América Latina, la encuesta GDA 2017 resalta dos de los temas más importantes en la agenda: los escándalos de corrupción y el desastre venezolano. El malestar ciudadano por la corrupción se extendió por la región de forma imparable, poniendo contra las cuerdas a políticos y mandatarios de todas las extracciones políticas. El epicentro de este terremoto político fue Brasil, donde el juez Sergio Moro (personaje latinoamericano más influyente) lidera la investigación del caso Lava Jato que tiene en vilo a la clase política. 

¿Será este un antes y un después en la región, o una crisis pasajera para las elites políticas y económicas? La respuesta quedará más clara tras las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil, Colombia y México. Hasta ahora, el resultado en estos tres casos es totalmente incierto, con un gran número de candidatos, muchos independientes por fuera de los partidos tradicionales, y mucha volatilidad. El apoyo a la democracia parece flaquear en la región, dejando amplio espacio a los populismos de izquierda y derecha. En el país más grande de América Latina, Brasil, los dos principales candidatos parecen ser el ex presidente Lula –ya condenado por el juez Moro por corrupción—y el populista de ultraderecha Jair Bolsonaro. Pocas razones para el optimismo.

Donde hay todavía menos esperanza es en Venezuela. Una vez más, la oposición subestimó al gobierno y malgastó un momento de fortaleza debido a sus divisiones internas. Con la dictadura consolidada mediante la creación de una vergonzosa “asamblea constituyente” copada por el chavismo, Nicolás Maduro refuerza su régimen en alianza con las fuerzas armadas, mientras sigue empujando al país a un precipicio económico, social y político que parece no tener fondo.

La Argentina de Mauricio Macri parece ser una de las pocas buenas noticias en la región. Reforzado en las elecciones de medio término, el mandatario argentino buscará seguir con su agenda de reformas, aunque deberá enfrentar varios desafíos económicos y políticos para lograrlo. La organización de la cumbre del G20 en Buenos Aires a fines de 2018 será una ventana inmejorable para mostrar esa “nueva” Argentina al mundo.

Las transformaciones tecnológicas, geopolíticas y económicas que vivimos actualmente derrumban viejos paradigmas y nos obligan a replantear cómo analizar la realidad. Como siempre, la encuesta GDA es un insumo fundamental para entender la magnitud de los cambios y su impacto en nuestro futuro.  

septiembre 17, 2017

Especial GDA: Situación de las cárceles en Latinoamérica recrudece la crisis de seguridad regional

Lejos de detener la delincuencia, las prisiones de la región se han convertido en escuelas del crimen. Este especial realizado por los 11 diarios GDA muestra un panorama de los centros penitenciarios y pone en evidencia los principales problemas.


Amanda Marton Ramaciotti
El Mercurio/Chile
Con información del Grupo de Diarios América (GDA*)

Uno de cada tres delincuentes de Latinoamérica reincide, la mayoría por crímenes más graves del que los condujo a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más emblemáticas de los países de la región se han vuelto verdaderas escuelas de crimen. Escuelas en las que se desarrolla una sociedad paralela, sin control del Estado, y que son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive en varios rincones de América Latina.
En Brasil, por ejemplo, los grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles y desde allí coordinaron y expandieron sus operaciones, llegando a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y Paraguay.
Sus líderes Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para llevar a cabo sus planes. Y cuando sus fuerzas y aliados se enfrentan, el saldo de las riñas es monumental, obligando al gobierno federal a intervenir con tropas. Como las que dejaron unos 140 prisioneros muertos —varios de ellos mutilados— a inicios del año.
Las múltiples fugas de las cárceles del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo Guzmán”, solo contribuyeron a alimentar su leyenda, ya que túneles, engaños y sobornos horadaron las restricciones más severas. Entre exponerse a otra huida, el gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a Estados Unidos.
Sin embargo, para altos mandos de organizaciones criminales, a veces es hasta mejor estar tras las rejas que en las calles. Es más seguro para ellos por ahí reciben protección frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 en El Salvador.
Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras los miembros más jóvenes de las pandillas pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos pueden aprovechar su condena para pensar e implementar estrategias.
También hay prisiones donde las bandas carcelarias se vuelto verdaderas instituciones, con reglas y su propia versión de la historia. En Puerto Rico, hay por lo menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Este último tiene casi cuarenta años. Sus reglas incluyen no robar, no ver al compañero como objeto sexual y no humillar a los nuevos internos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos en la tradición de la organización a lo largo de los años por “maestros”.

Crimen, castigo y reinserción
La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana como muestra la encuesta Latinobarómetro de MORI, parta fundamental de las cuentas públicas de los gobiernos y un atractivo tema de campaña para los candidatos, desde río Grande a Tierra del Fuego.
Es que Latinoamérica vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la región tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia.
Y la justicia no ha logrado atacar ese problema. El 90% de los asesinatos no son resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer alternativas para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.
Los gobiernos latinoamericanos han implementado una serie de políticas de mano dura para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según un comparativo de estadísticas realizado por el Grupo de Diarios América (GDA), las primeras causas que llevaron a las personas a la cárcel en la mayoría de los 11 países evaluados están el robo o intento de robo y alguna infracción a la ley de drogas. Los otros motivos que se destacan son: extorsión (en El Salvador), homicidio (en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y violación sexual (en Perú).
             Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, con sede en Argentina, el problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Latinoamérica es que detienen a un delincuente que rápidamente es reemplazado por otro. “El resultado es que se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito”, comenta.
 Además, ese doble esfuerzo por capturar y enjuiciar como opción preferida para enfrentar el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejoría de las condiciones penales, aseguran expertos. A excepción de Puerto Rico, todos los países de Latinoamérica tienen una tasa de hacinamiento superior al 100%. En el caso de Venezuela, la cantidad de reclusos es más de cuatro veces superior al número de plazas de todo el sistema carcelario.  
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos niveles de aglomeración generan una “masacre silenciosa” y agravan los problemas, como enfermedades o exposición de delincuentes menores a nuevos grados de crímenes.
El hacinamiento dificulta separar los presos según la gravedad de sus crímenes y, cuanta más gente está encarcelada, más difícil se hace para los agentes de seguridad la mantención del control y del orden. Tras el incendio de una cárcel en Chile en 2010, donde murieron más de 80 reclusos, se dio cuenta que en los mismos pabellones convivían personas que fueron detenidas por vender películas piratas en la calle con asesinos.
La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva en Latinoamérica. El procesamiento de los casos puede tardar años y las cárceles se van llenando poco a poco de personas que no han sido condenadas. En promedio, 33,4% de los reclusos de la región están en prisión preventiva.
Gustavo Fondevila, académico del Centro de Investigación y Docencia de México y quien se ha dedicado a estudiar en la última década las cárceles latinoamericanas, asegura que se ha dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser un instrumento de disuasión para aquellos que consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social. El experto afirma que el abandono de esos objetivos debe encender las alarmas: las cárceles de Latinoamérica no pueden tener como única finalidad castigar a quien cometió algún crimen.  
“Del fondo de mi corazón, si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir”, dijo una vez ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.


Proyectos de reinserción
  
Argentina: Eduardo “Coco” Oderigo, abogado penalista y ex jugador de rugby resolvió crear y ser el entrenador del equipo Los Espartanos, formado por reclusos de la Unidad 48 de la cárcel de máxima seguridad de San Martín (Buenos Aires). Desde entonces todos los martes a las 09:30 los reclusos entrenan en la cancha del penal. A través de la incorporación de los valores del deporte, el programa, que está comenzando a replicarse en otros penales del país, logró bajar notablemente la reincidencia y también los niveles de violencia en la cárcel. En 2015, la historia del equipo se convirtió en el documental “Los Espartanos: la libertad tras las rejas”.

Chile: “Mi profe de literatura es muy chistoso (…). Me dice que soy vivita, porque tomo los libros y leo los finales antes de que nos dé las tareas”, escribió la reclusa Ana Bascur, del Centro Penitenciario Femenino Mayor Marisol Estay Olivares, en el libro “Tus cárceles, nuestros relatos” (un compilado de historias realizadas por internos en talleres de lectoescritura adentro de las prisiones).
La lectoescritura se ha convertido en una de las actividades de rehabilitación en el país. Un convenio entre Gendarmería y la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam) ha inaugurado un total de 33 bibliotecas y centros de fomento lector al interior de las unidades penales, que ha incluido un plan de alfabetización digital. Solo el año pasado, se llevaron a cabo 10.996 préstamos de libros.

Colombia: En el departamento de Meta existe la colonia agrícola de Acacías, donde los internos trabajan en actividades agrícolas como parte de su reinserción. El pasado mes de julio, conciente del éxito del programa, el Ministerio de Justicia firmó un convenio para la construcción de una nueva colonia agrícola en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia.

El Salvador: Desde diciembre de 2014, el país ha implementado el programa modelo “Yo Cambio”, que posee seis componentes: Educación, Religión, Deporte, Salud, Trabajo Penitenciario, Arte y Cultura. Dentro de ellos se entregan herramientas a los presos para que se preparen para la vida en libertad. Los que participan, que en la actualidad son un 80% de la población penal, también obtienen beneficios para acortar su pena y ganar dinero con los oficios que aprenden.

Puerto Rico: Los reclusos que hayan sido condenados por delitos no violentos vinculados al uso y abuso de alcohol y sustancias controladas pueden acceder a la iniciativa Drug Court, que condiciona el cumplimiento de la sentencia a que participen y finalicen los tratamientos que ameritan. Y, cuando terminan la sentencia impuesta, su historial criminal queda limpio. De igual forma, los centros Tratamiento Residencial de Arecibo y el hogar Intermedio para Mujeres de San Juan ofrecen tratamientos contra la adicción con una modalidad multidisciplinaria.

Venezuela: El Programa Académico Penitenciario busca transformar la vida de los reclusos a través de la música, con la creación de orquestas y coros.Implementado en ocho cárceles del país, la única condición para que un preso pueda participar es no tener antecedentes de agresión a funcionarios dentro del penal. La participación del interno en el programa puede ser tomada en cuenta para la redención de su pena. Además, los reclusos que participan en las clases de música tienen otros beneficios: consultas odontológicas, consultas ginecológicas (en los anexos femeninos) y un pequeño incentivo económico.


Entrevista a Steven Dudley, codirector de Insight Crime:

“Hay que ganar los espacios políticos y sociales dentro de las prisiones”

Según el experto, los grupos criminales se aprovechan de la “falta de necesidades básicas (en las cárceles) para acumular poder”.

Amanda Marton Ramaciotti
El Mercurio/Chile/GDA

Para Steven Dudley, los Estados han dejado vacíos de poder en las cárceles que fueron llenados por criminales. Cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crime y analista del Woodrow Wilson Center, Dudley asegura que hay que crear mejores condiciones de vida para los presos, y así evitar que se unan a organizaciones criminales dentro de las cárceles.
—¿Las cárceles en Latinoamérica podrían ser capaces de disminuir la crisis de seguridad?
“No de la manera que están, pues a la larga generan más inseguridad. Los presos entran en contacto con criminales más organizados y en instituciones cada vez más debilitadas. Un espacio que se convierte en una escuela de criminalidad, donde hay unos PhD (doctores) del crimen que son poderosos dentro y fuera de las cárceles.
El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia, entonces nadie presta atención a lo que está pasando dentro de las cárceles. Y fuera de ellas las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos, para poder tener una vida digna. Ni hablar de la corrupción que hay.
Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos y, en este caso, grupos criminales poderosos pueden utilizar esa falta de atención, esa falta de necesidades básicas para acumular poder. Eso es lo que posibilita que grupos más poderosos, como los de Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel. Eso se ve cada vez más en otros países: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado. Entonces quienes ‘gobiernan’ a los presos, son otros presos. Quienes son los que alimentan a los presos son los otros presos, quienes son los que dejan o no dejan el espacio para visitas son los otros presos, o que reciban o no reciban cosas desde afuera, son los otros presos. En ese mundo donde el Estado deja un vacío de poder que es llenado por los criminales, lo que se genera es más legitimidad para los criminales”. 
—Insight Crime ha investigado sobre las prisiones de gran parte de Latinoamérica. ¿Qué países de la región considera usted que viven las situaciones carcelarias más extremas?
“Donde hemos visto situaciones muy graves es en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también y se están poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose con soluciones políticas cortoplacistas de ‘mano dura’. Esa idea siempre surge porque es la manera que los políticos tienen de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo y cómo ganar esos espacios políticos y sociales dentro de las prisiones. Donde los mismos presos puedan trabajar, puedan expresarse, puedan tener cierta vida humana”.
—Finalmente, ¿qué opciones existen además de las cárceles para luchar contra la crisis de seguridad regional?

“Dejar de criminalizar algunos crímenes que ahora están considerados en los códigos penales. Por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias es un problema de salud, no debería ser un problema criminal en muchos casos. Hay que pensar en todos los programas de prevención, creando los mismos espacios sociales para los jóvenes, abriendo más espacios de entrenamiento para ciertos trabajos, espacios de educación, pensar en las penas alternativas y programas de rehabilitación. Pero también educar a la población a aceptar excarcelados. Si no, los programas de rehabilitación no servirán para nada”.

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Publicaciones en medios del GDA:

La Nación AR:
http://www.lanacion.com.ar/2077423-reflejo-de-la-crisis-de-la-seguridad-en-america-latina

El Mercurio CL:
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-09-17&PaginaId=4&SupplementId=0&BodyID=1

El Tiempo CO:
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/crisis-en-las-carceles-de-latinoamerica-141060

La Prensa Gráfica SV:
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Situacion-de-las-carceles-en-Latinoamerica-recrudece-la-crisis-de-seguridad-regional-20170923-0032.html

El Universal MX: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/carceles-en-latinoamerica-y-la-crisis-de-seguridad-regional

El Nuevo Día PR:
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/lascarcelesenlatinoamericaseconviertenenescuelasdelcrimen-2358286/

El País UY:
http://www.elpais.com.uy/mundo/carceles-latinoamerica-recrudecen-crisis-seguridad.html

El Nacional VE:
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/prisiones-como-escuela-del-crimen_206646

julio 02, 2017

Especial GDA: "África: la nueva ruta que usan los carteles para traficar droga a Europa"

Organizaciones narcocriminales de América latina envían cargamentos de cocaína y metanfetaminas a Guinea Bissau, Nigeria y Costa de Marfil. Preocupa a las autoridades la relación de estas mafias con el terrorismo.

Germán de los Santos/La Nación/Argentina
Con información del Grupo de Diarios América (GDA*)

El médico argentino Gabriel Zilli, especialista en tratamiento para atenuar el dolor en los enfermos de cáncer, estaba nervioso. Temblaba. A su lado, en su casa en el barrio de Arroyito de Rosario, una ciudad de 1.200.000 habitantes ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, Argentina, el portugués Fernando Martins Frutuoso y el colombiano Wilmar Yuriano Valencia Estrada, del cártel de los Urabeños, cocinaban en una olla grande arroz.

El oncólogo no estaba intranquilo por el almuerzo, sino porque era su debut como narcotraficante. Sus compañeros colombianos practicaban en su casa ubicada en ese apacible barrio repleto de árboles de plátano un sofisticado método para que la cocaína quedara adherida a cada grano de arroz.

Esta organización de narcotraficantes colombianos, argentinos, ecuatorianos y portugueses, liderada por los hermanos Erman y Williams Triana Peña tenía previsto enviar a Guinea Bissau, África, a través de la empresa Euro Export SRL un cargamento de 46 toneladas de arroz. La carga iba a llegar a ese pequeño país de 1,5 millones de personas a través del programa “Hambre Cero”, de la Organización de Naciones Unidas.

El cargamento fue descubierto por la Gendarmería argentina en el depósito fiscal Binder SRL, en el oeste de Rosario. La cocaína camuflada en granos de arroz había sorteado los controles de los escáner de la Aduana, aunque no logró engañar al Golden Retriever que olfateó la droga.

En la investigación que llevaron adelante el juez federal N°12 Sergio Torres y el jefe la Procuraduría de Narcotráfico (PROCUNAR), Diego Iglesias, se descubrió que esta organización trasnacional –en la causa 7.650/2014–, que tiene 72 imputados, creó 30 empresas en Argentina para “lavar” 5.337.000 dólares.

El ex secretario de Justicia argentino Guillermo Heisinger era uno de los principales miembros de esta organización para blanquear el dinero en compañías de distintos rubros: agropecuarias, financieras y servicios fúnebres, como un crematorio de cadáveres ubicado a 20 kilómetros de donde se cocina el arroz con cocaína.

África es una nueva ruta del narcotráfico desde América latina que empieza a preocupar. Los intermediarios en ese continente que se dedican a introducir la droga en Europa pertenecen a organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos, con nexos directos con el terrorismo y el tráfico de armas.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, señaló que este país es un mercado atractivo para los traficantes y que parte de la exportación local de cocaína "financia" a "grupos terroristas" en África.

Bullrich dijo a LA NACION/GDA que la cocaína se triangula por África para llegar a Europa. "Servicios de inteligencia de otras naciones nos confirmaron que se les paga «peaje» a grupos terroristas para hacer las operaciones", declaró.

Según un informe de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), por la ruta africana pasa un 30 por ciento del total de la cocaína que tiene como destino final a Europa.

África se transformó durante los últimos cinco años en un punto clave en el mapa del narcotráfico mundial. Y para las organizaciones criminales de América latina es una ruta alternativa cada vez más utilizada para llegar a Europa, donde los controles se incrementaron.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) activó las alarmas y pidió que se intensifiquen “los esfuerzos para erradicar el tráfico de drogas y la delincuencia organizada en África occidental, base central para el tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa”.


Los pioneros en incursionar en nuevas rutas
Los principales carteles de droga mexicanos fueron los primeros que incursionaron en la ruta africana. Los Zetas, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tejieron puentes con ese continente con la ayuda de la mafia italiana Ndarngueta desde hace más de siete años.

Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada de la Procuración mexicana, señaló que “desde 2010 el cartel de Sinaloa empezó a tener presencia en África”.

El cartel liderado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “Chapo”, quien fue extraditado a Estados Unidos en enero pasado, utiliza la ruta de Guinea Bissau para introducir la droga en Europa. En esa región operan tres facciones del cartel de Sinaloa, una de ellas liderada por Damaso López Serrano, alias “Minilic”.

Martín Barrón Cruz, experto del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de México, admitió que es complejo abordar estas nuevas rutas del narcotráfico porque “el gran problema es que no se conoce cómo manejan los controles los gobiernos africanos”.

En marzo de 2016, en Asaba, Nigeria, fue desarticulado un laboratorio que tenía capacidad para producir cuatro toneladas de metanfetaminas. Cuatro mexicanos habían montado esa fábrica, y se presume que ese estupefaciente sintético tenía como destino Asia, donde el kilo de esa droga puede llegar a pagarse 300.000 dólares.

Los carteles colombianos también tienen aceitados nexos con el continente africano. Las autoridades de ese país calculan que unas 130 toneladas de cocaína -la tercera parte de lo que se “exporta” desde Colombia- terminan en puertos africanos antes de ser diseminados por Europa. Esa droga sale generalmente por el puerto de Santos, Brasil.

Alianzas entre carteles
En Togo y Guinea Bissau hay varios colombianos que fueron capturados que llevaban cargamentos de droga en alianzas con redes venezolanas y brasileñas.

Las organizaciones brasileñas como la Familia del Norte (FDN) y el Primer Comando de la Capital (PCC) trabajan con reductos de las desmovilizadas Farc, con el poderoso Clan del Golfo y con la banda criminal los Caqueteños que opera en el sur de Colombia.

Según fuentes de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (DIJIN), Los Caqueteños controlan con la FDN el tráfico de droga por toda la frontera terrestre y fluvial entre Brasil, Perú y Colombia.

Agentes federales de Estados Unidos aseguraron que la droga que ingresa a Brasil termina en Europa, vía Surinam y África.

Varios de los cabecillas de las bandas brasileñas asesinados en las masacres de las cárceles en enero pasado se mataron por el control de esas rutas con los narcos colombianos.

En 2013, los colombianos Rafael Antonio Garavito García y Gustavo Pérez García, fueron capturados por formar parte de una red transnacional aliada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que llevaba cocaína hacia Guinea Bissau y traía armas para el grupo guerrillero, según informaron agentes de la DEA.

En el caso de Venezuela, las autoridades estadounidenses avanzan en varias acusaciones que probarían que funcionarios y militares de ese país facilitan el envío de cocaína colombiana rumbo a África y a Europa. La droga sale de la zona del Catatumbo, en el norte de ese país, cuyos cultivos se han duplicado en los últimos cuatro años.

Debido a la amplitud y porosidad de la frontera entre Colombia y Venezuela, se calcula que hay más de 25 pasos habilitados para mover cocaína rumbo a África y a Europa. Casi todas las rutas narco parten de del sur de Bolívar, Cesar, La Guajira, Arauca y Vichada. Los destinos son el estado de Apure, el Zulia, la península de Paraguaná, Caracas y la Isla de Margarita.

Mildred Camero, ex presidenta de la Organización Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, dijo que “Venezuela agrava su papel de principal corredor de sustancias ilícitas en Sudamérica hacia otros Estados del continente americano, Europa y África Occidental. Las incautaciones en el exterior han aumentado en menos de un año; y persiste el vacío de mecanismos de control”.

Puertos y logística narco
La noche del 2 de junio pasado, la Policía Antidrogas de Perú decomisó 474 kilos de cocaína que iban a ser embarcados en el puerto de Paita, departamento de Piura, con destino a Abidjan en Costa de Marfil.

La cocaína fue camuflada en conos de hilos almacenados en cajas de cartón. El cargamento había sido remitido por la empresa Coagromar S.A, con sede en el Cantón Huaquillas, ciudad ecuatoriana que es, a su vez, la principal entrada terrestre con Perú. Fueron detenidas siete personas: cinco peruanos y dos ecuatorianos. No es la primera vez que se menciona el puerto de Paita como un punto de exportación utilizado por narcotraficantes.

El fiscal antidrogas de Perú, Juan Mendoza, aseguró que las mafias africanas negocian la compra de cargamentos en Uruguay, Argentina y Brasil, debido a que Perú es sólo un país productor de cocaína.
Uno de las primeras incautaciones de un envío de droga hacia África que se tiene registro en Perú se produjo el 22 de mayo del 2009, cuando se secuestraron 600 kilos de cocaína en el distrito de Ventanilla, Callao.

En Brasil la puerta de salida hacia África es el puerto de Santos, de donde se “exporta” el 88 por ciento de la droga que logra salir de ese país, según calcularon las fuentes. El modus operandi detectado por la Policía Federal de Brasil es el llamado “rip-on rip-off”.

Los narcotraficantes, con la ayuda de cómplices, camuflan la cocaína en cargas lícitas dentro de contenedores. El procurador brasileño Carlos Bruno Ferreira Da Silva calculó que sólo se logra inspeccionar “entre el 5 y 10 por ciento de las cargas que salen de Brasil”.

Una de las rutas más dinámicas hacia África es la llamada Carretera 10, por donde sale cocaína de Brasil a países de África occidental, antes de ser redistribuida para Europa.

Otros puertos bajo la lupa son el de Montevideo, en Uruguay, y Buenos Aires y Rosario, en Argentina. Una fuente judicial uruguaya dijo al GDA que la Policía de ese país detectó este año que el grupo brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) traficó cocaína por el puerto de Montevideo rumbo a África y de ahí a Europa.

En Uruguay se descubrieron envíos de droga por correo a África. El 10 de abril pasado, la empresa FedEx denunció dos paquetes sospechosos en Montevideo. Se encontró cocaína impregnada en ropa y dentro de un taladro. El hombre que enviaba las encomiendas era un brasileño, que tenía cinco documentos falsos de ese país. Envió encomiendas con cocaína a Hong Kong, Cabo Verde y Sudáfrica; y a Madrid, según el Ministerio del Interior de Uruguay.

En Costa Rica también se utiliza el correo para traficar drogas a África. Las remesas casi siempre son pequeñas cantidades y viajan por correo o en valijas de viajeros que son nativos de países como Nigeria, Congo, Ghana y Sudáfrica.

La utilización de este largo camino para la droga es atribuida, por la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública, al alto precio que pagan por la cocaína en África.

Preocupación por el crecimiento de la producción de cocaína
Ante la preocupación por estas nuevas rutas y movimientos de los carteles, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol se reunieron con sus pares de la región por el tráfico de drogas hacia África. Tratan de hacer un trabajo coordinado para conocer el modus operandi de las organizaciones y luego atrapar a los traficantes.

Según Amado de Andrés, representante regional de la UNODC, en los últimos tres años creció la producción de cocaína en América latina. Calcula que el incremento alcanza las 200 toneladas.

El funcionario reconoció que el incremento de la producción de estupefacientes se debe a un factor clave: el proceso de paz en Colombia. De Andrés explicó al GDA en El Salvador, que el aumento de la producción de cocaína está vinculado con las operaciones de la FARC: “El proceso de paz en Colombia ha tenido buenos resultados, excepto por la reducción de las plantaciones de coca en regiones colombianas”.
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Publicaciones en diarios del GDA*

La Nación AR:

El Mercurio CL:

El Tiempo CO:

La Nación CR:

El Universal MX:

El Comercio PE:

El País UY:

El Nacional VE: 

abril 30, 2017

Especial GDA: Club de expresidentes en problemas

Martin Leon Espinoza
GDA/El Comercio/Perú

Expansión regional ● Ex mandatarios latinoamericanos han sido vinculados o son investigados por los sobornos de las constructoras de Lava Jato, especialmente los de Odebrecht ● También hay ex jefes de Estado cuestionados por otros casos.


Hay un antes y un después de Lava Jato en Latinoamérica. La gigantesca investigación por corrupción tiene como punto de origen Brasil, pero rápidamente se extendió a otras naciones de la región, sobre todo luego de que a fines del 2016 la constructora Odebrecht reconociera ante las autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos en los países donde operaba. Cuando se conoció la confesión, el Departamento de Justicia de EE.UU. calificó el caso como el soborno extranjero más grande de la historia.

Tan relevante es el caso que los fiscales y procuradores generales de 10 países latinoamericanos y de Portugal acordaron realizar indagaciones coordinadas por los actos de corrupción de las constructoras brasileñas implicadas. A raíz del escándalo, se investiga o procesa a funcionarios y ex funcionarios de diversos países, así como a aquellos que fueron parte del círculo más exclusivo del poder: los ex presidentes. Hay varios implicados en Lava Jato. Pero también hay un buen número de ex mandatarios cuestionados o investigados por otros casos. Sea por uno u otro asunto, ahora todos están asociados: ahora todos forman parte del club de ex presidentes en problemas (Exprepro).



Al ritmo de las delaciones

En Brasil, los cinco ex presidentes vivos tienen cuestionamientos por Lava Jato (además de investigaciones por otros temas).

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien dejó la presidencia con 87% de aceptación, es figura central de Lava Jato. El líder del Partido de los Trabajadores enfrenta cinco procesos derivados del caso por delitos como corrupción o lavado de activos. El más avanzado es uno en el que es acusado de haber recibido sobornos de la constructora OAS. En esa indagación, el procurador a cargo sostiene que Lula sería el jefe de la organización del Caso Petrobras, una consecuencia de la operación Lava Jato.

Además, en sus delaciones premiadas ante la justicia brasileña, ex ejecutivos de Odebrecht confirmaron que su planilla con el nombre ‘Amigo’ contabilizaba las coimas dirigidas a él. El ex presidente de la constructora Marcelo Odebrecht, por ejemplo, confesó que entregó a Lula poco más de US$4 millones entre el 2012 y el 2013, y que en el 2010 abrió una cuenta con US$13 millones para sus gastos personales.

Lava Jato también ha puesto contra las cuerdas a su heredera Dilma Rousseff (2011-2016). El Ministerio Público de Brasil investiga a la única mujer que ejerció la presidencia en el país por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar favorecer a Marcelo Odebrecht, así como por nombrar ministro a Lula, poco antes de que fuese destituida. Días atrás, la constructora reveló que entregó millonarias sumas para las campañas de Rousseff del 2010 y 2014.

José Sarney (1985-1990) también fue acusado de recibir sobornos. En el 2015, un ex funcionario brasileño aseguró que líderes del PMDB, el partido al que pertenece, recibieron sobornos. Entre ellos, estaba el ex mandatario. En las revelaciones de Odebrecht, Sarney aparece como beneficiario de coimas por la construcción de un ferrocarril.

Además, al igual que Rousseff, Sarney es investigado por una supuesta obstrucción de la justicia al intentar usar su influencia política para proteger a un aliado.

En cuanto a Fernando Collor de Mello (1990-1992), ya fue denunciado por la procuraduría brasileña. El político, sometido a un proceso de impeachment en 1992, es acusado de haber recibido poco más de US$8 millones en efectivo y por depósitos por haber influido en contratos firmados por una subsidiaria de Petrobras. Ricardo Pessoa, quien presidió la constructora UTC, implicada en Lava Jato, dio detalles de los pagos.

Dos ex ejecutivos de Odebrecht también acusaron al ex presidente de recibir poco más de US$250.000 para su campaña al Senado del 2010.

La constructora además señaló que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) recibió dinero para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998. Aparte es investigado por supuestamente haber usado una empresa como intermediaria para entregar dinero a una ex pareja.


Investigados y condenados

En el Perú, hay tres ex presidentes vinculados a Lava Jato: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Toledo (2001-2006) es el que tiene la situación más complicada. Si bien llegó a la presidencia como abanderado de la lucha contra la corrupción, actualmente es acusado de haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur, la vía que une al Perú con Brasil. Como parte de la indagación del tema, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Hace unos días, el PJ volvió a dictar la misma medida, pero por un proceso relacionado a la compra de inmuebles. No cumple ambos mandatos judiciales porque está prófugo en Estados Unidos.

Alan García, el sucesor de Toledo en la presidencia, es investigado por la fiscalía por las coimas de Odebrecht, aunque de forma preliminar. La indagación es por los sobornos de la constructora para ganar la concesión de la línea 1 del metro de Lima, caso por el que ex funcionarios de su segundo gobierno (el primero fue de 1985 a 1990) están encarcelados.

Ollanta Humala (2011-2016) es otro ex mandatario en una situación complicada. En su delación, Marcelo Odebrecht reveló que su compañía entregó US$3 millones para la última campaña presidencial de Humala. Justamente, la fiscalía investiga al líder del Partido Nacionalista por los aportes que recibió en las campañas electorales del 2006 y 2011.

Hay otros dos ex mandatarios peruanos que no están relacionados a Lava Jato, pero que han sido sentenciados por la justicia. Uno es Alberto Fujimori, condenado por varios delitos que cometió durante su mandato (1990-2000). Actualmente, cumple sus penas, la mayor de 25 años de cárcel. El otro es el ex presidente de facto Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Este último fue sentenciado, pero en Italia. A fines de enero, un tribunal italiano lo condenó a cadena perpetua por su implicación en el Plan Cóndor, aunque sigue en libertad en Perú.

En diferentes momentos, los ex presidentes brasileños y peruanos mencionados han rechazado o negado las acusaciones en su contra.


Más procesos y procesados

En Argentina y El Salvador, también hay ex presidentes en problemas, aunque no por Lava Jato.

Desde el retorno a la democracia en 1983, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) es, con 22 causas penales, la ex mandataria argentina con la mayor cantidad de investigaciones, seguida por Carlos Menem (1989-1999). Los datos oficiales no le hacen justicia a Menem, quien además tiene dos condenas de 4 y 7 años de prisión, que todavía no son firmes. Fernández, en cambio, no tiene condenas, pero sus bienes están congelados y no puede salir del país sin una orden judicial. Ni siquiera puede cobrar su pensión de ex presidenta.

En El Salvador, hay dos ex presidentes cuestionados. Antonio Saca (2004-2009) ha sido acusado de dirigir una red de lavado de dinero durante su mandato que habría blanqueado al menos US$246 millones. También es acusado de enriquecerse ilícitamente por casi US$4 millones. Actualmente, está detenido.

A su sucesor Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, el partido de la otrora guerrilla de El Salvador, se le abrió un juicio por enriquecimiento ilícito. En un examen del patrimonio de Funes y su familia nuclear, se encontró un desbalance de US$728.329. A diferencia de Saca, Funes está asilado en Nicaragua.

En México y Colombia, hay ex presidentes que fueron acusados, aunque salieron bien librados.

Luis Echeverría (1970-1976), el único ex mandatario de la historia moderna mexicana que enfrentó los tribunales, fue acusado de genocidio relacionado a dos acontecimientos históricos: la matanza de Tlatelolco y el ataque armado a estudiantes conocido como ‘El Halconazo’. Se libró de la última acusación, pero no de la primera. En el 2006, cuando tenía 84 años, fue detenido por Tlatelolco. Por su edad, le dieron prisión domiciliaria, pero en el 2009 un tribunal lo exoneró por falta de pruebas. Ahora, con 95 años, vive en la casa donde estuvo encerrado.

El colombiano Ernesto Samper fue denunciado por un presunto financiamiento de su campaña de 1994 por el cártel de Cali. La Cámara de Representantes de su país votó a favor de la preclusión del caso, al considerar que no había pruebas directas de que Samper, como candidato, supiera del ingreso de US$5 millones del narcotráfico. Sin embargo, el caso produjo investigaciones y condenas a 25 congresistas, un contralor y un procurador general colombiano.


¿Futuros asociados?

Los ex presidentes latinoamericanos no son los únicos en problemas. Quienes están ejerciendo el poder también han pasado –o pasan– por situaciones complicadas.

Uno de ellos es el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Los señalamientos se dieron a raíz de un reportaje, emitido en el 2014, que indicaba que su esposa, Angélica Rivera, tenía una lujosa propiedad –llamada la ‘casa blanca’– en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El informe periodístico mencionaba un conflicto de intereses, pues el acuerdo por la residencia se hizo con el Grupo Higa, que había tenido contratos con el gobierno federal.

Ante las acusaciones, en febrero del 2015 Peña Nieto solicitó a la Secretaría de la Función Pública de su país investigar toda compra y venta de inmuebles relacionados con su esposa, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y él mismo, con el Grupo Higa. En la indagación se determinó que no hubo conflicto de intereses de los señalados y el expediente fue archivado.

Odebrecht también ha puesto en aprietos al presidente colombiano, Juan Manuel Santos. En unos días, deberá dar una versión libre ante el Consejo Nacional Electoral de su país por la presunta financiación de Odebrecht en sus campañas presidenciales.

Según se ha informado, la constructora entregó US$400 mil para pagar dos millones de afiches para la campaña del 2010 de Santos, la primera en la que participó. También hubo un señalamiento sobre la presunta entrega de Odebrecht de US$1 millón para su campaña del 2014.

Sobre el caso del 2010, Santos aseguró que no tenía conocimiento de estas y exigió una investigación. “Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen”, dijo el mandatario.


Las denuncias contra Nicolás Maduro

A Nicolás Maduro lo persiguen acusaciones desde distintos frentes.

Gobiernos y organizaciones civiles y regionales como la OEA han denunciado violaciones de los derechos humanos de su régimen, sobre todo durante las protestas contra su gobierno. Provea, por ejemplo, denunció decenas de casos de torturas y centenares de detenciones durante las protestas del 2014. Eso sin contar los más de 100 presos políticos en sus cuatro años de mandato.


Además, el año pasado dos sobrinos del mandatario venezolano fueron declarados culpables de narcotráfico en Estados Unidos. En un audio, uno de ellos reconoció que el chavismo controla el narcotráfico en el país.