Cleide
Carvalho
O
Globo/Brasil/GDA
SÃO PAULO – Responsable por la primera condena de un ex Presidente
de Brasil por corrupción y por el encarcelamiento de políticos y empresarios
poderosos en la Operación Lava-Jato, el juez federal Sérgio Moro está resentido
con la inacción del Ejecutivo y del Legislativo en el combate a la corrupción. Nombra
algunos ejemplos de medidas que pueden estorbar en el combate al pago de sobornos
y al desvío de dinero público. Son situaciones como la falta de castigo más riguroso
para quien los delitos de financiamiento irregular de campaña, la llamada “caja
2”, que él define como una “trampa electoral”, la existencia de un fuero
privilegiado, que para él debería acabarse, y la discusión que puede cambiar el
cumplimiento de condena tras la decisión de segunda instancia —el Supremo
Tribunal Federal (STF) debe discutir si vuelve revisar las consideraciones en
los próximos meses.
Frente a un escenario que puede llevar a la impunidad, él
sentencia: “La corrupción, evidentemente, no va a acabar”.
Elegido Personaje Latinoamericano de 2017 por los directores y
editores de los 11 diarios del Grupo de Diarios América (DA), el juez Moro
contestó las preguntas formuladas por periodistas de todos los periódicos. A lo
largo de esta entrevista exclusiva, él dice que la corrupción se globalizó,
pero que otros países que recibieron pruebas de corrupción de la constructora
Odebrecht tienen la oportunidad de profundizar las investigaciones y descubrir
nuevos casos. Su razonamiento es que, si Odebrecht adoptó un modelo de pago de
ventajas indebidas en sus negocios en el extranjero, es bien probable que
multinacionales de otros países y empresas locales hayan hecho lo mismo.
En
la opinión del juez, la población ya no tolera ciertos comportamientos, como la
corrupción, y está más vigilante ante conductas ilegales. “El precio de la
integridad es la eterna vigilancia” de los gobernados, declara Moro.
— ¿La Operación Lava-Jato
logró reducir la corrupción en Brasil o solo la hizo más visible?
“Es muy difícil dimensionar la corrupción. No se sabe cuántos
casos reales existen, y lo que se tiene, normalmente, son medidas de percepción
de la corrupción. En los índices de Transparencia Internacional, Brasil no se
encuentra en una posición muy buena. Lo que los casos judiciales revelan es que
la percepción que teníamos, de que la corrupción era muy grande en Brasil es,
de hecho, real. Son hechos graves y grandes. La corrupción evidentemente no se va
a acabar, pero si la impunidad estimula la corrupción, la disminución de la
impunidad debe acarrear igualmente la disminución de la corrupción. Pero sería
oportuno que hubiera reformas más generales por parte del gobierno, por parte
del Legislativo, contra los incentivos y las oportunidades de corrupción. Y eso
es algo que está casi totalmente inerte”.
—2018 será el cuarto año
consecutivo de investigaciones y de repercusiones en otros países. ¿Nuevos
casos de corrupción tendrán la capacidad para escandalizar a los brasileños o es
que la sociedad ya lo ve como “la regla del juego”?
“Ese es un efecto colateral negativo, de la revelación de todos
esos casos se vaya a una cierta insensibilidad de la sociedad brasileña. Pero
casos más recientes, ampliamente divulgados aún después de todo lo que ocurrió en
la Lava-Jato, provocaron un gran sentimiento de rechazo en la población. Por
ejemplo, el político relacionado al departamento donde había 51 millones de
reales. Me pareció que el rechazo, casi tres años después del inicio de la
Lava-Jato, revela que el repudio sigue siendo grande”.
—Las investigaciones
mostraron que los principales partidos y muchos políticos se involucraron en
algún tipo de irregularidad, ya sea el uso de la caja 2 o corrupción. ¿Se puede
separar “la paja del trigo”?
“Tanto la caja 2, que sería una donación electoral irregular no
contabilizada, como la corrupción, son delitos. Ambos tienen que tener una
respuesta institucional. Lo que es correcto es correcto, lo que es errado es
errado, y las personas que se involucraron sabían que era ilegal y deben sufrir
las consecuencias. Evidentemente la corrupción es un delito más grave que la
mera caja 2, pues la corrupción involucra una contrapartida del agente
público”.
— ¿La caja 2 se quedará
solamente en el ámbito de la Justicia Electoral?
“Es un delito mal regulado en la Legislación brasileña, está
previsto en el artículo 350 de la Ley Electoral y es tratado como si fuese un
fraude de documentos. En el fondo, este significa una trampa en las elecciones
y debería ser castigado más rigurosamente. Es un punto en el que, se puede
decir, nuestros legisladores están
en falta”.
— ¿Cómo Brasil puede superar ese
escenario, en el que la corrupción se esparció por casi todo el gobierno?
“Es importante que los procesos judiciales funcionen y sean efectivos, que no
tengamos impunidad. Pero, más que eso, precisábamos de un discurso firme por
parte de nuestros líderes políticos contra la corrupción, que fuesen
acompañados de acciones consistentes con ese discurso. Eso involucra no solo un
cambio en la legislación procesal y penal, sino que también para disminuir
incentivos y oportunidades de corrupción. También que el gobierno dé el ejemplo
con un comportamiento honesto. Porque, cuando no existe eso, se termina desincentivando
a las personas comunes, a la sociedad en general, a comportarse de forma
honesta”.
—El Supremo Tribunal
Federal ha sido escenario de divergencias y polémicas en relación a los
investigados con fuero privilegiado. ¿Usted esperaba más de las investigaciones
en el Supremo?
“Por mejor que sean las buenas intenciones de los jueces,
magistrados y ministros involucrados, esos procesos son complejos y avanzan mejor
ante los jueces comunes. La primera instancia tiene mejores condiciones de
trabajar en esos procesos que en los tribunales superiores, normalmente
sobrecargados de los casos más diversos. Una lección que se tiene que extraer
de eso: si el fuero privilegiado funciona, en la práctica, como blindaje de
agentes públicos, este debería ser simplemente eliminado o reducido significativamente”.
— ¿Cómo evalúa el avance de
las denuncias?
“Si pensamos en un precedente importante, que fue la acción penal
470, el Mensalão, en que pese a todos los méritos del STF, el caso llevó años
desde la recepción de la denuncia hasta el juicio, sería mejor si hubiese
llevado menos tiempo. En los nuevos casos, lo que se tiene es el padrón del
Supremo. El ministro (Edson) Fachin ha hecho un buen trabajo, tomado decisiones
firmes, rápidas, pero el ritmo de los tribunales superiores es más lento que el
de las instancias ordinarias”.
—Una decisión suya —la condena del ex
Presidente Lula— puede dejar fuera de las elecciones un presidenciable
importante, que lidera las encuestas. ¿Cómo usted se siente frente a la posibilidad de haber influido directamente
la disputa de 2018?
“El papel del juez es cumplir la ley. El juez cumple la ley y
juzga los procesos según las leyes. Las consecuencias fuera del proceso no son
responsabilidad del juez. Si eventualmente esa situación ocurre, no fue porque
el juez así lo decidió. Alguien cometió un delito, la ley prevé
inhabilitaciones, y eso puede ocurrir”.
— ¿Usted ve un riesgo de
retroceso en la legislación anticorrupción?
“Lo que me preocupa en lo inmediato, en ese esfuerzo
anticorrupción, es que hubo una decisión muy importante del Supremo Tribunal
Federal, que previó que a partir de una condena en segunda instancia se puede
ejecutar la condena. Veo con preocupación alguna señal de que el Supremo podría
revisar ese precedente. Yo entiendo que ese precedente, con todo el respeto a
quien piensa lo contrario, debería ser considerado un punto de no retorno.
Sería un tremendo retroceso. Y de cierta manera esto ilustra una cierta zona de
incertidumbre. Brasil, ¿va a avanzar, buscaremos construir un ambiente de mayor
integridad en la gestión de lo público, o estamos aquí pensando en retroceder y
retomar la impunidad como regla, algo que teníamos hace no mucho tiempo? Sería
terrible que algo de esa especie ocurriera”.
— ¿El tema de la segunda
instancia es el más peligroso?
“No sirve de nada tener una mejor regulación de caja 2 como
delito, no sirve de nada cortar brechas en la legislación penal, si un proceso
no llega a su fin. Necesitamos tener un proceso que llegue a su fin en un
tiempo razonable. Y para eso fue fundamental esa decisión del Supremo. Lo que
teníamos en el pasado, salvo grandes excepciones, eran procesos que
involucraban delitos de corrupción y que nunca se terminaban”.
—Al juzgar el caso del
senador Aécio Neves, el STF dio al Legislativo la palabra final sobre la
suspensión del mandato parlamentario. ¿Cómo usted evalúa esa situación?
“Fue una decisión del Supremo, no me corresponde comentar y hacer
críticas. Lo que veo es solamente lo siguiente: aunque se entienda que el
parlamentario debe tener una protección adicional, me parece que la idea es
protegerlo contra eventuales persecuciones políticas. Tenemos casos en nuestro
pasado de parlamentarios destituidos por divergencias políticas. El criterio
que debería orientar al Congreso debería ser ese; jamás en un proceso que tiene
como objetivo un delito de corrupción. Según mi punto de vista, es un desvío de
poder del Congreso. Una cosa es proteger para que alguien haga uso pleno de su
libertad de opinión. Otra, es protegerlo de una investigación de corrupción”.
—El ex Presidente Lula, que
fue condenado a nueve años y medio de cárcel por usted, realizó críticas
contundentes a la investigación y dice que es víctima se persecución política.
¿Cuál es su respuesta a esa crítica?
“Yo ya dicté la sentencia, y todo lo que yo tenía que decir sobre
el caso está ahí. Las pruebas que consideré, los hechos. No me corresponde
hacer comentarios adicionales. Todo lo que yo tenía que decir está ahí, y la
sentencia es pública. Hoy está sometida a recurso de apelación. Los jueces del
TRF son personas absolutamente serias, y ellos pueden confirmar o reformar la
sentencia. Estoy absolutamente tranquilo sobre lo que decidí y ante lo que
ellos pueden decidir, ya sea confirmando o modificando la sentencia”.
—Petrobras fue víctima de
la repartición de cargos entre partidos políticos, y eso sigue siendo una
realidad. ¿Cómo cambiar este escenario?
“La repartición de cargos es uno de los principales males que
necesitan ser remediados en el país. Es el origen de los delitos en Petrobras y
es uno de los males que necesitarían tener reformas más incisivas de las
prácticas políticas y administrativas para impedir. La Ley de las Estatales,
aprobada en 2016, pese a que es loable, es insuficiente. No se pueden cambiar
cargos públicos por poder político o monetario. No se puede convertir las posiciones
públicas en mercancías”.
—Miembros de la Lava-Jato
ya dijeron que se estuvo a punto de encarcelar a Lula, varias veces. ¿Si él es
condenado en segunda instancia, esa posibilidad es real?
“Esa pregunta no me corresponde contestarla. Corresponde a la
segunda instancia”.
—La Lava-Jato mostró que la
Justicia, por sí sola, no es capaz de cambiar la realidad de Brasil. De alguna
forma, ¿eso lo anima a tener una actuación política a futuro?
“No. Lo que he dicho y reiterado —y creo que ese es mi papel,
debido a la visibilidad que los casos alcanzaron—es recordar la necesidad de
que, además de tener una Justicia que funcione, son necesarias reformas más
generales para disminuir incentivos y oportunidades de corrupción. También me
he manifestado en el sentido de que el sector privado también tiene
responsabilidades en estos esquemas criminales. Una actitud del mundo
empresarial más íntegra ya hace una gran diferencia”.
— ¿La Lava-Jato tuvo un efecto
más amplio en el sector privado o se restringió a las empresas implicadas en la
operación? ¿Tuvo ese carácter educativo?
“Quizás en algunos años más podamos tener una visión mejor. Lo que
es interesante es que vemos hoy casos judiciales relevantes de crímenes de
corrupción que se expandieron por Brasil: en Río, en Brasilia, en Mato Grosso
del Sur y en Río Grande del Norte, por ejemplo. En algunos de los países
vecinos, que también tenían tradición de impunidad, empezamos a ver que pasan cosas,
con encarcelamientos y procesos relevantes en Perú, Argentina, Colombia y
Ecuador. Es decir, hay un movimiento anticorrupción, y creo que eso tendrá un
impacto significativo en Brasil. Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y
globalizado. La corrupción extendida como estaba —o como tal vez aún lo esté—
es algo que impacta la eficiencia y la productividad de nuestra economía,
además de disminuir la calidad de la democracia. Hay dudas si las empresas
brasileñas van a conseguir competir si siguen sometidas a tasas e impuestos
escondidos de sobornos, de corrupción”.
— ¿Hasta dónde llega la
sombra de Odebrecht en América Latina?
“Así como la economía es globalizada, muchas veces la práctica corrupta
también se globaliza. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que si
Odebrecht pagó a agentes públicos o políticos de otros países, probablemente
otras empresas también pagaron. Y me refiero no solo a las brasileñas, sino a
las extranjeras y probablemente a las empresas de los respectivos países”.
— ¿Aún falta revelar algo
más del gran caso de corrupción descubierto hasta ahora en América Latina?
“Brasil ha adoptado una postura de cooperación jurídica
internacional. Cuando recebemos pedidos de cooperación e intercambio de
pruebas, la postural usual ha sido acceder a ese intercambio. Cuando las
pruebas provienen de personas que hicieron un acuerdo de cooperación (con la
justicia), hemos puesto condiciones para protegerlas de eventuales procesos en
el exterior, lo que me parece natural. Las pruebas pueden ser utilizadas, pero no
en contra de esas personas. Observada esa condición, no se ha escondido nada”.
— ¿En América Latina, no hay nada más
allá de lo que ya se sabe que deba ser investigado?
“Recientemente se decidió en Perú decretar prisión preventiva a
algunos empresarios locales que habrían trabajado asociados al grupo Odebrecht.
Si esos países que recibieron partes de las investigaciones las profundizan,
seguramente van a encontrar otros esquemas de soborno y corrupción no
necesariamente vinculados a Odebrecht”.
— ¿Cuál es el riesgo de que
el poder político cierre las investigaciones aún en desarrollo?
“El Judicial es un poder independiente, el Ministerio Público
tiene un alto grado de autonomía, y en las policías, pese a que acá en Brasil estén
vinculadas al Poder Ejecutivo, existe una cierta profesionalización. No es tan
simple una acción política que entierre las investigaciones. Y existe una
democracia que es cada vez más informada y más demandante. Yo creo que, a pesar
de estar bajo la sombra del retroceso, es muy difícil volver al statu quo anterior. Las personas ya no toleran
ciertos comportamientos por parte de sus gobernantes y quieren que las
instituciones den respuesta. Parafraseando ‘el precio de la libertad es la
eterna vigilancia’, yo diría que ‘el precio de la integridad es la eterna
vigilancia’ de parte de los gobernados. Riesgos existen, pero eso no significa
que la sociedad vaya a permitir retrocesos”.
— ¿Qué significaría para
Brasil un eventual retorno de Lula al poder?
“Yo no contestaría esa pregunta”.
— ¿Usted considera que el
trabajo del publicista João Santana en diferentes campañas en América Latina
puede poner en duda la legitimidad de esas elecciones?
“Sería necesario analizar cada caso. Pero uno de los elementos más
perturbadores de esas investigaciones fue la constatación de que arreglos de
corrupción en contratos públicos servían no solo para alimentar riquezas
ilícitas de agentes públicos o políticos, sino para financiamiento ilícito de
elecciones. Eso para mí es muy grave. Aquí en Brasil es gracioso, porque muchas
veces se argumenta una diferenciación entre enriquecimiento ilícito y el
financiamiento ilícito electoral, en el sentido de que el enriquecimiento
personal es más grave. Yo, en lo personal, pienso lo contrario. Las dos conductas
son graves, pero lo más grave es usar dinero de un crimen para cometer un
fraude en las elecciones. Cuando eso sea constatado, si es constatado,
realmente es muy grave ver comprometida la integridad de las elecciones por
ciertos arreglos de corrupción”.
— ¿Usted considera posible
que los países de la región puedan ser blindados contra estos tipos de casos,
como la Lava-Jato? ¿O dependeremos siempre de algún juez, fiscal o autoridad
dispuesta a arriesgarse para descubrir y castigar a los corruptos de alto
calibre?
“Es una ilusión creer que la corrupción dejará de existir, no va a
ocurrir. Y puede ser que estén ocurriendo casos graves. Lo importante es que
las instituciones den una respuesta. Participé en un evento en Boston, en
Estados Unidos, y tuve una información interesante de que tres ex presidentes
de Asambleas Legislativas de Massachusetts, que vemos como un estado bastante
desarrollado en EE.UU., habían sido condenados criminalmente por corrupción.
Tres sucesivos. Para mí fue hasta una sorpresa, pero el lado positivo es que
los casos fueron detectados y las personas, efectivamente, castigadas. No creo
que EE.UU. sufran los mismos niveles de corrupción de algunos países de América
Latina, pero ese es el lado importante: que las instituciones funcionen. Y no
es del día para la noche que se cambia eso. No es por esfuerzos voluntaristas
de algunos individuos, pura y simplemente, pese a que ellos también tengan una
función. Creo que si las instituciones hacen en serio su trabajo, si nuestros
representantes electos toman en serio las responsabilidades que resultan del
hecho de haber sido elegidos en un régimen democrático, hay condiciones para avanzar
mucho y tener niveles de corrupción mucho más bajos. No existe una enfermedad
latinoamericana asociada a la corrupción”.
— ¿Las pruebas presentadas
por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz en Brasil son determinantes para
comprobar/determinar la participación de venezolanos en la Operación Lava-Jato?
“Yo no podría contestar, en la condición de juez, a preguntas tan
específicas. En Venezuela, existe hoy una situación institucional muy delicada,
lo que ponen en duda hasta la posibilidad de compartir pruebas, si va a
resultar en procesos efectivos y conducimos de forma imparcial. Pero
lamentablemente es resultado de un cuadro institucional turbulento, sin
relación necesaria con los casos de corrupción”.
—La Lava-Jato reveló que la
red de sobornos de Odebrecht se extendió por casi toda Latinoamérica. En Chile,
no ha sido posible encontrar evidencias de delitos. En su evaluación, ¿qué
factores habrían impedido Odebrecht de actuar en Chile de la misma manera que
actuó en otros países de la región?
“En los índices de medición de la percepción de corrupción, Chile
es uno de los países latinoamericanos mejor posicionados, en el sentido de que
los niveles de corrupción son menores que los percibidos en otros países. La
corrupción es resultado de la oportunidad. Tal vez un ambiente más íntegro
funcione como desalentador. O quizás haya casos que no hayan sido descubiertos”.
—Casos como el de Odebrecht
revelaron una red de corrupción que involucra gran parte de la clase política y
que aumentó la desconfianza hacia el poder político. ¿Usted cree que Brasil —y
tal vez otros países de América Latina— avanzan hacia un proceso similar al de
Italia en los años 90, cuando varios partidos desaparecieron en medio de las
investigaciones de corrupción?
“Existe siempre la expectativa de que en un ambiente de libertad y
democracia los países avancen. Y aquellas personas identificadas con la
práctica de corrupción, y hasta los partidos, tienen que sufrir las
consecuencias. En el caso de las personas, tienen que ser alejadas de la vida
política. En el caso de los partidos, tienen que reconocer sus errores y hacer
los cambios necesarios internamente para que puedan proseguir. De lo contrario,
lo mejor es que el partido también sea alejado de la vida política. Muchas
veces, a mi parecer, falta la percepción de que los propios partidos tienen su
responsabilidad. Ellos no necesitan esperar que exclusivamente la justicia
responsabilice a sus miembros que practiquen irregularidades. Tienen que
resolver esos temas internamente. Si así lo hacen, es algo elogiable. El error
es lamentable, pero peor que eso es insistir en el error. Pero si ellos se corrigen,
no veo por qué el partido no pueda salir adelante”.
— ¿Hay una posibilidad de
una impunidad de los partidos o queda un gran vacío ya que los partidos aún no
han admitido ninguna irregularidad?
“No existe previsión legal para un acuerdo. Pero el punto es que
el partido no es de propiedad de un político X o Y. Un partido normalmente
representa una idea, un segmento, un grupo de personas que se reunieron con
interés público común. Ellos no necesitan un acuerdo para abandonar prácticas
corruptas. Simplemente deben hacerlo”.
—El caso Odebrecht puso a
jueces y fiscales en la primera línea política. ¿Usted considera problemático
que los jueces sean vistos como figuras políticas e incluso como candidatos?
Usted mismo rechazó la idea de postular al Planalto, aún después de aparecer
como un “presidenciable” en algunas encuestas.
“La vida es compleja, y las personas toman decisiones muchas veces
difíciles. Es complicado, de antemano, hacer cualquier juicio de un magistrado
que quiera empezar una vida política. Tiene todo derecho de hacerlo. Pero mi
elección personal es seguir como magistrado”.
— ¿Qué consejo daría a las
autoridades que investigan las ramificaciones de corrupción y del caso
Odebrecht en México?
“La condición necesaria es que sean garantizadas la independencia
y la autonomía a los órganos encargados de la investigación. Si las actividades
son influidas por intereses especiales, empresariales o políticos, el trabajo
está de antemano comprometido. En segundo lugar, es necesario dotar esos
órganos de los medios necesarios, que involucran recursos humanos y
financieros, porque esos delitos no son fáciles de ser descubiertos y
procesados. Es necesario pensar que, para examinar crímenes complejos, son
necesarios medios especiales de investigación, la legislación aplicable tiene
que ser consistente con la necesidad de investigación especial. Interceptación
telefónica, escucha ambiental, eventualmente infiltración del agente, y la
delación compensada, además de la cooperación jurídica internacional. Es
importante que los países cooperen entre sí para poder investigar estos
delitos. Aún así, investigar y examinar responsabilidades son un desafío”.
—Las delaciones compensadas
fueron la base de la Lava-Jato. Ya tenemos casi 300 delatores en el país.
¿Usted ve la necesidad de perfeccionar la legislación?
“No sé si concuerdo en que las delaciones fueron la base. Fueron
importantes para expandir las investigaciones, pero también hubo colaboración
internacional, el rastreo bancario. Es innegable que las colaboraciones
tuvieron un papel relevante, pero no veo la necesidad de una reforma legislativa.
Tenemos que evolucionar en la práctica, que es relativamente nueva. No sé ese
número de 300. No hago ese tipo de cálculos”.
—Fue divulgado por la Procuraduría
General de la República.
“Fue descubierto un esquema criminal amplio. Pese a que fuesen
relacionados, no estamos hablando de un único delito. Es diferente cuando se
investiga un asalto a un banco que para clarificar basta llegar a un acuerdo
con un miembro de la banda. En la Lava-Jato, se hizo evidente que había una
multiplicidad de crímenes y de personas involucradas, no todas tenían un amplio
conocimiento de los esquemas criminales. Fue necesario realizar acuerdos con
varios involucrados, porque muchas veces uno sabía solo una parte de un
esquema”.
—No conocemos el contenido
de gran parte de esos acuerdos. ¿Eso significa que tendremos muchos frentes de
investigación a ser abiertos o revelados?
“Las investigaciones prosiguen. Es algo que es una garantía
institucional y que ninguna prueba va a ser barrida bajo la alfombra. La
investigación criminal es compleja. Muchas veces es exitosa, y se descubre el
crimen con una prueba significativa. Muchas veces, lamentablemente, llegamos a
muros difíciles de ser traspasados. En callejones sin salida: uno sabe que
tiene algo errado y no consigue la prueba para formular una acusación. Pero en
todos los casos en algún momento será dado a conocer. Sí, pueden surgir casos
relevantes”.
