El impacto de WikiLeaks en América Latina

Casi veinte mil cables fueron enviados desde las embajadas de países latinoamericanos:

Grupo de Diarios América (GDA)

Las suspicacias, tensiones y rivalidades entre Estados Unidos y América Latina, quedaron expuestas con la filtración de documentos confidenciales de la diplomacia estadounidense. Las revelaciones fueron polémicas y, en algunos países, influyeron procesos electorales e impactaron fuertemente en las relaciones diplomáticas.

Los caídos: expulsiones y renuncias

Uno de los países donde la filtración generó mayor impacto fue Ecuador. WikiLeaks reveló un cable del Departamento de Estado que hacía un análisis de la Policía ecuatoriana, dando a entender que había corrupción en un sector de la misma y que el Gobierno estaba en antecedente de esos casos. La respuesta fue drástica: el presidente Correa declaró persona no grata a la embajadora de EE.UU., Heather Hodges, y el 5 de abril de 2011 la expulsó de Ecuador. La decisión fue calificada de “apresurada” por varios sectores. Dos días después, EE.UU. expulsó al embajador de Ecuador en Washington, Luis Gallegos, y el 8 de abril se suspendieron las reuniones bilaterales entre ambos países. Ese día, el presidente Rafael Correa dijo sobre EE.UU: “lo grave es que WikiLeaks dice que tienen informantes dentro de la policía y las Fuerzas Armadas y, si tenían información de actos de corrupción, debieron pedir una reunión con el canciller. Esto es espionaje, por favor”.  

Las tensas relaciones diplomáticas hicieron temer a los ecuatorianos de un bajón comercial, ya que EE.UU. es su principal socio económico. El impacto de los cables fue tal que llevó las relaciones a un punto crítico y aún hoy no asumen los sucesores de los embajadores expulsados. Tras el escándalo, la Cancillería ecuatoriana implementó medidas especiales para evitar filtraciones de información sensible, e inició gestiones para que WikiLeaks le entregara los cables sobre Ecuador directamente al Gobierno. La prensa del país supo extraoficialmente de una cacería de brujas en el Gobierno para determinar si es que alguien estaba filtrando información.

El embajador de EE.UU. en México, Carlos Pascual, reportó a su gobierno que el ejército mexicano no había considerado información sobre la ubicación del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, que había sido proporcionada por EE.UU., acusándolo de poca efectividad. A la vez, alabó el desempeño de la Secretaría de Marina en el operativo donde murió Beltrán, y calificó a Genaro García, secretario de Seguridad Pública Federal, de “perdedor” en la caída del narcotraficante, ya que en conversaciones privadas García habría mencionado que el operativo le correspondía a su institución.

El embajador mencionó en otros cables que el Gobierno federal solicitaba en cada reunión “ayuda desesperada” en materia de seguridad a su par estadounidense, y sostuvo que los diálogos de seguridad con México podrían verse afectados por la caída del porcentaje de aprobación de Felipe Calderón, las preocupaciones económicas, la percepción popular sobre la lucha contra el narcotráfico y la debilidad política del oficialista Partido Acción Nacional (PAN). También se reveló la petición de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de un informe detallado sobre la personalidad del Presidente Felipe Calderón y si ésta afectaba la forma de enfrentar noticias adversas, como la guerra contra el narcotráfico. 

Uno de los cables citaba directamente al presidente Calderón en una conversación con Dennis Blair, Director de Inteligencia de EE.UU., donde manifestaba su preocupación por la influencia del presidente venezolano Hugo Chávez, tanto en los asuntos internos mexicanos como en América Latina, sugiriendo que Chávez podría incluso haber financiado la campaña del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante las elecciones de 2006. Pascual también informó a su gobierno de una “aún incipiente capacidad” de las autoridades mexicanas para combatir el lavado de dinero y habló de poca confiabilidad en la policía.

La percepción del país por parte de la diplomacia estadounidense no dejó indiferentes a los legisladores mexicanos, quienes reclamaron desde todos los sectores políticos por la injerencia de EE.UU., sobre todo en los asuntos electorales. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, trató de minimizar el impacto de los cables, diciendo que las filtraciones eran ilegales y contenían información parcial y descontextualizada que no podía ser considerada seriamente. A través de un comunicado de la embajada de EE.UU. en México, el embajador Carlos Pascual aclaró que los cables no reflejaban la política oficial de su país, sino comunicaciones informales. 

Defendiendo la diplomacia, Pascual dijo que “la divulgación ilegal de información clasificada ya ha tocado las relaciones entre EE.UU. y México. Nuestra respuesta es directa: no hay relación más importante para EE.UU. en el mundo y ninguna acción ilegal la va a socavar”. Pero a sólo dos meses de las filtraciones, el Presidente Calderón dejó en evidencia el daño causado en las relaciones diplomáticas entre ambos países. “Los embajadores quieren levantar sus propias agendas ante sus jefes, le han hecho mucho daño a la relación. Su ignorancia se traduce en una distorsión de lo que ocurre en México”, enfatizó Calderón. 

En marzo, el Presidente volvió a confirmar su molestia en una entrevista al diario The Washington Post, donde dijo que los cables causaron un “daño severo” a la relación bilateral y que se tensó la relación con el embajador estadounidense, ya que la confianza “es difícil de construir y fácil de perder”. Aunque la Casa Blanca ratificó al embajador Pascual en su puesto, las presiones mexicanas se hicieron sentir. El 19 de marzo, la secretaria Hillary Clinton informó que Pascual renunciaba a la embajada para evitar factores distractivos en los temas importantes de la relación bilateral.

Humala y la campaña electoral

En Perú los cables llegaron en medio del proceso electoral que definiría el nuevo presidente entre cinco candidatos. El Comercio fue el primer diario en recibir los cables enviados desde Perú. Pese a que los temas realmente importantes no estaban en el paquete entregado al periódico —ya que no contenía aquellos calificados como top secret—, las revelaciones generaron una enorme expectativa.

Tras una reunión pública de cortesía entre el diario y la embajadora de EE.UU. en Lima, Rose Likins —en la que el periódico le informó que tenía el material—, la embajadora convocó a su oficina a los candidatos a la presidencia para darles cuenta de los cables que pudieran incomodarlos. En esa reunión, Likins le dijo al entonces candidato Humala que un cable de 2005 daba cuenta de que Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo (presidente entre 2001 y 2006), había pedido a la embajada de EE.UU. hacer lo posible por evitar que el “ultranacionalista” ganara las elecciones de 2006, que ganó finalmente Alan García. 

Junto con el ex director de la Defensa Nacional, Rubén Vargas, sugirieron varias formas de frenar el avance electoral del candidato, entre otras que “la embajada considerara financiar un programa comunicacional anti-Humala”. Esto puso a Humala en el centro de la noticia por varios días. Muchos cables se centraban en el político y contaban aspectos de sus relaciones con Venezuela, mostrando la preocupación de EE.UU. por el vínculo de Humala con el bloque chavista.

Los otros candidatos —Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y Luis Castañeda— también fueron retratados por los cables, que revelaron detalles de sus reuniones a puertas cerradas con los funcionarios de la embajada de EE.UU. Pero luego de la primera vuelta electoral, las publicaciones se centraron en los ganadores: Fujimori y Humala.

Las relaciones bilaterales entre Perú y EE.UU. se vieron algo afectadas. Un cable reveló que un embajador estadounidense describió al entonces presidente Alan García como un hombre con “un ego enorme”, lo que molestó al Mandatario. Sin embargo, analistas del país explican que el mayor impacto fue sobre la política interna de Perú. Aunque los cables no revelaron asuntos realmente cruciales —explican—, sí mostraron comportamientos diferentes de quienes aspiraban a gobernar Perú, teniendo un impacto político relevante más que nada al victimizar a Humala favoreciéndolo por sobre Toledo, también candidato.

EE.UU. sanciona a Costa Rica por no darle inmunidad

Los cables relacionados con Costa Rica revelaron que la CIA financió a la agencia de inteligencia costarricense en operaciones contra el narcotráfico, y que el Comando Sur de EE.UU. adiestró a policías del país centroamericano para contener protestas contra el tratado de libre comercio que ambas naciones firmaron. Pese a que hubo poco impacto político —los actores mencionados ya no estaban en sus cargos—, la filtración sí permitió al diario “La Nación” investigar y confirmar las sanciones económicas de EE.UU. contra Costa Rica por su negativa a firmar el llamado “Artículo 98”. Ese tratado daba inmunidad penal a estadounidenses en la Corte Penal Internacional, y Costa Rica se negó a firmarlo. 

La represalia fue grande: EE.UU. quitó ayuda económica al país, bloqueó la cooperación para implementar el tratado de libre comercio y frenó su ayuda contra el narcotráfico. Los cables también permitieron confirmar la existencia de un grupo de inteligencia paralelo financiado por la CIA, y el uso de cambios lingüísticos en el Congreso, para disfrazar cambios de fondo en los proyectos de ley.

Una “olita” en Brasil

Los telegramas en Brasil fueron revelados en los días que antecedieron a la prisión del líder de WikiLeaks en Londres, Julian Assange. En esa ocasión, el Presidente Lula manifestó su apoyo a las revelaciones de los telegramas, aunque la diplomacia brasileña —imitando a la americana—, se negara a responder a los temas que serían publicados. Refiriéndose a Assange, el presidente Lula dijo: “El muchacho estaba apenas colocando aquello que él leyó. Y si él leyó es porque alguien lo escribió. El culpable no es quien lo divulgó, el culpable es quien lo escribió. Por lo tanto, en vez de culpar a quien divulgó, culpe a quien escribió la tontería, porque, si no, no habría el escándalo que hay”.

A partir de dos cables que revelaron que la secretaria de Defensa Hillary Clinton había puesto empresas brasileñas en su lista negra por intentar negociar con Irán, O Globo descubrió que a pesar de los esfuerzos del gobierno brasileño de abrir un canal directo con el mercado iraní, las empresas brasileñas no conseguían concluir los negocios porque incluso los bancos públicos no aceptaban hacer la transacción de los papeles por temor a represalias americanas. Sin embargo, la divulgación de los cables de WikiLeaks no dañó las relaciones entre Brasil y EE.UU.

Sí obligó al ex ministro de Defensa, Nelson Jobim, a dar explicaciones sobre conversaciones que tuvo con el entonces embajador americano en el país, Clifford Sobel. Según los dichos del diplomático estadounidense, Jobim era un crítico tenaz de la diplomacia brasileña y habría dejado en claro eso en conversaciones con el americano.

Uno de los documentos que más repercusión tuvo revelaba que, en conversaciones con el ex embajador, Jobim acusó al embajador Samuel Pinheiro Guimaraes, entonces segundo al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores, de odiar a EE.UU. La divulgación produjo malestar en el Gobierno. Jobim negó públicamente las declaraciones, y, con un integrante de su gobierno en la mira, Lula, aunque apoyaba a WikiLeaks, dijo que prefería dar crédito al ministro de Defensa.

Frente al tsunami que los cables provocaron en otros países, en Brasil las revelaciones fueron consideradas una “olita” por las autoridades públicas. Sin embargo, en los bastidores del Gobierno, la evaluación es que tales derrames contribuyeron al debate sobre acceso a información pública. Después de las revelaciones, en el Congreso se discutió el proyecto de ley que norma la apertura de documentos confidenciales.

“Es importante que el Estado, y no un ente privado, diga si el público tendrá o no acceso a determinadas informaciones, en qué tiempo y de qué forma. Cabe al poder público controlar eso, y no a un ente privado”, explica una fuente del Gobierno.

Chile y el impasse bilateral

Los cables emitidos en Santiago tuvieron un carácter más anecdótico que en otras partes del continente y no revelaron grandes escándalos ni impactaron procesos políticos. Los tres cables con mayor repercusión estuvieron relacionados a conocidos actores políticos: el hoy Presidente Sebastián Piñera, la anterior mandataria Michelle Bachelet y Edmundo Pérez Yoma, ex ministro del Interior.

Una de las declaraciones más polémicas reflejadas en los cables fue la de Michelle Bachelet sobre la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. En una conversación en enero de 2010, la entonces presidenta le habría dicho a Arturo Valenzuela, secretario de Estado adjunto para América Latina, que su par argentina era “inestable”. El cable no citaba a la mandataria de forma directa, y Bachelet aseguró que nunca se refirió a Cristina Fernández en tales términos. Incluso la llamó por teléfono para disculparse por el impasse y, en una entrevista televisiva, dijo que “ella es una persona capaz, competente, fuerte, muy fuerte y, además, yo me siento su amiga”.

En otro cable EE.UU. criticó las actividades de Sebastián Piñera, diciendo que “maneja la política y sus negocios al límite de la ética y la ley”. Cuando las encuestas mostraron que Piñera era el candidato más fuerte para competir con Bachelet, Carol Urban, segunda funcionaria de la embajada de EE.UU. en Chile, escribió, el 9 de octubre de 2009, un cable sobre “los intereses privados” del actual mandatario. Urban dijo que “Piñera ha estado vinculado en el pasado a un número de cuestionables acciones sobre sus negocios, pero los votantes parecen relativamente desinteresados por estas acusaciones”. Después de la publicación del cable, Ena von Baer, entonces vocera de Gobierno, calificó la información de “engañosa y majadera”, y explicó que “la diplomacia norteamericana ha dicho que ya no encuentra sinónimos para pedir disculpas respecto de esta situación”.

Otro cable polémico reveló que el ministro del Interior de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma, pidió ayuda a la inteligencia de EE.UU. para descubrir eventuales vínculos entre grupos indígenas chilenos y organizaciones terroristas extranjeras, particularmente para el seguimiento de flujos de dinero. Pese a que el chileno habló de una potencial radicalización del movimiento indígena, Paul Simons, embajador de EE.UU. en Santiago, desestimó esa apreciación calificando a esos grupos como “abrumadoramente no violentos”.

Doce cables estaban clasificados como “secretos” y hablaban de la comunidad musulmana en Chile, de los lazos con China y el uso del país como plataforma de entrada comercial a Sudamérica, entre otros.

Argentina: influencia esporádica

Los cables revelaron que el G-7, grupo que reúne a los siete países más poderosos del globo, quedó descontento con la participación de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la cumbre del G-20 de 2008 en Washington. Incluso, junto a España y Holanda, el grupo habría evaluado expulsar a Argentina del cuerpo que reúne a los 20 países industrializados y emergentes. Pese al potencial impacto político de la revelación, no hubo consecuencias relevantes en la agenda.

Otro descubrimiento que tampoco generó un gran impacto fue el clima de derrota en la lucha contra el narcotráfico que Aníbal Fernández, entonces ministro del Interior, habría confesado a funcionarios de la embajada de EE.UU. El tema preocupaba a la administración Bush. El embajador de Washington en Argentina, Lino Gutiérrez, informó de distintos operativos de decomiso de cocaína. En un cable escribió que el resultado de esos operativos “sirve para ilustrar la naturaleza compleja e interconectada de las operaciones de contrabando de drogas en la Argentina”.

Cristina Fernández habría querido mantener una “relación más estrecha” con EE.UU., según muestra un cable. No obstante, otro cable revela que los funcionarios de la embajada en Argentina sospechaban de corrupción en el gobierno kirchnerista, centrando la preocupación en el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de quien dijeron tenía “mugre en sus manos”.

Ni la preocupación por las provincias del norte del país, ni el temor del gobierno a un nuevo atentado terrorista, ni las críticas furibundas del gobierno argentino a sus pares de Paraguay, Bolivia y Perú tuvieron un impacto político realmente importante, aseguran en Argentina. La influencia de los cables resultó esporádica y centrada en las horas siguientes a la publicación de algunos de los telegramas.

Visa e informantes

El estallido del “Cablegate” no desató un mayor efecto dominó en la política venezolana, pero puso sobre la mesa revelaciones que afectaron tanto al gobierno como a la oposición política. Destaca el decálogo para mantener la revolución socialista, titulado “Los 10 principios del chavismo”, redactado el 16 de junio de 2009. Otro cable del mismo mes, “Explicando la aquiescencia venezolana”, concluye que “la mayoría de los ciudadanos, que dependen desde hace tiempo en la esplendidez de su petroestado, parecen darle más prioridad a los ´derechos sociales´ y a la autopreservación, que a los abstractos derechos civiles”. Un cable de enero de 2010, llamado “Haciendo al socialismo más fácil de tragar”, da cuenta del interés de Washington de ver cómo la ideología permea incluso la gastronomía local.

Un tema clave para EE.UU. es el petróleo de Venezuela. Los cables evidenciaron los contactos entre la embajada en Caracas, fuentes de la industria petrolera y el Ministerio de Energía y Petróleo. Según muestran los cables, fuentes consultadas por la embajada revelaron que la venta de crudo a China se hacía a sólo 5 dólares por barril, lo que le permitía al gigante asiático obtener un margen de ganancia con la reventa del hidrocarburo. Las revelaciones también mostraron que la legación diplomática en Caracas identificaba a posibles informantes en las filas de solicitud de visa estadounidense, abordando a personas que por sus vínculos con la industria petrolera pudieran tener información de interés para EE.UU.

Ante las revelaciones, Hugo Chávez dijo que: “el imperio quedó desnudo, yo no sé qué va a hacer Estados Unidos, bueno, a ello no les importa mucho esto, no, pero cuántas cosas están saliendo, cómo irrespetan hasta a sus aliados, ¡cuánto espionaje!

Cómo reaccionaron los gobiernos

El presidente de México, Felipe Calderón, a través de su cuenta en Twitter dijo dar una “condena categórica a la revelación ilegal de documentos que se atribuyen a la diplomacia estadounidense”. 

En Ecuador, el gobierno del presidente Correa tuvo una reacción ambigua y contradictoria: inicialmente alabó los cables revelados por WikiLeaks, pero cuando empezaron a afectar su imagen los descalificó. 

Algo similar ocurrió en Argentina, donde el gobierno modificó sobre la marcha su posición ante las sucesivas filtraciones. Su primera reacción fue responder con ataques retóricos a Washington, pero luego optó por callar y no comentar las revelaciones.

Distinta fue la reacción del gobierno brasileño, que apoyó a WikiLeaks. “El muchacho estaba apenas colocando aquello que él leyó”, dijo el Presidente Lula sobre el líder de la organización, Julian Assange.

En Perú, el gobierno de Alan García no tomó partido, pese a que algunos cables se referían al “ego enorme” del entonces presidente, y los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua no hicieron declaraciones.

El gobierno chileno le bajó el perfil a las filtraciones y consideró que no ponía en riesgo la relación diplomática ni la seguridad interna. Ya lejos de la presidencia, Bachelet desmintió las supuestas declaraciones sobre la inestabilidad emocional de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Principales temáticas por país:

Ecuador: política interna, elecciones, comercio, economía, ambiente, crimen organizado, corrupción.

México: narcotráfico, terrorismo internacional, descoordinación en la policía.

Perú: política interna y antidrogas.

Venezuela: Chávez, el socialismo y la industria petrolera.

Costa Rica: seguridad y narcotráfico, informes y negociaciones por el tratado de libre comercio, política exterior e interior.

Nicaragua: seguridad y narcotráfico, manipulación y corrupción de la justicia, fraude electoral y concentración de poder en allegados al gobierno sandinista, recuperación de bienes expropiados a ciudadanos de EE.UU.

Argentina: situación política, perspectivas económicas, narcotráfico.

Chile: Relación con Cuba, Venezuela, China e Irán, política interior, tema indígena, situación carcelaria.

Brasil: relación con Irán, acuerdos comerciales, corrupción.

Más infomación: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191666.html