Washington DC. Los principios de la libertad de expresión en el continente se encuentran en riesgo si se aprueba en marzo próximo un paquete de reformas que reduciría las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las reformas serían aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se refieren al funcionamiento de la CIDH en general, pero algunas vendrían específicamente a eliminar o debilitar las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
El interés por reformar la CIDH existe desde hace varios años, pero tomó fuerza en el 2011 cuando Brasil, Ecuador y Venezuela, molestos con cuestionamientos y medidas cautelares emitidos por la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, amenazaron con retirarse de la OEA. Así lograron que esta aprobara una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Aunque todos los actores, incluida la CIDH, están de acuerdo en la necesidad de hacer cambios, algunas propuestas han hecho que en ocasiones el término “fortalecimiento” parezca más un eufemismo que un objetivo real.
Recomendaciones. Una de las recomendaciones consiste en modificar la estructura de financiamiento de la CIDH, de manera que las nueve relatorías reciban igual cantidad de recursos y las donaciones vayan directamente a la CIDH, en lugar de a una relatoría específica.
Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, dijo que esa recomendación resultaría en una reducción sustancial del financiamiento de la Relatoría y de su capacidad para investigar.
Aunque se propone buscar alguna forma de aumentar el presupuesto, la OEA nunca ha logrado darle suficientes fondos a la CIDH para cumplir su mandato, y la Relatoría, la que más donaciones recibe, funciona en gran parte gracias a estas, agregó Sánchez.
En su respuesta oficial a la OEA, la CIDH confirmó que “prohibir o impedir, de cualquier manera, que en la práctica pueda operar cualquiera de las fuentes de financiación (externa), conduciría de inmediato al debilitamiento estructural de las relatorías”.
Para Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la propuesta de “equidad” y “balance” presupuestario de las relatorías “esconde una seria amenaza de retroceso en la protección específica de la libertad de expresión.
”Impedir que pueda seguir gestionando sus propios recursos u obligar a las relatorías que como la de Libertad de Expresión o la de Defensores de Derechos Humanos, que cuentan con un presupuesto más robusto, a asimilarse a las relatorías que tienen menos recursos, sería simplemente impedir que estas oficinas sigan cumpliendo la labor que han venido realizando”, puntualizó Banfi.
Otra propuesta sugiere que la CIDH incorpore los informes de las relatorías en su informe anual, lo cual vendría a restringir la libertad de las relatorías de difundir sus propios informes y llamar la atención pública a situaciones críticas en los países.
Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, recordó que los Estados no están obligados a acatar las recomendaciones de la CIDH y sus relatorías. Al impedirles difundir sus informes más de una vez al año, se anula un importante instrumento de presión para motivar a los Estados a proteger la libertad de expresión.
En su respuesta, la CIDH confirmó que los reportes de las relatorías “adquieren especial visibilidad y responden a criterios adecuados de oportunidad,” por lo que seguir publicándalos a lo largo del año “permitirá preservar el impacto” de la labor de las relatorías.
La Nación de Costa Rica, en nombre del Grupo de Diarios de América (GDA), solicitó la versión de la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, pero indicó que solo los representantes de la CIDH pueden referirse al tema. La encargada de prensa de la CIDH, María Isabel Rivero, aseveró que estos se encontraban fuera del país y no podría dar declaraciones.
Desde el 27 de noviembre se solicitó una entrevista con el secretario José Miguel Insulza, pero no fue posible conversar con él.
Extremos. Desde que las recomendaciones fueron acogidas por la Asamblea General de la OEA en junio pasado, en Bolivia, los Estados miembros de la OEA, la CIDH y más de 50 organizaciones de la sociedad civil del continente se han abocado a debatir el tema.
No obstante, en el proceso se enfrentan visiones radicalmente opuestas. Una revisión de las posiciones públicas y propuestas expresadas por los diferentes países en los últimos meses permite categorizarlas según si son restrictivas hacia las facultades actuales de la CIDH y sus relatorías.
Países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela comparten las posiciones más restrictivas. El canciller y vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, había declarado: “Les decimos a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe: ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la CIDH”.
En tanto países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamáy Uruguay defienden la necesidad de hacer reformas sin restringir o eliminar las facultades clave de esos órganos.
Por ejemplo, Ecuador propone que se suprima la capacidad de la CIDH y sus relatorías de emitir medidas cautelares, y dejar esa facultad exclusivamente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En contraste, Costa Rica apoya que la CIDH continúe emitiendo medidas cautelares en tanto haga algunos ajustes, entre ellos definir parámetros precisos para otorgarlas y dar plazos razonables a los países para cumplirlas.
Según Karina Banfi, el mecanismo de las medidas cautelares es una de las piedras angulares de la protección de los derechos humanos.
El viernes 7 de diciembre, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora de Ecuador, María Isabel Salvador, expresó a la agencia EFE que “nadie busca atacar a la Comisión”. Agregó que, si bien Ecuador tiene propuestas más “radicales”, su posición es “criticar para construir algo mejor”.
En un punto intermedio aparecen países que podrían mover la balanza hacia uno de los dos extremos, como México, Chile y Colombia. Estos han mantenido un rol conciliador, con expresiones de apoyo a las facultades a la CIDH pero sin necesariamente alinearse con ningún lado. Brasil crecientemente pareciera moverse hacia esta posición.
Ante consultas de GDA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aseguró que el país no está a favor de restricciones a las contribuciones de naturaleza voluntaria para las relatorías de la CIDH, pero sí avala que las necesidades del SIDH se atiendan con recursos del Fondo Ordinario de la OEA con una distribución equitativa. Aseguró que avala las medidas cautelares para responder a violaciones a los derechos humanos en situaciones graves o con riesgo de daños irreparables y la obligación de la CIDH de fundamentar las decisiones que adopte.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia puntualizó que su interés es asignar recursos “adecuados, suficientes y balanceados” a todas las relatorías sin que eso afecte a la libertad de expresión y su financiamiento de donaciones de terceros. Además indicó que “se considera primordial respetar la autonomía de los órganos del SIDH y particularmente la independencia de la CIDH al otorgar medidas cautelares”.
La mayor incógnita quizá son los 13 países del Caribe, que suelen votar en bloque y podrían ser determinantes si la aprobación de las reformas se hiciera por mayoría y no por consenso, lo cual aún no se decide, comentó Sánchez.
Los caribeños se han pronunciado únicamente sobre algunos temas o lo han hecho de forma general. En círculos diplomáticos en Washington se dice que su decisión dependerá de consideraciones como una mayor participación caribeña en la OEA, la cercanía de varios de ellos con el ALBA, y si un aumento de fondos para la CIDH incidiría en una disminución de los programas de la OEA en el Caribe.
Autonomía. De aprobarse el paquete, esta sería la primera vez desde su creación en 1959 que los Estados de la OEA imponen reformas a la CIDH, originalmente concebida como una entidad autónoma e independiente.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que los Estados están desconociendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos al hacer las reformas por su cuenta. “No puede haber reformas a los Estatutos de la CIDH sin que ella misma plantee los cambios”, comentó.
De acuerdo con el artículo 39 de dicha Convención, “la Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio Reglamento”.
Pero actores como la embajadora ecuatoriana, María Isabel Salvador, han expresado su opinión de que la Carta de la OEA otorga a los Estados “plena facultad” para decidir sobre el tema.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está realizando un proceso para proponer a la Asamblea General sus propias reformas, M. Isabel Salvador lo considera un esfuerzo “paralelo” que viene a “desvirtuar la prerrogativa propia de los Estados de definir los mecanismos para implementar las recomendaciones”.
Alejandro Delgado, de IPLEX, recordó que la Convención dio a la CIDH la potestad de crear su propio estatuto precisamente para evitar que gobiernos molestos por medidas o señalamientos de la CIDH “le pasen la factura” con reformas casuísticas.
“La Comisión existe porque los Estados violan los derechos humanos. Ponerlos a definir esta reforma es como poner a los reos a reformar el sistema penitenciario”, agregó.
