Empujados por la peor crisis económica, política y social en décadas, más de tres millones de venezolanos dejaron su país y prefirieron buscar un mejor futuro en tierras extrañas.
El éxodo, que según Naciones Unidas sumará más de 5 millones de personas en 2019, impacta en todas las dimensiones a los países del vecindario, desacostumbrados a ser receptores de un flujo migratorio de esta envergadura, que sin dudas es el mayor en décadas en esta parte del mundo.
Por eso, los migrantes venezolanos han sido elegidos “Personaje latinoamericano 2018” por parte del Grupo de Diarios de América (GDA), una alianza de 11 periódicos de la región.
En esta octava edición de su encuesta anual, el GDA reconoce por tercer año consecutivo al Presidente estadounidense, Donald Trump, como figura mundial. Su estilo de gobierno y su visión política parece haber traspasado las fronteras. El Presidente de Estados Unidos se transformó en un referente de una nueva generación de líderes populistas que está transformando el orden liberal de Occidente.
Ese mismo populismo, sostiene Christopher Sabatini en su columna exclusiva para este especial, será uno de los desafíos de América Latina especialmente ante una nueva ronda de elecciones en 2019 en Argentina, Bolivia, El Salvador y Uruguay.
GASPAR RAMÍREZ
El Mercurio, Chile
Grupo de Diarios América
José González, 28 años, ingeniero industrial, llegó a Chile el 11 de marzo pasado desde Maracaibo, noroeste de Venezuela. Nueve meses con días buenos —la mayoría— en que José agradece la seguridad, la estabilidad, la posibilidad de enviar dinero a sus padres; y con días malos. Días en que José extraña a su mamá, a su papá, a sus amigos, a su barrio, sus calles. Días de rabia en que se pregunta por qué tiene que trabajar como conserje, para qué estudió tanto, por qué tuvo que irse. Él conoce las respuestas.
Las mismas preguntas que se hacen los más de tres millones de venezolanos repartidos por el mundo. Un éxodo que se aceleró en 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, y junto con él, el aumento de los asaltos, de los muertos, de los secuestros, y de la escasez de la comida, de las medicinas, de los productos básicos, de las oportunidades. La mayor crisis humanitaria que vive la región en décadas y que golpea especialmente a los jóvenes. Como José.
Sentado detrás de un mesón en el lobby de un edificio en Providencia (una zona acomodada de Santiago), José —barba sin bigote, gorra de los Padres de San Diego, camiseta azul con el logo de su universidad, la Rafael Belloso Chacín— cuenta que su hermano mayor, también ingeniero industrial, vive desde 2012 en Francia junto a su esposa, ingeniera en petróleo; que su hermana, comunicadora, vive en Chile desde hace cuatro años, y que él partió porque en Maracaibo ya no había trabajo ni dinero y porque su mamá necesitaba medicinas para el corazón.
José partió el 5 de marzo junto a cuatro amigas. Cruzaron en auto hacia Colombia, luego en bus hacia Ecuador y Perú. Sus ahorros, 302 dólares, le alcanzaban para llegar hasta Arica (en el extremo norte de Chile), donde se consiguió los seis mil pesos (unos 8,6 dólares) que necesitaba para seguir hasta Santiago.
José pudo viajar en auto y en bus, algunos pocos lo hacen avión y otros huyen a pie.
Mochileros y expatriados
Miguel Arrieta Zinguer es abogado, tiene dos especializaciones, dos doctorados, una maestría. Es profesor de la Universidad Católica del Táchira desde hace 20 años. Nunca pensó irse de Venezuela, su plan era jubilarse junto al mar, en Margarita. Pero los cortes de agua, de luz, el desgaste y el futuro de sus dos hijos adolescentes lo hicieron cambiar de opinión. Arrieta es judío, tiene derecho a la nacionalidad israelí, y se acogió a un plan que lo llevará a él y a parte de su familia a iniciar una vida nueva en Jerusalén.
Oriana Mendoza viajó más cerca, pero tardó más en llegar. Estudiante de Economía de 25 años, salió el 1 de agosto desde Maturín, noreste de Venezuela. En Colombia se le acabó el dinero y continuó “como mochilera” hacia Ecuador y Perú. Tardó 14 días en llegar a la capital peruana, donde la esperaba su hermana mayor. Ahora trabaja en el distrito de Cercado de Lima mientras aguarda por el Permiso Temporal de Permanencia, un documento oficial que regulariza la situación del migrante durante un año.
Como Perú, la mayoría de los países de la región implementaron medidas para ordenar y ayudar a la diáspora. David Smolansky (Caracas, 1985), jefe del grupo de trabajo de la OEA para monitorear la crisis migratoria venezolana, destaca las políticas de algunos países: El permiso especial de permanencia (PEP) de Colombia, la visa de responsabilidad democrática
de Chile, la homologación de títulos profesionales en Argentina; el proceso de interiorización del gobierno de Brasil, que traslada migrantes hacinados en la frontera hacia ciudades donde tienen más probabilidades de encontrar trabajo.
Smolansky conoce el exilio, la migración forzada. En los años 20, un bisabuelo paterno de David fue encarcelado por los bolcheviques en la Unión Soviética; la familia huyó a Cuba, donde su abuela conoció a su abuelo, y nació su papá; en 1962, el régimen de Fidel Castro expropió la fábrica textil familiar, en 1970 migraron a Venezuela, en 1985 nació David. El 9 de agosto de 2017 le tocó a David: el gobierno de Maduro emitió una orden de captura contra el entonces alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo por “no impedir” las protestas violentas de ese año.
En los siguiente 35 días, el dirigente político de Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López) recorrió 1.100 km, burló 35 puntos de control, se afeitó la barba, usó gorros, sombreros, cambió su forma de hablar, cruzó la frontera con Brasil a través de un paso selvático donde lo esperaba la policía federal; luego lo recibió el canciller Aloyso Nunes. Ahí, Smolansky narró su fuga y se declaró exiliado. Ahora vive en Washington.
“Ha sido una historia dura. Tres generaciones en tres países distintos, en un siglo donde prácticamente no hemos podido disfrutar de la libertad o la democracia. Eso, a la vez, es mi mayor fortaleza y motivación para seguir sirviéndole a Venezuela, y para que mis hijos puedan disfrutar de una nación segura, justa, con libertad, donde abunden las oportunidades”, dice Smolansky desde Estados Unidos.
Smolansky presentará durante el primer trimestre de 2019 el informe sobre la situación de los migrantes venezolanos que elabora para la OEA. Algunos de los números y datos que ha recolectado hasta ahora: un tercio de los migrantes tiene problemas de desnutrición, 100 mil son portadores de VIH; la reaparición de enfermedades como malaria, difteria o tuberculosis; necesidades de asistencia legal y problemas de desinformación, brotes de xenofobia en algunos países receptores.
Ante la crisis migratoria, dice Smolansky, hay que tener una política de “mano amiga y brazo fuerte”. El brazo fuerte, dice Smolansky, es “denunciar la causa y la raíz de este problema: la dictadura de Nicolás Maduro”. Y la “mano amiga”, dice Smolansky, es “atender y proteger a los migrantes y refugiados venezolanos dure lo que dure esta condición, y que América Latina entienda que integrándolos hay oportunidad para dinamizar sus economías. La mayoría de los venezolanos está llegando con la intención de trabajar, emprender, estudiar, de aportar”. Migrantes como Dayana Sánchez.
Resfríos o balas
Dayana Sánchez Cherubini, 22 años, periodista, entró en 2017 a la sección política de El Universal, antiguo diario opositor comprado en 2014 por capitales chavistas. Dayana dice que amaba su trabajo, pero el dinero no le alcanzaba, la inseguridad aumentaba y las medicinas escaseaban. “Todos corremos peligro en Venezuela. Si no te mata una gripe, te mata alguien para robarte el teléfono”, cuenta Dayana frente a un jugo de frambuesa en un café de Providencia, en Santiago.
Dayana postuló al programa de la visa de responsabilidad democrática del gobierno de Chile. Fue aprobada. El 24 de septiembre pasado dejó su carrera, sus amigos y abrazó por última vez a su mamá en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas. Se instaló en Santiago con planes de ejercer el periodismo, pero mientras, como José y como tantos jóvenes profesionales que partieron, Dayana trabaja en lo que encuentra.
Cuando cuentan sus historias, Dayana y José tienen gestos e inflexiones parecidas: cuando hablan de sus familiares, de lo que pudo ser y no fue, aparecen los silencios, las pausas, los ojos húmedos, las sonrisas resignadas; cuando hablan de las causas de su salida, como dicen en Venezuela, se “arrechan”, se enojan. Una mezcla de ambos sentimientos aparece cuando hablan de sus estudios y de sus trabajos.
Dayana fue la primera de su generación en la Universidad Santa María de Caracas, la carrera de cinco años la terminó en cuatro, trabajó en una radio, después en El Universal. Dayana trabaja ahora como mesera en el Hotel Intercontinental de Vitacura (un barrio de clase alta de Santiago). Sirve sándwiches y jugos, recoge platos y tazas. “El choque es muy duro. Un día estaba con un termo de 10 litros en cada mano sirviendo café, y pensé: ¿por qué hago esto? Antes yo era la que estaba al otro lado. Es duro, muy, muy difícil. No sabes cuántas veces al día extraño mi vida. Pero bueno, estoy tratando de construir otra”, dice Dayana.
Después de seis días de tomar agua y de comer galletas y pan, José llegó a Independencia, un barrio de trabajadores en la zona poniente de la capital chilena, donde unos amigos lo alojaron durante un mes mientras buscaba techo propio y trabajo. José trajo su título de ingeniero y el certificado de su curso de inglés, pero su primer trabajo fue como conserje, luego como mesero y luego, y ahora, como conserje otra vez.
José ríe siempre, conoce y conversa con todos los vecinos, lo aprecian. Es querido. El primer día de trabajo, mientras trapeaba uno de los pisos más altos del edificio, solo, sintió “unas ganas inmensas de llorar”.
“Yo decía, estudié en la universidad, conseguí mi título y ahora estoy aquí limpiando pisos. No puede ser. Llamé a mi mamá y le dije que no podía, que me quería devolver, porque yo no había estudiado para esto, no quería hacer esto. Y ella me dijo: ‘Hijo tienes que ser fuerte, porque de una u otra manera, allá estás mejor que acá’. Y la verdad es que sí, a pesar de que uno extraña todo, todo, todo de allá, la ciudad, la casa, uno prefiere estar aquí”, dice José.
Fanático del béisbol, de las Águilas del Zulia y de los Yankees de Nueva York, uno de los sueños de José es conocer el Yankee Stadium. Pero su sueño no es vivir en Estados Unidos. José piensa en Australia, un país donde no tiene amigos ni familiares: “La verdad, no tengo una razón. Un día me vino la idea, y dije, quiero vivir en Australia. A veces hay que seguir esos impulsos medio inexplicables”. José sabe que salió para no volver en mucho tiempo, sabe también que ahora abre puertas y trapea pisos, pero tiene un título y ganas, y sabe que por mucho que extrañe su país, en Chile, o en Australia, o en otros lugares lejos de Maracaibo, estará mejor.
Su mamá también lo sabe y se lo recuerda siempre, como en un mensaje de voz que José muestra:
“Doy gracias a Dios porque ustedes estén afuera abriendo camino. Ahora nos tocó a nosotros los venezolanos irnos, lo cual significa, m’hijo, que no hay vuelta atrás. Tiene que pensar en echar raíces en el país que usted termine por seleccionar, uno donde haya fuentes de empleo, respeto a los derechos humanos, a las leyes, valores, principios, porque los que había aquí en Venezuela, los acabaron estos chavistas revolucionarios. Y para que esto se recupere, va a pasar tiempo, se necesitará mucha educación, concientización. Y ese tiempo va a significar la pérdida de toda su juventud fuera. Cuando tú seas viejo vas a empezar a ver aquí, otra vez, valores, principios y respecto. Visitarás después Venezuela como hace uno cuando va de turista a otro país”.
Este reportaje contó con la colaboración de El Comercio de Perú y El Nacional de Venezuela.
Personaje
Mundial GDA 2018: Donald Trump =================================
El
presidente de Estados Unidos fue elegido por los editores del
GDA como Personaje Mundial por tercer año consecutivo.
Rafael
Mathus Ruiz Corresponsal
de La Nación/Argentina/GDA
WASHINGTON.-
Un día después de que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, miles
de personas marcharon en Nueva York en contra de su victoria bajo un solo
grito: “¡No es mi presidente!”. Juraron resistir, maniatar su gobierno y
echarlo de la Casa Blanca con un juicio político.
Pero casi
dos años después de tomar las riendas de la primera potencia global, Trump ha
sorteado desafíos y logró dejar su huella en el país y el mundo. Y ya no está
solo: Trump se transformó en un referente de una nueva generación de líderes
populistas que trastoca el orden liberal de Occidente.
En Brasil,
Jair Bolsonaro fue apodado el “Trump tropical”; en México, Andrés Manuel López
Obrador recibió el mote de “el Trump mexicano”; el primer ministro italiano,
Giuseppe Conte, cabeza de un gobierno xenófobo, fue a ver a Trump a la Casa
Blanca y proclamó: “Italia y Estados Unidos son países gemelos”. Steve Bannon,
estratega de la campaña presidencial de 2016 del magnate, dijo este año en
Budapest que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue “Trump antes de
Trump”.
“Trump no
es ni el primer líder populista ni será el último, pero el hecho de que ostente
el poder en la mayor potencia mundial, un país donde además el fenómeno del
populismo no estaba tan arraigado, ha hecho de que se perciba como un
parteaguas, al punto que otros populistas como Rodrigo Duterte, Bolsonaro o
López Obrador se analizan a la luz de Trump”, graficó Juan Carlos Hidalgo,
analista del Instituto Cato, un centro de estudios libertario de Washington.
“Trump
envalentonó a los populistas. Si el populismo puede ser exitoso en Estados
Unidos, ¿cómo no podría serlo en países con instituciones más débiles?”,
preguntó.
Ningún
populismo es igual a otro. De hecho, algunos están en las antípodas de otros.
Pero los líderes populistas comparten algunos rasgos. Trump, al terminar de
imponer su estilo en Estados Unidos, la democracia más longeva del planeta, se
convirtió, según el analista mexicano Carlos Bravo Regidor, en un símbolo de un
fenómeno que lo antecede, y que, quizá, lo sobrevivirá: la ruptura política del
consenso neoliberal.
Antes de
que asumiera la presidencia, muchos confiaban en que la solidez institucional
de Estados Unidos le impondría límites a Trump. Y, de hecho, la Justicia y el
Congreso le han impedido ir más lejos. Pero, así y todo, Trump logró cambios
duraderos y marcó la agenda global.
En Estados
Unidos, Trump ya nombró más de 80 jueces federales -más que Barack Obama y
George W. Bush juntos en el mismo lapso de sus respectivos primeros mandatos-.
Trump
cumplió un viejo anhelo de la derecha norteamericana al quebrar el equilibrio
ideológico de la Corte Suprema de Justicia con la designación del juez Brett
Kavanaugh, acusado de abuso sexual. Estiró la bonanza económica que heredó de
Obama con sus recortes de impuestos, hechos a medida del “1%” más rico, y su
batería de cambios regulatorios. El desempleo cayó al 3,7%, el más bajo en
medio siglo. Y atenazó con una dureza inédita la política migratoria, uno de los
pilares de su campaña. Por primera vez, Estados Unidos separó a hijos y padres
migrantes, un intento por frenar las “caravanas” desde América Central, a las
que vinculó al delito, el terrorismo y tildó de “invasión”.
En el
mundo, Trump impuso su visión: socavó el multilateralismo, la lucha contra el
cambio climático, la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Dejó más desprotegidos a los refugiados. Abrió una guerra comercial con China y
borró la palabra “proteccionismo” del mensaje del G-20 en su cumbre en Buenos
Aires. No dudó en pelearse con aliados históricos de Washington, ni en tenderle
una mano a autócratas como el norcoreano Kim Jong-un, Duterte o el príncipe
heredero saudita, Mohammed ben Salman. Con el presidente ruso, Vladimir Putin,
pasó del amor al hielo: se reunió en Helsinski y lo deslindó de cualquier
responsabilidad por el Rusiagate –en Washington lo acusaron de traición–, pero
luego lo dejó plantado en el G-20 en Buenos Aires.
Trump
sufrió un fuerte revés con la derrota del oficialismo en las elecciones
legislativas del mes pasado, que dejaron un Congreso dividido. Pero sus índices
de aprobación cierran el año en cerca del 40%. Trump reforzó su alianza con su
“base” y profundizó la grieta: denostado por los demócratas, su respaldo
muestra pocas fisuras entre los republicanos.
“Hay dos
cosas que hacen que Trump sea Trump. Habla directamente con su base, y
realmente no le importa si incluye a otros en la conversación o no. Eso es muy
novedoso. No ha hecho absolutamente ningún esfuerzo por atraer a nadie. Solo le
importa la base, y está muy claro que solo se preocupa por la base”, definió
Monica De Bolle, analista del Instituto Peterson de Economía Internacional y
directora de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, en
Washington.
De Bolle
cree que Trump validó la polarización como estrategia política, y ve con cierto
temor la propagación de su estilo en América latina. En Estados Unidos,
argumenta, los equilibrios institucionales y los mecanismos de control han sido
debilitados, pero siguen ahí. “Lo que
temo es que en nuestra región no sea tanto así porque nuestras instituciones no
son tan fuertes y nuestras democracias son muy jóvenes, y todos tuvimos
tendencias autoritarias en todas partes en el pasado muy reciente”, apuntó. “Mi
sensación es que no estoy tan segura de si nuestras democracias, donde están
ahora, pueden o no resistir las tácticas trumpistas. Estados Unidos puede. No
tengo dudas al respecto. Otros, no estoy tan segura”, concluyó.
Shannon
O’Neil, analista sobre América latina del Consejo de Relaciones Exteriores,
trazó una línea similar entre Trump y las últimas elecciones presidenciales en
México, Costa Rica y Brasil. O’Neil cree que el estilo del magnate influyó en
esas contiendas, sobre todo la idea de presentarse como una figura ajena al
estabishment, un outsider que va en contra de las estructuras del poder.
“Él validó
la idea ir contra el sistema, sea lo que sea eso. Lo validó porque ganó, usó
eso, y todos decían que iba a perder. Lo mismo con Bolsonaro, quien de ninguna
manera iba a ganar. Pero ganó porque creo que la gente estaba cansada de las
mismas características viejas, y los mismos enfoques. Querían algo diferente.
Lo mismo en México, lo mismo en Italia. Esta idea de querer a alguien que
sacuda las cosas”, afirmó.
Para
O’Neil, Trump generó otro impacto para varios países de la región: “Es el
centro de la política exterior, lo quieran o no”, señaló.
Mauricio
Macri le pidió su respaldo en el Fondo Monetario Internacional (FMI). México y
Canadá renegociaron su acuerdo de libre comercio para salvarlo (y el
expresidente mexicano Enrique Peña Nieto terminó dándole la Orden del Águila
Azteca a Jared Kushner, yerno de Trump, antes de irse). El prometido y demorado
“muro” de Trump fue un punto de fricción en el vínculo bilateral con México, el
cual, así y todo, sigue siendo el más profundo y estrecho que Estados Unidos
tiene con la región. Colombia, otra relación estratégica, invitó a Trump dos
veces, y dos veces el magnate canceló. Y Bolsonaro se perfila para ser “el
nuevo mejor amigo de Trump en la región”, dijo O’Neil. Con Trump en el poder,
Cuba, Venezuela y Nicaragua sienten con mayor rigor el yugo de Washington.
Pero las
conversaciones sobre Trump terminan por girar en torno a su estilo.
Bravo
Regidor dijo que Trump ha enviado “señales muy claras” sobre qué
comportamientos son aceptables y cuáles no, y al hacerlo logró “bajar la vara”
y señalar un rumbo para empoderar a los Orban, Le Pen y Duterte del mundo. “El
estilo no es propiamente de Trump, es el estilo de esas figuras dadas las
condiciones e idiosincracias de cada país”, indicó. “Si el
presidente de Estados Unidos miente deliberadamente, si es abiertamente
xenófobo o tiene actitudes evidentemente racistas, si no condena de inmediato e
inequívocamente actos que deben ser repudiados sin condiciones, como, por
ejemplo, agresiones contra la prensa. En fin, si el presidente norteamericano
se permite eso, otros líderes con esas mismas inclinaciones se envalentonan y,
sobre todo, dejan de pensar que Estados Unidos puede reaccionar en contra, como
lo supondrían, desde luego, si el presidente se comportara de otra manera”,
apuntó Bravo Regidor. La
preocupación de fondo toca a los derechos humanos. “Estados
Unidos siempre ha tenido una suerte de doble moral, desde luego. Pero, al mismo
tiempo, constituía una fuente de presión implícita. Casi diría un contrapeso,
ciertamente selectivo, pero contrapeso al fin”, dijo Bravo Regidor, y
profundizó: “El contrapeso que la mirada reprobatoria y el dedo flamígero de
Estados Unidos podían representar en cuestión de derechos humanos ya no está,
ya no existe. Y eso, a la larga, se va a dejar sentir en la región. Creo, de
hecho, que ya lo está haciendo”. Trump
avanza en busca de la reelección en 2020. Los demócratas buscarán cerrar su
propia grieta interna entre quienes apuestan a un mensaje moderado, y quienes
quieren correr el partido hacia la izquierda. Aún carecen de un líder nítido. Y
Trump tiene que atravesar aún los últimos años de su mandato con un Congreso
dividido que promete poner la lupa en su entorno y, quizá, sus finanzas
personales, y una economía que, tras una década de expansión, parece comenzar a
mostrar síntomas de fatiga.
Por
encima de todo, Trump aún tiene que atravesar ileso el acecho latente de la
investigación del Rusiagate en manos
del fiscal especial, Robert Mueller. Trump ha dicho, una y otra vez, que se
trata de una “caza de brujas”. Mueller ya presentó cargos contra 33 personas
–entre ellas, 25 ciudadanos rusos– y tres empresas rusas. Y aún debe dar su
última palabra.
Elecciones en Colombia, México, Brasil, “comicios” y
una crisis humanitaria en Venezuela, el segundo año de la administración del
Presidente estadounidense Donald J. Trump y la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, México y Estados
Unidos; ha sido un año de movimientos y de potenciales cambios radicales en el
hemisferio occidental.
Mientras algunos han descrito los resultados
electorales como una señal de que la “marearosa” de fines de los 90 y principios de la década de 2000 desaparece
lentamente, en realidad están ocurriendo cambios más profundos. Las elecciones
en México y Brasil llevaron a la Presidencia a candidatos que se presentaron
ante el electorado como los outsider. A pesar de que llevan décadas en
la política, Andrés Manuel López Obrador en México y Jair Bolsonaro en Brasil
aprovecharon una ola de descontento popular ante la corrupción,prometiendo cambios abruptos para asegurar su
victoria en las urnas.
Sus estilos personalistas, sin embargo, presagian
una consolidación del poder bajo su autoridad, mientras que sus propuestas para
abordar temas complejos, como la seguridad y la corrupción, son imprecisas y
carecen de una hoja de ruta que indique cómo se van a enfrentar estas
dificultades. Pero más problemática es la tendencia que ambos comparten de
hablar sobreun cambio constitucional y su intolerancia ante las
críticas y ante la oposición, la que presenciamos durante sus campañas y sus
anteriores cargos públicos.
Además de los cambios electorales, sin duda el
evento que ha marcado el año es el éxodo venezolano. Según Naciones Unidas, más
de 3 millones de personas han huido del desastre humanitario del país causado
por las fallidas políticas económicas del Presidente Nicolás Maduro. Más de un
millón de esos venezolanos se han refugiado en Colombia y cerca de medio millón
en Perú. Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y Trinidad y Tobago también han
recibido a las víctimas del colapso económico y se espera que muchos más
soliciten refugio en países aledaños, con cada vez menos probabilidades de
retornar a Venezuela, incluso con una salida pacífica del actual régimen, lo
que plantea el enorme desafío de integrar a los refugiados venezolanos en todos
los ámbitos sociales como un ciudadano más, al tiempo que se enfrenta la
amenaza de una eventual reacción nacionalista en los países receptores.
El factor más importante que determinará tanto el
futuro de la política latinoamericana como las relaciones interamericanas, será
el populismo que emergió en 2018 y que probablemente continuará el año próximo.
A medida que se acerca una nueva ronda de elecciones en 2019, una reacción
similar en aquellos países que comenzarán su proceso electoral es muy factible.
En El Salvador el candidato outsider Nayib
Bukele, quien se presenta repudiando al sistema político (¿suena familiar?) es
el favorito para las elecciones presidenciales de febrero. En Argentina, el
Presidente Mauricio Macri enfrenta una batalla cuesta arriba por su reelección
en octubre debido a la crisis económica, pero con una oposición complicada por
un escándalo de corrupción que involucra a su principal líder, la exmandataria
Cristina Fernández.
Por otro lado, las elecciones en Uruguay, en donde
el Frente Amplio ha ocupado el poder durante 15 años consecutivos, podrían
llevar a una alternancia política tranquila. No es el caso de los comicios en
Bolivia, que se realizarán el mismo mes y que representan un desafío distinto.
En ese país, el Presidente Evo Morales se ha rehusado a aceptar los resultados
de un referéndum popular que rechazó su propuesta de buscar un cuarto mandato
consecutivo. El Tribunal Electoral —bajo presión de Morales— ignoró los
resultados y el Presidente competirá una vez más. Pero con la opinión pública
en su contra, solamente a través de
elecciones libres y justas, el mandatario y el país podrían encontrar una
salida pacífica y democrática después de 13 años de gobierno de su Movimiento
al Socialismo (MAS).
Así como el 2018 fue aparentemente el retorno de la
derecha latinoamericana, puede que 2019 sea el año de una reacción populista
alimentada por la frustración y la rabia ciudadana, con efectos inciertos y
probablemente desestabilizadores, tanto en las democracias de la región y en
los gobiernos electos. Mucho dependerá de cuánto los funcionarios públicos y la
justicia respondan a las demandas populares y a los resultados de los comicios.
Afortunadamente, la región aún vive —a excepción de
Cuba, Venezuela y Nicaragua— endemocracia y, con todas sus fallas, eso es una buena noticia. Como
podemos atestiguar en Ecuador, las elecciones pueden generar un cambio
democrático para corregir el rumbo hacia la defensa de las instituciones
liberales, como se ha visto con la administración del Presidente Lenín Moreno.
Otro ejemplo es Colombia, en donde a pesar de las rivalidades personales y
partidistas, garantizar mayor seguridad y continuar el camino hacia la paz es
una prioridad, tanto para la administración actual como para los gobiernos
sucesivos. Al final, abordar los desafíos de la democracia solo puede lograrse
a través de la alternancia pacífica, que a la vez garantiza la supervivencia de
la propia democracia.
*Christopher Sabatini, profesor adjunto de la Universidad de Columbia, director ejecutivo de Global Americans y miembro no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice.
Compatibilizar la promesa constitucional de salvaguardar la vida con el cuidado de las finanzas es un desafío que atraviesa el mundo y en especial esta región, donde la judicialización es una práctica instalada. ¿Cómo enfrentan otros países este problema? ¿Tiene solución?
PAULA BARQUET / CARLOS TAPIA
EL PAÍS - GDA*
Domingo, 04 Noviembre 2018
El País/Uruguay/GDA
Es un problema mundial, pero golpea especialmente a esta región del globo: el acceso a los medicamentos caros, la sustentabilidad de los sistemas para lograrlo y la vía judicial como herramienta que muchas veces termina favoreciendo a los pacientes, pero poniendo en aprietos a los Estados. Desde el punto de vista económico es un fenómeno particular. Sucede que quien paga el medicamento no es quien decide su prescripción (el médico) ni quien lo consume (el paciente). La demanda es inelástica, porque la gente no decide enfermarse, y cuando se enferma suele estar dispuesta a endeudarse y pagar lo que sea por el medicamento que le prometa más o mejor vida. A su vez, la investigación en torno a los medicamentos no está en manos de los Estados sino de la industria, y las patentes son la forma que tienen los laboratorios de recuperar el costo de sus investigaciones. Sin embargo, esto habilita los monopolios u oligopolios de medicamentos, y la consecuencia es el cierre del círculo: precios inaccesibles. Así lo expuso recientemente Tomas Pipo Briant, asesor en medicamentos, tecnologías de la salud e investigación en OPS, durante un congreso regional organizado por el Banco Mundial y que tuvo lugar en Montevideo a principios de septiembre. ¿Cuánto cuesta desarrollar una molécula?, se preguntó Pipo Briant en esa instancia. Y si bien distintos estudios han intentado responderlo, los resultados revelan que no lo sabemos a ciencia cierta: las estimaciones van desde US$ 100 millones hasta US$ 4.200 millones. ¿Y qué tan redituable termina siendo para los laboratorios? Los datos demuestran que en cualquiera de esos dos escenarios, la ganancia supera la inversión, y con creces. Algunos ejemplos: en 17 años, la empresa que creó el Rituximab se hizo de US$ 110.000 millones de dólares; la que generó el Trastuzumab ganó US$ 88.000 millones en el mismo lapso; y la que desarrolló el Imatinib, US$ 63.000 millones en 15 años. De ahí que en el sector se esté queriendo acuñar el término "medicamentos de alto precio", en vez de "de alto costo". Así, ningún país del mundo ha logrado brindar todo a todos. En el mismo congreso, Juliana Vallini, representante del Fondo Estratégico para Suministros de Salud Pública, también de la OPS, consideró que "garantizar un acceso equitativo a los medicamentos" con limitaciones presupuestarias ha sido más difícil en América Latina. ¿Por qué? Puede haber distintas explicaciones —una de ellas, sostuvo, es la falta de agencias independientes de evaluación de fármacos, como hay en Europa. Pero más allá de las causas, Vallini puso el foco en posibles soluciones. Primero, apostar a "evidencias de calidad", y para ello pidió que los países se apoyen en las guías que emite la OMS. Aunque eso no es garantía, porque a menudo sucede que un país quiere un medicamento y la industria no está interesada en brindárselo a un país con poca demanda; o porque en otros casos el Estado dice "no quiero comprar tal medicamento porque no cierra la ecuación costo-beneficio", y termina comprándolo igual por mandato judicial. Vallini contó casos exitosos de compra conjunta a través del fondo de adquisición de medicamentos de OPS. Con el Darunavir, por ejemplo, Sudamérica consiguió el precio de venta más bajo de la historia de este fármaco. Las compras centralizadas como región, en las que cada país pone sobre la mesa sus volúmenes de demanda, han dado buenos resultados. En países como Brasil y Colombia se ha incursionado en políticas de regulación de los precios. En Argentina, la compra conjunta entre varios organismos logró bajar un 80% el precio que imponía la industria para el Factor VIII que se usa para el tratamiento de la hemofilia tipo A. Uruguay, en tanto, logró un acuerdo de riesgo compartido con el laboratorio que produce Trastuzumab, por el cual el Estado paga una cuota fija por mes si el número de pacientes nuevos se mantiene en un rango, sin importar en qué fase del cáncer se encuentren. En este caso rige una cláusula de confidencialidad —el país está impedido de divulgar el precio final— y el laboratorio asume el riesgo de financiar el medicamento aun en casos de bajo costo-efectividad. Otro camino que la región y el mundo están transitando es la incorporación de biosimilares, es decir, copias de los biológicos originales. Esto conlleva ciertos riesgos y si bien se espera que en un futuro implique una reducción de los precios, la diferencia aún no es considerada suficiente (ver recuadro) En lo que todos están de acuerdo —médicos, abogados, pacientes, autoridades— es en la perversión del sistema tal como viene funcionando, y en la inconveniencia de la judicialización. Sin embargo, la obtención de un medicamento por decisión de un juez sigue siendo una realidad en la mayoría de los países de la región, y en varios viene en aumento.
En la Justicia
Un trabajo conjunto de 11 medios de América Latina permite concluir que al menos en ocho naciones la judicialización de los medicamentos está instalada. Brasil es, de acuerdo a la información recabada, el país que ocupa el primer lugar en este podio. Los últimos datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), correspondientes a 2016, dan cuenta de al menos 312.147 acciones pidiendo financiamiento de medicamentos, la mayoría de alto costo. El número total puede ser mayor, porque la clasificación no es bien vista por los tribunales, lo que impide un cálculo preciso. Asimismo, no hay información sobre el número de juicios favorables al paciente.
En Brasil, donde hay 19.000 magistrados, preocupa la eventual falta de contrapunto técnico científico para tomar decisiones correctas. Por eso el CNJ implementó en noviembre de 2017 una plataforma de asesoramiento para que los jueces puedan salir de dudas respecto a los efectos y la conveniencia de los medicamentos que se reclaman.
En Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, tramitar un recurso de amparo para acceder a un medicamento o un tratamiento no incluido en la cobertura es algo habitual. Colombia y Costa Rica cuentan con una herramienta por la cual no es necesario tener un abogado para demandar al Estado. En Colombia, donde viven casi 50 millones de personas, el mecanismo de tutela favorece cada año a unos 20.000 ciudadanos que reclaman medicamentos de alto costo. En Costa Rica, en tanto, con una población de poco más de 4 millones de habitantes, los recursos de amparo por este tipo de remedios se duplicaron en los últimos ocho años; en 2017 fueron 317 y el 59% se resolvió de modo favorable a los pacientes.
La judicialización también existe en Argentina, pero al ser varios los organismos que entregan medicamentos resulta muy difícil cuantificarla. Esa fragmentación de la cobertura y la financiación diferencial de determinadas patologías llevó a que se multiplicaran las posibilidades de entablar juicios, principalmente mediante recursos de amparo. En Argentina sí se requiere de un abogado y el costo corre por parte del demandante, aunque hay asociaciones de pacientes e incluso laboratorios que colaboran.
De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Salud de la Nación, se registran en los archivos de los últimos años 26 reclamos judiciales de acceso a medicamentos de alto costo, de los cuales 21 se iniciaron en 2017 y cinco en lo que va de 2018. El pago por obligaciones judiciales liquidadas en 2018 es de unos US$ 1.295.867. De todas formas, la información global de la judicialización allí no es de acceso público.
En Uruguay, si bien se hacen juicios particulares, la bandera de los recursos de amparo por medicamentos y tratamientos caros la lleva, sobre todo, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que brinda asesoramiento gratuito a las personas de menos recursos. Los datos del consultorio dan cuenta de un crecimiento sostenido de las demandas en los últimos nueve años, y en 2018 ya se batió el récord con 185 juicios realizados al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos, organismo encargado de brindar estos medicamentos. De las demandas presentadas desde el consultorio ese año, el 98% fueron favorables a los pacientes.
Hay países en los que llegar al juzgado por salud es posible, pero no es tan habitual. México, Perú y Puerto Rico no tienen instalada está práctica, lo cual no significa que tengan resuelto el acceso a los medicamentos.
En Venezuela y en Cuba, en tanto, todos los tratamientos están cubiertos en la teoría, aunque en la práctica se esté lejos de lograrlo. Venezuela atraviesa un severo desabastecimiento de medicamentos desde 2016, pero nunca un reclamo llegó a la Justicia local (las ONG que defienden el derecho a la salud han recurrido, sí, a organismos internacionales). En Cuba, si bien se producen muchos medicamentos, el embargo económico ha provocado la falta de otros que solo se consiguen de afuera, y en consecuencia ha proliferado el mercado negro. Apelar a la Justicia allí no es una opción real.
Hay un país donde la judicialización ha sido vencida. Es Chile, donde en los últimos cinco años tan solo 170 personas demandaron un tratamiento, y de esos menos del 5% se resolvió a favor del demandante. Estas cifras, que son fruto de la ley conocida como Ricarte Soto y aprobada en 2015, enorgullecen a los chilenos y provocan admiración en la región.
En el Estado
"La mayoría de las personas no se están muriendo a causa de enfermedades incurables; se están muriendo porque, en ciertas sociedades, aún no se ha decidido que vale la pena salvarles la vida". La frase pertenece al médico egipcio Mahmoud Fathalla, que fue premiado por Naciones Unidas en 2009. ¿Qué tanto refleja lo que sucede en América Latina? Todas las constituciones latinoamericanas consagran de alguna forma el derecho a la vida y a la salud. Pero a la hora de resguardar ese derecho, los caminos elegidos han sido disímiles.
En el libro Respuestas a las enfermedades catastróficas, publicado en 2015 por el instituto argentino Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una organización independiente), se aborda el problema de la financiación de los medicamentos caros en la región en general y en Argentina en particular. De allí se desprende que la mayoría de los países latinoamericanos generaron, en la última década, un programa o un fondo para evitar que las enfermedades de alto costo determinaran la ruina de los sistemas de salud. En muchos casos se rigen por normas más ágiles y tienen cierta autonomía, pero siempre funcionan bajo el mando de la autoridad sanitaria máxima, lo cual los mantiene ligados a los gobiernos.
A grandes rasgos, hay países que prevén un sistema gratuito y universal (Cuba, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, Chile), otros que exigen copagos en función de los ingresos (Puerto Rico) y otros que solo financian medicamentos de alto costo a los ciudadanos que se atienden en el sector público (México, Argentina). De acuerdo a las cifras aportadas por los distintos medios que colaboraron con este informe, los países de la región prevén en promedio 0,5% de su PIB en medicamentos y tratamientos caros. Pero eso no incluye lo que luego terminan gastando por orden judicial. En Brasil, por ejemplo, el monto presupuestado en 2017 fue de unos US$ 1.879 millones, mientras que lo que se gastó en juicios fue US$ 319 millones. En Uruguay, lo presupuestado ese año fue US$ 260 millones, pero el Estado debió desembolsar más de US$ 4,8 millones por la vía judicial. En proporción, la judicialización en Brasil representa el 14,5% del total de lo que se gasta, y en Uruguay es el 1,8% —aunque ya se prevé que este año será más del doble. La mayoría de los países resuelven su cobertura de medicamentos de alto costo en base a una lista taxativa de enfermedades o de medicamentos indicados para algunos estadios de ciertas patologías. Esto explica la proliferación de reclamos administrativos y judiciales de pacientes cuyos médicos les indican un tratamiento que el Estado no contempla entre sus prestaciones obligatorias. Muchas veces, la discusión en los juzgados se centra en si los medicamentos reclamados tienen suficiente evidencia científica o no, y en si su financiación es válida en términos de costo-efectividad. Cuando la decisión judicial es proteger la vida del paciente más allá de estas consideraciones, los ministerios y organismos oficiales apuntan contra el Poder Judicial por inmiscuirse en asuntos técnicos y amenazar así la sustentabilidad de sus sistemas. Los operadores judiciales, en tanto, suelen responder que su tarea no es cuidar las finanzas de los Estados, sino salvaguardar derechos de las personas. Chile ha logrado zafar de este conflicto porque "el Poder Judicial tiene bastante consciencia en general de que el rol de la distribución de los recursos corresponde al Ejecutivo", dice Jaime Burrows, exsubsecretario de Salud de ese país. ¿Cómo lo hizo? Según Burrows, una de las claves es la transparencia en los procesos de decisión: el ministerio es capaz de explicar los motivos de la inclusión o exclusión de cada medicamento en la cobertura. Otra de las razones es la participación de los pacientes en esas decisiones, algo que en otros países aún es un debe. En el primer mundo, donde el gasto en medicamentos es mayor que en la región, el partido se juega hoy en poner freno al lucro de la industria. Sin soluciones sencillas, pero con algunas ideas de por dónde se debería transitar, la región tiene por delante este desafío de alta complejidad. Biosimilares seducen como forma de abaratar
Los medicamentos más caros son los biológicos. Se diferencian de los sintéticos (como la Aspirina), porque se los desarrolla a partir de seres vivos.
La unidad de medida que se utiliza para saber el peso molecular de los medicamentos es el dalton. Un remedio de síntesis no suele tener más de 1.000; un biosimilar pequeño —como la insulina— tiene 6.000. De los remedios más pequeños se puede saber todo: la cantidad de átomos y la conformación exacta de la molécula, por ejemplo. Pero de los más grandes, los biológicos, no se puede saber tanto. Esto es lo que lleva a que las copias sean similares —biosimilares— y no idénticas.
Con las copias no se hacen tantos ensayos clínicos como con los originales, pues el costo del proceso sería carísimo y el precio terminaría siendo parecido al del original. Por eso, muchos efectos adversos se descubren recién cuando los remedios son probados por los pacientes.
En varios países de la región se empezaron a aprobar medicamentos biosimilares. Uruguay habilitó este año una copia de Rituximab. Este fármaco es entregado por el Estado pero no para todas las patologías para las que los médicos suelen indicarlo. De hecho, el Ministerio de Salud recibió el año pasado 25 juicios por Rituximab, siendo así el segundo fármaco más reclamado. Argentina también tiene aprobada la venta del Rituximab biosimilar, y de un Bevacizumab. Perú, en tanto, aprobó el Infiximab.
En Brasil aún no hay biosimilares, pero se estudia la incorporación y producción de estos medicamentos. Colombia está en la misma situación.
El Rituximab aprobado en Uruguay, que es del laboratorio argentino Elea, fue retirado del mercado en República Dominicana por falta de pruebas. Algunos expertos, como el farmacólogo mexicano Gilberto Castañera, han denunciado que el Rituximab argentino es un "biomimic", como se le llama a las copias mal hechas de biosimilares.
*Participaron de este informe del Grupo de Diarios América (GDA): La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).
En la foto, (de izq. a der.) Ricardo Brom, de La Nación de Argentina; Armando Mayorga, de La Nación de Costa Rica; Chico Amaral y Ana Lucía Azevedo, de O Globo de Brasil, así como María Arce, de GFR Media de Puerto Rico. (Juan Soto/GFR Media/GDA)
Juan Soto Meléndez / Especial para El Nuevo Día - GDA
Brickell, Miami - El Grupo de Diarios América (GDA) celebró en la noche del miércoles la séptima edición de los Premios de Periodismo GDA 2018, un reconocimiento al trabajo desarrollado en las redacciones de medios líderes de once países que componen este consorcio fundado en 1991.
En esta ocasión fueron premiadas cuatro categorías de contenidos publicados durante el 2017: ‘Reportaje noticioso de investigación’, ‘Nuevos formatos de vídeos’, ‘Propuesta editorial innovadora’ y ‘Ciencia y salud’. El diario O Globo de Brasil ganó dos categorías mientras que La Nación de Costa Rica y La Nación de Argentina triunfaron en otras dos. Pero también recibieron menciones honoríficas el periódico El Nacional de Venezuela y al grupo editorial GFR Media de Puerto Rico, compuesto por las redacciones de El Nuevo Día y Primera Hora.
“Nosotros hoy vamos a premiar el buen periodismo que es lo que nos queda a los medios de comunicación o casas editoriales como las que representamos”, expresó en su mensaje de bienvenida el maestro de ceremonias de la noche, Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia.
“Podrán surgir todas las tecnologías que ustedes quieran, pero lo que no va a cambiar es la forma de contar historias. Las buenas historias en el periodismo van a prevalecer, por encima de la tecnología, por encima de las redes sociales”, enfatizó.
“Yo llevo muchos años en el oficio y lo que yo leí en esta ocasión fue conmovedor por la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo, por las herramientas que estamos empleando, por la calidad periodística, por la investigación rigurosa de nuestras casas editoriales y me siento muy orgulloso de ser parte de esta familia de periodistas y de este Grupo Diarios de América”, añadió Cortés, antes de comenzar la entrega de los premios junto a Ignacio Prado, de El Comercio de Perú y presidente de GDA, así como Luis Saguier, de la Nación de Argentina y vicepresidente del grupo.
De este modo, el primer premio, bajo la categoría ‘Reportaje noticioso de investigación’, se lo llevó el informe especial “Narcotráfico en Costa Rica/Narcodecomisos”, elaborado por un equipo multidisciplinario de La Nación de Costa Rica. Este trabajo investigativo constó de 12 entregas, publicadas primero en la web y luego en versiones resumidas en la edición impresa del diario, así como de una versión multimedia interactiva.
La investigación llevó al equipo costarricenses a buscar las causas del porqué el narcotráfico se ha convertido en el mayor flagelo que azota Costa Rica y cuál es la capacidad de ese país para enfrentar esa crisis. La serie de artículos se publicó desde abril hasta noviembre de 2017.
“Quisimos demostrar en esta investigación los efectos que tiene el tráfico de drogas en un país tan pequeño como Costa Rica y lo hicimos desde el punto de vista de los homicidios, lo que se queda para consumo local y también lo evidenciamos, obviamente, desde el punto de vista, algo también muy novedoso, de las exportaciones de Costa Rica y cómo está dañando la economía del país”, explicó Armando Mayorga, jefe de información de este diario.
“La investigación también llegó a determinar cuáles son las armas que tiene este país para atacar este problema. Obviamente, lo que el equipo de periodistas descubrió es que las armas son todavía muy rudimentarias”, abundó Mayorga.
En esta misma categoría se otorgó una mención honorífica al reportaje noticioso “Atrincherados en casa”, desarrollado por El Nacional de Venezuela, que recoge testimonios de los habitantes de los edificios de El Paraíso, zona del oeste de Caracas, atacados por los cuerpos de seguridad entre abril y julio del 2017, los meses en que los venezolanos salieron a las calles de todas las ciudades del país para expresar su descontento contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La mención lo recogió Jorge Makriniotis, gerente general.
Por otra parte, el equipo de O Globo de Brasil ganó la categoría ‘Nuevos formatos de video’ con el documental de 14 minutos realizado en animación, “A Guerra do Brasil”. El video, publicado el 11 de diciembre de 2017, muestra que el país tuvo más de 786,000 asesinatos en 15 años del siglo XXI, número mayor que el registro en las guerras de Siria e Irak, en todos los atentados terroristas del periodo.
El documental apuesta por el uso de la animación como lenguaje periodístico. Tuvo distribución gratuita por YouTube, en versiones subtituladas en español e inglés y en diversas plataformas, incluyendo el sitio oficial www.aguerradobrasil.com.br, pero también en la edición impresa, cine y en otros eventos.
El documental “fue la manera que encontramos para explicar que el país vive una guerra, es una guerra sin ejércitos, sin enemigos”, explicó Chico Amaral, editor ejecutivo de O Globo, encargado de recibir el segundo premio de la noche. “Toda la producción nos tomó seis meses, desde el levantamiento de los datos hasta la finalización de la animación. Fue un equipo de seis personas más dos coordinadores”, detalló.
Para Amaral y su equipo de trabajo, este premio representa el éxito de haberse destacado en una nueva forma de decir la noticia.
“Para nosotros es comouna manera nueva de hacer periodismo, porque somos una redacción tradicional que vive un proceso de digitalización, en busca de otras narrativas”, abundó.
El premio de la tercera categoría, 'Propuesta editorial innovadora’, se le otorgó al equipo de La Nación de Argentina con el trabajo titulado “Dos años de análisis de las escuchas de Nisman”.
En enero de 2017 este grupo argentino publicó en su página web una investigación que resume el desglose de más de 40,000 audios del teléfono intervenido de Jorge Yussuf Khalil, descrito por el fiscal Alberto Nisman como “la voz y oídos de Irán” en Argentina para descubrir la verdad del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que costó la vida a 85 personas. Nisman, como titular de la Unidad Fiscal de Investigación Antiterrorista, utilizó las escuchas realizadas entre noviembre de 2012 y octubre 2014 para la elaboración de la denuncia que presentó, cuatro días antes de su muerte, ante el juez Ariel Lijo.
La innovación de esta investigación incluyó la carga de los audios en la página web con Voz Data, una plataforma desarrollada por La Nación junto a Knight Mozilla Open News y Civicus Alliance. El trabajo duró dos años y culminó con el desarrollo de una plataforma interactiva que permite navegar las escuchas a través de los temas y personajes más relevantes. Este premio lo recogió Ricardo Brom, gerente de inteligencia de datos editoriales de La Nación de Argentina.
En esta misma categoría GFR Media recibió una mención honorífica el especial “María, un nombre que nunca vamos a olvidar”, un trabajo colaborativo entre El Nuevo Día y Primera Hora. El grupo creó un micrositio que recopila los principales eventos que ocurrieron tras el impacto del huracán María en Puerto Rico. Publicado en octubre de 2017 despliega 59 videos, 343 fotos, cuatro mapas interactivos, 81 landing pages con etiquetas que despliegan las últimas noticias relacionadas a cada tema y los PDF’s de las 53 ediciones especiales de los dos periódicos que se repartieron de manera gratuita durante un mes.
“Nosotros sabíamos que la gente en algún momento se iba a volver a conectar y que en muchos casos no sabían lo que había pasado a nivel país tras el paso del huracán. Realizamos este especial multimedia con el objetivo de que fuera un registro histórico que quedara para el futuro, que recopilara la información más importante y que fuera un reflejo de lo que le había ocurrido a cada uno de los 78 municipios después del huracán”, detalló emocionada María Arce, subdirectora digital del grupo.
“Todos estábamos enfocados en lo mismo, en dejar una memoria histórica para Puerto Rico, que fue producido y realizado en las peores condiciones”, amplió Arce.
La autora de este reportaje, Ana Lucia Azevedo, revela en sus escritos cómo vivían los primeros niños nacidos con microcefalia asociada con el virus zika en Brasil, un año después de la epidemia. La serie mostró el abandono de los niños y sus familias en el estado de Paraíba, por parte del poder público y contribuyó para que pudieran recibir más atención y asistencia.
Según explicó la periodista, fue muy importante presentar la diferencia entre los pequeños que recibieron la atención médica porque tenían los recursos económicos para hacerlo y aquellos que no contaban con la ayuda necesaria para enfrentar la microcefalia. “Eran niños y niñas casi condenadas a muerte, abandonados. Era muy grave. Todos los que aparecieron en el reportaje recibieron atención. Cerca de seis meses después, la mamá de uno de ellos me llamó para decirme que su hijo estaba sonriendo”, detalla conmovida Azevedo, minutos antes de recibir su premio.
El jurado de este año estuvo compuesto por: José Del Río, secretario general de redacción de La Nación de Argentina; Gabriel Trillos, director editorial de La Prensa Gráfica de El Salvador; Carolina Álvarez, subeditora de la sección internacional y coordinadora GDA en El Mercurio de Chile; Ernesto Cortés, editor jefe y coordinador GDA en El Tiempo de Colombia; Pablo Maldonado, editor de Mundo y coordinador GDA en GFR Media, Puerto Rico; el Dr. Alejandro Alvarado, director de la Maestría de Periodismo en español de la Universidad Internacional de Florida (FIU por su siglas en inglés) e Igor Galo, director de Comunicaciones para América Latina del Instituto Empresa Business School de España.
Para la evaluación de los trabajos sometidos se tomaron en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad, innovación, rigurosidad en el trabajo de la reportería, de la investigación y del manejo de fuentes y de datos, estilos narrativos y técnica visual según correspondía a cada una de las categorías rotativas premiadas cada año.
O GLOBO/BRASIL CON INFORMACIÓN DEL GDA Y COLABORADORES*
La caída de la gigantesca constructora brasileña significó un terremoto para la región, una vez que salieron a la luz crímenes de corrupción que involucran al alto gobierno de diez naciones latinoamericanas, entre ellos el de Venezuela. Al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus respectivos países y un presidente en funciones –el peruano Pedro Pablo Kuczynski– perdió su cargo. La trama, en todo caso, es enorme: el Ministerio Público Federal de Brasil ha recibido 254 pedidos de colaboración con investigaciones en el extranjero y ha enviado, por su parte, 259 solicitudes a otras naciones para obtener información que ayude a establecer responsabilidades. En abril de 2015 Odebrecht celebraba el título como la mayor constructora de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigaciones iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de colaborar con la justicia y causó un terremoto en el mundo político latinoamericano al confesar crímenes de corrupción en diez naciones de la región. El número de presidentes y ex presidentes investigados en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la compañía: al menos nueve ex mandatarios están en la mira de las autoridades de sus países, y un presidente perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigaciones sobre altos funcionarios que, aunque no tuviesen relación con la firma bahiana, también quedaron envueltos en tramas sospechosas. El fiscal del Ministerio Público Federal Roberson Pozzobon, que integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato donde fue desentrañada, en Curitiba, considera que si antiguamente las dificultades burocráticas y las diferencias legales entre los países permitían que los crímenes transnacionales quedaran prácticamente impunes, ahora el escenario cambió. “Hoy es posible intercambiar informaciones y pruebas en el ámbito de investigaciones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con naciones más próximas geográficamente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó. Pozzobon dice que antiguamente el triunfo de las organizaciones criminales radicaba en el lavado de dinero en el exterior, fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores. Con las nuevas reglas y tratados de cooperación internacional, sin embargo, la modalidad se ha convertido en “un verdadero talón de Aquiles” para los criminales.
Acusaciones contra Lula En Brasil el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo del impacto de las investigaciones anticorrupción. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un apartamento reformado por la constructora OAS como compensación por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el inmueble o actuado a favor de la compañía. El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre asuntos de interés de la empresa, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio suministró información que generó otros juicios contra Lula, en los que el ex presidente es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una casaquinta en Atibaia, ciudad del interior de São Paulo donde la constructora es señalada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa argumenta que la casaquinta no está registrada a su nombre y niega que haya cometido delitos. En relación con el otro caso, indica que el instituto fue instalado en un lugar distinto y que Odebrecht no participó en su creación. Las denuncias de la compañía implicaron a todos los ex presidentes vivos de Brasil. Los juicios que contenían citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigación basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7,3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuidora, que no tiene relación directa con Odebrecht. Poder bajo la lupa En Perú el espectro de mandatarios en la mira de la justicia es amplio. Cuatro ex presidentes son investigados por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo ha sido acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la firma por la obra de la Carretera Transoceánica. En febrero de 2017 un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Pero como Toledo se encuentra en Estados Unidos, la Fiscalía pidió su extradición, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de las autoridades norteamericanas. Alan García es investigado por tráfico de influencias en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea del Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructora ganara la licitación con otras dos empresas. No le fue impuesta restricción judicial. El único de los ex presidentes peruanos que estuvo preso fue Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Estuvo 9 meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a finales de abril. Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, fue el único en perder el cargo. Renunció en marzo, también bajo la sospecha de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht por empresas ligadas a él cuando era ministro. Está impedido de salir del país por 18 meses y sus bienes estuvieron confiscados. En Colombia las averiguaciones iniciadas por los acuerdos con Odebrecht alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigación en la Cámara de Diputados, iniciada por la sospecha de que había recibido dinero de la constructora en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialistas discrepan sobre la competencia de ese tribunal para juzgar la acción. Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidencial, Roberto Prieto, llegó a ser investigado penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue condenado por recibir 6,5 millones de dólares de la empresa. Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, propuestas por un parlamentario. El ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a 6 años de prisión y a pagar una indemnización de 7,5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3,5 millones de dólares a través de pagos hechos a un tío. Señalado de recibir 1,5 millones de dólares de la compañía en su campaña para la presidencia en 2008, el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes huyó a Nicaragua. Funes viajó a ese país después de haber sido condenado en noviembre del año pasado por enriquecimiento ilícito y sentenciado a devolver, junto con su hijo, 419.000 dólares a las arcas públicas. Aunque Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra presidentes o ex mandatarios, se han denunciado públicamente transferencias irregulares a políticos de esos países. A pesar de que, en el caso venezolano, la justicia oficial no ha emitido ninguna condena relacionada con el caso Odebrecht, el llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, una instancia paralela surgida en medio de la convulsión política, juramentada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de Estados Americanos, dictaminó, el 15 de agosto desde Bogotá, que el presidente Nicolás Maduro era culpable de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales y lo condenó a cumplir 18 años y 3 meses de cárcel, a pagar una multa de 25 millones de dólares y a resarcir 35 millardos de dólares al Estado. Las acusaciones fueron promovidas por la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, quien señaló a Maduro de haber adjudicado a Odebrecht obras sin licitación cuando se desempeñaba como canciller durante el gobierno de Hugo Chávez. También lo acusó de haber solicitado de la empresa brasileña 50 millones de dólares para la campaña presidencial de 2013, a cambio de “trato preferencial”. Aun cuando la condena fue reconocida por la AN, el presidente del Parlamento, Omar Barboza, la calificó de “no ejecutable” debido, señaló, a la ausencia de Estado de Derecho en el país. Obstáculos en el camino Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la compañía admitió pagar y los políticos de los países involucrados. En toda la región se activaron equipos de trabajo a finales de 2016, luego de que la empresa anunció la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido 1 millardo de dólares en sobornos a naciones de las Américas y de África. Las averiguaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la justicia nacional. El número es prácticamente igual a los 259 pedidos formulados por las autoridades brasileñas para obtener información de otros países. Pozzobon describe las indagaciones como un camino de doble vía. “Nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente. A la vez, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, ex presidentes y ex ministros”, afirma. Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos en algunas naciones en comparación con el ritmo que llevan en Brasil. En Perú, por ejemplo, han sido detenidos siete ex funcionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango, pero desde la renuncia de Kuczynski, en marzo pasado, no hubo operaciones ni otros arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió. Procesos paralizados También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios enfrentando juicios, y los mayores castigos fueron sanciones administrativas para empleados de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado 10,5 millones de dólares en México.La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de ese año nadie fue indiciado. Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso. Ecuador es otra nación en la que políticos aún no han sido sancionados. Los trabajos de los investigadores de ese país avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el Metro de Quito, obra de 495 millones de dólares. Apenas en abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar un acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones. Las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada y sus cuentas congeladas. En julio de 2017 se congelaron también las cuentas de dos familiares del ex ministro de Transporte Haiman el Troudi. Después de esto no ha habido otra acción por parte de la justicia oficial. La ruta de las valijas En Argentina también se presenta dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La justicia de ese país aún no ha tenido acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de las dos naciones negocian un acuerdo para que los imputados de la justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no establece librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación. Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el “valijero” paulista Leonardo Meirelles, que firmó una delación utilizada por la justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos, él dice que transfirió más de 500.000 dólares a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol. Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella. Aun sin las acusaciones de los “valijeros” brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, ex ministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht. En Colombia 78 personas son investigadas por supuesta participación en el escándalo de corrupción; 5 ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el ex ministro Gabriel Ignacio García Morales y los ex senadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías. *** Con información de medios del GDA y colaboración de La Prensa de Panamá,Prensa Libre de Guatemala y El Día de República Dominicana
