La violencia criminal, social y
doméstica es uno de los factores que alimenta la desigualdad y el bajo
desarrollo, y todos juntos se constituyen en una trampa que afecta a los más
vulnerables.
Yolanda Gómez, especial para el Grupo de Diarios América
(GDA)*
“La percepción de desventaja, la falta de
oportunidades y la injusticia incentivan las actividades ilegales, debilitan y
desgarran el tejido social y con el tiempo se transforman en violencia o
amenaza de violencia como medio de salida. Esta trampa hace que la violencia y
la desigualdad se alimenten mutuamente y creen un círculo vicioso que afecta el
desarrollo.
“Cuando las personas perciben que el sistema
está inclinado a favor de unos pocos (como es el caso de América Latina y el Caribe),
a menudo pierden la fe en la capacidad de la ‘voz’ como medio para alcanzar y
sostener nuevos acuerdos”, sostiene el informe ‘Atrapados: alta desigualdad
y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de publicar el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Es un hecho que hoy la región de América Latina
y el Caribe lidia con la violencia o amenaza de violencia asociada a estos
factores y se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y
no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos. “Es parte
fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos,
oportunidades y poder en la región”, sostiene el PNUD.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC)
están atrapados en una trampa que mantiene a sus habitantes en condiciones de
desigualdad y bajo crecimiento con tres factores de fondo que se entrelazan y
perpetúan el problema: la concentración de poder, la violencia y los efectos
indeseados del diseño de sus políticas públicas.
Esa es la conclusión central del informe ‘Atrapados:
alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina’, que acaba de
publicar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que
invita a los países de la región a “explorar la complejidad de las
interacciones entre algunos de los factores que contribuyen a la perpetuación
de esta trampa”.
El PNUD señala que la mayor desigualdad puede
fomentar las condiciones para elevar los niveles de violencia y que esta, a su
turno, puede aumentar la desigualdad a través de su efecto sobre los resultados
del desarrollo.
El informe propone que los países miren de
manera conjunta y no aislada los problemas y planteen soluciones para todos los
aspectos a largo plazo, porque esos factores se impactan mutuamente y no se
puede solucionar uno si los demás se mantienen.
La desigualdad lleva a la violencia por tres canales:
la ilegalidad, la frustración y alienación de los desposeídos y la exclusión de
ciertos sectores de la población en el poder, el estatus social y los ingresos.
El estudio se enfoca en los efectos de la
violencia criminal, social y doméstica y plantea seis áreas claves en las que
los países de la región deben actuar para combatir la violencia y romper el
círculo vicioso que impacta el desarrollo y el crecimiento y profundiza la
desigualdad.
Uno de los capítulos aborda ‘los vínculos entre
violencia, desigualdad y productividad’ y hace énfasis en el impacto en
poblaciones vulnerables como las mujeres, con violencias como el feminicidio y
el abuso sexual. “Dado que la violencia afecta de manera
desproporcionada a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en
varios aspectos del desarrollo, incluidos derechos, ingresos, salud, educación
y representación política”, advierte el informe.
Entre las medidas señala la urgencia de
establecer sistemas judiciales más independientes y eficaces, considerar nuevos
enfoques para abordar el comercio ilícito, empoderar económicamente a los
grupos marginados, ampliar la atención de salud mental para las víctimas de la
violencia, invertir en capital social para reformar la política local y crear
capacidad estadística para datos sobre violencia.
Estos desafíos parten de una realidad: América
Latina y el Caribe alberga el 9 por ciento de la población mundial y, sin
embargo, representa el 34 por ciento del total de las muertes violentas. A esta
situación se suman la violencia sexual, los robos, el abuso policial, la trata
de personas y la ilegalidad.
Los costos de la violencia
Según el informe de PNUD, cálculos recientes fijan
el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca del 4,1 por
ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB), mientras los
costos directos e indirectos del crimen se estiman en el 3 por ciento del PIB
en el país promedio y más del 6 por ciento en los países centroamericanos más
violentos.
Cifras del Banco Mundial citadas por el estudio
indican que el costo de los gastos médicos, la pérdida de
productividad y el gasto público en seguridad es equivalente a 3,7 por ciento
de la producción anual, lo que representa un desperdicio sustancial de recursos
públicos.
Para PNUD es un hecho
que los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor
desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en
políticas que reducirían la desigualdad, o si los menores niveles de
crecimiento económico derivados de la violencia obligan a los gobiernos a
abandonar intervenciones de bienestar institucional.
“La violencia es, por
tanto, capaz de distorsionar lo público y lo privado”, explica el informe y
recuerda que la violencia también impacta el crecimiento económico a través de
su efecto en individuos, empresas, comunidades e instituciones.
Estudios anteriores
dirigidos por el PNUD han concluido que los años perdidos en la esperanza de
vida debido al exceso de homicidios en América Latina durante 2009 representó
el equivalente al 0,5 por ciento del PIB per cápita de la región en ese año.
Los costos de la
prevención y el castigo del delito incluyen los costos de salud
por homicidios y
lesiones, pérdidas derivadas de delitos contra la propiedad.
Se estima el gasto
público en enjuiciamiento, servicios penitenciarios y rehabilitación
representaron 1,04 por ciento del PIB de Costa Rica en 2010, 1,21 por ciento
del PIB de Chile, 2,27 por ciento del PIB de Uruguay, 2,53 por ciento del PIB
de Honduras y 2,45 por ciento del PIB de Paraguay.
Se ha calculado que la
victimización ha costado el 1,18 por ciento del PIB de Uruguay, 1,47 por ciento
en Costa Rica, 2,11 por ciento en Chile, 6,36 por ciento en Paraguay y 8,01 por
ciento en Honduras.
La violencia contra las mujeres
En la violencia doméstica, el estudio se centra
en el impacto de la violencia contra las mujeres y las niñas como un flagelo contra los derechos humanos, salud pública, seguridad
ciudadana y salud física, política y económica de las mujeres y su autonomía.
En América Latina y el Caribe cerca de un tercio de las mujeres que alguna vez han tenido una
relación han estado física o sexualmente agredidas por una pareja íntima al
menos una vez en la vida, y más del 10 por ciento de las mujeres de 15 años o
más han sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por una persona que no es
su pareja.
El informe recuerda que
los niveles de este tipo de violencia son abrumadores. La tasa de violencia
sexual fuera de la pareja es la tercera más alta del mundo, y la tasa
de violencia a manos de
parejas o exparejas es la segunda tasa más alta a nivel mundial.
La expresión más
radical de esta violencia es el feminicidio, que ha llegado dimensiones
preocupantes: según el Observatorio de Igualdad de Género de los Estados Unidos
Comisión Económica de las Naciones para América Latina y el Caribe (CEPAL), 4.555
mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de ALC en 2018.
Hubo diferencias
notables en las tasas promedio de feminicidio entre países en la región entre
2010 y 2019. En República Dominicana (3,1), Trinidad y Tobago (2,3) y Santa
Lucía (1,8). En América del Sur, las tasas más altas se registraron en Bolivia
(2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). En Centroamérica, la subregión con mayores
tasas, los países con más feminicidios en relación con su población fueron
Honduras (7,1) y El Salvador (6,3).
PNUD advierte que el
miedo y la ansiedad creado por la amenaza de violencia puede alterar el
comportamiento laboral y, por lo tanto, afectar negativamente el nivel
educativo y el desarrollo cognitivo, empeoran los resultados del mercado
laboral, y socavan las habilidades no cognitivas.
Por estas razones, la
violencia de género puede también empeorar las desigualdades de género
existentes en el mercado laboral. También puede amplificar la desigualdad
económica dado el efecto desproporcionado de la violencia de género en las
mujeres de bajos ingresos.
De ahí que el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo recomienda que además de los asuntos de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres hay que integrar
perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para afrontar el
problema a lo largo del ciclo de vida de las mujeres.
La violencia en el desplazamiento y la
migración
En el análisis del
impacto de la violencia criminal en ALC el informe incluye la prevalencia de
violencia por desplazamiento, que afectó a unos 265.000 guatemaltecos,
hondureños y salvadoreños entre 2013 y 2018. El desplazamiento forzado también
ha afectado miles de mexicanos y, como resultado de la violencia tanto criminal
como política, a más de ocho millones de colombianos.
En su informe más reciente, la ONU estimó que
5,4 millones de personas habían dejado Venezuela hasta noviembre, y de ellas
4,6 millones terminaron en países de América Latina y el Caribe, la mayoría en
altas condiciones de vulnerabilidad.
La migración provocada
por la violencia puede exacerbar la desigualdad de ingresos porque los
migrantes, desplazados internos y refugiados enfrentan mayores dificultades
para encontrar trabajo y, por tanto, tienen menos perspectivas de mejorar sus
condiciones económicas. “Si los que huyen son los más desfavorecidos, es
probable que prevalezca una mayor desigualdad”.
La violencia puede
desestabilizar las economías locales en áreas desfavorecidas, condenándolas a
un menor crecimiento económico. Oleadas de violencia en las economías rurales
locales que ya muestran un menor crecimiento económico y las instituciones de
bajo rendimiento amplían la desigualdad subnacional (zonas declaradas como
rojas o de alta peligrosidad) a través de un deterioro adicional en el
bienestar económico de la población.
En México, las
localidades afectadas por la violencia relacionada con las drogas experimentan
caídas en la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y
trabajadores en manufactura. En Belo Horizonte y Río de Janeiro, en Brasil, el
crimen representa 5 y 4 por ciento de la producción anual, respectivamente.
La violencia puede
representar un obstáculo para los esfuerzos de reducción de la desigualdad. “A
menudo se convierte en la mayor preocupación entre las personas en un lugar”.
La delincuencia en la
región ha llevado a una reducción del apoyo a las políticas de bienestar,
mientras que las elevadas tasas de violencia criminal han facilitado la
propagación de las percepciones de inseguridad, lo que ha impedido la
consolidación del bienestar. “Las víctimas directamente afectadas por el
aumento de la delincuencia son a menudo las personas con mayor necesidad de
asistencia social”, recuerda PNUD.
La violencia puede
incluso operar como un instrumento de poder que permite a las élites preservar
el status quo distributivo, debido a la contribución de la violencia a
la exclusión política de amplios sectores de la población que no pueden hacer
demandas por una mayor igualdad a través del proceso democrático.
Según el informe, en América
Latina y el Caribe (ALC) “élites han tolerado, facilitado y participado en la
violencia, interviniendo de manera decidida contra la violencia solo si la
violencia amenaza el equilibrio de poder entre los centro y periferia o la
distribución del poder económico y político a nivel local”.
El costo es para el
desarrollo humano
Los efectos de la
violencia sobre la desigualdad de ingresos operan a varios niveles. En el
individuo, la violencia puede poner en peligro las perspectivas de ingresos de
las personas desfavorecidas a través de múltiples canales, creando obstáculos
adicionales para la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, puede ampliar la
brecha de ingresos al reducir la salud mental entre los pobres, alterando así
la participación de los pobres en el mercado laboral.
PNUD señala que, si bien los
costos económicos de la violencia se pueden estimar, es imposible cuantificar
el verdadero costo humano de la violencia o el trauma a largo plazo que la
violencia puede perpetuar en el futuro.
“Pensamos que una llave para empezar a romper
esa trampa está por el lado de la protección social”, afirma López Calva. En su
concepto, “si los países hacen un esfuerzo amplio de replantearse la protección
social para que sea universal, verdaderamente incluyente, fiscalmente
sostenible, y además que sea amigable al crecimiento económico, es una llave
que puede empezar a revertir esa trampa”.
ENTREVISTA: Cinco preguntas a...
Luis Felipe López Calva, Director
Regional para América Latina y El Caribe en el PNUD.
¿Cuál es el objetivo del informe?
Es un llamado a ver las interacciones entre los
problemas estructurales que tenemos en América Latina y el Caribe, con énfasis
en el problema de crecimiento y en el problema de desigualdad, para poder salir
con políticas más integrales. Y de ahí que nos refiramos al concepto de que
estamos atrapados.
¿Por qué hablan de una trampa?
Porque los problemas que vemos desde los
distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta. Y porque
si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada uno de estos grupos propone
políticas para resolver ese problema concreto que ven, pero no de manera
integral con los demás, vamos a seguir teniendo soluciones que no van sino a
profundizar esas interacciones. Es decir, nos vamos a mantener en la trampa, es
como si estuviéramos cavando en un hoyo y estamos haciendo más grande este
hoyo. Lo que decimos es paremos, entendamos cuáles son las interacciones entre
los problemas que vemos y tratemos de poner juntos este rompecabezas y
encontrar la salida de manera integral.
En el informe hablan de percepciones.
¿Por qué?
Hablar de percepciones porque hay que entender
cómo la gente vive la desigualdad a nivel muy individual, personal, local. Es
algo que se vive a nivel muy personal y es muy importante entender cómo las
medidas objetivas que tenemos pueden tener también sus sesgos o pueden estar
desconectados de algunas realidades.
¿La percepción influye en la
desigualdad?
La percepción de inequidad y de injusticia
definitivamente tiene un impacto sobre las decisiones de las personas, por
ejemplo, a la hora de contribuir al sistema fiscal, incluso de participar
políticamente y en un caso extremo de migrar y de tratar de buscar un mejor
espacio. Por eso es muy importante siempre contrastar las medidas objetivas con
las percepciones de las personas. Al final, tienen un impacto muy importante en
el comportamiento económico, social y político de las personas.
¿Cuál es el impacto de la desigualdad en
la democracia?
Una de las implicaciones del bajo crecimiento,
la alta desigualdad, lleva a una reducción en la confianza en las instituciones
y, eventualmente, puede llevar a una desconexión de ciertos grupos con la
política y a sentirse no representados, y eso conlleva un riesgo para la
democracia. Hay un vínculo muy claro entre la desigualdad, bajo crecimiento en
esta trampa que puede llevar a una situación de debilitamiento de la democracia
que tanto trabajo ha llevado construir en la región.
*El GDA está integrado por La Nación de Argentina, O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Colombia, La Nación de Costa Rica, La Prensa Gráfica de El Salvador, El Universal de México, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico, El País de Uruguay y El Nacional de Venezuela.
Más información:
El Comercio PE:
Nacional VE:
