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22.8.09

Ciudades latinoamericanas, azotadas por el crimen

Diarios del GDA analizan lo que pasa en 11 urbes

El crecimiento de bandas dedicadas al atraco, la venta de droga, el hurto de vehículos y el sicariato se han convertido en un azote

Informe especial del Grupo de Diarios de América (GDA)

En el interior de los autobuses de servicio público de Caracas, los pasajeros deben compartir sus viajes con hombres del Ejército para evitar el repentino ataque de los delincuentes. En Ciudad de México (México), los carteles de la droga azotan las calles de la capital azteca con la venta de droga al menudeo y el asesinato selectivo. Y en Lima (Perú) ni el técnico de fútbol Mario Gareca se salvó de una banda de atracadores de origen colombiano que lo siguió hasta su casa después de haber retirado dinero de un banco y allí lo asaltó.
Con el mismo vértigo con que las ciudades latinoamericanas han crecido en el último medio siglo, han crecido el crimen y la violencia en ellas. El homicidio, el hurto de vehículos, el atraco a mano armada, la venta de droga o el llamado 'secuestro expres', encabezan las listas de los males que hoy golpean, en mayor o menor escala, a las capitales de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Ecuador, Perú y Chile.
Caracas, por el despeñadero
La capital venezolana describe hoy el grado de intensidad y crueldad al que está llegando el crimen urbano en América Latina: 130 homicidios por cada 100 mil habitantes (seis veces más que en Bogotá, 19,2); un incremento del 50 por ciento de los secuestros frente al primer semestre del 2008; 60 robos diarios en el transporte público y el asesinato de dos personas cada semana para despojarlas de sus motocicletas, convierten a la capital de la República Bolivariana en una de las más peligrosas del mundo.
En San Juan (Puerto Rico), es el fenómeno del narcotráfico el que tiene en alza el número de homicidios: 20,4 por cada 100 mil habitantes, el segundo más alto de Estados Unidos, después de Washington, y con posibilidades de que crezca este año.
En México, a los 547 delitos que en promedio se denuncian cada día (ocurren muchos más), y el 30 por ciento de ellos clasificados de alto impacto, se suma el poder criminal de los carteles de la droga, que en ese país se cobran casi 20 vidas por día.
"Por mantener el control de sus plazas tratan de amedrentar, de enviar mensajes a través de cuerpos decapitados o ejecuciones", asegura Bernardo Espino del Castillo, coordinador general de delegaciones de la Procuraduría General.
En México, al igual que en Colombia, los narcotraficantes y organizaciones criminales, se han apoderado de negocios legales e ilegales como la piratería, la extorsión, la prostitución, las apuestas, los juegos de azar, el tráfico de indocumentados y hasta la protección de barrios. Todos delitos difíciles de controlar cuando se cuenta, como en el caso del DF, con apenas 22 mil policías para una ciudad de 8 millones de habitantes, más los 4 millones de población flotante, según la Secretaría de Seguridad Pública.
En el primer semestre de 2009, los residentes en la capital mexicana denunciaron 375 homicidios, 40 secuestros y 13 mil robos de vehículos.
Volviendo a Suramérica, Río de Janeiro, la segunda ciudad más importante de Brasil, vive el drama de tener unas milicias de narcotraficantes, fuertemente armadas, que controlan extensas áreas pobres de la ciudad y se han apoderado de servicios públicos como el transporte y la televisión por cable, lo que les genera ingresos por 180 millones de dólares al año, suficiente para corromper a la autoridad o financiar campañas políticas.
Y si bien los asesinatos pasaron de 4.081 en 1994 a 2.069 el año pasado, el índice de homicidios (33,2 por 100 mil habitantes) podría no ser tan real, debido a que el accionar de las bandas de narcotraficantes incluye la desaparición de personas, un crimen que pasó de 1.235 casos en 1991, a 2.050 en el 2008.
En todo caso los inocentes siguen cayendo. El caso de Henry Silva, de 16 años, es solo un ejemplo. En el 2006 volvía de un partido de fútbol hacia su casa, en Morro de Gamba, una favela de la ciudad, cuando fue asesinado por la policía y luego llevado a un hospital. Allá informaron que Silva era traficante de drogas y se había resistido a un arresto. Durante 7 años la madre de Henry, Márcia Jachinto, investigó sola el crimen para demostrar que su hijo jamás había traficado con drogas, no había portado armas y era un estudiante ejemplar. Dos policías fueron condenados por el hecho.
Así como Brasil padece con las milicias, Bogotá con el resurgir del sicariato y Quito con bandas que no temen asesinar a sus víctimas, Buenos Aires tiene en el hurto de vehículos su dolor de cabeza.
En el primer trimestre del año este delito se incrementó 19,4 por ciento frente al 2008. Buena parte de los robos se producen a mano armada y muchas veces terminan en homicidio. Hace poco, las autoridades capturaron a una banda integrada por menores de edad que ya tenía un muerto en sus espaldas.
Para el consultor en temas de seguridad urbana Jairo Libreros, el tema no es de poca monta. En ciudades en las que el crimen organizado aumenta, al poco tiempo comienzan a surgir fenómenos de sicariato. Y es en el hurto de vehículos "donde se afina la capacidad delincuencial, se da paso a las riñas, el ajuste de cuentas y el narcotráfico", dice Libreros tras recordar que fue precisamente en el robo de carros donde comenzó su accionar criminal el capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar.
Las causas
Pese a que hay fenómenos propios de cada capital que explican el por qué de un mayor accionar de cierto tipo de delitos, un denominador común para el surgimiento de grupos delincuenciales son las precarias condiciones socio-económicas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes.
"En una sociedad que maltrata mucho a adolescentes y jóvenes con procesos de segregación fuerte, no es casualidad que sean ellos quienes reproduzcan con fuerza ciertos fenómenos de la criminalidad", señala Rafael Paternina, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad de Uruguay.
En el caso puertorriqueño el consumo de droga y la "transmisión generacional de la violencia", ha golpeado la escala de valores de la sociedad y ha sembrado el miedo entre la población, a tal punto que hoy la gente prefiere invertir en rejas y encerrarse.
La corrupción en el interior de los organismos de seguridad no solo se expande como un cáncer que facilita el accionar de los delincuentes sino que llena de dudas y temor a una sociedad que deja de confiar en quienes, constitucionalmente, están llamados a protegerla.
En Río de Janeiro, dos jefes de la policía civil fueron despedidos y responden a procesos por corrupción; en Caracas, el propio ministro del interior y Justicia, Tareck El Aissami, admitió que funcionarios de la policía están involucrados en el 20 por ciento de los delitos que se cometen; mientras que en Buenos Aires se denunció que en el pasado, para ser jefe de una comisaría de policía, se tenía que pagar y no perseguir a los 'desarmaderos' de carros.
La falta de políticas públicas que combatan eficazmente el crimen en las calles, ha llevado a que cada vez más ciudadanos estén ejerciendo justicia por mano propia, lo cual agrava el problema.
En Bogotá, recientemente, un hombre murió luego de que una turba enfurecida de vecinos lo golpeó incesantemente tras ser señalado de haber abusado de una menor.
"El linchamiento es simple y llanamente producto de que la justicia no entrega los niveles de seguridad que se requieren", afirma Libreros.
De mantenerse esta tendencia en la que el crimen urbano pareciera superar todos los límites y con una ciudadanía atemorizada ya no por lo que pudiera pasar con sus bienes materiales sino con su propia vida, no estará lejos el día en que vuelvan a resurgir liderazgos locales que practiquen la política de "tolerancia cero".
"El primer ejemplo que podemos mirar -señala Libreros- es el manejo que se le ha dado a grupos de pandillas como las 'Mara', en Salvador, donde para combatirlas se pasó de una política de 'mano dura' a la 'súper mano dura' y ya van en la 'mano de hierro'; se pasará de una política de seguridad ciudadana a una penitenciaria sin que esto signifique una solución verdadera".
El tema está a la orden del día, hace parte de la agenda de las campañas presidenciales que hoy se desarrollan en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia.
Desde los gobiernos locales y nacionales se plantean alternativas bien intencionadas (véase nota anexa) que sin embargo no atacan el origen del problema. Hay que partir del reconocimiento de que las urbes de hoy no son las mismas de hace tres décadas y que demandan nuevas estrategias, recursos y creatividad para hacerles frente a estos males de las ciudades modernas; ciudades que, como en el poema de Kavafis, estamos condenados a habitar. "Aquí terminarás, no esperes nada mejor".
Menores, asociados con la violencia
Sin pretender estigmatizar, cada vez más jóvenes, menores de 20 años, se ven envueltos en hechos violentos. En Buenos Aires, casos como el Daniel Capristo, un camionero de 44 años, padre de cuatro hijos, que fue asesinado de 9 balazos cuando intentó impedir que un ladrón de 14 años le robara el auto, reavivó el debate en el Congreso sobre una nueva ley penal juvenil, que ya cuenta con media sanción.
El 1 de enero del 2009, horas después de haberle dado la bienvenida al año nuevo, Juan Pablo Arenas, un estudiante de comunicación social de Bogotá, recibió varias puñaladas que le quitaron la vida después de que intentaron robarlo. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, en una zona frecuentada por menores que buscan fiesta en las discotecas dels ector. Doce días después, la Alcaldía prohibió la venta de alcohol entre las 11 p.m. y las 10 a.m. de la mañana, en zonas críticas de la capital. Sin embargo, hace dos semanas, Juan Carlos Arenas, padre del joven asesinado, recibió con tristeza el reversazo de la medida.
Aunque los menores, víctimas o victimarios, son protagonistas de la oleada de inseguridad, difícilmente las autoridades efectúan planes de choque para mitigar el problema. No hay cifras de delitos en este grupo de población, ni claridad en el tipo de sanciones que deben recibir, incluso, las políticas para la juventud están al final de las prioridades de los gobiernos.
La falta de oportunidades, el consumo de drogas y alcohol, la escasez de actividsades de ocio, familias disfuncionales o la simple presión de grupo, los lleva a involucrarse en temas como el narcotráfico, el pandillismo o la conformación de bandas delincuenciales que los usan como señuelos porque las leyes son más 'blandas' con ellos. "Algunos estudios etnográficos que hemos hecho en barrios de Montevideo nos muestran que hay mucho joven victimado por otros jóvenes en acciones de pequeños hurtos o asedio cotidiano que muchas veces no llegan a conocimiento de las instituciones. Los jóvenes que mueren por homicidio son algunos más de los que ocurrían", señala Rafael Paternain, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad en Montevideo.
En Lima, por ejemplo, los reportes de las comisarías de la ciudad revelan que actualmente hay 12.128 personas que integran 483 agrupaciones juveniles violentas, entre pandillas de barrio, escolares y deportivas. De ellos, las barras bravas representan el 45 por ciento del total de pandillas. Según un estudio policial, el barrista promedio tiene entre 16 y 24 años, no concluyó la secundaria y, si lo hizo, no intentó continuar sus estudios superiores. "Se enfrentan porque dicen que quieren satisfacer un vacío, elevar su autoestima, sentir que valen", refiere un agente de la comisaría de Apolo, en el distrito de La Victoria.
En Puerto Rico, "todos los estudios sobre delincuencia de menores y criminalidad revelan una estrecha relación con el uso y el tráfico ilegal de drogas", dice en su libro El Crimen en Puerto Rico la profesora Dora Nevares, una de las más destacadas criminólogas del país.
Pasajeros, indefensos en el transporte público
Como el grueso de la población utiliza el transporte público colectivo como medio de movilización, no es extraño que este se haya convertido en foco de la delincuencia.
De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México, 16 pasajeros han sido asesinados durante el primer semestre de 2009 por resistirse a ser asaltados. La mayor oleada de inseguridad se vive en los llamados microbuses, con 1.115 denuncias, lo que quiere decir que se cometen seis asaltos de este tipo al día en la ciudad, mientras que en el Metro -en el que a diario se transportan cinco millones de personas- se han registrado solo 143 casos, gracias a que se ha reforzado la seguridad con cámaras de vigilancia.
En Santiago ha ocurrido lo contrario. Si bien con la entrada de Transantiago hubo una disminución del hurto en buses al pasar de 2.407 incidentes en 2006 a 947 en 2008 y hoy los conductores son menos propensos a ser asaltados porque ya no manejan dinero en efectivo, más gente se moviliza en Metro -pasó de 1,5 millones de usuarios diarios a 2,2 millones-. Esto ha facilitado la comisión de delitos al interior del sistema, como el abuso sexual (manoseo), practica que también se denuncia en el TransMilenio de Bogotá.
En Caracas la inseguridad y la agresión a los transportadores obligó al Gobierno a aplicar el plan Ruta Segura, que consiste en la colocación de militares armados en los buses y paradas.
En Río, son los milicianos quienes comenzaron a apoderarse del transporte. En mayo, el cobrador de autobús Ubiraci Siquare de los Santos, 29 años, fue abordado por dos hombres que le anunciaron un asalto. Él entregó el dinero que tenía, no esbozó ninguna reacción y, aún así, fue asesinado.
Taxistas que delinquen en Lima
En una ciudad como Lima (Perú), donde circulan actualmente unos 330 mil taxis, de los cuales más del 50% son informales, no es raro encontrar olas delictivas de este tipo.
La ONG Luz Ámbar estima que al menos diez robos a bordo de taxis por día se producen en la capital. "Cualquier persona puede brindar el servicio de taxi, basta contar con un vehículo, poner el rótulo y salir a la calle. Nadie responde, hay poco control y las denuncias por robos o intentos de violación aumentan", dice el especialista en seguridad ciudadana Gabriel Prado.
En Bogotá hay preocupación ante el creciente atraco a mano armada que se lleva a cabo en varios corredores viales de la ciudad; buses con pasajeros que se ven sorprendidos en cualquier momento por jóvenes que los asaltan para llevarse joyas, dinero y celulares. La Policía realiza retenes sorpresa en algunos de estos corredores y, más recientemente, ha implementado la presencia de agentes secretos en TransMilenio.
Estrategias para combatir el hampa
Ciudad de México. A partir del 25 de junio, a los operativos contra el narcomenudeo se sumó el Ejército en los cateos realizados a casas en diversas colonias del Distrito Federal. La Secretaría de Seguridad Pública ha recuperado 36 espacios públicos, centro de operaciones del crimen y se ha aplicado la extinción para edificar centros sociales y hasta canchas de fútbol.
Caracas. El Gobierno desarrolla una encuesta de victimización en hogares que deberá estar lista a finales de noviembre. El año pasado entró en vigencia el Decreto Ley del Servicio de Policía Nacional que es considerado como el primer intento del Ejecutivo por diseñar políticas de seguridad ciudadana.
Buenos Aires. Para terminar con las violaciones, en las inmediaciones de las estaciones de trenes se instalaron cámaras de seguridad y se reforzó la zona con oficiales de la Gendarmería Nacional.
Lima. Varias de las 43 municipalidades de la ciudad han establecido las 11 de la noche como hora límite para la venta de alcohol en las tiendas. Así mismo, existe una fiscalización exhaustiva para evitar que los menores de edad adquieran licor en ellas.
Santiago. Las autoridades implementaron el programa Tribunales de Tratamiento de Drogas. La iniciativa deriva al imputado a un programa de rehabilitación bajo la supervisión del juez, usando la figura legal de la suspensión condicional del procedimiento, una forma de rehabilitar y reinsertar a los potenciales delincuentes.
San José. Entró en funcionamiento el primer Tribunal de Flagrancia de San José, concebido para juzgar en cuestión de días -incluso horas- a delincuentes sorprendidos in fraganti durante la comisión de fechorías.
Quito. En 2003, el Cabildo creó por Ordenanza la tasa de seguridad. Entre enero de 2003 y mayo de 2009 se recaudaron más de 30 millones de dólares para cuarteles, adquisición de patrullas y motocicletas e instalación de 128 cámaras en áreas públicas.
Bogotá. La Secretaría de Gobierno identificó 31 zonas críticas donde se concentran delitos como el atraco callejero y el homicidio. A partir de esa georeferenciación, se diseñaron planes puntuales para atacar el crimen en cada zona. Adicionalmente, se han implementado medidas como prohibir la circulación de menores de edad después de las 11 de la noche y la Superintendencia de Vigilancia propuso que los vigilantes tengan un papel activo en la prevención del delito.
INFORME ESPECIAL DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA)
Publicación
eltiempo.com