A la violencia se suman armas como las leyes, la publicidad y la difamación.
No son buenos tiempos para la libertad de prensa. Aunque el periodismo de calidad es siempre antagonista del poder, la dialéctica entre prensa y gobierno es menos frecuente que la confrontación. El diagnóstico varía según el país, pero es preocupante que, para varios gobiernos de América Latina, el periodista es ahora un enemigo.
La historia de la prensa abunda en persecuciones; muchas, orquestadas desde los gobiernos. Lo novedoso es la diversidad de métodos: la agresión física no ha pasado de moda, pero convive con formas de represión que intentan dar legitimidad a los ataques.
Así lo advirtió el periodista uruguayo Danilo Arbilla en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 2011: las nuevas formas de autoritarismo son "mucho más arteras y disimuladas que las del pasado, pero amenazan nuestras libertades tan seriamente como aquellas".
El ánimo represivo no ha cambiado, pero se refinó, de la misma manera en que los autoritarismos han dejado sus viejas envolturas de dictadurapara convertirse en algo más solapado, de apariencia democrática. Los enemigos de la prensa independiente ya no recurren solo a la pistola; también echan mano de armas más sutiles, como las leyes, la propaganda y la economía.
Para los enemigos, la ley
La reciente condena a los directivos y el exjefe de opinión del diario El Universo, de Guayaquil (Ecuador), acusados de injuria por el presidente Rafael Correa, evidenció cómo las leyes pueden usarse para intimidar a los medios. El mandatario no aceptó la oferta de publicar su réplica y persistió con su demanda hasta lograr una condena de prisión y reparaciones que sumaban 40 millones de dólares. El posterior perdón presidencial no borra la amenaza. "Los ecuatorianos no pueden perder de vista el precedente de que un presidente coacciona a la prensa con amenazas legales", advirtió Milton Coleman, jefe de la SIP. (Lea también: 'La opinión en Ecuador está amordazada': Roberto Pombo)
Según César Ricaurte, director del observatorio Fundamedios, en Ecuador hay al menos 5 leyes contra los medios. Una de ellas es la Ley de Participación Ciudadana, que convierte la información en servicio público y la somete a la regulación estatal. Otra, más reciente, limita la cobertura electoral, al prohibir la publicación de cualquier nota que pueda interpretarse como favorable o desfavorable para un candidato. "Como cualquier pieza es sospechosa, en la práctica se impone la censura previa", explica el analista.
El tejido legal ecuatoriano es similar al de Venezuela, donde el régimen chavista ha forzado el cierre del canal RCTV y de 34 estaciones de radio. Otros medios están bajo asedio. Un ejemplo es el canal Globovisión, cuyo dueño, Guillermo Zuloaga, sufre una persecución judicial impulsada por el Ejecutivo. Por cubrir un motín carcelario, por ejemplo, la estación fue multada con 2 millones de dólares.
"Con la Ley de Responsabilidad Social y la reforma del Código Penal, se inició una dinámica de persecución a medios", señala Carlos Correa, director de la asociación Espacio Público, que promueve la libertad de expresión en Venezuela. La norma responsabiliza a los propietarios de medios de las opiniones de sus periodistas y hasta de los entrevistados. Cada infracción se castiga con multa y bastan tres para ordenar el cierre. "Muchas emisoras han retirado sus contenidos informativos y otras han cambiado a periodistas identificados como críticos del Gobierno", agrega.
Ecuador y Venezuela son casos extremos, pero no los únicos. Otros gobiernos han impulsado leyes que restringen el ejercicio informativo. En Argentina, las normas que regulan la comunicación audiovisual y la venta de papel periódico han generado protestas de los medios opositores a la presidenta Cristina Fernández, que las consideran mordazas. En Bolivia, las leyes de lucha contra el racismo y del régimen electoral dejan abiertas grietas interpretativas que pueden usarse para castigar informaciones contra Evo Morales.
Agresiones en aumento
Otra arma que algunos gobiernos emplean es la descalificación. Al tratar al periodista crítico como enemigo, traidor a la patria o, incluso, delincuente, el régimen implanta un ambiente enrarecido, sienta las bases de una persecución y deja abierta la puerta para ataques posteriores.
El director de Espacio Público apunta que en Venezuela el Ejecutivo impuso una relación de enfrentamiento. "Esto ha desembocado en agresiones a los periodistas por parte de gente que se identifica con el Gobierno", apunta. Según sus cifras, su país reporta cada año unas 150 agresiones a periodistas. Los más vulnerables son los fácilmente identificables: fotógrafos y camarógrafos. "Me sobran los dedos de una mano para contar los casos en los que ha habido sanción", comenta.
En Ecuador, "la política de odio de los últimos cinco años ha minado la confianza en la prensa y son cada vez más los sectores que se sienten legitimados para agredir a los periodistas", señala César Ricaurte, de Fundamedios, cuyas estadísticas confirman un aumento preocupante: en el 2008 se registraron 22 agresiones a periodistas; en el 2010 fueron 151 y en el 2011, 156. El 60 por ciento, responsabilidad de agentes estatales. Este comportamiento se reproduce en las instancias regionales, donde los reporteros son más vulnerables.
Las acciones restrictivas también provienen de las fuerzas del orden. En México, uno de los países más peligrosos para el periodismo, las Fuerzas Armadas han sido acusadas de retener a periodistas en cinco estados, según el último informe de la SIP. La finalidad de estas acciones ha sido intimidarlos e impedirles realizar su trabajo.
La postura hostil contra el periodismo también se traduce en bloqueos informativos.
En Argentina, muchos funcionarios eligen a qué medio dan declaraciones en función de su posición respecto del Ejecutivo. "Hay una actitud del Gobierno que se traduce en falta de información, conferencias de prensa en las que no se admiten preguntas y vetos a medios", explica Andrés D'Alessandro, del Foro de Periodismo Argentino.
Ya sea por la vía violenta, la aparente legalidad o la asfixia económica, el fin sigue siendo el mismo: eliminar las voces discordantes y modelar una agenda informativa conveniente para el poder de turno, no para los ciudadanos. Los métodos se refinan, pero la batalla es la misma.
Perú: volvió el asesinato de reporteros
El 2011 cerró con una estadística preocupante: tres periodistas fueron asesinados y se reportaron 93 agresiones verbales o físicas, según el registro de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Esto convierte al país en uno de los más peligrosos para la prensa en la región. También ha aumentado la frecuencia de las demandas judiciales, orientadas la mayoría de las veces a intimidar a los periodistas críticos. En el Perú no se registraba el asesinato de un periodista desde el 2004. En los tres casos reportados el año pasado, las víctimas trabajaban en medios pequeños del interior del país y tenían en común su postura crítica contra las autoridades locales.
Brasil padece la censura judicial
El último informe de la SIP evidencia la preocupación por la censura judicial. El documento anota que "a partir de la revocatoria de la Ley de Prensa, los jueces están aumentando su poder discrecional -sobre todo los que están en los niveles más bajos-, en lo que se refiere a la anticipación de la custodia, la reparación del daño moral y el ejercicio del derecho de réplica". El país se ha vuelto más peligroso para los periodistas; en lo que va del 2012, tres han sido asesinados. La SIP le ha pedido al Gobierno, en repetidas ocasiones, acciones efectivas para proteger a los hombres de prensa y acelerar la investigación de los crímenes contra ellos, hasta ahora sin resultados efectivos.
México sigue sin protección eficaz
En un país especialmente peligroso para el ejercicio periodístico, el Gobierno no ha cumplido con su ofrecimiento de crear un mecanismo de protección eficaz. La SIP señala que el organismo formado para este fin apenas atendió ocho casos en el 2011 y para el presente año no le fueron asignados recursos públicos. El reparto de la publicidad también es objeto de cuestionamientos. La organización Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación solicitaron a los 32 estados que forman el país información acerca de su inversión publicitaria. Apenas 10 entregaron los datos completos y detallados, mientras 11 -es decir, un tercio- no proporcionaron ninguna información.
Tutelas preocupan en Colombia
Las amenazas y atentados contra periodistas han disminuido, pero aumentó el uso de mecanismos legales para entorpecer a la prensa. La SIP señala que es frecuente el uso de recursos como la tutela y la acción popular para demandar información sobre reportes judiciales que publican los medios, especialmente aquellos en los que la Policía brinda datos. También se han registrado juicios a periodistas por sus opiniones. Es el caso de Luis González, del diario 'Cundinamarca Democrática', demandado por injuria por la exgobernadora Leonor Serrano. Un tribunal acaba de confirmar la condena de 18 meses de cárcel.
Este informe se realizó con la colaboración de los periódicos socios del Grupo Diarios de América (GDA).
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