América latina intenta desandar la intrincada trama de la connivencia
pública privada; existen leyes que la combaten, pero queda pendiente su
estricto cumplimiento
Paula Urién, La Nación, Argentina
Con información de medios del GDA*
La presidenta de Brasil inaugura de manera oficial una refinería y
sucede este diálogo entre un matrimonio relacionado con el poder que está en su
casa siguiendo los acontecimientos por la televisión:
Ella - Podría haberse hecho con la mitad del dinero, ¿no?
Él - Sí. Pero es preferible tener una refinería, que nada.
Ella - Pero podríamos tener dos.
Él - No hay voluntad política.
Es parte de la “obra de ficción inspirada libremente en eventos
reales”, según sus autores, de “El Mecanismo”, la nueva serie de Netflix basada
en el libro “Lava Jato: el
juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil”,
del periodista Vladimir Netto, y que desató la ira del expresidente de Brasil
Lula de Silva, hoy preso por corrupción.
Lejos de la ficción, la consultora norteamericana Global Financial
Integrity da cuenta de la magnitud de dinero ilícito (de la corrupción, del
crimen organizado, la evasión de impuestos, financiamiento del terrorismo,
lavado de dinero etc) que circula por América Latina. Ante la consulta, señala:
“las transferencias ilícitas al exterior de América Latina llegan hasta los
147.000 millones de dólares anuales, y las que ingresan a la región, a 257.000
millones de dólares”.
La corrupción no solo es materia de “peces gordos” sino que es
transversal a todos los sectores de la sociedad, incluso los más humildes. El
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, organismo autónomo del gobierno
Federal de México, reporta la comisión de más de 4 millones de actos anuales de
pequeña corrupción en el contacto de los ciudadanos con las autoridades.
A nivel empresario, según el
último informe anual Report to the Nations, publicado este mes por la
Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés), en
América Latina y el Caribe el 51% de los delitos de guante blanco son por
corrupción (sobornos, conflictos de interés), donde las empresas pagan una
media de 100.000 dólares en “coimas” para lograr algo a cambio (mayormente de
parte del Estado). Todo esto en una región que, según la Cepal, tiene en 2017
más de 187 millones de personas que viven en la pobreza y 62 millones en la
pobreza extrema.
Observar el mapa que publica
todos los años Transparencia Internacional, y que mide la corrupción en los
diferentes países a través de la mirada de expertos locales, es ver el mundo a
través de un color predominante: el rojo. Más de dos tercios de los 180 países
que participan tienen una calificación inferior a los 50 puntos, donde 100 es
el puntaje que define la mayor transparencia. América latina no es ajena a esta
tendencia, con un puntaje bastante pobre, siendo Chile y Uruguay, con 67 y 70
puntos respectivamente, los países que mejor califican. El resto está en la
zona roja y los números lo prueban.
Esto sucede a pesar de que en
materia de leyes contra la corrupción pública-privada, la región avanzó en los
últimos años. Algunas tienen alcance extraterritorial, se establecen multas y
hasta la quita de la persona jurídica de las empresas. Hay países que, si no
tienen leyes específicas, cuentan con herramientas ad hoc en los códigos. Esto
sucede en El Salvador y Chile, donde existen normas que la preveen y castigan
con la disolución o cancelación de la persona jurídica.
En la Argentina, a principios de 2018 entró en
vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas, con multas de
hasta “2 a 5 veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las
actividades que en ningún caso podrá exceder los 10 años”. En Colombia, las
multas llegan, para las personas jurídicas (empresas) que incurran en actos de
corrupción, hasta a 200.000 salarios mínimos, es decir, 54,27 millones de
dólares. En Perú existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las
Personas Jurídicas sobre Delitos de Cohecho Activo Transnacional y la ley
30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado
peruano en casos de corrupción y delitos.
Brasil exige como sanción administrativa una multa equivalente al 20%
de la facturación bruta del último ejercicio y la reparación integral del
daño. También, un descuento del 1% al 4% en caso de que la empresa tenga un programa
de integridad, y además las empresas que tengan y apliquen un canal de denuncia
pueden ver reducidas sus penalidades.
En general se considera un atenuante tener un programa de integridad
que funcione correctamente y que colabore con las investigaciones. Con la
responsabilidad sobre proveedores, las acciones llegan también a las empresas
que los contratan. Por ejemplo, en México, al 31 de julio de 2016, se tienen
registradas 1603 sanciones impuestas por el Servicio de Protección Federal a
licitantes, proveedores y contratistas, que infringieron la ley de contratación
pública.
Un decorado anticorrupción
A pesar de las normas, “estamos mal”, dice, al referirse a la región,
la argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia
Internacional. “Es cierto que tenemos un avance en materia legislativa. La
mayoría de los países de la región ha ratificado las convenciones
internacionales, ha aprobado leyes de acceso a la información pública, de
creación de oficinas anticorrupción, de responsabilidad penal de las empresas.
Hay figuras de delación premiada o de protección a los whisleblowers y a los
denunciantes de la corrupción. El problema es que nosotros tenemos esas leyes
guardadas en los anaqueles y, a las oficinas correspondientes, sin presupuesto,
sin personal, sin infraestructura. Por lo tanto, tenemos un “decorado
anticorrupción” y falta de implementación de las normas en muchos países”.
Es cierto que existen hitos que generan expectativa, pero que no
logran parar la maquinaria bien aceitada de los sobornos. Imposible no recordar
a presidentes, expresidentes, funcionarios de primera línea y empresarios en la
cima de la pirámide presos o con causas activas por corrupción. En esta
situación está quien fuera vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; los expresidentes
peruanos, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; el expresidente de Panamá,
Ricardo Martinelli y otros. En la Argentina, varios funcionarios muy cercanos a
la expresidenta Cristina Kirchner están en prisión preventiva, lo mismo que su
principal operador de infraestructura, Lázaro Báez, quien obtuvo con el
matrimonio Kirchner un vertiginoso ascenso económico. Ella misma tiene una
megacausa por corrupción llamada “la ruta del dinero K”, parte de la cual
conforman hoteles 5 estrellas que presuntamente funcionaban para lavar dinero.
La operación Lava Jato, iniciada en 2014 y aún
en curso tiene al mundo en vilo por el alcance de sus redes a nivel
internacional. Comenzó con la investigación de fraudes en contratos con
Petrobras y reveló esquemas de corrupción involucrando a los principales
nombres de la política del país. Después de cuatro años, suma 183 condenas
contra 119 personas, entre ellas empresarios, ex directores de la empresa
estatal y políticos de diversos partidos. Investigadores rastrearon pagos de
coimas por cerca de R$ 6400 millones (1.825 millones de dólares). El
resarcimiento pedido y las multas aplicadas llegan a R$ 38.100 millones (10.868
millones de dólares).
La investigación de los crímenes alcanzó
dimensión internacional luego de ser negociados 395 pedidos de cooperación con
al menos 42 países. Las acciones también resultaron en 11 acuerdos de lenidad
con empresas involucradas en los esquemas de corrupción. La
gran pregunta es: este tipo de acciones, ¿pueden perdurar en el tiempo?
Tres modelos poco sostenibles
La presidenta de Transparencia Internacional cree que no. “En la
región vemos algunas tendencias: en primer lugar, la corrupción sigue rampante.
En segundo lugar, es cierto que se ven algunos atisbos de lucha contra la impunidad”.
Afirma que se dan de tres maneras distintas:
1-Existe el modelo “campeones”, como el de Brasil: “el gran
esfuerzo está hecho por campeones de la lucha anticorrupción, que son el juez
Sergio Moro, su gente y el equipo de fiscales. Si se van, o se retiran,
¿habrá nuevos campeones?
2- El modelo “paraguas internacional”: en Honduras y en Guatemala “se
ha desbancado a presidentes, vicepresidentes y se ha encarcelado a
funcionarios. El modelo en estos dos países se basa en la intervención de un
organismo (por ejemplo alguno amparado por Naciones Unidas o la OEA), que
colabora en la investigación local. Sin embargo, no es reproducible en todos
los países porque cada uno tiene sus normas”.
3- El modelo ¿me conviene?: En la Argentina y Perú, por ejemplo,
“los mismos jueces que durante años miraron para el costado, es decir, no
hicieron nada, cuando cambian las circunstancias políticas o económicas o se
produce algún escándalo, se despiertan y activan las causas”.
“El problema en cualquiera de estos tres modelos es la sustentabilidad
de la lucha contra la impunidad”, comenta Ferreira Rubio. Para comenzar a
transitarla, se necesita cumplir con las leyes y que la justicia tenga las
herramientas, la tecnología y los recursos suficientes. Y también, en casos de corrupción
transnacional, “habría que mejorar los mecanismos de cooperación en la
investigación y de armonización legislativa en normas procesales. En muchos
países para investigar algo en el extranjero la justicia recurre a
procedimientos del siglo 19, con oficios que pasan por cancillerías, llegan al
juez que dice me falta un dato…y
vuelve a pasar por cancillerías. Mientras esto sucede, la gente está pasando
dinero a empresas offshore a la
distancia de un click”.
Pero hay más palos en la rueda. En México, por ejemplo, existe una ley
que crea un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No obstante, funciona de
manera parcial porque no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y por ello los
delitos relacionados con la materia no están vigentes. En Venezuela,
solo se tiene la ley contra la corrupción, que si bien tiene un amplio alcance,
establece pocas normas dirigidas al sector privado, por ejemplo sobornos
al sector público.
Las pérdidas, millonarias
En Brasil, la consultora Inter B, solo en base a las obras públicas de
infraestructura –foco de la corrupción en el país-, estima que el costo directo
de la corrupción entre 1986 y 2016 se ubicó entre R$ 1,5 billones y R$ 3,2
billones, es decir, entre 24,6% y 51,4% del PBI de 2016.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo anual de la corrupción en
México es de 9% del PBI, es decir, que de cada 100 pesos que genera la
economía, 9 se destinan al pago de sobornos o “mordidas”. Por otro lado, la
Encuesta de Fraude y Corrupción de KPMG reporta que 44% de las empresas en
México realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos. A Perú le cuesta
más de US$3600 millones al año según la Defensoría del Pueblo. Es decir US$10
millones diarios y 10% del presupuesto nacional por año. Se estima que en
Colombia equivale aproximadamente al 5 por ciento del PBI, es decir unos 15.000
millones de dólares. Por eso, el gobierno promulgó en octubre de 2016 la Ley de
Imprescriptibilidad para los Delitos de Corrupción contra la Administración
Pública.
Por otro lado, un cálculo de 2016 del actual ministro de Hacienda en
la Argentina, Nicolás Dujovne, estima el costo de la corrupción en el país en
2500 millones de dólares por año. Y sigue la lista.
“Este delito afecta a los negocios porque se
incrementan los costos de operación, y se crea por contagio un ambiente de
negocios degradado, donde el paradigma es que “los honestos no tienen lugar”, o
que “para hacer esto, debes dar lo otro”, dice Carlos Rozen, director de la
Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO. “Los recursos
productivos son redirigidos para el pago de sobornos y los controles disminuyen
o se anulan”. Finalmente, hace un llamado a que existan condenas aleccionadoras
que pongan en evidencia que el costo del delito “resulta de una vez por todas
más alto que el beneficio que se obtiene”.
*El Grupo de
Diarios América (GDA) está integrado por La Nación (Argentina), O Globo
(Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El
Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País
(Uruguay), El Nacional (Venezuela) y La Prensa Gráfica (Salvador).
La Nación AR:
O
Globo BR:
El
Mercurio CL:
El
Universal MX:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/odebrecht-un-escandalo-que-golpea-12-naciones
El País UY:
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/corrupcion-normas-transparencia.html
El País UY:
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/corrupcion-normas-transparencia.html
El
Nacional VE:
