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| El Nacional/Venezuela/GDA |
El Nacional/Venezuela/GDA
Desde septiembre de 2013, siete diarios regionales venezolanos dejaron
de circular por la imposibilidad de obtener divisas para la importación del
papel prensa que requieren, y a la fecha cinco de ellos se mantienen fuera de
circulación, según los registros del Instituto Prensa y Sociedad.
La organización no gubernamental precisó que los medios que han
desaparecido son El Sol de Maturín (estado Monagas) y Antorcha (estado
Anzoátegui), mientras que El Oriental y La Verdad (estado Monagas) no están
circulando los fines de semana. El Nacional pudo verificar esta semana que
también han dejado de circular El Guayanés, El Expreso y el Venezolano (estado
Bolívar).
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Prensa, advierte que otros 15 de los 80 rotativos del país
pueden correr la misma suerte a corto plazo si el gobierno nacional -que
monopoliza la administración de divisas a través de un férreo control de cambio
impuesto desde hace once años- no libera de inmediato los dólares para la
compra de papel.
Ante esta asfixia, 17 medios impresos se han visto obligados a disminuir
su paginación y el tiraje de sus ediciones. Miguel Henrique Otero, presidente
editor de El Nacional, señala que el diario tiene disponibilidad de papel hasta
mayo. El Impulso, otro diario de larga tradición en el país, tiene insumos para
aproximadamente dos semanas.
Premio y castigo. VEA, un tabloide
afecto al gobierno, ha publicado en su primera página que por falta de divisas
no pueden publicar la revista que acompaña la edición dominical. Sin embargo,
hay otros medios vinculados al oficialismo, como El Correo del Orinoco y Ciudad
Caracas, que por estar adscritos a organismos del Estado no tienen que cumplir
los engorrosos trámites de importación que se les exige a las empresas privadas
y por lo tanto disponen de los insumos para operar.
Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio
Público, señala que no solo están amenazados los periódicos y más de 30.000
puestos de trabajo que estos generan, sino que la crisis que atraviesa la
prensa venezolana afecta la libertad de expresión y el derecho a la información
de todos los ciudadanos.
Voceros de distintos gremios, expertos en comunicación y los
trabajadores de la prensa han señalado que el gobierno presidido por Nicolás
Maduro concede o niega divisas para la importación de papel con la lógica del
premio y castigo: se les facilita a los medios afectos al oficialismo y se les
dificulta a los que abren espacios para la crítica a la gestión gubernamental.
Luisa Torrealba, representante del Instituto Prensa y Sociedad, recuerda
que la discrecionalidad y el abuso en el suministro de insumos imprescindibles
para el funcionamiento de los medios de comunicación es un clásico mecanismo de
censura indirecta que suelen aplicar los regímenes autoritarios e intolerantes.
La televisión silenciada. Pero no sólo la
prensa escrita ha sido castigada. El sociólogo y estudioso de la comunicación
Tulio Hernández está convencido de que, por primera vez en la historia
venezolana, un gobierno logra controlar plenamente la televisión: “Es una
televisión monocorde, uniformada, no conflictiva en temas políticos. Se logró a
través de dos mecanismos: la creación de un aparato televisivo estatal,
compuesto por nueve emisoras nacionales y 120 comunitarias; y la neutralización
de las más grandes televisoras: el gobierno cerró RCTV, convirtió en eunucos
informativos a Venevisión y Televén y Globovisión”.
Para Hernández, el control gubernamental de la televisión venezolana puede
extenderse a la prensa escrita. “A través de la compra directa de medios, el
manejo arbitrario de la publicidad oficial y los obstáculos para la adquisición
de papel, los diarios venezolanos están amenazados”, advierte.
El 25 de octubre de 2013, se concretó la venta de la Cadena Capriles al
holding Latam Media, propiedad de la transnacional Hanson Group, y se afianzó
su vinculación con el grupo financiero BOD que preside el banquero Victor
Vargas. La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Desirée Santos,
se incorporó como asesora editorial para fiscalizar los contenidos de los
diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder. El 19 de noviembre, cuatro días
después de que el presidente Nicolás Maduro fustigó un reportaje sobre el Banco
Central de Venezuela publicado en El Mundo, el director Omar Lugo fue
despedido.
Aumentan los ataques. A los problemas
que afronta la prensa venezolana, hay que sumarle la persecución judicial
ordenada por el Ejecutivo. En noviembre del año pasado se abrieron investigaciones
penales contra los diarios 2001, El Propio y El Universal por divulgar en sus
primeras páginas información que el gobierno considera inconveniente, como la
escasez de bienes de consumo masivo y el auge delictivo. Ese mismo mes, un
tribunal ratificó la multa que tres meses antes se había impuesto a El Nacional
por la publicación de una fotografía que mostraba el estado en que se
encontraban los cadáveres en la principal morgue del país.
El informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela
de Espacio Público correspondiente a 2013 indica que el país ha retrocedido en
el cumplimiento de los estándares del derecho internacional de los derechos
humanos. “Cada vez hay menos pluralismo en la esfera mediática con una mayor
concentración gubernamental discursiva y de los contenidos. Aumentaron los
casos de persecución judicial de opiniones o informaciones o la prohibición
expresa de hacerlo, lo cual indica un patrón restrictivo del ejercicio del
derecho a la libertad de expresión. Estos casos contribuyen a la inhibición o
autocensura y desmienten a los funcionarios gubernamentales que hablan de una
amplia garantía para la libertad de expresión en Venezuela”.
El año pasado, indica el informe, se registraron 219 casos de
violaciones a la libertad de expresión e información, que incluyen ataques a
periodistas y medios de comunicación, censura, intimidación, hostigamiento
judicial y verbal, amenazas, restricciones administrativas, opacidad en el
acceso a la información pública y abuso de poder en la campaña electoral. El
número de casos aumentó 1,8% con respecto a 2012.
Ciudadanos en ‘blackout’. Flor Albujas, una jubilada de 76 años de edad,
experimenta una mezcla de frustración y rabia luego de haber “perdido” a
Globovisión, la única televisora del país que transmitía información las 24
horas del día y que se había consolidado como espacio para la crítica de la
gestión del gobierno venezolano: “Ahora sólo me quedan unos pocos programas de
radio para poder nutrirme con información y análisis independientes sobre la
situación del país. Después de que el gobierno compró Globovisión, perdimos ese
canal, pues allí se cerraron las puertas a cualquiera que pudiera denunciar
errores y excesos en la gestión pública”.
