Von Freyberg: "La imagen del Banco del Vaticano daña al Papa"

El nuevo presidente del IOR quiere cambiar la mala reputación de la entidad y darle más transparencia

Por Elisabetta Piqué  | LA NACION

ROMA.- El nuevo presidente del IOR, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco del Vaticano , tiene ante sí un desafío gigantesco: limpiar la reputación de una entidad "cuya mala imagen daña el mensaje del Papa ".

Como para demostrar que el IOR empieza una nueva etapa de transparencia, el alemán Ernst von Freyberg, de 52 años, abogado y empresario católico, por primera vez abrió las puertas de su oficina del Vaticano y concedió una entrevista a La Nación como representante del Grupo de Diarios de América (GDA).

Entre otros de sus proyectos, Von Freyberg anticipó que hará públicos los informes anuales sobre la situación financiera del instituto, que incluso estarán disponibles en un sitio web que será inaugurado en octubre.

Sucesor de Ettore Gotti Tedeschi, del Opus Dei, defenestrado en medio de un escándalo, Von Freyberg dijo que "el cierre del IOR es sólo un rumor". Adelantó que aplicará una política de "tolerancia cero" ante cualquier irregularidad y aseguró que no existen cuentas cifradas.

Para terminar con esa turbia imagen, contrató a una firma experta en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta firma de especialistas antilavado, con sede en Estados Unidos, revisará, una por una, las 19.000 cuentas bancarias del IOR, en busca de dejar atrás una reputación que está presente desde los tiempos del arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, en la década de 1980.

Fue entonces cuando estalló un escándalo que incluyó las muertes de Roberto Calvi, el responsable de la bancarrota del Banco Ambrosiano, y del banquero mafioso Michele Sindona, ambos miembros de la logia masónica P2.

-¿Por qué el IOR tiene tan mala imagen y qué hará usted para revertirla?

-Me hace, al principio, la única pregunta importante, porque éste es el tema esencial. Mi objetivo principal es terminar con esta mala reputación del IOR porque daña el mensaje del Papa al mundo. Según mi análisis, es un triángulo lo que ha creado esta mala imagen: el primer lado es que hay verdaderos hechos que no deberían haber sucedido en el pasado y sólo menciono al Banco Ambrosiano. El segundo es que el IOR está sujeto a una interminable línea de rumores y calumnias que son sólo fantasmas. Y el tercer lado del triángulo es que el IOR nunca comunicó: si uno no comunica, también es un mensaje que uno envía.

-¿Qué hará para revertir esto?

-Por empezar, aplicar una política de tolerancia cero ante cualquier irregularidad. He contratado a los máximos consultores del mundo expertos en políticas de antilavado de dinero, Promontory, de Estados Unidos, para revisar una por una todas las cuentas que tenemos y para revisar nuestros procedimientos y estructuras para que cumplamos con los máximos estándares internacionales en antilavado de dinero.

-Pero ¿hubo lavado de dinero?

-No sé con respecto al pasado muy lejano. Pero hoy no tengo indicaciones de que haya lavado de dinero. Si llego a detectar un caso, voy a proceder sin piedad.

-¿No existen cuentas cifradas o anónimas, como se denunció?

-Ahora vamos a la segunda parte del triángulo, la que no tiene que ver con hechos, sino con los fantasmas y uno es que hay cuentas cifradas. Pero no tenemos cuentas cifradas, es contra la ley y desde 1996 es imposible que las haya en nuestro sistema. Desde hace por lo menos 15 años no hay cuentas cifradas acá y no sé si las hubo antes.

-El anterior presidente del IOR, Ettore Gotti Tedeschi, después de ser echado brutalmente hace un año, denunció que temía ser asesinado, que había cuentas cifradas, que cuando pidió información le negaron el acceso a ellas, acusó al vicepresidente, Paolo Cipriani, de ocultarle datos... ¿Eso es un fantasma?

-Nunca conocí a Gotti Tedeschi y no puedo hablar sobre su experiencia. Mi experiencia es que el Instituto es muy cooperativo, que Cipriani es muy cooperativo. Una de las primeras cosas que hice fue controlar todos los nombres vinculados con nosotros. Me senté yo mismo con Cipriani y con el vicedirector frente a la computadora y miré todos los nombres impropios si tenían una cuenta acá y ninguno tiene.

-¿Nombres de mafiosos y criminales que habían salido a la luz?

-Sí. Leyendo los diarios, decían que Osama ben Laden tenía cuenta con nosotros: fui al sistema y controlé si teníamos un Osama, un Ben o un Laden. Tampoco encontré a Totó Riina [capo de la Cosa Nostra] o a la banda de la Magliana [grupo criminal que actuó en Roma en las décadas de 1970 y 1980]. No sólo no encontré ese tipo de nombres, sino que también tuve máxima cooperación por parte de la dirección. Encontré transparencia. Ahora, como presidente, no puedo controlar las 19.000 cuentas y por eso he contratado a Promontory, que es el número uno del mundo en lucha contra el reciclaje.

-El plan básico entonces es limpiar la imagen del IOR...

-El plan tiene dos elementos esenciales: limpiar la imagen y limpiar nuestras cuentas, lo que significa controlar si tenemos cuentas impropias, y al momento no tenemos indicaciones. En cuanto a la imagen, necesitamos ser transparentes y necesitamos hablar, empezando por hablar con nuestros empleados, con la Iglesia, con los cardenales, con la curia y, al final, con cada uno de los católicos del mundo porque nuestra reputación incide en el mensaje de la Iglesia en todo el mundo. Por ejemplo, puede afectar a cualquier parroquia de Buenos Aires.

-Muchos creen que el Papa podría cerrar el IOR o transformarlo en un banco ético.

-Yo estoy aquí para servir al Papa y para que el IOR sea una institución bien manejada, de buena reputación. El Papa decidirá lo que quiera, pero yo no quiero que el IOR sea un problema para él.

-Pero ¿podría ser posible un cierre del IOR o es sólo un rumor?

-Es sólo un rumor. Es uno de los tantos fantasmas que nos rodean y prefiero los hechos. Los hechos son que tengo la misión de manejar el IOR con los más altos valores éticos y estándares internacionales, y deberá decidir el Papa si quiere cambiar la misión. Lo que es seguro es que nuestros 19.000 clientes necesitan el servicio. Y hablando de transparencia y reputación, publicaremos un informe anual, incluso para 2012, que incluirá cuentas auditadas. Además, abriremos el 1° de octubre un sitio web donde podrá descargarse ese informe anual con la situación financiera.

-¿Usted se reunió y discutió sobre todo esto con el Papa?

-No. Tengo el privilegio de quedarme también en la Casa Santa Marta y una vez, después de la misa matutina, pude saludarlo brevemente.

-Entonces, nunca habló de la reforma del IOR con él...

-No. Estoy aquí para servirlo. Creo que el Papa tiene cosas más importantes que hacer y, reitero, mi trabajo es que él no tenga problemas con el IOR.

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http://www.lanacion.com.ar/1587068-von-freyberg-la-imagen-del-banco-del-vaticano-dana-el-mensaje-del-papa

Liberdade amordaçada (6) - Controle da Justiça prejudica informação

Reforma proposta pelo governo da Argentina é considerada um retrocesso por juristas, jornalistas e ONU

O GLOBO encerra hoje a série de reportagens "Liberdade amordaçada", iniciada no domingo. Os textos estão sendo compartilhados pelos outros dez jornais da América Latina que, como O GLOBO, integram o Grupo de Diarios América (GDA). 

Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES - Uma das reportagens do programa de TV "Jornalismo para Todos" - fenômeno do momento na Argentina, apresentado por Jorge Lanata - que teve mais repercussão foi a que mostrou as luxuosas residências de funcionários do governo Kirchner, colaboradores e amigos da família presidencial, entre eles, o antigo jardineiro e o empresário Lázaro Báez, que em dez anos passou de empregado do Banco de Santa Cruz (terra natal de Kirchner) a milionário. O programa revelou a suspeita evolução patrimonial, por exemplo, do ministro do Planejamento, Julio De Vido, e alertou: "Prestem bem atenção, pois a partir de agora, com a reforma Judicial, não teremos acesso a informações que nos permitam realizar este tipo de investigações". 

De fato, um dos seis projetos de reforma da Justiça propostos pelo kirchnerismo, aprovados recentemente pelo Congresso e promulgados por Cristina Kirchner, modificou o sistema usado para informar declarações patrimoniais, argumentando que era necessário reduzir o tempo de entrega da documentação. O acesso será mais rápido, porém, as informações mais escassas, sem os dados essenciais para, por exemplo, combater a corrupção. 

A reforma, que a Casa Rosada considera "democratizadora", foi questionada pela Associação Nacional de Magistrados, o Colégio de Advogados de Buenos Aires, ONG's, juristas e até as Nações Unidas. Para o presidente da associação de magistrados, Luis Cabral, as leis "perturbam de maneira nítida e grave a independência do Judiciário". 

Conforme explicou ao GLOBO Álvaro Herrero, diretor da ONG Associação pelos Direitos Civis, "jornalistas e cidadãos não poderão mais saber, com detalhes, a situação patrimonial de funcionários do Executivo, Legislativo e Judiciário". Para ele, "as informações terão pouco valor qualitativo": 

- Com o argumento da eficiência, estão disfarçando uma reforma que busca esconder informação. As relações entre políticos e empresários acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, que conhecemos hoje graças aos meios de comunicação, serão impossíveis de descobrir - afirmou, lembrando que, em 2012, o Congresso não aprovou um projeto de acesso total à informação pública devido à "oposição das bancadas kirchneristas". 

Em meio a essa queda de braço, a Assembleia Legislativa portenha aprovou ontem o projeto de lei do chefe de governo, Mauricio Macri, para que a Justiça de Buenos Aires possa atuar em defesa da liberdade de expressão na cidade. Já o governo de Cristina Kirchner, anunciou, também ontem, uma mudança de gabinete. Ela designou o chefe da bancada kirchnerista na Câmara, Agustin Rossi - considerado o grande artífice da aprovação de projetos cruciais para o governo, como a reforma da Justiça e a legalização de dólares não declarados com custo tributário zero - como novo ministro da Defesa. 

O atual ministro, Arturo Puricelli, passa à pasta da Segurança, e a ministra da Segurança, Nilda Garré, será embaixadora na Organização de Estados Americanos. A nomeação de Garré será proposta ao Parlamento na semana que vem. A mudança não era esperada, apesar da conhecida tensão entre Garré e Puricelli. A escolha de Rossi para a Defesa foi a principal surpresa. Ele foi, dizem analistas, premiado por ter conseguido aprovar a reforma judicial, que passou na Câmara por só um voto de vantagem. 

Recente pesquisa da empresa Poliarquia mostrou que as denúncias do programa "Jornalismo para Todos" contribuíram para a queda de oito pontos percentuais na imagem positiva de Cristina, hoje em 35%. Embora evite se referir às denúncias na TV, no rádio e grandes jornais, "Clarín", "La Nación" e "Perfil", a Casa Rosada está preocupada com o impacto delas nas eleições legislativas de outubro. 

Direito à liberdade desprotegido

Outra das leis da reforma K, que é alvo de 15 denúncias de inconstitucionalidade, prevê a ampliação de 13 para 19 membros do Conselho da Magistratura, encarregado de designar juízes e controlar sua atuação. E, contrariando - na opinião de juristas - o artigo 114 da Constituição, os novos juízes serão escolhidos em eleições populares, nas quais estarão nas mesmas listas que candidatos a deputados e senadores. A lei restringe a partidos com presença em ao menos 18 distritos eleitorais a participação na disputa. O único partido que cumpre a exigência é a Frente para a Vitória (sublegenda do Partido Justicialista, fundado por Néstor Kirchner). 

- Você pode imaginar um juiz investigando um político com o qual fez campanha? O governo vai controlar o conselho, ou seja, os juízes - disse o jurista Andrés Gil Domínguez, que ontem apresentou o primeiro recurso de "Per Saltum" para que a reforma seja resolvida pela Corte Suprema de Justiça. 

O pacote de reformas inclui um novo sistema de acesso a informações judiciais (considerado positivo por juristas); a limitação da aplicação de liminares (instrumento que permitiu, por exemplo, suspender a plena aplicação da Lei de Meios) e um mecanismo de ingresso igualitário ao Judiciário. 

No caso das liminares, Herrero, Gil Domínguez e deputados opositores, como Eduardo Amadeo, do peronismo dissidente, consideram que a cidadania fica mais desprotegida. As liminares poderão ter vigência de, no máximo, seis meses (a do "Clarín" tem mais de três anos) e só poderão ser concedidas em casos relativos a direitos à vida, saúde, alimentação e ambiente. O direito à propriedade privada e à liberdade de expressão não estão previstos. Para autorizar uma liminar contra o Estado, os juízes exigirão condições mais rigorosas e o processo poderá demorar semanas ou meses. Antes, qualquer cidadão podia obter uma liminar em até 72 horas. 

- Uma Justiça politizada faz com que o respeito aos direitos dos cidadãos dependa de sua afinidade com o poder político - frisou o deputado.
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REFORMA DO JUDICIARIO ARGENTINO


Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES. Como em outros países do continente, entre eles Venezuela e Equador, a Justiça da Argentina enfrenta fortes questionamentos sociais por suspeitas de proteção a funcionários e amigos do governo que, com a nova reforma busca, na opinião de juristas, jornalistas e congressistas da oposição, “ampliar sua concentração de poder” e “acobertar corruptos”. 

Nos últimos panelaços realizados em várias cidades do país (o mais recente em abril passado), as críticas a juizes considerados aliados da Casa Rosada estiveram presentes em cartazes que se misturaram com demandas como o combate à inflação, corrupção e o respeito à divisão de poderes.

A votação de alguns projetos da reforma judicial argentina foi apertada para as bancadas kirchneristas, sobretudo na Câmara. Deputados da oposição se uniram para tentar frear projetos que, para alguns, atentam contra a democracia.

_ O governo usa o Parlamento para desarmar o sistema democrático _ disse ao GLOBO a senadora e jornalista Norma Morandini, da Frente Ampla Progressista (FAP).

Para ela, “a democracia é o exercício dos direitos previstos na Constituição”.

_ Já falar em democratizar a Justiça, como diz o governo Kirchner, esconde uma concepção autoritária do poder. Porque o governo não é quem concede direitos, os direitos estão na Constituição, que deve ser respeitada _ enfatizou a senadora.

No Equador, Venezuela e também na Bolívia, a Justiça é acusada pela oposição política e outros setores da sociedade de ser um dos principais aliados do poder. Existem algumas semelhanças entre alguns países. Na Argentina, como no Equador, muitos juízes são substitutos, ou seja facilmente removíveis pelo governo. No caso dos argentinos, esta categoria representa hoje cerca de 30% do total de magistrados que atuam no país e investigam, entre outros casos, denúncias de corrupção envolvendo funcionários e empresários vinculados ao governo. No Equador, um juiz “temporário” (categoria que tem ainda menos estabilidade que os substitutos) esteve encarregado do processo iniciado pelo presidente Rafael Correa contra o jornal “El Universo”, no qual três diretores do diário e o jornalista Emilio Palácio (exilado nos Estados Unidos) foram condenados a 3 anos de prisão e multa de US$ 40 milhões pela publicação de um artigo de opinião sobre a atuação do chefe de Estado na rebelião policial de 2010. Correa terminou perdoando os acusados, em meio a críticas de associações de defesa da liberdade de expressão.

A reforma argentina foi criticada até mesmo por representantes das Nações Unidas. Em abril passado, a brasileira Gabriela Knaul, Relatora Especial da ONU, pediu ao governo que “reconsidere” alguns dos projetos, agora leis em vigência, e foi alvo de críticas públicas do ministro das Relações Exteriores, Héctor Timerman, que enviou uma carta às Nações Unidas na qual manifestou um "enérgico protesto" contra a atitude de Gabriela.  A relatora foi procurada pelo GLOBO no Brasil e através de seus assessores em Genebra, mas os pedidos de entrevista não foram respondidos.

_ A disposição sobre a eleição partidária dos membros do Conselho da Magistratura é contrária ao artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e dos Princípios básicos relativos à independência judicial _ afirmara Gabriela.

Liberdade amordaçada (5) - Governo argentino mira o papel jornal para controlar a imprensa

Sob ameaça de expropriação de fábrica, diários temem interferência e chavismo

Para mostrar como as restrições à liberdade de expressão e a intervenção do governo argentino em vários setores afetam o país, O GLOBO iniciou no domingo a série de reportagens intitulada “Liberdade Amordaçada”. Os textos estão sendo compartilhados com mais dez jornais da América Latina que, como O GLOBO, integram o Grupo de Diarios América (GDA).

Janaína Figueiredo

Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES - Há cerca de três anos, o secretário de Comércio Interior argentino, Guillermo Moreno, o mesmo funcionário que está à frente da intervenção no Indec (o IBGE local) e da campanha contra meios de comunicação privados, principalmente o grupo Clarín, assegurou durante uma reunião de diretores da empresa Papel Prensa, que fornece papel a 95% dos jornais argentinos, que tinha em mãos um plano para transferir o controle da companhia ao Estado. Fiel a seu estilo pouco diplomático, Moreno assegurou que se algum membro da diretoria revelasse o que estava sendo discutido, seria vítima “de meus rapazes, especialistas em quebrar colunas”. As ameaças do funcionário foram denunciadas por Carlos Collaso, a época integrante do Conselho de Vigilância da Papel Prensa, mas nada aconteceu.

As pressões do governo Kirchner sobre a empresa, administrada pelo Clarín (49%), La Nación (22,6%) e o Estado (28%), foram constantes e alcançaram seu auge este mês, com a apresentação de um projeto de lei que prevê a expropriação de 24% das ações da companhia.

Se o documento, assinado pelos deputados ultrakirchneristas Diana Conti (a mesma que defende uma terceira reeleição da presidente Cristina Kirchner, porque não faz sentido uma “alternância boba” no poder) e Carlos Kunkel, entre outros, virar lei, o Estado passará a administrar 52% das ações da Papel Prensa e terá, como o presidente Juan Domingo Perón em seus primeiros dois governos (1946-1955), total controle do papel usado pelos jornais.

No segundo governo de Cristina (iniciado em dezembro de 2011), foi aprovada uma lei que deixou em poder do Estado as autorizações para importar papel. Se o novo projeto dos kirchneristas também obtiver sinal verde do Parlamento, o Estado poderá, ainda, comandar a produção, comercialização e distribuição do papel jornal.

Nos anos 40 e 50, com Perón em seu momento de glória, alguns jornais como “La Nación” circularam com apenas seis páginas (na época, não havia fabricação, apenas importação). As semelhanças com o passado causam profunda preocupação entre jornalistas locais.

— Moreno passaria a controlar o papel dos jornais e poderia condicionar a entrega do papel à posição de nossos jornais sobre políticas do governo — disse o diretor de Negócios do “La Nación”, Eduardo Lomanto.

Para ele, o projeto de lei 26.736 não tem qualquer lógica econômica, porque hoje o preço do papel de jornal está caindo na Argentina e no mundo, e “ninguém tem dificuldade de acesso, não se justifica uma intervenção estatal”.

— Estamos vendo coisas que jamais pensamos que veríamos. As semelhanças com a Venezuela são cada vez mais evidentes. O que nos diferencia é que a Justiça não perdeu total independência e ainda existe meios também independentes —afirmou Lomanto.

O projeto oficialista também gera temor em jornais como o “El Cronista”, que importa 100% do papel que usa e já enfrenta restrições com a lei sobre compras externas. Desde que estão vigentes as novas medidas, explicou o diretor de redação, Fernando González, “não podemos mais estocar papel, como fazíamos antes, para aproveitar momentos em que o preço está mais baixo. Somos obrigados a respeitar uma cota máxima”. González concorda com Lamonte sobre o risco de caminhar para um modelo cada vez mais parecido ao venezuelano.

— É muito perigoso que o Estado tenha o controle total do papel usado pelos jornais — frisou o diretor do “El Cronista”.

A Papel Prensa foi comprada pelos jornais “Clarín”, “La Nación” e “La Razón” (que depois vendeu sua parte), em 1977, à família Graiver. Na época, a empresa ainda não estava pronta e os três jornais tiveram de investir cerca de US$ 70 milhões para terminar as obras de construção da fábrica (o temor é que, como no caso da Aerolíneas Argentinas e Repsol-YPF, uma eventual expropriação não inclua qualquer tipo de indenização).

A aquisição da companhia foi questionada pela Casa Rosada em 2010, quando o governo denunciou a suposta participação dos três diários na perseguição a membros da família Graiver durante a última ditadura (1976-1983). Na época, a versão oficial da história foi negada por Isidoro Graiver, irmão de David Graiver, anterior dono da empresa (já falecido), e Sol, sua filha.

A denúncia do governo K foi respaldada por Lidia Papaleo, viúva de David Graiver, que, em conversa com Julio Saguier, dono do “La Nación”, confessou ter recebido uma oferta de US$ 2 milhões por parte do Executivo para falar (leia-se confirmar a história contada pela Casa Rosada) sobre a venda da Papel Prensa. Uma parte do pagamento, explicou Lidia no encontro com Saguier, estaria condicionada ao resultado de um processo judicial iniciado pelo governo nos tribunais da cidade de La Plata, ainda aberto.

— Nada do que foi denunciado pelo governo foi provado. Isidoro e Sol desmentiram a versão oficial. Os Graiver jamais nos acusaram de nada em nenhum dos processos dos quais participaram pelos sequestros e torturas sofridas — assegurou o diretor de negócios do “La Nación”.

De fato, após o retorno da democracia, os Graiver foram acusados de serem vinculados ao movimento Montoneros (braço armado da esquerda peronista) e esse foi, de acordo com todos os processos judiciais nos quais foram mencionados, o motivo de sua perseguição por parte dos militares.

O objetivo da Casa Rosada era que o “Clarín” e o “La Nación” fossem condenados por suposta cumplicidade com os militares para obrigar a família a vender a Papel Prensa. Com o processo ainda na Justiça e com poucas possibilidades de prosperar, dada a falta de provas, surgiu o projeto de expropriação da companhia.

— O objetivo de Moreno sempre foi ficar com a empresa. Há quase quatro anos somos alvo de um assédio permanente — disse Martin Etchevers, gerente de comunicações do grupo Clarín.

Ele lembrou que, ao longo de todo este período, a dona do grupo, Ernestina Herrera de Noble, também foi acusada de ter se apropriado de filhos de presos políticos desaparecidos.

O caso também continua aberto na Justiça, apesar de não ter sido encontrada qualquer prova sobre o vínculo de seus dois filhos adotivos, Marcela e Felipe, com desaparecidos políticos.

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ENTREVISTA A JORGE LANATA: 

‘Do ar não poderão metirar nunca’

Apresentador vem denunciando casos de corrupção envolvendo o governo Kirchner

Janaína Figueiredo

Correspondente do GLOBO/GDA

Buenos Aires Com as denúncias de corrupção, o programa “Jornalismo para Todos” conseguiu ter mais audiência que o campeonato nacional de futebol (transmitido pela TV estatal no mesmo horário). Desde então, as pressões contra o Clarín, ao qual pertence o canal 13 de TV, que transmite o programa, se intensificaram e surgiram rumores de intervenção.

Circulam rumores sobre uma intervenção no grupo Clarín e foi apresentado no Congresso o projeto de expropriação da empresa Papel Prensa. O senhor acha que ambas iniciativas serão aplicadas?

Expropriar a Papel Prensa não tenho dúvidas, o governo deverá fazer o possível para aprovar o projeto no Congresso nas próximas semanas. Intervir no Clarín teria um custo alto, porque seria uma medida absurda que certamente provocaria uma reação social, mas tudo pode ser. Este governo quando perde poder não recua, pelo contrário, redobra a aposta.

Seria a única maneira de tirar seu programa do ar...

(Risos) Sim, seria. Mas do ar não poderão me tirar nunca, continuarei falando até em festas de 15 anos. Não vão nos calar.

O senhor sabe que hoje é o maior pesadelo de Cristina?

(Risos) Posso imaginar.

Quando foi a última vez que esteve com a presidente?

Estive mais vezes com Néstor. A última vez que vi Cristina foi durante a campanha eleitoral de 2003. Naquela época, eles me ligavam pedindo para vir a meu programa de TV. Eram outros tempos.

Imaginou o que viria depois?

Não, e me arrependo de não ter dado bola às pessoas que me diziam que eles fariam no país a mesma coisa que fizeram em Santa Cruz, controlar a mídia, a Justiça, enfim, tudo.

Muitos já falam no fim do kirchnerismo, o que viria depois?

Acho que este peronismo será derrotado por um peronismo de direita. Porque, mesmo que seja mentira, no imaginário, o governo representa o progressismo e isso dificulta as possibilidades dos partidos de esquerda e centro-esquerda. Quem pode derrotá-los? Alguém com um discurso conciliador. Isso seria Scioli (governador de Buenos Aires), De la Sota (governador de Córdoba) ou Massa (prefeito do município de Tigre, na província de Buenos Aires).

O senhor acredita que outros governadores começarão a se distanciar do governo?

O peronismo funciona de uma maneira muito simples, a mesma coisa aconteceu na época de Menem. Eles se alinham com os que têm o poder. Vão onde está o poder e hoje muitos estão com um pé fora do barco.

Como é Cristina?

Uma pessoa estranha, que não tem amigas, tem um relacionamento complicado com sua família e não ouve ninguém. Ninguém diz nada a Cristina, todos ouvem Cristina. É uma pessoa que tem pouca conexão com o povo. A vejo cada vez mais autista, não registra o que está acontecendo a seu redor.

Liberdade amordaçada (4) - Câmbio: pesadelo para os argentinos

Em meio a denúncias de corrupção, governo amplia controle do dólar, dificulta negócios e encarece viagens

Para mostrar como as restrições à liberdade de expressão e a intervenção do governo argentino em vários setores do país afetam a sociedade, O GLOBO iniciou no domingo a série de reportagens intitulada "Liberdade Amordaçada". Os textos estão sendo compartilhados com mais dez jornais da América Latina que, como O GLOBO, integram o Grupo de Diarios América (GDA). 

Janaína Figueiredo

Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES Em seu segundo mandato (o terceiro consecutivo da família Kirchner), a presidente Cristina Kirchner decidiu assumir totalmente o controle de uma operação que era considerada fundamental para a economia de milhões de argentinos: a compra de dólares. Desde a década de 70, a maioria da população do país que tem capacidade de poupar opta pela moeda americana, o refúgio encontrado para atravessar as cíclicas crises econômicas do país, quando ninguém imaginava que adquirir dólares passaria a ser, com os Kirchner no poder, uma odisseia. 

Em novembro de 2011, a Afip (a Receita local) começou a aplicar as primeiras restrições, dada à escassez cada vez maior de dólares no país. A torneira se fechou cada vez mais e esta semana foi confirmada a última de uma longa lista de medidas destinadas a impedir que os argentinos tenham acesso ao dólar: a partir de agora só poderão ser sacados US$ 50 por mês em caixas de países limítrofes e US$ 800 no resto do mundo. 

Cada vez que a Casa Rosada aplica nova limitação no mercado cambial, o dólar paralelo - que ontem fechou em cerca de 8,98 pesos e chegou a superar dez pesos em meados deste mês, bem acima dos 5,24 pesos do oficial - aumenta. Hoje, como no caso da inflação manipulada pelo Indec (o IBGE argentino), ninguém sabe exatamente na Argentina qual é o valor do dólar. 

O controle exercido pela Afip, órgão encarregado de autorizar ou não todas as compras de dólares solicitadas pelos argentinos, gerou um verdadeiro caos no mercado. Os grandes jornais locais informam diariamente sobre a evolução do valor da moeda americana no mercado oficial e no paralelo, em base com informações de operadores de casas de câmbio. A realidade, porém, é que os argentinos perderam uma referência que era essencial para todos os que podem economizar, pequenas ou grandes quantidades de dinheiro, e setores como a construção, imobiliário e turismo, entre outros, que tradicionalmente calculavam seus custos em dólares. 

Em meio a denúncias de corrupção envolvendo a Casa Rosada e a pressões à imprensa, a Afip também é usada pelo governo Kirchner para perseguir veículos de comunicação e jornalistas. Este mês, dois jornalistas do Grupo Clarín foram alvo de inspeção do órgão em suas casas. Até o grupo, em 2009, no mesmo ano em que foi aprovada a Lei de Meios, sofreu inspeção sem aviso prévio, com a participação de cerca de 200 agentes da Receita argentina. Os jornais também têm dificuldades para comprar dólares, necessários até para financiar viagens internacionais de jornalistas. 

Após aplicar intervenção inédita no câmbio nas últimas décadas, a Casa Rosada lançou projeto de lei destinado a legalizar US$ 120 bilhões (para alguns analistas são quase US$ 200 bilhões) que os argentinos têm atualmente fora do sistema financeiro e, em muitos casos, no exterior. O projeto, que ainda deve passar pelo Congresso, prevê custo tributário zero, claro sinal de que a falta de dólares já chegou a níveis dramáticos. Pela primeira vez, desde 2007, as reservas do Banco Central do país estão abaixo dos US$ 40 bilhões. 

Com este pano de fundo, a sensação entre muitos argentinos é de que o governo Kirchner está limitando seus movimentos, na tentativa de resolver um problema criado por sua própria gestão. A Argentina não tem dólares, explicam os economistas, pela falta de confiança no país, que afugenta investimentos e aumenta a demanda de moedas estrangeiras, e a utilização do BC para financiar o crescente gasto público. 

Aperto em gastos no exterior

Quem quer comprar dólar na maioria das vezes não consegue. Sair do país ficou mais caro e já não se pode sequer tirar o dinheiro necessário em caixas no exterior. Quem gasta mais de US$ 5 mil com o cartão fora do país recebe carta da Afip exigindo a justificação de todas as despesas. Com o objetivo de conter a demanda de dólares e criar um novo obstáculo para quem quiser viajar, este ano a Afip aplicou uma sobretaxa de 20% para despesas no exterior. Ou seja, qualquer viagem para fora do país ficou 20% mais cara. A iniciativa teve forte impacto no volume de trabalho das agências de viagens. 

- Tínhamos dez pacotes quase fechados e que foram cancelados. As pessoas se assustaram muito - contou o operador turístico Marcelo Mirgone. Segundo ele, a agência na qual trabalha ainda é um bom negócio porque tem muitos clientes corporativos, que não estão cortando viagens pela sobretaxa. Já os clientes particulares são mais vulneráveis. - Nas últimas semanas circulou rumor forte de que a sobretaxa passaria a 40%. 

Seja para poupar, ter dinheiro para gastar no exterior por lazer ou trabalho, muitos argentinos não conseguem sinal verde da Afip para comprar dólares ou outras moedas. O pedido é feito através do site oficial do organismo, que automaticamente responde se a pessoa pode ou não realizar a operação. 

O contador Diego Hernández Elizalde viajou na semana passada para Miami com sua família e antes de embarcar não conseguiu comprar sequer um dólar. 

- Não queria comprar muito, apenas o necessário para me locomover - disse ele, um pouco irritado. Elizalde não é contra a aplicação de algumas restrições no mercado cambial. - Mas o que estão fazendo é um exagero. 

O contador conseguiu, pelo menos, retirar alguns dólares de caixas em Miami, onde a restrição ainda é de US$ 800 mensais. O chamado "dólar cartão" fica em 5,24 pesos (a cotação oficial), mais 20% de taxa da Afip, 3% de custos de financiamento bancário e US$ 5 cobrados pelos bancos locais por cada US$ 300 retirados. Ou seja, quem extrai dólares no exterior paga em torno de 6,67 pesos por dólar. 

Após o "corralito verde", surgiu o "dólar Colônia", pela invasão de argentinos na pequena cidade uruguaia para sacar dinheiro de caixas. Com as novas limitações, o "dólar Colônia" deverá diminuir bastante, mas poderá ser substituído pelo "dólar Montevidéu": casas de câmbio da capital do Uruguai estão oferecendo dólares por 8,20 pesos, pouco abaixo do paralelo. 

Sem dólares, no exterior os argentinos usam, basicamente, cartão de crédito. É o que faz a consultora em sistemas Maria Dolores Espino, cada vez que precisa viajar a trabalho. 

- Desde o ano passado a Afip não me autoriza mais a comprar dólares, só me resta usar o cartão - comentou Dolores. 

Um dos temores agora é de que o governo decida averiguar quantos dólares os argentinos têm em cofres bancários. O comentário circula com força há algumas semanas.

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ENTREVISTA A MARTIN REDRADO:

Governo “criou um labirinto, do qual é cada vez mais difícil sair”

Ex-presidente do Banco Central critica controle do câmbio que impacta a produção e aumenta a desconfiança dos argentinos em relação a sua moeda.

Janaína Figueiredo

Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES. Na opinião do ex-presidente do Banco Central, Martin Redrado (2004-2010), atual árbitro da Organização Mundial de Comércio, as restrições para a compra de moeda estrangeira na Argentina serão cada vez maiores porque o governo “criou um labirinto, do qual é cada vez mais difícil sair”. “Em vez de buscar dólares através de novos investimentos que estão indo para outro países, optaram pelo controle”, assegurou Redrado.

Por que o governo aplicou limitações tão drásticas no mercado cambial?

MARTIN REDRADO: A política de controle do câmbio é consequencia de ter transformado o Banco Central num talão de cheques para financiar o governo, por exemplo, usando as reservas para pagar qualquer tipo de dívida. O BC também multiplicou a emissão de pesos para financiar o Estado e isso gerou mais inflação. O dólar aumentou menos do que a inflação e isso provocou um forte aumento da demanda de dólares. Primeiro, tivemos o que muitos pensaram que era um boom de consumo, mas depois da festa veio a ressaca. Após as eleições de 2011, dada à escassez de dólares e a incapacidade do governo de conseguir moeda estrangeira, vieram os controles.

Não havia outra solução?

REDRADO: Com uma política econômica que despertava cada vez mais desconfiança, os investimentos foram se reduzindo e o país ficou refém apenas dos dólares do comércio, basicamente, das exportações de produtos primários. Em vez de aplicar políticas sérias e fazer mudanças que pudessem atrair investimentos que hoje vão para outros países da região, o governo Kirchner optou pelas restrições à venda de dólares.

Para a classe média foi um golpe difícil de digerir...

REDRADO: Sim, mas, na minha opinião, o mais grave foi o impacto na produção argentina que precisa de insumos importados. No ano passado, setores como o siderúrgico, automobilístico e energético sofreram quedas em suas produções entre 10% e 12%. Economias regionais como a da província de Mendoza, que produz vinhos, foram muito prejudicadas. E tudo isso levou à perda de empregos. No primeiro trimestre deste ano, foram perdidos quase 200 mil postos de trabalho, em comparação com o mesmo período de 2012.

Hoje ninguém sabe quanto vale o dólar na Argentina.

REDRADO: Perdemos um preço importante para nossa economia, para os setores industriais que precisam calcular custos que incluem importações de insumos.

O dólar paralelo chegou a superar os dez pesos...

REDRADO: O governo gerou muita confusão, não sabem para onde vão. É evidente que o BC perdeu o controle da política cambial, hoje em mãos da AFIP (a Receita local) e o secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno. Cada vez que anunciam uma nova medida, o dólar não oficial dispara. O sistema de controle do câmbio aplicado pelo governo é como um labirinto e não temos como sair, a tendência é ao aumento das restrições.

Estão circulando muitos rumores, até mesmo que poderiam abrir cofres bancários em busca de dólares.

REDRADO: Não gosto de alimentar rumores. Mas são comentários de funcionários do governo os que provocam esta usina de rumores. Existe uma falta total de critério e isso gera mais incerteza. O maior fator de risco para a Argentina hoje é o fator K: qualquer coisa é possível. Na mente de um argentino que vê o BC sendo usado para financiar o Estado, a Lei de Meios, a Justiça controlada, qualquer coisa é possível.

Liberdade amordaçada (3) - Imprensa independente sob ataque na Argentina

Governo Kirchner tenta silenciar críticas de veículos e beneficia aliados, que já são 80% da mídia

Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES - Em meados de 2009, depois de ter sofrido uma amarga derrota nas eleições legislativas de junho do mesmo ano, o ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) e sua sucessora, a presidente Cristina Kirchner, decidiram intervir nos meios de comunicação, considerados pela Casa Rosada os principais responsáveis pelo revés nas urnas. Assim nasceu a Lei de Serviços Audiovisuais, a chamada Lei de Meios, cujo real objetivo, para muitos jornalistas e dirigentes da oposição, foi destruir o Grupo Clarín, dono de importantes rádios, canais de TV e jornais que se atrevem a questionar a gestão kirchnerista e, nas últimas semanas, divulgaram gravíssimas denúncias de corrupção envolvendo funcionários e empresários vinculados à família presidencial, que estão sendo investigadas pela Justiça.

Basta observar o atual mapa de meios para desconfiar do discurso inicial de pluralismo dos Kirchner: cerca de 80% da mídia estão alinhados com a Casa Rosada. Desde a aprovação da medida, o governo concentrou esforços na disputa judicial com o Clarín, ainda sem desfecho; multiplicou os recursos da publicidade oficial que financiam meios aliados e ignorou demandas de rádios comunitárias, que, de acordo com a lei, deveriam ter ficado com 33% do total de licenças de meios audiovisuais (outros 33% seriam para o Estado e o mesmo percentual para empresas privadas).

Para mostrar como as restrições à liberdade de expressão e a intervenção do governo argentino em vários setores afetam o país, O GLOBO iniciou no domingo a série de reportagens intitulada “Liberdade Amordaçada”. Os textos estão sendo compartilhados com mais dez jornais da América Latina que, como O GLOBO, integram o Grupo de Diarios América (GDA).

Denúncia do Clarín

O Clarín denunciou a suposta inconstitucionalidade da lei na Justiça e desde 2009 enfrenta uma verdadeira guerra judicial. A decisão final, ainda sem data prevista, deverá ficar nas mãos da Corte Suprema de Justiça do país. Se o máximo tribunal respeitar a última resolução da Câmara Civil e Comercial, o grupo perderá duas emissoras de rádio, bem menos do que pretendia o Executivo.
Ciente desta possibilidade, o governo começou a analisar uma eventual intervenção no Clarín. A iniciativa seria implementada graças à Lei de Mercado de Capitais, aprovada em 2012, que permite a intervenção de empresas em casos de prejuízos para sócios minoritários (o Estado controla 8% das ações do grupo). Os planos do governo foram revelados pelo secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, numa recente assembleia de acionistas do grupo. Paralelamente, nas últimas semanas o Clarín recebeu 13 intimações da Comissão Nacional de Valores (CNV), que seria o organismo encarregado de ordenar a intervenção.

Rádios comunitárias

Se há três anos Néstor e Cristina Kirchner defendiam a necessidade de “dar espaço a mais vozes”, hoje a realidade é bem diferente. Rádios comunitárias que se entusiasmaram com a lei de 2009 reclamam, sem reposta, uma licença oficial à Autoridade Federal de Serviços Audiovisuais (AFCSA). É o caso de La Caterva (97,3 FM de Buenos Aires), do movimento de esquerda A Dignidade. Nos últimos cinco meses, a pequena emissora, da qual participam moradores da favela 21-24, do bairro portenho de Barracas, sofre, ainda, uma interferência originada por outra rádio que opera sem licença na mesma região.

— Nosso caso é um claro exemplo de que a Lei de Meios nunca foi aplicada. A democratização foi apenas um discurso — afirmou Julián Bokser, um dos dirigentes do movimento. A rádio participou de um censo realizado pela AFCSA, mas até hoje não foi concedida sequer uma nova licença de rádio.

— Tudo é muito desorganizado, estamos pedindo que a lei seja aplicada e ajude os meios comunitários — insistiu Bokser.

As empresas privadas e independentes da publicidade oficial que conseguem resistir às pressões oficiais são cada vez mais raras. Já os jornais, rádios e TV que adotaram um discurso único de defesa do projeto kirchnerista cresceram de forma expressiva. Nos últimos anos, empresários amigos dos Kirchner, como Cristóbal López (também dono de cassinos e companhias do setor energético), compraram grandes empresas de comunicação (o canal de TV C5N e a Rádio 10), que passaram a engrossar a lista de meios K.

— Hoje temos uma concentração de meios em mãos de empresários amigos do governo, que dependem dos recursos estatais — afirmou Carlos Jornet, presidente da Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina (Adepa). Para ele, “longe de promover o pluralismo, o governo financia meios aliados e busca asfixiar os críticos”.

Os números provam sua denúncia: entre janeiro e março passado, o governo distribuiu 167 milhões de pesos (US$ 32 milhões) em publicidade oficial. O jornal “Tempo Argentino” (de baixa tiragem), do ultrakirchnerista grupo Veintitrés, obteve 23 milhões de pesos (US$ 4,3 milhões). O “Página 12”, outro aliado da Casa Rosada, ficou com 16 milhões de pesos (US$ 3 milhões). Já o “Clarín” (o mais lido do país) recebeu 77 mil pesos (US$ 14,6 mil) e o “La Nación” (o segundo mais importante), 52 mil pesos (US$ 10 mil).

— Segundo dados extra-oficiais, no ano passado o governo gastou quase 2 bilhões de pesos (US$ 300 milhões) em financiamento de meios de comunicação, e esse dinheiro é distribuído de forma discriminatória, apesar de uma resolução vigente da Corte Suprema — enfatizou Jornet.

O clima entre os jornalistas argentinos é de profunda preocupação. Na semana passada, mais de 200 trabalhadores da imprensa assinaram um documento rechaçando “a intensificação dos ataques” e a possível intervenção no Clarín.

— As liberdades estão ameaçadas em nosso país, impera o medo, a autocensura e uma política de terror — disse Mariano Obarrio, setorista do “La Nación” na Casa Rosada, sede oficial do governo argentino. Para ele, neste momento, o governo está “particularmente assustado pelas informações sobre suspeitas de corrupção, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro”.

— Cristina não quer democratizar e, sim, controlar os meios de comunicação.

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ENTREVISTA A MAURICIO MACRI:

'Nossa liberdade está sendo agredida'

Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

Prefeito de Buenos Aires assinou um decreto para evitar uma eventual intervenção no Clarín 

Buenos Aires - Um dos principais líderes da oposição, o prefeito de Buenos Aires, Mauricio Macri, espera que o decreto que determina que a Justiça portenha pode atuar em defesa da liberdade de expressão na capital do país se torne lei logo. 

Como e quando surgiu a ideia do decreto? 

Frente à perseguição crescente à imprensa por parte do governo, pensamos em fazer alguma coisa para defender dois pilares da democracia, que são a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Há vários anos começamos a notar uma intolerância com a imprensa independente e depois de fazer uma análise profunda sobre o assunto decidimos aprovar este decreto, cuja base é a própria Constituição, que diz que a liberdade de imprensa é responsabilidade de cada distrito. 

Por que agora? 

Terminamos nosso trabalho em dezembro passado e decidimos esperar um pouco. Mas, nos últimos meses aconteceram coisas muito graves, como a proibição de publicar anúncios de empresas privadas em jornais, a apresentação de um projeto de lei para expropriar a empresa Papel Prensa e as ameaças de intervenção do Grupo Clarín. A imprensa independente está claramente em risco. 

Se o governo ordenar a intervenção do Clarín, a Justiça portenha poderá fazer algo? 

Esta lei defende direitos, como a imprensa independente. Em cada caso, o Tribunal Superior de Buenos Aires receberá um pedido de alguma pessoa física ou jurídica e decidirá se deve ou não conceder uma liminar ou proteger esses direitos. 

Vereadores kirchneristas recorreram à Justiça ... 

Sim, e a decisão da Justiça foi muito clara. Foram questionados alguns pontos do decreto, mas não a questão essencial, que é a defesa da liberdade de expressão por parte da Justiça da cidade. O decreto hoje é uma lei vigente e ficará assim até que a Assembleia aprove a lei definitiva, nos próximos dias. 

Qual é a estratégia do governo Kirchner em relação aos meios de comunicação? 

Este é um governo que não tem um plano. Um governo que atua de forma intempestiva. Uma eventual intervenção mo Clarín seria como querer cobrir o sol com uma peneira. Aqui é necessário trabalhar de verdade para combater a inflação, a insegurança, recuperar os investimentos. Nós vamos fazer tudo isso, no pós-kirchnerismo. 

Existe liberdade de expressão na Argentina? 

Nossa liberdade de expressão está sendo seriamente agredida. Mas ainda podemos nos expressar, apesar dos medos e perseguições. Os mais corajosos nos últimos anos foram os jornalistas, muito mais do que a média dos políticos, empresários e acadêmicos.

Libertade amordaçada (2) - Argentina: país sem referência de preços

Governo controla índice de inflação, o que dificulta contratos, e proíbe anúncios de ofertas nos jornais

Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES Em fevereiro de 2007, os argentinos perderam o que economistas no mundo inteiro consideram um bem público: estatísticas oficiais confiáveis elaboradas pelo Estado. Referência importante para a sociedade, é com base nesses números, por exemplo, que são negociados contratos, aluguéis, preços e salários. Na época, o então presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), ordenou a intervenção no Indec (o IBGE local) e deixou o comando do organismo em mãos do secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno, que se tornou uma espécie de superministro. 

Nos últimos cinco anos, Moreno fez uma profunda reestruturação no Indec, afastando técnicos com mais de uma década de experiência e impondo uma equipe composta, em grande medida, por militantes. Além disso, mais recentemente, Moreno também comandou a cruzada contra o grupo Clarín; processou empresas de consultoria que passaram a divulgar na mídia seus próprios indicadores de inflação; controlou preços em supermercados; proibiu a publicação de ofertas de supermercados e lojas de eletrodomésticos em meios de comunicação impressos (para asfixiar os principais jornais do país com perda de receita publicitária). Além disso, limitou a atuação de tradicionais associações de defesa dos direitos dos consumidores, que desde 2007 questionam os métodos do secretário para conter a inflação. 

Para mostrar como as restrições à liberdade de expressão e a intervenção do governo argentino em vários setores do país afetam a sociedade como um todo, O GLOBO iniciou ontem uma série de reportagens intitulada "Liberdade Amordaçada". Os textos estão sendo compartilhados com mais dez jornais da América Latina que, como O GLOBO, integram o Grupo de Diarios América (GDA). 

No primeiro ano de gestão de Moreno, o Indec estimou que o Índice de Preços ao consumidor (IPC) atingiu 8,5%. Já com as primeiras suspeitas de manipulação pairando sobre o organismo, empresas de consultoria privadas decidiram realizar suas próprias medições, estimando, em média, uma inflação de 16,7%. Os economistas argentinos, explica Marina Dal Poggetto, da consultoria Miguel Bein, "ficaram sem uma ferramenta essencial de trabalho. Foi como deixar um médico sem bisturi". Já a sociedade, enfatizou a economista, "perdeu um termômetro necessário na hora de discutir qualquer tipo de contrato". 

- Hoje a realidade é que ninguém sabe qual é a inflação real e isso afeta os 40 milhões de argentinos - diz Marina. 

Pressão por reajustes salariais

A estratégia adotada por Moreno foi simples: sua secretaria denunciou na Justiça pelo menos 11 empresas de consultoria que passaram a ser consultadas por jornalistas locais, dadas as suspeitas de manipulação no Indec. Moreno as acusou de ter violado a Lei de Lealdade Comercial (que proíbe a divulgação de preços falsos) e exigiu pagamento de multa de 500 mil pesos (US$ 95 mil). Há dez dias, a Justiça suspendeu a medida no caso de sete empresas, inclusive a de Miguel Bein e a Ecolatina (fundada pelo ex-ministro da Economia Roberto Lavagna). Mas, sem exceção, as consultorias decidiram continuar fora da mídia por temor de novas retaliações. 

A saída encontrada por jornais não alinhados com as políticas da Casa Rosada foi informar o chamado Índice de Preços do Congresso, que passou a ser divulgado todos os meses por deputados opositores, em base a estimativas privadas. No entanto, o IPC do Congresso (cuja fonte não é conhecida e, portanto, tampouco confiável) não supriu o que foi perdido pelos argentinos. O dano causado pela intervenção do Indec afetou toda a economia do país: consumidores, donos de imóveis, pequenos, médios e grandes empresários e comerciantes. Todos foram obrigados a aprender a viver sem saber qual é a inflação real. 

Em 2012, o comerciante Fernando Céspedes, dono de uma ótica no bairro de Palermo, reajustou, em média, em 35% seus produtos. Ele explicou que foi obrigado a aumentar de forma expressiva alguns preços porque seus fornecedores fizeram a mesma coisa: 

- As grandes empresas podem absorver a alta de custos de produção, mas os pequenos, mais desprotegidos, são os que mais elevam os preços. 

Os sindicatos que estão em negociação salarial exigem reajustes acima de 25% e obtêm o aval da Casa Rosada, apesar da contradição com os números do Indec, que em 2012 calculou um IPC de 10,8%, abaixo dos 25% estimados por analistas. 

Desconfiança generalizada

O mesmo problema enfrenta a corretora Julia Mel, da imobiliária Raúl Mel. Após a intervenção no Indec, os contratos passaram a incluir cláusulas sobre reajustes de preço no segundo ano de aluguel. Primeiro eram aumentos de 10%, depois 15% e nos últimos dois anos o percentual subiu para 25%. 
- Muitos donos de imóveis pedem taxas mais altas, mas o limite é a capacidade de pagamento dos inquilinos - diz Julia. 

Os proprietários mais assustados com a escalada da inflação preferem aumentos semestrais, mas estes, diz a corretora, são os apartamentos mais difíceis de alugar. 

Segundo a Universidade Di Tella, a expectativa de inflação dos argentinos para este ano é de 30%. Com o Indec mergulhado numa crise de legitimidade, economistas sob ameaça de perseguição judicial e governos provinciais cada vez mais atemorizados (das 15 províncias que mediam a inflação, hoje apenas três continuam divulgado seus indicadores), os argentinos não só duvidam de tudo, como também acham que a inflação é ainda maior do que calculam consultorias privadas. 

Em meio a esta conjuntura e diante de eleições legislativas em outubro (que definirão o futuro do kirchnnerismo), a Casa Rosada decidiu congelar o preço de dez mil produtos (por pressão dos supermercados, cujas vendas foram prejudicadas, a partir de junho serão apenas 500). O plano de Moreno entrou em vigor em fevereiro passado e, no mesmo mês, o secretário comunicou aos donos de supermercados e redes de eletrodomésticos a decisão de vedar a publicação de anúncios com ofertas nos grandes jornais do país ("Clarín", "La Nación" e "Perfil"). A medida representou um duro golpe para os jornais, mas também para os consumidores argentinos: segundo pesquisa da CCR, 78% da população argentina segue as ofertas na hora de decidir uma compra. 

A União de Consumidores Argentinas (UCA), lançou a campanha "Precisamos estar informados": 
- O congelamento foi um fiasco e, ainda por cima, acabaram com uma ferramenta essencial que permite aos consumidores comparar preços e ser informados sobre ofertas. O direito à informação do consumidor está protegido pela Lei 24.240 - diz Fernando Blanco Muiño, presidente da UCA. 

Ele, como o ex-deputado socialista Héctor Polino, à frente da Consumidores Livres; e Sandra González, da Associação de Defesa de Consumidores e Usuários, são excluídos dos encontros realizados por Moreno com ONGs de defesa dos consumidores. No caso de Polino, no ano passado, o secretário suspendeu preventivamente sua ONG do Registro Nacional de Associações de Consumidores, por divulgar aumentos no valor da cesta básica.

- Foi uma medida arbitrária, sem precedentes em nosso país - diz Polino.

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ENTREVISTA A GRACIELA BEVACQUA:

"Deixaram a Argentina sem estatísticas públicas sérias”

Janaína Figueiredo
Correspondente do GLOBO/GDA

BUENOS AIRES. Desde que a Casa Rosada ordenou a intervenção do Indec (o IBGE local), em fevereiro de 2007, cerca de 700 funcionários do organismo foram afastados de seus cargos ou renunciaram por motivos pessoais (em sua grande maioria, estresse). A ex-diretora do Índice de Preços ao Consumidor (IPC),Graciela Bevacqua, é a mais famosa dos ex-técnicos do Indec, que, além de ter sido demitida, foi denunciada na Justiça pelo secretário de Comércio Interior, Guillermo Moreno. “Destruíram 40 anos de trabalho do Indec e deixaram a Argentina sem estatísticas públicas sérias”, disse Graciela ao GLOBO.

Quando começaram as pressões do governo?

GRACIELA BEVACQUA: Em 2006, um ano antes da primeira eleição de Cristina Kirchner. O secretário Moreno pediu informações sobre o IPC, informações que estão protegidas pela lei que criou o Indec, em 1960. Não podemos dar essas informações, porque com elas o governo pode, por exemplo, pressionar comércios e cidadãos que são fontes do organismo. Como nos negamos, meses depois anunciaram aintervenção.

A senhora continuou em seu cargo de diretora do IPC depois de 2007?

GRACIELA: Foi transferida para outro cargo e finalmente afastada do organismo em 2009. Nunca vimos uma coisa assim. Centenas de técnicos foram substituídos por militantes políticos. O Indec tem hoje 1.500 funcionários, dos quais mil foram contratados após a intervenção. São pessoas sem experiência que trabalham na elaboração de todas as estatísticas, até mesmo no Censo realizado em 2010. Em algumas províncias, já me comentaram que os dados do Censo não são corretos.

A senhora foi denunciada na Justiça.

GRACIELA: Sim, porque armei um grupo de trabalho com estudantes da Universidade Nacional de Buenos Aires e elaboramos nosso próprio IPC. Como muitas consultoras privadas, fui acusada de violar a Lei de Lealdade Comercial, mas a Justiça acaba de suspender a multa de 500 mil pesos que Moreno pretendia nos cobrar. Também fui alvo de uma denúncia penal por agiotagem. Disseram que meu IPC alternativo afetava futuros investimentos de empresas, que alterava o mercado. Uma loucura. Esse processo ainda está aberto e não posso falar muito sobre ele.

Todas as estatísticas do Indec perderam credibilidade?

GRACIELA: Sim, todas. Se o IPC está manipulado, também estão o PIB, a taxa de pobreza, tudo. O Estado deixou de cumprir uma função essencial e os cidadãos perderam um direito.